El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional consideró que la resolución consolida el reclamo impulsado por la comunidad académica, aunque advirtió que el desafío ahora será garantizar su cumplimiento efectivo.

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un capítulo decisivo. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una resolución que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definió como un hito para el sistema público de educación superior y un respaldo institucional al reclamo sostenido durante los últimos años por universidades, docentes, nodocentes y estudiantes.

A través de un comunicado, el organismo que reúne a los rectores de las universidades nacionales sostuvo que el fallo representa «un avance institucional de enorme trascendencia» porque ratifica las decisiones adoptadas por las instancias judiciales inferiores y consolida la vigencia de los mecanismos previstos por la ley para garantizar el financiamiento de salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles.

El pronunciamiento del máximo tribunal llega después de un prolongado conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional por el sostenimiento presupuestario. Durante los últimos meses, la comunidad académica protagonizó movilizaciones masivas, cuatro Marchas Federales Universitarias y una intensa estrategia judicial y parlamentaria para exigir el cumplimiento de una norma que había sido sancionada por el Congreso y posteriormente quedó envuelta en una fuerte controversia política.

Desde el CIN destacaron que el resultado no puede interpretarse únicamente como una victoria judicial. En su mensaje, atribuyeron el desenlace al compromiso colectivo de rectoras, rectores, docentes, trabajadores nodocentes, estudiantes y al acompañamiento de amplios sectores de la sociedad, cuya participación consideraron determinante para mantener vigente el reclamo en defensa de la universidad pública.

Para las autoridades universitarias, la decisión de la Corte también fortalece el principio de autonomía institucional y reafirma que la educación superior constituye una política pública protegida por el orden constitucional. En ese sentido, remarcaron que la defensa del sistema universitario logró respaldo en los tres poderes del Estado: el Congreso, a través de la sanción de la ley; la Justicia, mediante el sostenimiento de las medidas cautelares; y la sociedad, que convirtió el financiamiento universitario en una de las principales demandas del ámbito educativo.

No obstante, el Consejo Interuniversitario advirtió que el pronunciamiento no clausura el conflicto. Si bien la resolución representa un paso de gran relevancia, sostuvo que aún resta garantizar la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las universidades nacionales conforme a los mecanismos previstos por la norma.

El organismo concluyó que el fallo marca uno de los antecedentes institucionales más significativos para la universidad pública en los últimos años, aunque insistió en que la estabilidad del sistema dependerá de que las decisiones judiciales se traduzcan en políticas presupuestarias sostenibles. Con ese objetivo, ratificó su decisión de continuar impulsando todas las acciones institucionales necesarias para consolidar un modelo de educación superior con financiamiento adecuado, previsibilidad presupuestaria y capacidad para sostener las funciones de enseñanza, investigación y extensión que desarrollan las universidades nacionales.

Entre el 29 de junio y el 3 de julio, el programa provincial llegará a Zonda, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000, valores que buscan aliviar el impacto del incremento del gas envasado durante la temporada invernal.

Con la llegada de las temperaturas más bajas y una mayor demanda de gas envasado, el Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva etapa del operativo Garrafa Hogar, una política destinada a facilitar el acceso a un insumo esencial mediante valores inferiores a los del mercado. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto con la Dirección de Defensa al Consumidor, recorrerá durante cinco jornadas distintos puntos de la provincia.

El esquema contempla la comercialización de garrafas de 10 kilogramos a $20.000 y de 15 kilogramos a $30.000, exclusivamente bajo la modalidad «garrafa vacía por llena». Los envases deberán encontrarse en condiciones aptas para su recarga, requisito que apunta a preservar los estándares de seguridad durante la distribución.

La planificación oficial alcanzará cinco departamentos en igual cantidad de días. El recorrido comenzará el lunes 29 de junio en Zonda, con tres puntos de atención: el CIC de Zonda (9.30 a 10.30), la Plaza del Barrio Esperanza (10.30 a 11.30) y la Plazoleta Cielo Alto (12 a 13).

El martes 30 el operativo llegará a Santa Lucía, donde funcionará entre las 9 y las 11 en la Unión Vecinal Villa 12 de Octubre, y entre las 11.30 y las 13.30 en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, sobre Ruta 20, kilómetro 7.

La distribución continuará el miércoles 1 de julio en Rivadavia, con atención en el Merendero Corazones Valientes, del barrio Marquesado II, entre las 9 y las 11, y posteriormente en la Comuna de Marquesado, de 11.30 a 13.30.

El jueves 2 será el turno de Caucete, donde las unidades estarán primero en la Unión Vecinal Bermejo y luego en la Unión Vecinal Difunta Correa, ambas en el horario comprendido entre las 9 y las 13.30, dividido en dos franjas.

La última jornada se desarrollará el viernes 3 de julio en Pocito. Allí el programa atenderá de 9 a 11 en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 14, mientras que de 11.30 a 13.30 se trasladará a la Unión Vecinal Rinconada, sobre calle Aberastain, a pocos metros de calle 14.

Frente al reciente incremento en los gastos de suministro, la iniciativa procura amortiguar el impacto sobre la economía de los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural, fortaleciendo una política de cercanía que combina presencia territorial, control de calidad y alivio para el presupuesto familiar.

La gestión del Gobernador Marcelo Orrego continúa acercando herramientas que fortalecen los distintos sectores de la matriz productiva diversa de San Juan. En este caso, se trata de créditos para actividades agrícolas.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, anunció la disponibilidad de nuevas líneas de créditos para acompañar al sector agrícola.

En este caso, se trata de herramientas financieras que contemplan la poda, la compra de agroquímicos y la adquisición de tractores.

En cuanto a la línea de créditos para poda, contempla un financiamiento de hasta $750.000 por hectárea, con un tope de hasta $30.000.000 por productor.

Además, incluye meses de gracia para que los beneficiarios comiencen a devolver el dinero una vez que mejoren sus condiciones de liquidez y perciban los pagos adeudados por la uva entregada.

A diferencia de otras líneas de créditos, en este caso el dinero se le entrega al productor, en lugar de al proveedor, como ocurre con otros créditos.

De esta manera, se apunta a evitar demoras en labores esenciales y brindar previsibilidad a un sector que atraviesa un escenario de fuerte presión económica.

En Punto Pyme también se habilitó una línea para capital de trabajo, que permite al sector agrícola acceder a la compra de agroquímicos.

Esta iniciativa ofrece hasta $30.000.000 por solicitante. De esta manera, se autorizará una porción en efectivo al tomador de hasta $10.000.000, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil, el que sea mayor.

La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.

Además, se anunció una línea de crédito para la compra de tractores. Esta línea contempla inversiones para adquirir ese tipo de bienes de capital y la cifra total máxima a prestar es de $150.000.000.

Para la devolución del dinero la Pyme tendrá 48 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar que hoy equivale al 13,2% de interés anual.

Cabe recordar que Punto Pyme se encuentra en la esquina de Avenida Córdoba y Jujuy. Es un espacio que integra en un solo lugar las herramientas que brindan las cuatro agendas del gobierno provincial: Agencia Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan, Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones y Agencia Garantía San Juan. Los sanjuaninos que deseen recibir asesoramiento para acceder a las líneas de créditos pueden acercarse por Punto Pyme de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.