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El Congreso Nacional Ordinario de la Confederación General del Trabajo se reunirá el 5 de noviembre en el estadio de Obras Sanitarias para elegir a las autoridades que conducirán la central obrera entre 2025 y 2029. Delegados de sindicatos, uniones y federaciones de todo el país votarán bajo un procedimiento estatutario que busca garantizar representatividad y transparencia.

La Confederación General del Trabajo (CGT), máxima entidad del sindicalismo argentino, celebrará su Congreso Nacional Ordinario, una instancia que se realiza cada cuatro años y que en esta ocasión definirá quiénes serán los encargados de conducir la central durante los próximos años.

El encuentro se desarrollará en el Club Obras Sanitarias, sobre la Avenida del Libertador en la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá desde las nueve de la mañana a cientos de delegados congresales provenientes de sindicatos, federaciones y uniones de todo el país. Será un evento de peso político y gremial, donde el movimiento obrero argentino definirá su nuevo mapa de poder.

El proceso está regido por el Estatuto de la CGT, reformado en el Congreso de noviembre de 2021, que determina el modo de elección, los derechos de voto y la composición de los órganos de gobierno.

Quiénes votan y cómo se acredita la representación

Podrán participar todas las organizaciones afiliadas a la CGT con personería gremial vigente y que adhieran al Estatuto de la confederación. Esto incluye entidades representativas de la industria, el comercio, el transporte, el campo, los servicios públicos y distintos sectores productivos del país.

Cada gremio elige a sus delegados congresales de acuerdo con su propio estatuto interno, pero la cantidad de representantes se define por la escala de afiliados cotizantes (aquellos que pagan cuota sindical) del último año. La distribución es proporcional y busca equilibrar el peso de los grandes gremios frente a los de menor tamaño:

De 300 a 2.000 cotizantes: 1 delegado

De 2.001 a 5.000 cotizantes: 2 delegados

De 5.001 a 15.000 cotizantes: 5 delegados

Más de 15.000 cotizantes: 1 delegado adicional por cada 3.000 cotizantes o fracción mayor a 2.000

El límite máximo de representación establece que ninguna organización puede superar el 20% del total de delegados del Congreso, garantizando una distribución equitativa del poder sindical.

Además, se dispuso una moratoria especial para las entidades con deudas en sus cuotas de afiliación, que podrán participar con hasta tres delegados siempre que informen su situación económica ante la Secretaría General antes del Congreso. Solo los delegados acreditados por la Comisión de Poderes estarán habilitados para votar y hacer uso de la palabra durante las sesiones.

El proceso electoral paso a paso

El mecanismo de elección está regulado por el Estatuto de la CGT y responde a un esquema formal y transparente:

  1. Convocatoria oficial: se realiza entre 30 y 60 días hábiles antes de la fecha del Congreso, informando el día, hora, lugar, cargos a elegir y duración de los mandatos, que son de cuatro años con posibilidad de reelección.
  2. Junta Electoral: el Congreso elige una junta de 12 miembros, representantes de distintas organizaciones, que no pueden ser candidatos. Este cuerpo se encarga de organizar, fiscalizar y validar todo el proceso, desde la recepción de listas hasta el escrutinio final.
  3. Presentación de listas: las agrupaciones sindicales presentan listas completas, con nombre, documento y aceptación firmada de los candidatos, quienes deben ser delegados congresales o integrantes de cuerpos directivos. Cada lista necesita el aval del 3% de los delegados presentes y designa dos apoderados.
  4. Votación: el sufragio es secreto, y solo pueden votar los delegados acreditados en el padrón oficial elaborado por la Junta Electoral.
  5. Proclamación: concluido el escrutinio, la Junta proclama la lista vencedora ante el pleno del Congreso.

Los cargos en juego

El Congreso Nacional, órgano supremo de la CGT, elegirá la conducción completa de la central para el período 2025-2029. Entre los principales cuerpos directivos se encuentran:

Consejo Directivo: integrado por 50 miembros (36 del Secretariado Nacional y 14 vocales), con representación obligatoria de género, salvo en las secretarías General, Adjunta y de Finanzas.

Secretariado Nacional: máxima instancia ejecutiva, que agrupa las secretarías específicas y que será elegido directamente por el Congreso.

Comisión Revisora de Cuentas: encargada del control administrativo y financiero.

El orden del día aprobado el 18 de septiembre por el Comité Central Confederal incluye la apertura formal a cargo de los secretarios generales, la acreditación de delegados, la elección de autoridades del Congreso, la conformación de la Junta Electoral, la revisión de estatutos y la proclamación de las nuevas autoridades. También se debatirán los balances 2021-2024 y un documento político-sindical sobre la situación económica y social del país.

Un Congreso en un contexto decisivo

La conducción que surja del Congreso del 5 de noviembre enfrentará uno de los períodos más desafiantes de las últimas décadas. La CGT se encuentra ante la necesidad de redefinir su rol en una Argentina marcada por el deterioro del empleo formal, la pérdida del poder adquisitivo y los debates sobre la modernización laboral.

La apertura a la participación de organizaciones con deudas y la búsqueda de consensos amplios reflejan la intención de garantizar un proceso plural. El resultado de esta elección no solo determinará nombres y cargos, sino también la orientación política del movimiento obrero frente al Gobierno y al escenario económico que se avecina.

El Congreso de la CGT 2025 será mucho más que una instancia administrativa: será un termómetro del poder sindical argentino y una plataforma desde la cual se delineará la estrategia del movimiento obrero en los próximos cuatro años. La elección del 5 de noviembre en Obras Sanitarias marcará el inicio de una nueva etapa, donde la central deberá demostrar si está preparada para renovar su liderazgo, consolidar la unidad y recuperar protagonismo frente a los desafíos del país.

Más allá de los resultados, la jornada promete reflejar el pulso real del sindicalismo argentino, su capacidad de autogobierno y su vigencia como actor político y social decisivo en la Argentina contemporánea.

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La Justicia frena la reforma laboral en San Juan

Un fallo del Cuarto Juzgado del Trabajo estableció que los cambios introducidos por las leyes 27.742 y 27.802 no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas antes de su entrada en vigencia. La sentencia reconoció indemnizaciones a tres trabajadoras no registradas y declaró inconstitucional una de las disposiciones de la nueva normativa para el caso concreto.

La decisión judicial, adoptada en una causa promovida por tres trabajadoras de un establecimiento gastronómico y bailable de Angaco, incorpora un antecedente de relevancia en una discusión que comienza a desplegarse en distintos tribunales del país.

La sentencia abordó el reclamo de tres mujeres que desempeñaban tareas de limpieza, atención al público, expendio de bebidas y servicio de barra durante los fines de semana.

Según quedó acreditado en el expediente, las empleadas desarrollaban sus funciones sin registración formal, sin recibos de sueldo y sin los aportes previsionales correspondientes.

Para reconstruir la relación laboral, el tribunal otorgó especial valor a pruebas digitales y testimoniales. Conversaciones mantenidas a través de servicios de mensajería, sumadas a las declaraciones de testigos, permitieron corroborar la efectiva prestación de servicios. A ello se añadió un elemento de fuerte peso procesal: los demandados no exhibieron la documentación laboral cuya conservación exige la legislación vigente.

Antes de extinguir el vínculo, las trabajadoras habían intimado a los empleadores mediante cartas documento para que regularizaran la registración, abonaran diferencias salariales y reconocieran las fechas reales de ingreso. La ausencia de respuesta derivó en la configuración del despido indirecto, figura que el magistrado consideró plenamente justificada frente a los incumplimientos atribuidos a la parte patronal.

Sin embargo, el aspecto más trascendente de la resolución excede el conflicto individual. Al analizar qué normativa debía regir el caso, el juez concluyó que los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo quedaron incorporados al patrimonio jurídico de las partes desde el inicio de la relación laboral. Bajo esa interpretación, una ley posterior no puede alterar retroactivamente las consecuencias ya generadas por ese vínculo.

La decisión descartó así la aplicación de las modificaciones introducidas por la reforma laboral y mantuvo la vigencia de las disposiciones anteriores para el cálculo de las indemnizaciones y sanciones. En consecuencia, el tribunal reconoció, entre otros conceptos, las multas previstas en los artículos 8 y 15 de la Ley 24.013 por empleo no registrado, además de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.

Otro de los puntos destacados fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 para este caso particular. El magistrado entendió que correspondía apartarse del nuevo esquema previsto por esa norma y ordenar que los intereses fueran liquidados conforme a la doctrina legal vigente en la provincia de San Juan.

La resolución adquiere relevancia porque aborda uno de los interrogantes centrales abiertos tras la sanción de la reforma: hasta dónde pueden proyectarse sus efectos sobre relaciones jurídicas preexistentes. Aunque se trata de una sentencia de primera instancia, su fundamentación se incorpora a una discusión que promete seguir ocupando a la justicia laboral en los próximos años, especialmente en aquellos expedientes donde se debata el alcance temporal de las nuevas reglas de contratación y protección del trabajo.

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Los gremios sellan una alianza y crean una nueva Intersindical en San Juan

Más de veinte organizaciones sindicales y sociales conformaron un espacio común para coordinar acciones en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales. El lanzamiento reunió a dirigentes de distintas centrales obreras y recibió respaldo de referentes nacionales.

La fragmentación quedó al margen. En una muestra de unidad poco frecuente en el mapa sindical sanjuanino, más de veinte organizaciones gremiales y sociales formalizaron este sábado la creación de la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, una estructura que buscará articular posiciones y promover acciones conjuntas frente al deterioro de las condiciones laborales, la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso de distintas actividades productivas.

La presentación se realizó en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Rawson, donde dirigentes, delegados y trabajadores de distintos ámbitos coincidieron en la necesidad de construir una herramienta común capaz de trascender pertenencias sectoriales y consolidar una voz colectiva para el movimiento obrero provincial.

El nuevo espacio reúne a sindicatos de la industria, los servicios, el transporte, la administración pública, la educación, la minería, la seguridad privada y la economía popular, además de organizaciones sociales y comunitarias. La amplitud de la convocatoria constituyó uno de los rasgos más destacados del lanzamiento y reflejó la búsqueda de una representación transversal dentro del universo laboral sanjuanino.

Durante el encuentro se difundió el documento fundacional de la Intersindical, en el que se expresa preocupación por la evolución del empleo, la caída de los ingresos, la paralización de la obra pública y las dificultades que atraviesan numerosas ramas de la economía. Los dirigentes sostuvieron que la defensa de las conquistas laborales debe complementarse con una agenda orientada a recuperar la producción, fortalecer la industria nacional y generar puestos de trabajo con pleno acceso a derechos.

Entre los principales lineamientos aparecen la protección del mercado interno, el impulso a la contratación de mano de obra local, el combate a la precarización, el acceso a la vivienda y la preservación de la educación pública, la salud y la seguridad social. Los organizadores plantearon además la necesidad de incorporar a los trabajadores en las discusiones vinculadas al desarrollo económico y la planificación estratégica de la provincia.

«La unidad no se espera, se construye», fue una de las consignas que atravesó la jornada y sintetizó el espíritu de una iniciativa que busca transformarse en un ámbito permanente de coordinación sindical. En la misma línea, los referentes remarcaron que la generación de riqueza tiene como protagonista central al trabajo y reivindicaron el papel histórico de las organizaciones gremiales en la defensa de los derechos sociales.

La constitución formal de la Intersindical profundiza un proceso de acercamiento que había comenzado semanas atrás. Una de sus primeras expresiones públicas ocurrió a fines de mayo, cuando varias de las entidades que hoy integran el espacio participaron de un abrazo simbólico a la sede local de la UOM en rechazo a la intervención judicial del sindicato a nivel nacional.

El lanzamiento también recibió respaldo de dirigentes sindicales de alcance federal. Entre los saludos enviados se destacaron los de Abel Furlán, Octavio Argüello, Rodolfo Aguiar, Hugo «Cachorro» Godoy, Roberto Baradel, Graciela Aleñá y Luis Cáceres, quienes coincidieron en valorar la construcción de ámbitos de unidad para enfrentar los desafíos que atraviesa el mundo del trabajo.

La nueva organización está integrada por la UOM, UTEP, Unión Ferroviaria, AJEPROC, ADICUS, Sindicato Químico, Trabajadores Viales Nacionales, UOLRA, APA, SATSAID, SAMC, SAMEL, ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, SiDUNSJ, UPSRA, SUTCA, ASEC, UOYEP, Amas de Casa del País, SITRAVIAP, ASIJEMIN, y Asociación Bancaria, entre otras entidades.

Con su puesta en marcha, el sindicalismo sanjuanino inaugura una instancia de coordinación inédita en los últimos años. El desafío será transformar esa convergencia en una agenda común capaz de incidir en el debate público y ofrecer respuestas a las demandas de un universo laboral atravesado por incertidumbres económicas, transformaciones productivas y crecientes exigencias sociales.

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Comenzó la repavimentación de calles en el micrcentro sanjuanino

Los trabajos forman parte del Plan de Pavimentos Urbanos y abarcan una de las áreas con mayor circulación de San Juan. La intervención prevé la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada y alcanzará a las principales arterias del casco céntrico.

La renovación vial llegó al corazón de San Juan. El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, inició esta semana las tareas de repavimentación sobre calle Caseros, entre avenida Libertador General San Martín y Rivadavia, dando inicio a una intervención de gran escala destinada a mejorar la transitabilidad en una de las zonas más concurridas de la provincia.

La obra integra el Plan de Pavimentos Urbanos y contempla la recuperación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada dentro del denominado Grupo 5, que comprende los departamentos Capital, Chimbas y Rivadavia. El objetivo es optimizar la circulación en corredores estratégicos que diariamente concentran un intenso movimiento vehicular y peatonal.

La ejecución fue diseñada por etapas para minimizar las molestias derivadas de los trabajos. La planificación busca compatibilizar el avance de las tareas con el funcionamiento habitual de comercios, instituciones educativas, organismos públicos y servicios ubicados en el área céntrica.

Uno de los aspectos que obligó a reformular el proyecto original fue la presencia predominante de pavimentos de hormigón en numerosas calles incluidas en el programa. Esa característica demandó incorporar labores de demolición y reconstrucción de losas antes de avanzar con las nuevas carpetas de rodamiento, adecuando la intervención a las condiciones estructurales existentes.

El alcance del plan excede ampliamente a calle Caseros. También están previstas mejoras sobre Aberastain, Jujuy, Rioja, Tucumán, Rivadavia, Mitre, Santa Fe, Alem, Sarmiento, Entre Ríos, Mendoza, General Acha y Laprida, un conjunto de arterias clave para la movilidad urbana y la conexión con centros educativos, áreas comerciales, dependencias estatales y establecimientos sanitarios.

La importancia de estas calles radica en que funcionan como vías de acceso a puntos neurálgicos de la vida cotidiana sanjuanina, entre ellos el Centro Cívico, el Hospital Rawson y numerosos espacios de atención pública que reciben a miles de personas cada semana.

La intervención se suma a los trabajos ya ejecutados en avenida España, entre Maipú y avenida Ignacio de la Roza, y forma parte de una estrategia más amplia de recuperación de la infraestructura vial urbana que se viene desarrollando en distintos puntos de la provincia.

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