El gobierno avanza con un paquete fiscal que sacude a la clase media

Mientras la discusión pública se concentra en la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei impulsa en reserva un ambicioso proyecto de reforma impositiva. La propuesta —elaborada por el equipo económico de Luis Caputo con aval del FMI y el empresariado— contempla la eliminación del monotributo y una ampliación drástica de los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El resultado inmediato: más presión fiscal sobre sectores ya golpeados, caída de ingresos reales y un cambio estructural en la matriz tributaria argentina.

La reforma tributaria que diseña el Ministerio de Economía emerge como la pieza central de la llamada “segunda generación de reformas”, pensada para aplicarse tras la recomposición parlamentaria de diciembre. El documento —titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”— traza una reconfiguración profunda del sistema impositivo con impactos directos sobre trabajadores independientes y en relación de dependencia.

El espíritu del proyecto es claro: aumentar la recaudación sobre la base imponible de la clase media, reducir costos empresariales y satisfacer exigencias del FMI en torno a la formalización y la sostenibilidad fiscal. Nada se comunica de manera oficial, pero las filtraciones dejan ver un cambio estructural que desplaza la presión tributaria hacia los sectores que menos margen de maniobra tienen.

El fin del monotributo: un giro histórico con impacto masivo

El Gobierno analiza eliminar por completo el régimen del monotributo, vigente desde 1998 y utilizado por más de 4 millones de trabajadores, pequeños comerciantes y cuentapropistas. La propuesta implica migrar a estos contribuyentes al régimen de autónomos, combinando aportes previsionales más elevados, IVA pleno e Impuesto a las Ganancias.

Lo que se presenta como un avance hacia la “formalidad” supone, en los hechos, un incremento abrupto de la carga fiscal:

Hoy, un monotributista que factura $1 millón mensuales paga poco más de $42.000.

Uno que factura cerca de $2 millones abona alrededor de $63.000.

Con el nuevo esquema, esos mismos contribuyentes pasarían a una escala de autónomos cuyo aporte arranca en $57.000 y que el Gobierno evalúa elevar hasta los $100.000 como piso, pudiendo llegar a los $500.000 para categorías superiores.

A eso se sumaría:

pago de IVA,

Impuesto a las Ganancias,

y el costo adicional del servicio contable obligatorio.

El salto tributario podría triplicar o cuadriplicar la carga mensual de millones de trabajadores independientes, muchos de los cuales hoy sostienen actividades de bajo volumen o trabajos intermitentes.

Riesgo de exclusión y mayor informalidad

La eliminación del monotributo no solo afecta la economía de los contribuyentes: afecta su existencia dentro del sistema.

Desde el punto de vista socioeconómico, miles de trabajadores quedarían fuera de cualquier esquema formal, obligados a elegir entre informalizar su actividad o directamente dejar de facturar.

Paradójicamente, una reforma presentada como herramienta de formalización podría generar el efecto contrario: un aumento de la informalidad y una mayor fragmentación del mercado laboral.

Ganancias: más trabajadores alcanzados, salario real más bajo

El proyecto propone fijar un Mínimo No Imponible equivalente al salario promedio proyectado para 2025, es decir, unos $1,7 millones.

Esto representa una caída del 40% respecto del piso actual para un trabajador soltero sin hijos, hoy ubicado en $2.843.180 brutos.

La consecuencia es directa:

millones de trabajadores que habían quedado fuera de Ganancias volverán a pagarlo, con un descuento que se sentirá como una baja salarial.

El propio Ministerio de Economía estima que 3 millones de empleados adicionales deberán presentar facturación y quedarían alcanzados por el impuesto.

Deducciones ampliadas: un beneficio insuficiente

La reforma prevé elevar el tope de deducciones anuales de $4,2 millones a $5 millones, aplicables a gastos laborales, educación, salud y vivienda.
Sin embargo, el incremento del 16% en deducciones no compensa la ampliación del universo alcanzado por el tributo ni la pérdida de ingresos reales provocada por el nuevo piso.

Rebaja de aportes patronales y estímulo al “blanqueo”

Mientras se incrementan impuestos para trabajadores, el proyecto propone:

Reducir aportes patronales del 25,5% al 17%,

Bajar aportes personales del 17% al 13%,

Aplicar un “blanqueo a costo cero” para regularizar relaciones laborales informales.

La reforma, en su conjunto, muestra un sesgo evidente: más presión sobre los trabajadores y alivio sobre los costos empresariales. La coherencia del plan económico del Gobierno se mantiene intacta: ajuste fiscal sobre los sectores medios y reducción de cargas para el capital.