La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó para este miércoles 12 de agosto a una movilización nacional. La concentración central será a las 16 en el Obelisco y habrá réplicas en universidades, plazas y centros de investigación de todo el país. El reclamo se produce tras la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet y por el fuerte deterioro presupuestario y salarial del sistema científico.

La movilización adquirió mayor intensidad luego de que el Gobierno dejara sin renovación a 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos finalizaron el 31 de julio. Los gremios consideran que la decisión no representa solamente una reducción de puestos de trabajo, sino también la interrupción de investigaciones que demandaron años de formación y financiamiento público.

Juan Manuel Sueiro, delegado de ATE en el organismo, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que las bajas afectan líneas de investigación vinculadas con nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo también apunta al deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Según cálculos difundidos por Chequeado, el presupuesto correspondiente a esa función acumuló entre 2023 y 2026 una caída del 50,2% en términos reales, mientras que el Gobierno reconoció ante el Congreso una reducción de al menos el 40%.

A ese retroceso se suma la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una disminución real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que los trabajadores científicos comprendidos en el SINEP registran una merma del 32,2%.

Otra de las demandas apunta a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal organismo de financiamiento de proyectos científicos, que no abrió nuevas convocatorias desde diciembre de 2023, según las organizaciones del sector.

La reducción de recursos también alcanzó a otros organismos científicos y tecnológicos, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los gremios denuncian interrupciones de proyectos y advierten sobre la pérdida de capacidades acumuladas durante años.

En este sentido, investigadores y especialistas alertaron por una nueva salida de profesionales hacia otros países de la región, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay. La comparación con la emigración de científicos registrada durante la década de 1990 volvió a instalarse en el debate sobre las consecuencias de la falta de financiamiento y de perspectivas laborales.

La jornada de este miércoles se inscribe en una sucesión de protestas protagonizadas durante 2026 por universidades, docentes, investigadores y trabajadores científicos. Entre ellas se encuentra la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

La pérdida de empleos registrados y el encarecimiento de las coberturas privadas modificaron de manera significativa el mapa de acceso a la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El retroceso se trasladó también al sistema público. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 aumentó en 1.246.285 la cantidad de personas que no tenían obra social, prepaga ni mutual. El universo pasó de 9.428.131 a 10.674.416 personas, con un incremento de la proporción sobre la población del 32% al 35,6%.

La merma de afiliados tuvo una relación directa con la evolución del empleo. En el período analizado desaparecieron más de 235.000 puestos privados registrados y otros 73.000 empleos públicos, reduciendo no solo la cobertura del trabajador sino también la correspondiente a su grupo familiar.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a Comercio, redujo un 20,2% sus beneficiarios; OSPRERA, que reúne a trabajadores rurales, cayó 15,9%, y OSPCN, correspondiente a empleados estatales, perdió 19,1%. La construcción registró uno de los mayores retrocesos: OSPeCon disminuyó 25,4% y la obra social petrolera, OSPe, perdió 5,1%.

La evolución de esas entidades guarda relación con la contracción del empleo registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la construcción perdió 60.646 puestos, equivalentes al 13,8%; Comercio redujo su dotación en 9.413 trabajadores y el empleo petrolero cayó en 8.282. Entre los estatales, la reducción alcanzó a 73.052 puestos.

La principal excepción fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que incrementó 154% su cantidad de afiliados durante el mismo período, acompañando el crecimiento del 7,4% en la cantidad de inscriptos en ese régimen.

A la privación de cobertura derivada del empleo se sumó el aumento de las cuotas de medicina prepaga. Según los datos difundidos en el informe, desde la desregulación las tarifas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320%. El incremento redujo la capacidad de numerosos hogares para sostener una cobertura privada.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público durante el primer trimestre de 2026. Son 438.790 jóvenes más en esa condición respecto del cuarto trimestre de 2023, un aumento del 15,3%.

El desplazamiento de afiliados hacia hospitales y centros sanitarios estatales agrega presión sobre una estructura que debe absorber una demanda en aumento. La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliaciones y mayores costos de la medicina privada deja así una consecuencia concreta: cada vez más argentinos dependen del sistema público para acceder a atención médica.

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, cuestionó al Gobierno nacional luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que el Ministerio de Economía retiene parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. El gremio sostiene que esos fondos deben financiar el mantenimiento y las obras de la red vial nacional y advierte por las consecuencias sobre las rutas, los trabajadores y la seguridad de quienes las transitan.

El Sindicato Trabajadores Viales volvió a denunciar el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cuestionó con dureza la política fiscal del Gobierno nacional. La reacción se produjo luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitiera que el Ministerio de Economía retiene una parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, fondos que, según el gremio, deberían estar destinados al mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales.

Para la secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, la declaración oficial terminó respaldando una de las principales denuncias que la organización viene formulando desde el inicio de la gestión. “Se ha demostrado la veracidad de lo que este sindicato viene diciendo y la destrucción de Vialidad”, sostuvo.

Aleñá apuntó directamente contra la política presupuestaria del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y cuestionó el destino de los recursos vinculados al financiamiento vial. Según planteó, un fondo fiduciario concebido para sostener la construcción, conservación y mantenimiento de rutas y obras viales terminó aportando recursos a las cuentas de Economía.

“Desfinancian la DNV, recortan inversión, frenan obras y ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”, afirmó la dirigente.

La conducción sindical también puso el foco en el impacto territorial del recorte. Aleñá sostuvo que la reducción de recursos alcanza a los distintos distritos y que las consecuencias exceden a la estructura laboral de Vialidad Nacional. El deterioro de los corredores nacionales, advirtió, repercute sobre millones de personas que utilizan diariamente esas vías para trasladarse, trabajar, producir y transportar bienes.

En esa línea, cuestionó uno de los principales argumentos económicos de la administración nacional. “Una vez más asistimos a otra mentira de este Gobierno: el famoso déficit cero se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV”, afirmó.

Para el sindicato, la discusión no se limita a una disputa presupuestaria. La falta de mantenimiento sostenido puede traducirse en un deterioro progresivo de la infraestructura, con consecuencias sobre la circulación y la seguridad vial. “Esta gestión le ha sacado los fondos a todos los distritos jurisdiccionales y el resultado lo pagamos todos los argentinos con rutas sin mantenimiento, cada vez más deterioradas”, señaló Aleñá.

La dirigente adelantó además que el gremio continuará reclamando por el financiamiento de Vialidad Nacional y recurrirá a las vías institucionales que considere necesarias para denunciar lo que entiende como un incumplimiento de las obligaciones vinculadas al sostenimiento de la red vial.

“Lo del vocero admitiendo el desvío de fondos es un capítulo más de esta gestión nefasta, que actúa como canallas por fuera de la ley y que ha promovido a conciencia un sistemático deterioro de la red vial nacional”, afirmó.

El conflicto coloca nuevamente a Vialidad Nacional en el centro de la discusión sobre el ajuste del gasto público. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, los trabajadores viales advierten que la reducción de recursos para infraestructura tiene un costo que trasciende las cuentas del Estado. Aleñá lo resumió con una definición que concentra la posición sindical: “El déficit cero se paga con vidas”.