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El Gobierno nacional relanzará en 2026 el denominado Plan Motosierra, con el que proyecta reducir nuevamente la planta de empleados públicos en un 10%. En coordinación entre Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, la estrategia apunta esta vez a los organismos descentralizados, tras una primera etapa que ya dejó casi 59.000 bajas desde el inicio de la gestión.

El Ejecutivo dio señales claras: el ajuste en el sector público no solo continuará, sino que se profundizará. Tras varios meses marcados por reorganizaciones internas, cambios de gabinete y tensiones gremiales crecientes, la Casa Rosada confirmó que relanzará el Plan Motosierra en 2026 con el objetivo declarado de achicar nuevamente la estructura estatal. La meta es contundente: eliminar otro 10% de la planta de empleados públicos.

El encargado de calibrar el recorte es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabaja junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una nueva ronda de evaluaciones sobre cada dependencia. La consigna, según fuentes oficiales, es revisar “con extrema puntillosidad” las funciones, superposiciones y dotaciones de personal, bajo un mandato explícito del presidente Javier Milei: lograr un Estado más pequeño y “eficiente”, basado en parámetros de productividad que el propio Gobierno define y actualiza mes a mes.

Desde el despacho de Sturzenegger insisten en que “la motosierra es constante”. Y las cifras respaldan la afirmación: desde diciembre de 2023 hasta hoy, los ceses de contratos, jubilaciones anticipadas y bajas por reorganización acumuladas ascienden a 58.797 trabajadores, incluyendo personal de organismos centralizados y descentralizados, fuerzas de seguridad, áreas militares y empresas públicas.

El INDEC aportó en las últimas semanas su propio diagnóstico. Según un informe reciente, la dotación del personal en la administración pública nacional, sociedades y empresas del Estado registró en octubre una baja del 0,3% respecto del mes anterior. El total de trabajadores asciende actualmente a 282.570, un número que el Gobierno pretende reducir de manera significativa en los próximos meses.

Tras una primera fase focalizada en ministerios y áreas centrales, la segunda parte del ajuste tendrá un blanco más definido: los organismos descentralizados. El listado en análisis es extenso e incluye nombres sensibles para la estructura institucional del país, como AFIP, ARCA, ANMAT, Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI y ENACOM, entre otros. La lógica, explican en la Casa Rosada, es revisar cuántos puestos cumplen tareas consideradas esenciales y cuántos son, según su criterio, prescindibles.

No existe un porcentaje uniforme para todos los organismos. Según fuentes del Ejecutivo, “en cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas y su nivel de actividad”, por lo que la magnitud del recorte variará dependiendo del área. La evaluación se desarrolla con reserva debido al clima de conflictividad sindical que se intensificó en los últimos meses, especialmente ante la inminencia de vencimientos contractuales.

El Ejecutivo prevé que la ola de bajas comience a materializarse en diciembre, cuando expire una parte importante de los contratos anuales, y que se profundice durante los dos primeros trimestres de 2026. A esa poda podría sumarse otro capítulo clave del plan oficial: la eliminación progresiva de los registros automotores y un nuevo paquete de privatizaciones en empresas públicas, iniciativas que también reducirían personal mediante restructuraciones o cierres.

La reactivación del Plan Motosierra se da en un clima político tenso, con sindicatos movilizados, organismos con presupuestos en mínimos históricos y un escenario social desgastado por la caída de ingresos. Mientras el Gobierno defiende el ajuste como requisito para “ordenar” el Estado, los gremios advierten sobre el impacto en la calidad de los servicios públicos, la parálisis técnica en áreas estratégicas y la pérdida de capacidades acumuladas durante décadas.

La reedición del Plan Motosierra abre un nuevo capítulo en la política de reducción estatal del Gobierno. Con casi 59.000 empleados menos en dos años y un recorte adicional previsto para 2026, la estrategia se profundiza tanto en intensidad como en alcance institucional. El foco sobre los organismos descentralizados anticipa tensiones crecientes con sindicatos y trabajadores especializados, mientras el Ejecutivo reafirma su visión de un Estado reducido a funciones básicas. El desafío será sostener el funcionamiento operativo de áreas críticas sin deteriorar la calidad administrativa y técnica que sostiene la actividad pública en el país.

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Choferes denuncian sobrecarga y la UTA advierte posibles medidas de fuerza en San Juan

La seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor pidió a la Secretaría de Transporte que intime a la cámara empresaria Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros a restablecer los horarios habituales tras el inicio del ciclo lectivo 2026. Denuncian que el esquema de verano elimina tiempos de descanso y anticipan que podrían adoptar medidas gremiales.

La UTA formalizó un reclamo ante la Secretaría de Transporte provincial para que, en su carácter de órgano de contralor, intime a la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) a restituir de inmediato los horarios habituales del servicio de corta distancia.

El planteo sindical apunta a la continuidad del cronograma de verano pese al regreso masivo de estudiantes y trabajadores a la actividad regular. Según la entidad gremial, el actual esquema resulta inviable desde el punto de vista operativo y laboral.

“Es imposible cumplir con esos horarios y, en la mayoría de las vueltas, se pierde el tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea”, advirtieron desde el sindicato en un comunicado difundido este lunes. La conducción local, encabezada por Héctor Marcelo Maldonado, sostuvo que la situación expone a los choferes a jornadas exigentes sin pausas adecuadas, en un contexto de mayor demanda por el inicio de clases.

El eje del conflicto: descansos y organización del servicio

El núcleo del reclamo radica en la supresión efectiva de los tiempos de recuperación entre recorridos. Para el gremio, la extensión del cronograma estival altera la planificación habitual y obliga a los conductores a sostener ritmos de trabajo que afectan su bienestar y la seguridad operativa.

Desde la UTA señalan que el diferendo entre el sector empresario y el Gobierno provincial no puede traducirse en una sobrecarga para los trabajadores. “Una vez más, los perjudicados son los compañeros”, remarcaron, en alusión a las tensiones que arrastra el sistema en materia de costos y subsidios.

El sindicato también puso el foco en la calidad del servicio. Con mayor circulación de usuarios por el retorno escolar, sostienen que mantener frecuencias de verano no sólo impacta en las condiciones laborales, sino también en la organización general del transporte urbano.

Advertencia gremial y escenario abierto

La advertencia fue explícita: si no se regulariza la situación, podrían adoptarse medidas de acción directa. “De continuar con esta actitud, se analizarán las medidas que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros”, señalaron desde la Junta Ejecutiva y el cuerpo de delegados.

El reclamo abre así un nuevo frente de rigidez en el sistema de transporte público sanjuanino, donde confluyen intereses empresariales, decisiones administrativas y demandas sindicales. La intervención de la Secretaría de Transporte será determinante para evitar que el conflicto escale y derive en interrupciones del servicio.

En un marco provincial atravesado por discusiones salariales y ajustes operativos en distintos sectores, el transporte emerge como otro punto sensible. La ecuación es compleja: garantizar frecuencias acordes a la demanda, sostener la viabilidad económica del sistema y preservar condiciones laborales dignas.

El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para encauzar el diálogo antes de que la advertencia gremial se traduzca en hechos. Con el ciclo lectivo en marcha y miles de usuarios dependientes del servicio, cualquier medida de fuerza tendría impacto inmediato en la vida cotidiana de la provincia.

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Ola de cierres y despidos golpea a la industria y al comercio en todo el país

Mientras el presidente Javier Milei sostuvo ante el Congreso que “la tasa de desempleo cayó”, los datos de la seguridad social y la sucesión de cierres empresariales configuran un escenario opuesto: más de 105 mil asalariados registrados menos en el último año y casi 300 mil desde diciembre de 2023. Córdoba, Catamarca, Tucumán, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires concentran algunos de los casos más emblemáticos de una crisis que atraviesa sectores estratégicos.

La fotografía del empleo formal muestra una contracción persistente que contrasta con el optimismo oficial. Según registros del sistema previsional, sólo en el último año se destruyeron 105.174 puestos asalariados, cifra que eleva la pérdida acumulada desde diciembre de 2023 a casi 300 mil trabajadores registrados.

Más allá de la discusión estadística, la economía real expone señales inequívocas: persianas que bajan, líneas de producción paralizadas y centenares de familias que quedan a la deriva en múltiples provincias. La crisis no distingue rubros: metalmecánica, textil, calzado, minería y comercio aparecen atravesados por la misma dinámica contractiva.

Córdoba: industria en retroceso

En Córdoba, uno de los distritos más afectados junto a Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se confirmó el cierre de la histórica fábrica de retenes SCAR, con más de medio siglo de actividad en la capital provincial.

También anunció su retirada la alemana ZF, fabricante de amortiguadores radicada en San Francisco, que despidió a 43 trabajadores. En ambos casos, las empresas atribuyeron la decisión al impacto de la apertura importadora y a la caída del mercado interno.

El cuadro se agrava con la situación de Metalfor, productora de maquinaria agrícola con plantas en Marcos Juárez y Noetinger. Sus 600 empleados iniciaron un paro por el pago incompleto de salarios y temen un desenlace similar al de la cooperativa Pauny, que ingresó en concurso de acreedores y suspendió su producción durante enero.

Tucumán y San Luis: cierres sin aviso y deudas salariales

En Tucumán, la tradicional fabricante de bolsas industriales Panpack bajó la persiana de su planta en Los Nogales sin notificación formal previa, dejando a 75 operarios sin empleo. En su mejor momento había superado los 300 trabajadores.

En San Luis, la minera Mastar Laja, perteneciente al grupo británico SSQ, despidió a 54 empleados en Juana Koslay. La firma acumulaba deudas salariales desde octubre de 2025 y anunció que dejará de invertir en el país, ofreciendo abonar apenas el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas. El caso resulta especialmente significativo en un sector que el Presidente había señalado como uno de los motores capaces de generar hasta un millón de nuevos empleos.

Catamarca: textil y calzado en emergencia

En Catamarca cerró la fábrica de calzados Dabra, dejando a 23 trabajadores sin empleo y sin el pago íntegro de indemnizaciones, pese a no contar con Procedimiento Preventivo de Crisis aprobado. La provincia también sufrió el cierre de la fabricante de electrodomésticos NEBA, con 56 despidos.

Pero el impacto más severo se concentra en el sector textil. La firma VVC enfrenta paros por deudas salariales y amenaza de cesantías, mientras Algodonera Avellaneda, con casi 400 empleados y plantas en varias provincias, atraviesa una profunda cesación de pagos. La compañía acumula cientos de millones de pesos en deudas por indemnizaciones y acuerdos pendientes, además de compromisos posconcursales que complican cualquier intento de reactivación.

Ciudad de Buenos Aires: caída del consumo y cierre de locales

En la Ciudad de Buenos Aires, la emblemática textil Cocot y Dufour, con planta en Parque Chas, anunció su cierre y dejó a 140 trabajadores en la calle. La firma ya había reducido su dotación desde los 500 empleados que supo tener en su apogeo.

También la distribuidora Beer Market, con 20 locales en la capital y zona norte del conurbano, cesó operaciones y despidió a 330 empleados. Según denunciaron los trabajadores, la empresa se niega a pagar las indemnizaciones completas y ofrece compensaciones muy por debajo de lo establecido por ley.

Un patrón que se repite

Los casos comparten rasgos estructurales: caída del consumo interno, apertura de importaciones que presiona sobre la producción local, dificultades de financiamiento y empresas que optan por el cierre o la reducción drástica de personal como mecanismo de ajuste.

Mientras el discurso oficial enfatiza indicadores agregados, la trama productiva muestra señales de deterioro que impactan directamente sobre el empleo formal, el tejido industrial y las economías regionales. La pérdida de puestos registrados no sólo implica menos ingresos para miles de hogares, sino también menor recaudación y mayor fragilidad social.

La discusión de fondo trasciende la coyuntura estadística: el interrogante es si la actual orientación económica logrará reconvertir la matriz productiva sin dejar en el camino a sectores estratégicos y miles de trabajadores, o si la contracción industrial terminará consolidando un modelo con menor densidad laboral y mayor dependencia externa.

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Por la crisis de consumo en supermercados sanjuaninos: ChangoMás despide a 11 empleados

La cadena de supermercados Hiper ChangoMás, propiedad del grupo Dorinka, notificó el despido de 11 trabajadores en tres sucursales de San Juan. La medida, enmarcada en un ajuste nacional que afectó a 200 empleados, refleja la problemática que atraviesa el sector comercial ante la caída del consumo y la precarización laboral.

El pasado viernes, cerca de las 8 de la mañana, la Secretaría Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) fue informada sobre las desvinculaciones en San Juan.

Mirna Moral, anticipó que los recortes se distribuyeron entre las sucursales de Rivadavia, Capital y Rawson: cuatro trabajadores en cada una de las primeras dos y tres en la última.

“Nos dijeron que, por ahora, son esas 11 personas. Consultamos si habrá más despidos y la respuesta fue ambigua: ni sí ni no. Eso genera inquietud lógica entre los trabajadores”, explicó Moral, destacando que la Comisión Directiva y los delegados ya habían tomado conocimiento de la situación desde la noche anterior.

Los afectados son, en su mayoría, empleados con menos de un año de antigüedad, algunos aún en período de prueba. La empresa aplicó el criterio legal de priorizar desvinculaciones según la menor permanencia en la firma. El SEC ya dispuso asistencia para orientar a los extrabajadores sobre sus liquidaciones y derechos laborales, y mantiene prevista una audiencia con Dorinka para evaluar la situación y posibles nuevos recortes.

La crisis en ChangoMás no es exclusiva de San Juan. La cadena, parte de la firma Dorinka, propiedad del empresario Francisco de Narváez, despidió a aproximadamente 200 trabajadores a nivel nacional. La baja en las ventas impacta de manera directa en la gestión de recursos humanos, especialmente sobre quienes ingresaron recientemente a la empresa.

La dirigente sindical describe un cambio estructural en los hábitos de consumo: “La gente ahora compara precios y compra solo lo que necesita. Ya no es solo cambiar de marca, sino dejar de adquirir productos que antes eran habituales”. Esta transformación afecta particularmente a hipermercados, que enfrentan dificultades para ajustar sus costos a la nueva dinámica del mercado.

El empleo en el sector se caracteriza por la modalidad “part time”, contratos con distintas cargas horarias semanales que permiten a las empresas evitar pagos adicionales por feriados y fines de semana. “Evitan utilizar al empleado que deberían pagarle doble y también evitan incorporar trabajadores a planta permanente cuando superan determinada cantidad de horas”, denunció Moral, calificando estas prácticas como “contratos basura”.

El trasfondo de esta situación es económico: los salarios han quedado rezagados frente al costo de vida, restringiendo la capacidad de compra. Salvo en sectores con paritarias más favorables, la mayoría de los trabajadores enfrenta precariedad o niveles cercanos a la pobreza.

Ante la persistente caída en ventas, Moral advirtió que “la primera variable de ajuste termina siendo el trabajador”, anticipando un escenario incierto para el comercio local.

El ajuste de ChangoMás en San Juan evidencia la intersección entre la crisis del consumo, la precarización laboral y la vulnerabilidad económica de los trabajadores. Más allá de las cifras, estos despidos reflejan un cambio profundo en el comportamiento del mercado y la necesidad urgente de políticas que protejan el empleo y fortalezcan la capacidad adquisitiva de los consumidores. En un contexto donde la incertidumbre se convierte en norma, la resiliencia del sector dependerá de la capacidad de empresas, gremios y Estado para equilibrar rentabilidad y justicia social.

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