CONÉCTATE CON NOSOTROS

El Centro de Panaderos de Merlo alertó sobre el colapso del rubro: desde 2023 cerraron más de 1.800 panaderías en todo el país y se perdieron cerca de 15.000 puestos de trabajo. Con ventas desplomadas y costos energéticos que no dejan de aumentar, el sector asegura que “trabaja a pérdida” y que la situación actual es incluso más grave que en 2001 y durante la pandemia.

La crisis económica continúa dejando marcas profundas en los sectores productivos y, en particular, en uno de los rubros más tradicionales del país: las panaderías. Según datos brindados por el Centro de Panaderos de Merlo, en los últimos dos años cerraron aproximadamente 1.800 panaderías en toda la Argentina, producto de la caída abrupta del consumo y del incremento constante de los costos operativos. El impacto sobre el empleo es directo: más de 15.000 trabajadores perdieron su fuente laboral.

En declaraciones a Radio Splendid, el titular del Centro, Martín Pinto, trazó un diagnóstico contundente: el sector “está trabajando siempre a pérdida” y la mayoría de los comercios apenas logra “subsistir” en un contexto donde la ecuación económica dejó de cerrar hace tiempo.

Pinto comparó el escenario actual con dos momentos críticos de la historia reciente: la crisis del 2001 y la pandemia. Sin embargo, aseguró que el presente “no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy”. El dirigente explicó que las ventas cayeron alrededor del 55% en los últimos meses, en paralelo con fuertes incrementos en las tarifas de energía que oscilan entre el 45% y el 50%, encareciendo de manera exponencial la producción.

El deterioro del poder adquisitivo aparece como el factor que más golpea al sector. “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, afirmó Pinto, aludiendo al recorte generalizado del consumo básico. La demanda se desploma incluso en productos de primera necesidad como el pan, las facturas y los bizcochos, tradicionalmente resistentes a las crisis.

La ecuación es doblemente problemática: mientras los costos suben mes a mes —harina, margarina, levaduras, gas y electricidad— los salarios permanecen “pisados desde hace un año”, lo que impide que una eventual suba de precios compense la caída en el volumen de ventas. “Aumentar no resuelve nada: la gente simplemente deja de comprar”, advirtió.

El efecto en cadena es devastador. Muchas panaderías familiares redujeron personal, acortaron horarios o directamente cerraron sus puertas. En tanto, las más grandes operan al límite, sin margen para nuevas inversiones ni para absorber mayores subas de costos.

El sector panadero es históricamente uno de los primeros indicadores del deterioro del consumo masivo. Cuando el poder adquisitivo cae, los hogares ajustan incluso en alimentos básicos. La combinación de inflación sostenida, tarifas en ascenso y caída del ingreso real genera una tormenta perfecta que termina por expulsar del mercado a cientos de pequeños comercios.

A su vez, el cierre de panaderías impacta en otros eslabones de la cadena productiva: molinos, distribuidores, proveedores de insumos y transportistas sienten también la retracción. Con precios sensibles y márgenes cada vez más estrechos, la actividad opera por debajo de niveles mínimos de rentabilidad.

destacada

Choferes denuncian sobrecarga y la UTA advierte posibles medidas de fuerza en San Juan

La seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor pidió a la Secretaría de Transporte que intime a la cámara empresaria Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros a restablecer los horarios habituales tras el inicio del ciclo lectivo 2026. Denuncian que el esquema de verano elimina tiempos de descanso y anticipan que podrían adoptar medidas gremiales.

La UTA formalizó un reclamo ante la Secretaría de Transporte provincial para que, en su carácter de órgano de contralor, intime a la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) a restituir de inmediato los horarios habituales del servicio de corta distancia.

El planteo sindical apunta a la continuidad del cronograma de verano pese al regreso masivo de estudiantes y trabajadores a la actividad regular. Según la entidad gremial, el actual esquema resulta inviable desde el punto de vista operativo y laboral.

“Es imposible cumplir con esos horarios y, en la mayoría de las vueltas, se pierde el tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea”, advirtieron desde el sindicato en un comunicado difundido este lunes. La conducción local, encabezada por Héctor Marcelo Maldonado, sostuvo que la situación expone a los choferes a jornadas exigentes sin pausas adecuadas, en un contexto de mayor demanda por el inicio de clases.

El eje del conflicto: descansos y organización del servicio

El núcleo del reclamo radica en la supresión efectiva de los tiempos de recuperación entre recorridos. Para el gremio, la extensión del cronograma estival altera la planificación habitual y obliga a los conductores a sostener ritmos de trabajo que afectan su bienestar y la seguridad operativa.

Desde la UTA señalan que el diferendo entre el sector empresario y el Gobierno provincial no puede traducirse en una sobrecarga para los trabajadores. “Una vez más, los perjudicados son los compañeros”, remarcaron, en alusión a las tensiones que arrastra el sistema en materia de costos y subsidios.

El sindicato también puso el foco en la calidad del servicio. Con mayor circulación de usuarios por el retorno escolar, sostienen que mantener frecuencias de verano no sólo impacta en las condiciones laborales, sino también en la organización general del transporte urbano.

Advertencia gremial y escenario abierto

La advertencia fue explícita: si no se regulariza la situación, podrían adoptarse medidas de acción directa. “De continuar con esta actitud, se analizarán las medidas que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros”, señalaron desde la Junta Ejecutiva y el cuerpo de delegados.

El reclamo abre así un nuevo frente de rigidez en el sistema de transporte público sanjuanino, donde confluyen intereses empresariales, decisiones administrativas y demandas sindicales. La intervención de la Secretaría de Transporte será determinante para evitar que el conflicto escale y derive en interrupciones del servicio.

En un marco provincial atravesado por discusiones salariales y ajustes operativos en distintos sectores, el transporte emerge como otro punto sensible. La ecuación es compleja: garantizar frecuencias acordes a la demanda, sostener la viabilidad económica del sistema y preservar condiciones laborales dignas.

El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para encauzar el diálogo antes de que la advertencia gremial se traduzca en hechos. Con el ciclo lectivo en marcha y miles de usuarios dependientes del servicio, cualquier medida de fuerza tendría impacto inmediato en la vida cotidiana de la provincia.

Continúe Leyendo

destacada

Ola de cierres y despidos golpea a la industria y al comercio en todo el país

Mientras el presidente Javier Milei sostuvo ante el Congreso que “la tasa de desempleo cayó”, los datos de la seguridad social y la sucesión de cierres empresariales configuran un escenario opuesto: más de 105 mil asalariados registrados menos en el último año y casi 300 mil desde diciembre de 2023. Córdoba, Catamarca, Tucumán, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires concentran algunos de los casos más emblemáticos de una crisis que atraviesa sectores estratégicos.

La fotografía del empleo formal muestra una contracción persistente que contrasta con el optimismo oficial. Según registros del sistema previsional, sólo en el último año se destruyeron 105.174 puestos asalariados, cifra que eleva la pérdida acumulada desde diciembre de 2023 a casi 300 mil trabajadores registrados.

Más allá de la discusión estadística, la economía real expone señales inequívocas: persianas que bajan, líneas de producción paralizadas y centenares de familias que quedan a la deriva en múltiples provincias. La crisis no distingue rubros: metalmecánica, textil, calzado, minería y comercio aparecen atravesados por la misma dinámica contractiva.

Córdoba: industria en retroceso

En Córdoba, uno de los distritos más afectados junto a Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se confirmó el cierre de la histórica fábrica de retenes SCAR, con más de medio siglo de actividad en la capital provincial.

También anunció su retirada la alemana ZF, fabricante de amortiguadores radicada en San Francisco, que despidió a 43 trabajadores. En ambos casos, las empresas atribuyeron la decisión al impacto de la apertura importadora y a la caída del mercado interno.

El cuadro se agrava con la situación de Metalfor, productora de maquinaria agrícola con plantas en Marcos Juárez y Noetinger. Sus 600 empleados iniciaron un paro por el pago incompleto de salarios y temen un desenlace similar al de la cooperativa Pauny, que ingresó en concurso de acreedores y suspendió su producción durante enero.

Tucumán y San Luis: cierres sin aviso y deudas salariales

En Tucumán, la tradicional fabricante de bolsas industriales Panpack bajó la persiana de su planta en Los Nogales sin notificación formal previa, dejando a 75 operarios sin empleo. En su mejor momento había superado los 300 trabajadores.

En San Luis, la minera Mastar Laja, perteneciente al grupo británico SSQ, despidió a 54 empleados en Juana Koslay. La firma acumulaba deudas salariales desde octubre de 2025 y anunció que dejará de invertir en el país, ofreciendo abonar apenas el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas. El caso resulta especialmente significativo en un sector que el Presidente había señalado como uno de los motores capaces de generar hasta un millón de nuevos empleos.

Catamarca: textil y calzado en emergencia

En Catamarca cerró la fábrica de calzados Dabra, dejando a 23 trabajadores sin empleo y sin el pago íntegro de indemnizaciones, pese a no contar con Procedimiento Preventivo de Crisis aprobado. La provincia también sufrió el cierre de la fabricante de electrodomésticos NEBA, con 56 despidos.

Pero el impacto más severo se concentra en el sector textil. La firma VVC enfrenta paros por deudas salariales y amenaza de cesantías, mientras Algodonera Avellaneda, con casi 400 empleados y plantas en varias provincias, atraviesa una profunda cesación de pagos. La compañía acumula cientos de millones de pesos en deudas por indemnizaciones y acuerdos pendientes, además de compromisos posconcursales que complican cualquier intento de reactivación.

Ciudad de Buenos Aires: caída del consumo y cierre de locales

En la Ciudad de Buenos Aires, la emblemática textil Cocot y Dufour, con planta en Parque Chas, anunció su cierre y dejó a 140 trabajadores en la calle. La firma ya había reducido su dotación desde los 500 empleados que supo tener en su apogeo.

También la distribuidora Beer Market, con 20 locales en la capital y zona norte del conurbano, cesó operaciones y despidió a 330 empleados. Según denunciaron los trabajadores, la empresa se niega a pagar las indemnizaciones completas y ofrece compensaciones muy por debajo de lo establecido por ley.

Un patrón que se repite

Los casos comparten rasgos estructurales: caída del consumo interno, apertura de importaciones que presiona sobre la producción local, dificultades de financiamiento y empresas que optan por el cierre o la reducción drástica de personal como mecanismo de ajuste.

Mientras el discurso oficial enfatiza indicadores agregados, la trama productiva muestra señales de deterioro que impactan directamente sobre el empleo formal, el tejido industrial y las economías regionales. La pérdida de puestos registrados no sólo implica menos ingresos para miles de hogares, sino también menor recaudación y mayor fragilidad social.

La discusión de fondo trasciende la coyuntura estadística: el interrogante es si la actual orientación económica logrará reconvertir la matriz productiva sin dejar en el camino a sectores estratégicos y miles de trabajadores, o si la contracción industrial terminará consolidando un modelo con menor densidad laboral y mayor dependencia externa.

Continúe Leyendo

destacada

Por la crisis de consumo en supermercados sanjuaninos: ChangoMás despide a 11 empleados

La cadena de supermercados Hiper ChangoMás, propiedad del grupo Dorinka, notificó el despido de 11 trabajadores en tres sucursales de San Juan. La medida, enmarcada en un ajuste nacional que afectó a 200 empleados, refleja la problemática que atraviesa el sector comercial ante la caída del consumo y la precarización laboral.

El pasado viernes, cerca de las 8 de la mañana, la Secretaría Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) fue informada sobre las desvinculaciones en San Juan.

Mirna Moral, anticipó que los recortes se distribuyeron entre las sucursales de Rivadavia, Capital y Rawson: cuatro trabajadores en cada una de las primeras dos y tres en la última.

“Nos dijeron que, por ahora, son esas 11 personas. Consultamos si habrá más despidos y la respuesta fue ambigua: ni sí ni no. Eso genera inquietud lógica entre los trabajadores”, explicó Moral, destacando que la Comisión Directiva y los delegados ya habían tomado conocimiento de la situación desde la noche anterior.

Los afectados son, en su mayoría, empleados con menos de un año de antigüedad, algunos aún en período de prueba. La empresa aplicó el criterio legal de priorizar desvinculaciones según la menor permanencia en la firma. El SEC ya dispuso asistencia para orientar a los extrabajadores sobre sus liquidaciones y derechos laborales, y mantiene prevista una audiencia con Dorinka para evaluar la situación y posibles nuevos recortes.

La crisis en ChangoMás no es exclusiva de San Juan. La cadena, parte de la firma Dorinka, propiedad del empresario Francisco de Narváez, despidió a aproximadamente 200 trabajadores a nivel nacional. La baja en las ventas impacta de manera directa en la gestión de recursos humanos, especialmente sobre quienes ingresaron recientemente a la empresa.

La dirigente sindical describe un cambio estructural en los hábitos de consumo: “La gente ahora compara precios y compra solo lo que necesita. Ya no es solo cambiar de marca, sino dejar de adquirir productos que antes eran habituales”. Esta transformación afecta particularmente a hipermercados, que enfrentan dificultades para ajustar sus costos a la nueva dinámica del mercado.

El empleo en el sector se caracteriza por la modalidad “part time”, contratos con distintas cargas horarias semanales que permiten a las empresas evitar pagos adicionales por feriados y fines de semana. “Evitan utilizar al empleado que deberían pagarle doble y también evitan incorporar trabajadores a planta permanente cuando superan determinada cantidad de horas”, denunció Moral, calificando estas prácticas como “contratos basura”.

El trasfondo de esta situación es económico: los salarios han quedado rezagados frente al costo de vida, restringiendo la capacidad de compra. Salvo en sectores con paritarias más favorables, la mayoría de los trabajadores enfrenta precariedad o niveles cercanos a la pobreza.

Ante la persistente caída en ventas, Moral advirtió que “la primera variable de ajuste termina siendo el trabajador”, anticipando un escenario incierto para el comercio local.

El ajuste de ChangoMás en San Juan evidencia la intersección entre la crisis del consumo, la precarización laboral y la vulnerabilidad económica de los trabajadores. Más allá de las cifras, estos despidos reflejan un cambio profundo en el comportamiento del mercado y la necesidad urgente de políticas que protejan el empleo y fortalezcan la capacidad adquisitiva de los consumidores. En un contexto donde la incertidumbre se convierte en norma, la resiliencia del sector dependerá de la capacidad de empresas, gremios y Estado para equilibrar rentabilidad y justicia social.

Continúe Leyendo

Tendencias