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Del 17 al 22 de noviembre ASIJEMIN celebrará sus comicios nacionales para renovar la comisión directiva, la comisión revisora de cuentas y las representaciones regionales. Con lista única encabezada por Marcelo Mena, el proceso —certificado por la Secretaría de Trabajo y veedores— concentra el debate no sólo sobre la conducción gremial sino sobre la relación de la actividad minera con las comunidades rurales, con puntas de conflicto y propuestas concretas como la posible industrialización del mineral en la planta de Casposo y la búsqueda de alternativas viales en Calingasta.

Cada cuatro años la organización sindical jerárquica de la minería somete su estructura a la validación de las bases. En 2025 ese ritual institucional adquiere una dimensión ampliada: además de la renovación de la conducción nacional, se definen las delegaciones regionales, las comisiones internas y los delegados de base en yacimientos que van desde Veladero y Gualcamayo hasta Cerro Vanguardia, Cerro Negro y otras sedes provinciales. El operativo electoral —que involucra puntos de votación en Salta, Olavarría, Puerto San Julián, Santa Cruz, San Juan y otros emplazamientos— se desplegará en jornadas sucesivas a lo largo de seis días para garantizar la concurrencia de turnos, faenas y planteles distribuidos en multitud de complejos productivos.

La elección llega con una particularidad organizativa: la lista única —la “azul”, encabezada por Marcelo Mena— presenta una oferta cerrada que abarca desde el secretariado nacional hasta las delegaciones regionales del centro y sur. Esa unidad formal, anunciada públicamente en asambleas y ratificada ante la junta electoral recientemente constituida, transmite un mensaje de cohesión interna y busca validar una continuidad en la conducción. Pero la existencia de lista única no elimina el valor simbólico y político del acto electoral: las urnas servirán para medir el nivel de adhesión real entre los trabajadores, el grado de legitimidad de la conducción y la capacidad del sindicato para representar intereses laborales en escenarios de creciente complejidad económica y social.

La certificación del proceso por parte de la Secretaría de Trabajo y la presencia de veedores amplifican la formalidad del procedimiento y reducen el margen de cuestionamientos jurídicos o administrativos. Al mismo tiempo, la extensión temporal de los comicios responde a una realidad práctica: los yacimientos no son un único centro urbano con electorado concentrado, sino una red de sitios productivos que obligan a escalonar la votación para asegurar que quienes están en turno tengan la posibilidad de emitir su voto sin afectar la operativa minera.

Fuera del calendario estrictamente electoral, la intervención pública del secretario general subraya dos ejes que cruzan la agenda del sindicato: la preservación de la licencia social y la importancia de integrar a la comunidad en la hoja de ruta de la minería. En Calingasta —donde la disputa sobre accesos y puentes ha puesto en tensión el uso de infraestructura cercana a la villa cabecera— ASIJEMIN propone una lectura conciliadora: la minería debe avanzar “de la mano” con la sociedad local, priorizando soluciones que minimicen la conflictividad y maximicen oportunidades productivas y turísticas. En ese sentido, la sugerencia de evitar el uso de la actual entrada turística de la villa para tránsito pesado, proponiendo vías alternativas, es un ejemplo de propuesta técnica pensada para preservar tejido social y economías locales.

Relacionado con la dimensión productiva, la posibilidad de procesar mineral en la planta de Casposo fue explicitada como una alternativa para mejorar la integración de cadenas y dar valor agregado regionalmente. La propuesta implica desafíos técnicos, ambientales y de gobernanza: requerirá evaluaciones de impacto, acuerdos con comunidades, inversión y esquemas claros de responsabilidad social empresarial y sindical. Para ASIJEMIN esa apuesta combina la defensa del empleo y la promoción de actividad industrial en jurisdicciones que reclaman dinamismo económico, pero se la presentará siempre como compatible con exigencias de orden y mitigación ambiental para evitar fricciones que dañen la legitimidad de la minería.

El gremio de los jerárquicos mineros también se mantiene atento al escenario nacional más amplio: la posibilidad de una convocatoria de la CGT por parte del Gobierno para discutir políticas laborales aparece en el horizonte y, aunque hasta el momento no hubo una invitación formal, la Mesa sindical y las organizaciones mayoritarias monitorean la situación. La eventual participación de ASIJEMIN en mesas de coordinación intersindical sería coherente con su inserción en la mesa sindical nacional y con la necesidad de asegurar que las transformaciones del sector minero —fiscales, regulatorias y laborales— se discutan con voz organizada.

Desde una mirada crítica, el proceso electoral sindical y las declaraciones de su conducción plantean varias preguntas de fondo. La unidad expresada por una lista única puede ser leída como estabilidad y consenso, pero también como una oportunidad perdida para un debate plural que ponga en discusión estrategias frente a externalidades crecientes: economía regional, mitigación de impactos, reparto de beneficios y mecanismos de control ciudadano. Más aún, la gestión de la relación con comunidades como Calingasta requiere no sólo declaraciones de buena voluntad, sino institucionalidades concretas: mesas de diálogo permanentes, protocolos para obras de infraestructura, transparencia en los convenios de empleo local y auditorías independientes sobre efectos ambientales y sociales.

En términos prácticos, la elección será además un termómetro de gobernabilidad interna: un resultado favorable a la lista que encabeza Mena consolidará su capacidad de interlocución frente a empresas y gobierno; un resultado débil, aun con lista única, podría estimular reclamos por representatividad o activar espacios de negociación interna sobre prioridades. Para las comunidades, el desenlace sindical definirá cuánto peso tendrán los reclamos locales al momento de negociar inversiones, obras y planteos de infraestructura.

Finalmente, el rol de la Secretaría de Trabajo como garante técnico del proceso y la previsión de veedores confieren al comicio una transparencia formal que debería reducir conflictos post-electorales. Sin embargo, la verdadera prueba de la legitimidad sindical no termina en el escrutinio: empezará al día siguiente, cuando la conducción renovada deba demostrar capacidad para traducir la representación en políticas concretas que garanticen empleo de calidad, condiciones de seguridad y una minería que conserve —y no erosione— la licencia social que tanto subrayan sus dirigentes.

Las elecciones de ASIJEMIN, convocadas del 17 al 22 de noviembre, van más allá de la mera renovación de cargos: son una oportunidad para medir la fortaleza interna del sindicato, su legitimidad ante los trabajadores y su capacidad de liderazgo en una industria que exige equilibrio entre productividad y responsabilidad social. Con la lista única de Marcelo Mena en la cabecera, la contienda será tanto un plebiscito de confianza como el punto de partida para enfrentar desafíos concretos que demandan acuerdos técnicos, transparencia y diálogo permanente con las comunidades. El resultado, y sobre todo la gestión que le siga, definirá si la conducción se limita a administrar la estabilidad o si logra transformar esa estabilidad en políticas inclusivas que sostengan la minería como motor de desarrollo regional.

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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.

La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.

La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario

La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.

La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.

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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan

El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.

El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.

Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.

El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.

La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.

Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.

La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.

Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.

Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.

La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.

El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.

Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.

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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global

San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.

El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.

El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.

Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.

Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.

En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.

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