El sindicalismo se reagrupa en Diputados para enfrentar la reforma laboral de Milei
Con la renovación legislativa del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados incorporará a una serie de dirigentes sindicales —electos, reelectos y con mandato vigente— que serán actores clave en el debate de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Desde el histórico peso de la CGT hasta las expresiones de la CTA y la izquierda, el mapa gremial se reconfigura en el Congreso en medio de un clima de inestabilidad social y política.
A partir del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Nación volverá a tener un núcleo sindical con peso propio. La nueva composición legislativa, surgida de las elecciones de este domigo 26 de octubre, combina figuras experimentadas con nuevas incorporaciones, y será determinante en el debate sobre la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei planea impulsar como una de las piedras angulares de su programa económico.
La provincia de Buenos Aires vuelve a ser el principal bastión del sindicalismo parlamentario. Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad, retiene su banca por Fuerza Patria y consolida su rol como una de las voces más firmes en la defensa de los derechos laborales. Junto a ella, Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria, renovará su mandato tras haber sido uno de los principales opositores a la privatización del Banco Nación y a las políticas de liberalización financiera.
La sorpresa de la elección bonaerense fue el ingreso de Hugo Moyano (h), abogado laboralista y secretario de Asuntos Jurídicos de Camioneros, quien debutará en el Congreso bajo el sello del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. Su llegada marca el regreso formal del apellido Moyano al Parlamento, y proyecta una articulación directa con el núcleo de poder de la CGT en el escenario legislativo.
A ellos se suman Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, que iniciará su tercer mandato consecutivo, y Romina Del Plá, docente y referente de SUTEBA, quien revalidó su banca por el Partido Obrero, reforzando la presencia de la izquierda sindical en la Cámara baja. Con estos nombres, la provincia de Buenos Aires aporta una bancada heterogénea pero con fuerte impronta gremial, capaz de incidir en las comisiones clave donde se discutan los proyectos laborales.
En este sentido, varios dirigentes sindicales mantendrán su mandato hasta 2027, aportando continuidad y experiencia en los bloques opositores y aliados. Entre ellos figuran Carlos Cisneros (Tucumán, Bancarios), José Gómez (Santiago del Estero, Luz y Fuerza) y Mario Manrique (Buenos Aires, SMATA), todos de Unión por la Patria. Por fuera de ese espacio, Pablo Ansaloni, con pasado en UATRE y hoy alineado a La Libertad Avanza, y Jorge Antonio Ávila, de los Petroleros Privados de Chubut, completan un cuadro sindical transversal que cruza oficialismo y oposición.
Sin embargo, la renovación también deja nombres en el camino. Pablo Carro (CTA Córdoba) y Alejandro Vilca (PTS-FIT) no lograron revalidar sus bancas, mientras que otros referentes, como Daniel “Tano” Catalano, Oscar “Colo” De Isasi y Carlos “Toro” Ortega, quedaron relegados en la lista bonaerense de Fuerza Patria. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el sindicalista Marcelo Peretta volvió a quedar en los márgenes con apenas el 0,20% de los votos.
El nuevo esquema legislativo revela un sindicalismo plural, fragmentado y con estrategias diversas. Las distintas expresiones del movimiento obrero —peronistas, autónomas y de izquierda— se preparan para intervenir en un debate que promete ser uno de los más ásperos de la nueva gestión. La reforma laboral propuesta por Milei apunta a flexibilizar convenios, ampliar los períodos de prueba y modificar las indemnizaciones, ejes que encuentran resistencia tanto en las centrales tradicionales como en las expresiones más combativas del sindicalismo.
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Comercio cerró una paritaria del 5,7% en tres tramos y sumó un bono de $50.000
La Federación de Comercio y Servicios acordó con las cámaras empresarias un incremento remunerativo del 5,7% sobre los salarios de junio, distribuido en tres cuotas del 1,9%, además de un bono extraordinario de $50.000 y la continuidad del cronograma de incorporación de la suma fija de $120.000 al básico.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo entendimiento paritario con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), mediante el cual estableció una actualización salarial del 5,7% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
El pacto fija un incremento remunerativo y no acumulativo que se calculará sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026, incorporando además las sumas no remunerativas existentes a esa fecha como base de cálculo. La mejora se distribuirá en tres cuotas iguales del 1,9%: la primera con los salarios de julio, la segunda en agosto y la tercera en septiembre.
El convenio también ratificó el mecanismo de incorporación gradual de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales. Ese proceso comenzará en diciembre de 2026 con una incorporación mensual de $20.000 y continuará de manera consecutiva hasta mayo de 2027, completando así su integración al salario remunerativo.
Asimismo, las partes acordaron que las sumas no remunerativas que permanezcan pendientes de incorporación serán liquidadas conforme a lo previsto en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026, garantizando la continuidad del cronograma previamente establecido.
Como complemento de la recomposición salarial, el acuerdo contempla el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y no acumulativa de $50.000. El beneficio se abonará en dos cuotas de $25.000: la primera junto con los haberes de julio y la segunda con los salarios correspondientes a agosto.
La vigencia del nuevo convenio rige desde el 1° de julio de 2026. Además, las partes establecieron una nueva instancia de revisión durante octubre para analizar la evolución de las principales variables económicas y determinar si resulta necesario introducir nuevas adecuaciones salariales.
El acuerdo también aclara que las condiciones pactadas no serán de aplicación obligatoria para las negociaciones colectivas que se desarrollen en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. No obstante, una vez homologado, el incremento fijará el piso salarial convencional para la actividad en el resto del país.
La actualización alcanza a uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores registrados de la Argentina, por lo que su impacto se extenderá a cientos de miles de empleados de comercio, incluidos los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, que percibirán las mejoras conforme al cronograma acordado una vez cumplido el proceso de homologación correspondiente.
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Avanza la licitación del Hotel Provincial con dos ofertas en carrera
El Gobierno de San Juan abrió los sobres de la licitación para la concesión del Hotel Provincial y confirmó que dos empresas presentaron ofertas admisibles. Ahora comenzará el análisis técnico y económico que definirá la adjudicación de un contrato por 20 años.
El proceso para definir el futuro del Hotel Provincial dio un paso decisivo este viernes, cuando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a concesionar y explotar el tradicional establecimiento. El acto, desarrollado a las 9 de la mañana, concluyó con la presentación de dos propuestas que superaron la revisión administrativa inicial y fueron declaradas admisibles.
Concluida esa instancia, la comisión evaluadora iniciará el examen técnico, financiero y económico de ambas ofertas para determinar cuál reúne las mejores condiciones para asumir la administración del inmueble durante los próximos veinte años.
La convocatoria había sido relanzada luego del fracaso del primer llamado realizado en abril de este año. En aquella oportunidad, las dos firmas interesadas quedaron excluidas por incumplimientos en la documentación exigida, entre ellos la ausencia de certificados fiscales y declaraciones juradas incompletas, por lo que la licitación fue declarada desierta.
El nuevo concurso mantiene un presupuesto oficial de 3.360 millones de pesos y establece un canon mensual base de 14 millones de pesos, que será actualizado trimestralmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pliego también contempla un beneficio para quien resulte adjudicatario: durante los primeros seis meses podrá abonar el 50% del canon, siempre que cumpla con las inversiones comprometidas para la recuperación del edificio.
Uno de los objetivos centrales de la concesión es modernizar las instalaciones para que el Hotel Provincial alcance la categoría de tres estrellas superior, mediante obras de infraestructura, renovación de equipamiento y mejoras en la calidad de los servicios.
El proceso licitatorio incorpora además criterios que trascienden la propuesta económica. Entre ellos, el denominado Beneficio Social del Proyecto, que representa 20 puntos sobre un total de 100 en la evaluación final, junto con el compromiso de garantizar la continuidad laboral y la protección salarial de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el establecimiento.
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Carrefour cerró un local de forma sorpresiva y dejó a más de 30 empleados sin trabajo
La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.
El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.
La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.
Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.
La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.
El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.
La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.
Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.
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