La pérdida de empleos registrados y el encarecimiento de las coberturas privadas modificaron de manera significativa el mapa de acceso a la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El retroceso se trasladó también al sistema público. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 aumentó en 1.246.285 la cantidad de personas que no tenían obra social, prepaga ni mutual. El universo pasó de 9.428.131 a 10.674.416 personas, con un incremento de la proporción sobre la población del 32% al 35,6%.

La merma de afiliados tuvo una relación directa con la evolución del empleo. En el período analizado desaparecieron más de 235.000 puestos privados registrados y otros 73.000 empleos públicos, reduciendo no solo la cobertura del trabajador sino también la correspondiente a su grupo familiar.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a Comercio, redujo un 20,2% sus beneficiarios; OSPRERA, que reúne a trabajadores rurales, cayó 15,9%, y OSPCN, correspondiente a empleados estatales, perdió 19,1%. La construcción registró uno de los mayores retrocesos: OSPeCon disminuyó 25,4% y la obra social petrolera, OSPe, perdió 5,1%.

La evolución de esas entidades guarda relación con la contracción del empleo registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la construcción perdió 60.646 puestos, equivalentes al 13,8%; Comercio redujo su dotación en 9.413 trabajadores y el empleo petrolero cayó en 8.282. Entre los estatales, la reducción alcanzó a 73.052 puestos.

La principal excepción fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que incrementó 154% su cantidad de afiliados durante el mismo período, acompañando el crecimiento del 7,4% en la cantidad de inscriptos en ese régimen.

A la privación de cobertura derivada del empleo se sumó el aumento de las cuotas de medicina prepaga. Según los datos difundidos en el informe, desde la desregulación las tarifas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320%. El incremento redujo la capacidad de numerosos hogares para sostener una cobertura privada.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público durante el primer trimestre de 2026. Son 438.790 jóvenes más en esa condición respecto del cuarto trimestre de 2023, un aumento del 15,3%.

El desplazamiento de afiliados hacia hospitales y centros sanitarios estatales agrega presión sobre una estructura que debe absorber una demanda en aumento. La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliaciones y mayores costos de la medicina privada deja así una consecuencia concreta: cada vez más argentinos dependen del sistema público para acceder a atención médica.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó para este miércoles 12 de agosto a una movilización nacional. La concentración central será a las 16 en el Obelisco y habrá réplicas en universidades, plazas y centros de investigación de todo el país. El reclamo se produce tras la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet y por el fuerte deterioro presupuestario y salarial del sistema científico.

La movilización adquirió mayor intensidad luego de que el Gobierno dejara sin renovación a 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos finalizaron el 31 de julio. Los gremios consideran que la decisión no representa solamente una reducción de puestos de trabajo, sino también la interrupción de investigaciones que demandaron años de formación y financiamiento público.

Juan Manuel Sueiro, delegado de ATE en el organismo, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que las bajas afectan líneas de investigación vinculadas con nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo también apunta al deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Según cálculos difundidos por Chequeado, el presupuesto correspondiente a esa función acumuló entre 2023 y 2026 una caída del 50,2% en términos reales, mientras que el Gobierno reconoció ante el Congreso una reducción de al menos el 40%.

A ese retroceso se suma la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una disminución real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que los trabajadores científicos comprendidos en el SINEP registran una merma del 32,2%.

Otra de las demandas apunta a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal organismo de financiamiento de proyectos científicos, que no abrió nuevas convocatorias desde diciembre de 2023, según las organizaciones del sector.

La reducción de recursos también alcanzó a otros organismos científicos y tecnológicos, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los gremios denuncian interrupciones de proyectos y advierten sobre la pérdida de capacidades acumuladas durante años.

En este sentido, investigadores y especialistas alertaron por una nueva salida de profesionales hacia otros países de la región, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay. La comparación con la emigración de científicos registrada durante la década de 1990 volvió a instalarse en el debate sobre las consecuencias de la falta de financiamiento y de perspectivas laborales.

La jornada de este miércoles se inscribe en una sucesión de protestas protagonizadas durante 2026 por universidades, docentes, investigadores y trabajadores científicos. Entre ellas se encuentra la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

Luego de algunos años abocada a la normalización de la mayor parte de sus 80 regionales, la CGT encara la renovación de sus cúpulas provinciales. Con San Juan votando el 25 de agosto, y Chaco junto a La Pampa en pleno proceso de definición, la interna gremial ya se conecta directamente con la construcción política hacia el escenario electoral de 2027.

La CGT comienza a jugar una nueva partida en las provincias. Después de cinco años de normalizaciones y unificaciones en buena parte de sus más de 80 regionales, durante 2026 empiezan a vencer los mandatos de cuatro años de las conducciones que surgieron de aquel proceso. La central obrera deberá ahora resolver quiénes continuarán al frente de esas estructuras y quiénes intentarán disputar el poder construido desde 2021.

La renovación llega en un momento distinto al de la etapa anterior. La tarea ya no consiste principalmente en reconstruir conducciones fragmentadas o resolver la existencia de autoridades paralelas, sino en definir liderazgos para los próximos cuatro años. Dicha deliberación se produce simultáneamente con el endurecimiento de la postura de la CGT frente al oficialismo y el inicio del armado electoral para 2027.

También cambió el interlocutor de la conducción nacional. La Secretaría del Interior, que tuvo a su cargo buena parte de las normalizaciones, ya no está conducida por Abel Furlán, de la UOM. Ahora es Héctor Daer quien participa de las negociaciones con las estructuras provinciales.

Las regionales tienen una importancia que excede la representación gremial. En numerosas provincias funcionan como espacios de articulación del movimiento obrero y conservan vínculos históricos con el peronismo. Sus autoridades pueden incidir en la construcción territorial, la definición de candidaturas y la representación sindical dentro de las futuras alianzas electorales.

Por eso, las elecciones que comenzarán a multiplicarse durante este año pueden transformarse en una primera medición de fuerzas hacia 2027. La disputa no se limitará a quién ocupará una secretaría general: también estará en juego qué sindicatos tendrán mayor capacidad de representación y qué dirigentes llegarán con mejores condiciones para intervenir en la discusión política.

San Juan, una elección que concentra la disputa

San Juan aparece entre los primeros casos donde esa pulseada adquiere especial relevancia. La CGT Regional San Juan elegirá autoridades el 25 de agosto, en un plenario convocado por la conducción nacional y reservado a las organizaciones confederadas que tengan jurisdicción en la provincia.

El actual titular , Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la UOCRA, buscará renovar su mandato con el respaldo de numerosos sindicatos. El reglamento establece que cada organización habilitada tendrá un representante. Si existe una única nómina, podrá ser consagrada por aclamación; si se presentan dos o más listas, la definición será mediante voto secreto y ganará la que obtenga mayoría simple.

La renovación, sin embargo, ya generó movimientos dentro del sindicalismo provincial. Una Intersindical integrada por organizaciones como ASIJEMIN, UOM, SATSAID, ATE, La Bancaria y SIDUNSJ, entre otras, comenzó a reclamar mayor protagonismo y abrió una discusión sobre la conducción de la central.

Los cortocircuitos políticos comenzaron a repercutir en el peronismo de San Juan. Por un lado, el exmandatario provincial Sergio Uñac hizo un llamado a resguardar la cohesión sindical; por el otro, los sectores distanciados de la dirigencia tradicional impulsaron el regreso de las 62 Organizaciones Peronistas como eje de representación gremial y política.

La elección del 25 de agosto tendrá, por lo tanto, una lectura que irá más allá de la composición de la próxima conducción. El resultado permitirá medir la relación de fuerzas entre los gremios, determinará quién tendrá capacidad de interlocución con la CGT nacional y puede influir en el lugar que ocupará el movimiento obrero dentro del armado peronista provincial de cara a 2027.