Rosatti advirtió que la reforma laboral podría quedar frenada durante años por fallos judiciales
En medio del debate político y legislativo por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que el sistema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a declarar la invalidez de una ley, lo que podría paralizar su aplicación durante meses o incluso años, hasta que el máximo tribunal unifique criterios.
La eventual aprobación de la reforma laboral que el Gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias abre un escenario de alta incertidumbre jurídica. Así lo dejó en claro el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al advertir que los cambios propuestos podrían quedar atrapados en una extensa maraña de litigios judiciales antes de alcanzar una definición definitiva.
En declaraciones a Perfil, Rosatti recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es de carácter difuso, lo que implica que cualquier juez, en cualquier punto del país, está habilitado a declarar la inconstitucionalidad de una norma. “El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, explicó el magistrado, subrayando que ese mecanismo, si bien garantiza independencia judicial, también introduce demoras estructurales en la aplicación de reformas profundas.
Según detalló, una ley puede quedar suspendida en la práctica a partir de fallos contradictorios emitidos por distintos juzgados, hasta que la Corte Suprema logre unificar criterio mediante una sentencia definitiva. “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, advirtió.
El titular del máximo tribunal aportó un antecedente concreto que refuerza su advertencia: parte del régimen laboral incluido en la Ley Bases ya fue declarado inconstitucional por un juez laboral, sin que hasta el momento exista una resolución final de la Corte. Ese episodio, señaló Rosatti, ilustra con claridad cómo una reforma puede quedar en suspenso durante largos períodos, aun cuando cuente con respaldo legislativo.
En ese contexto, el magistrado fue enfático al remarcar que el sistema vigente no impide que los jueces se aparten de la doctrina del máximo tribunal. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, sostuvo, dejando en evidencia uno de los nudos centrales del debate institucional.
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula legal que obligue a todos los tribunales a acatar automáticamente los fallos de la Corte Suprema, Rosatti adoptó una postura cautelosa. Reconoció que el Parlamento tiene la potestad de avanzar en ese sentido, pero advirtió que una norma de ese tipo sería inevitablemente cuestionada y terminaría, nuevamente, bajo análisis del propio máximo tribunal. “La Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó.
El presidente de la Corte también puso el foco en el impacto práctico del actual esquema judicial. Reveló que alrededor del 60% de las causas que resuelve el tribunal provienen del propio Estado, que insiste en cuestionar decisiones ya consolidadas, especialmente en materia previsional. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”, expresó, con una crítica implícita al funcionamiento repetitivo y desgastante del sistema.
Las declaraciones de Horacio Rosatti introducen una variable clave en el debate sobre la reforma laboral: más allá de la voluntad política y del resultado legislativo, el futuro de la iniciativa podría definirse en los tribunales y no en el Congreso. El sistema de control difuso, pilar histórico del derecho constitucional argentino, aparece así como una garantía de equilibrio institucional, pero también como un factor que puede convertir reformas estructurales en procesos largos, fragmentados y judicialmente inciertos.
En ese escenario, la advertencia del presidente de la Corte trasciende lo ideológico y plantea un dilema funcional de fondo: cómo compatibilizar la necesidad de cambios profundos con un esquema judicial que, por diseño, puede demorar durante años la aplicación efectiva de las leyes.
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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado
Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.
El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.
Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.
El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.
Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.
Formación y tecnología, dos herramientas para competir
Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.
A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.
También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.
La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.
El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.
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Dos empresas construirán los campamentos de Vicuña y crece la expectativa por el empleo sanjuanino
La construcción de tres campamentos para el Corredor Norte de Vicuña ya tiene empresas adjudicatarias. La compañía seleccionó a MH Evolution y BMI Constructora para ejecutar las instalaciones que alojarán al personal afectado al desarrollo de esa infraestructura, en una contratación que prevé más de 470 empleos directos y vuelve a colocar en primer plano la participación de la economía provincial en los grandes proyectos mineros.
Los complejos estarán ubicados en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, con capacidad para 450 personas cada uno. La distribución de las obras quedó definida de la siguiente manera: MH Evolution tendrá a su cargo el establecimiento de Piedras Pintadas, mientras que BMI Constructora ejecutará los otros dos. Según el cronograma informado por la minera, los trabajos deberán finalizar entre el primer y el segundo trimestre de 2027.
La adjudicación representa un nuevo avance en la infraestructura necesaria para sostener el despliegue del proyecto, pero también abre interrogantes sobre el impacto territorial de la inversión. Vicuña no precisó qué proporción de los puestos previstos será cubierta por trabajadores sanjuaninos ni cuál será la participación específica de habitantes de Iglesia y Jáchal, los departamentos directamente vinculados con el desarrollo del corredor.
Dos contratistas con distinta presencia en San Juan
Aunque ambas compañías son argentinas, su relación con la provincia presenta características diferentes. MH Evolution, anteriormente conocida como Modular Homes, tiene origen en Neuquén, pero consolidó una estructura productiva en San Juan, donde desarrolla actividad industrial desde hace 25 años.
Especializada en construcciones modulares para los rubros minero, energético y petrolero, la firma cuenta con antecedentes en emprendimientos como Pascua-Lama, Veladero y Josemaría. En mayo de 2026 informó que su operación provincial reunía más de 250 trabajadores directos y una red superior a 100 proveedores y empresas vinculadas. También destacó los envíos realizados desde su planta sanjuanina hacia Vaca Muerta durante el año anterior.
Su participación en el campamento de Piedras Pintadas adquiere relevancia por esa capacidad instalada, aunque todavía no se informó qué proporción de la fabricación y el montaje se realizará efectivamente en la provincia.
BMI Constructora, por su parte, tiene sede en Salta y una trayectoria superior a 35 años en ingeniería, abastecimiento y construcción de instalaciones industriales. Su actividad comprende obras para minería y energía, con experiencia en campamentos, plantas industriales e infraestructura electromecánica, incluso en ambientes de alta montaña.
La incorporación de esta contratista amplía la participación de empresas nacionales en las obras de Vicuña, aunque no se informó sobre una estructura productiva permanente de la compañía en San Juan.
La Ley de Desarrollo Local Minero, bajo observación
La contratación se produce después de la sanción, el 2 de julio de 2026, de la Ley de Desarrollo Local Minero, cuyo propósito es ampliar los beneficios económicos de la actividad mediante la incorporación de trabajadores, proveedores y empresas de la provincia.
La normativa establece criterios de prioridad para las contrataciones: primero las firmas de las comunidades directamente relacionadas con los proyectos, luego las del resto de San Juan y, posteriormente, las empresas nacionales o extranjeras. También promueve la capacitación y el crecimiento del empleo privado registrado.
En ese marco, las nuevas adjudicaciones adquieren una dimensión que excede la ejecución de las obras. La contratación de compañías radicadas fuera de la provincia no determina por sí misma dónde se generarán los puestos de trabajo ni dónde se realizarán las compras, pero sí vuelve relevante conocer los compromisos de incorporación de personal y proveedores locales.
Vicuña cuenta con antecedentes de participación empresarial sanjuanina en el Corredor Norte. En septiembre adjudicó las secciones A1 y A2, correspondientes a 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, a una unión transitoria integrada por Contreras, Boetto y Buttigliengo Constructora, junto con la firma provincial Construmin. También organizó una ronda de negocios con más de 90 empresas locales para acercar proveedores a las oportunidades de contratación.
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FNS 2026: así será el recorrido de taxis y remises para ingresar y recoger pasajeros
El Ministerio de Gobierno dispuso un recorrido obligatorio para los transportes habilitados que trasladarán pasajeros hasta el predio de la Fiesta Nacional del Sol. El esquema contempla accesos por Ruta 40, una zona de espera y un espacio específico para el ascenso y descenso de usuarios.
Según se informó, los vehículos deberán ingresar por Ruta 40 en dirección sur hasta la bajada de Calle 8. Desde allí cruzarán la ruta para incorporarse a la colectora Este, ubicada junto al espacio donde se desarrollará la celebración.
El trayecto continuará por esa vía hasta antes de Calle 7, donde deberán realizar un nuevo cruce para acceder al área destinada a la espera y organización de las filas. El sector habilitado para el ascenso de pasajeros estará ubicado pasando esa arteria, desde donde las unidades podrán recoger a los usuarios y continuar hacia la salida mediante la rampa dispuesta para tal fin.
Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la rura establecida y seguir las indicaciones del personal de organización y seguridad. La medida busca facilitar el funcionamiento del transporte contratado y evitar maniobras que puedan interferir con el desplazamiento de los asistentes.
El circuito formará parte del operativo de movilidad de la FNS 2026 y será una referencia para quienes elijan taxis, remises o vehículos de alquiler como alternativa para llegar al predio y regresar una vez finalizadas las actividades.
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