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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de 24 horas y una jornada nacional de protesta ante la inacción del Gobierno, que no promulgó en tiempo y forma la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo suma adhesiones en universidades de todo el país y pone en foco el deterioro presupuestario del sistema público de educación superior.

La posición rígida entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público se profundiza. Este martes y miércoles, las universidades de todo el país se verán afectadas por medidas de fuerza convocadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en reclamo de la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo legal venció este lunes.

La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y con veto previo del Poder Ejecutivo, busca recomponer el presupuesto del sistema universitario nacional, garantizar la actualización de los fondos para gastos de funcionamiento, becas y proyectos científicos, además de reabrir las paritarias para docentes y nodocentes, paralizadas desde octubre del año pasado. Sin embargo, pese a haber sido sancionada nuevamente tras el rechazo del veto presidencial, el Poder Ejecutivo no la promulgó ni publicó en el Boletín Oficial, incumpliendo los plazos establecidos por la Constitución.

Ante esta situación, CONADU lanzó un plan de lucha de dos días. Este martes se realizará una jornada nacional de protesta y el miércoles un paro general de 24 horas en todas las universidades públicas del país. Según confirmaron fuentes gremiales, se espera una amplia adhesión de docentes, estudiantes y organizaciones sociales.

“El Gobierno sólo genera tensión y malestar con su silencio”, advirtió el secretario general de la Federación Argentina de Docentes de las Universidades Tecnológicas (FAGDUT), Ricardo Mozzi. “Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley, y el silencio es total. Senadores y diputados ya la aprobaron y rechazaron el veto. ¿Qué más quieren?”, cuestionó el dirigente, quien confirmó que las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) permanecerán sin clases durante las dos jornadas de protesta.

Mozzi fue aún más contundente al señalar el contraste entre las prioridades del Gobierno y la realidad docente: “Mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza”.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGDUBA) y el gremio de nodocentes APUBA confirmaron su adhesión a las medidas. “Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y dar cumplimiento a la misma, realizamos un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo este martes 21 de octubre”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, los gremios universitarios adelantaron que impulsarán acciones legales coordinadas con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, con el objetivo de exigir “la plena aplicación real y efectiva de la ley”. En paralelo, la AGDUBA convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo.

La Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación está en suspenso, prevé la creación de una caja de $10.000 millones —actualizable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— destinada a incentivar el ingreso a carreras estratégicas, además de un incremento presupuestario equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El reclamo se produce en un contexto de fuerte deterioro de la educación pública, donde los sueldos docentes han perdido más del 40% de su poder adquisitivo en el último año, y los fondos para gastos corrientes se encuentran prácticamente agotados en varias universidades del interior.

El conflicto también se vincula a otras tensiones recientes entre el Congreso y el Ejecutivo. Durante la última sesión, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, otra norma de fuerte impacto social impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan. Dicha ley, que busca recomponer los salarios de los profesionales de la salud y restablecer el sistema de residencias médicas, implica una inversión anual de $133.433 millones, de acuerdo con la OPC.

Mientras tanto, la comunidad académica advierte sobre la gravedad del escenario. “Las universidades no pueden seguir funcionando con partidas de hace un año. No se trata de un reclamo sectorial, sino de la defensa de la educación pública”, expresó una docente de la Universidad Nacional de Córdoba durante una asamblea preparatoria.

La falta de respuesta del Ejecutivo amenaza con profundizar el conflicto. En varias provincias, los gremios analizan extender el paro si el Gobierno mantiene su negativa a promulgar la norma o intenta desactivar su aplicación mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El paro universitario nacional reabre una grieta central en la agenda política y social del país: la del financiamiento del conocimiento, la ciencia y la educación pública. Mientras el Ejecutivo posterga decisiones que el Congreso ya convirtió en ley, los docentes, investigadores y estudiantes vuelven a ocupar el centro del debate público. La tirantez entre recorte fiscal y derecho a la educación se instala una vez más en el corazón de la democracia argentina, y promete nuevos capítulos en los próximos días si la Casa Rosada mantiene su silencio.

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La CGT rompe el diálogo con el gobierno y activa un plan de lucha contra la reforma laboral

La central obrera decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Mayo y resolvió convocar a su Consejo Directivo para discutir un plan de lucha, luego de que el Gobierno reinstalara los artículos más controversiales de la reforma laboral, en especial la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos.

La relación entre la CGT y el Gobierno volvió a tensarse al máximo luego de que se conociera el último borrador de la reforma laboral, que incorporó modificaciones aún más profundas que las difundidas inicialmente. Al confirmarse que el texto final reinstalaba artículos que la central obrera rechaza de plano —en particular, la limitación de las cuotas solidarias—, la dirigencia sindical decidió dar un golpe político: su representante, Gerardo Martínez, no asistió a la reunión de este martes del Consejo de Mayo.

En Azopardo, la primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en un diagnóstico compartido: “ganó Sturzenegger”, confesó un dirigente cegetista, en referencia al ministro de Desregulación del Estado, considerado el principal impulsor de una agenda abiertamente antisindical dentro del gabinete. Según remarcaron fuentes gremiales, el ala dura del Gobierno logró imponerse sobre los sectores más “políticos”, aquellos dispuestos a moderar el contenido de la ley para evitar una confrontación frontal.

Con ese escenario, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves, donde se discutirá un temario que ya tiene un punto central: definir un plan de acción.

El punto que encendió la mecha: las cuotas solidarias

Dentro del paquete laboral, ningún artículo genera tanta resistencia sindical como el que limita las cuotas solidarias, el mecanismo clave de financiamiento de los gremios. Estas cuotas consisten en un aporte obligatorio, acordado en los convenios colectivos, que se descuenta a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados.

La última versión difundida el viernes parecía contener una concesión: ese artículo no estaba incluido. Sin embargo, el fin de semana, durante el armado final del texto, el sector más liberal del Gobierno logró reincorporarlo. La presión vino, principalmente, desde Sturzenegger, quien sostiene que estas contribuciones son “peajes sindicales” y promueve un sistema donde cada trabajador deba dar un consentimiento explícito para pagarla.

Para la CGT, ese cambio no es una cuestión técnica: es un golpe directo al financiamiento de la estructura sindical. Por eso fue una línea roja desde el principio, e incluso dirigentes cercanos al Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), habían planteado la necesidad de una “modernización laboral sin pérdida de derechos”.

Las tensiones internas del Gobierno y el factor político

Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes apuntan a contener la conflictividad y sostienen que, aun concediendo a la CGT la eliminación de las restricciones a las cuotas solidarias, la central difícilmente apoye la reforma. Por el otro, el sector más ideológico, que insiste en avanzar sin matices y que volvió a tener influencia en esta instancia, con respaldo de figuras como Patricia Bullrich.

El resultado fue el peor escenario para la convivencia: la CGT percibe que el Gobierno no busca negociar, sino avanzar unilateralmente. Y el Gobierno, a su vez, calcula que cualquier concesión será interpretada como un signo de debilidad.

Un conflicto que se intensifica

Como consecuencia directa, la CGT ya se prepara para activar un plan de lucha que podría incluir movilizaciones, asambleas y medidas nacionales de fuerza. La central evalúa que la reinstalación de los artículos más duros del proyecto —y particularmente el referido a las cuotas solidarias— no deja margen para un acuerdo.

El conflicto, que hasta ahora se mantenía en el terreno técnico y político, entra así en una fase de confrontación abierta. En un contexto económico aún delicado y con otros sectores gremiales también tensos, la pulseada entre la CGT y el Gobierno promete escalar en las próximas semanas.

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El Ejecutivo lanzó oficialmente las propuestas de reformas que llegarán al Congreso

El Gobierno nacional presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo, un compendio de iniciativas legislativas que serán enviadas al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se realizó en un contexto marcado por la ausencia de Gerardo Martínez, referente de la CGT y pieza clave del diálogo tripartito que el Ejecutivo buscaba consolidar.

Adorni destacó que el paquete de reformas apunta a “ordenar el país” y que la documentación completa estará disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar desde esta misma noche, con la promesa de sumar nuevos textos a medida que avancen los equipos técnicos. El Gobierno remarcó que el Consejo de Mayo funciona como una instancia de consenso general para legitimar los cambios estructurales que pretende llevar adelante.

Propiedad privada y expropiaciones

Uno de los capítulos más controvertidos del informe es el referido a la propiedad privada. El Ejecutivo propone modificar la Ley de Expropiaciones para establecer indemnizaciones al valor de mercado previo al anuncio y actualizadas por el IPC, mediante tasaciones independientes. También impulsa la entrega inmediata de inmuebles ante tenencia precaria o usurpación, la eliminación de limitaciones para la compra en barrios populares y la apertura total del mercado de tierras rurales para inversores extranjeros.

Disciplina fiscal y prohibición del déficit

Otro de los ejes centrales es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. El proyecto busca prohibir el déficit en el presupuesto nacional, instaurar un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipificar como delito el uso de partidas no aprobadas. Además, plantea vedar los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro y restringir el acceso a Aportes del Tesoro Nacional para las provincias que no adhieran a las metas fiscales. A su vez, sugiere limitar el endeudamiento de distritos con déficit primario, salvo para operaciones de refinanciación.

Reforma educativa

El documento también incorpora un capítulo educativo que propone que cada escuela pueda diseñar su propio plan de estudios, mientras el Estado establecería contenidos mínimos obligatorios. Adorni enfatizó que los padres “recuperarán un rol activo en el proyecto educativo de sus hijos”. Además, se impulsará un sistema nacional de evaluación con mediciones continuas de aprendizajes y trayectorias.

Reforma tributaria y promoción laboral

El Ministerio de Economía aportó una serie de iniciativas que conforman la reforma tributaria. Entre ellas, la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como “inocencia fiscal”, y un sistema simplificado para la liquidación del Impuesto a las Ganancias. También se presentarán un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce cargas laborales por dos años, y un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, además de nuevas exenciones para sectores productivos.

Cambios ambientales y productivos

El informe propone modificaciones en la Ley de Glaciares, en la Ley de Bosques y en la normativa de Acuicultura. En paralelo, sugiere eliminar normas de compre provincial y cupos de mano de obra local en áreas productivas estratégicas. Según Adorni, estas restricciones “generan distorsiones en un contexto de boom minero” y obstaculizan la conformación de un mercado nacional integrado de factores productivos.

Reforma laboral: definiciones inminentes

La reforma laboral es uno de los proyectos más esperados del paquete. Adorni anticipó que la versión final se publicará en las próximas horas. Entre los puntos principales se encuentran la eliminación de la ultractividad indefinida, cambios en la prelación de convenios, reducción de cargas laborales y modificaciones en el régimen de trabajo agrario. También prevé la derogación de normas consideradas obsoletas por el Gobierno.

Apertura comercial y propiedad intelectual

En materia de integración internacional, el Consejo propone avanzar con tratados ya aprobados y otros con media sanción. Adorni destacó especialmente el Tratado de Cooperación en Patentes, que —según dijo— “bajará significativamente el costo de proteger la propiedad intelectual” para el sistema científico y la industria.

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La canasta navideña subió 27% y desafía el presupuesto familiar

Un informe de la consultora Focus Market reveló aumentos significativos en alimentos tradicionales y variaciones mixtas en artículos de decoración. Con un gasto total que supera los $423.000 en productos decorativos y los $95.000 en alimentos, las familias ajustan hábitos y priorizan descuentos, cuotas y compras de último momento.

La canasta navideña 2025 llega con incrementos que complican el bolsillo y reconfiguran la manera en que los argentinos se preparan para las fiestas. Según un relevamiento de Focus Market, el costo de los productos decorativos aumentó un 12% interanual, mientras que los alimentos típicos de fin de año se encarecieron bastante más, empujando el promedio general a un aumento del 27% respecto de 2024.

En el rubro decoración, los incrementos más notorios se registraron en pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Sin embargo, no todos los precios siguieron la misma tendencia: las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%) se abarataron, favorecidos por mayor diversidad de oferta y apertura del mercado.

Con estas variaciones, el conjunto de los ocho productos decorativos relevados pasó de $377.504 a $423.955.

El alimento festivo, el más golpeado por la inflación

En contraste con la decoración, el rubro alimenticio muestra una presión mucho más marcada. El incremento más fuerte lo protagoniza la torta española de frutos secos (+47%), seguida por el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%).

Aun así, algunos ítems mantienen subas relativamente moderadas: el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%).

En total, el valor promedio de los doce alimentos típicos medidos se elevó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Focus Market remarcó además que dos de los tres productos con mayores aumentos son importados, evidenciando la sensibilidad del precio de los alimentos externos al tipo de cambio y la disponibilidad de stock. En cambio, la mayor competencia en decoración ayudó a frenar aumentos más pronunciados.

Promociones, cuotas y compras sobre la hora

La situación económica empuja a los consumidores a estrategias de compra más defensivas. Según el estudio, el 74% prioriza promociones y descuentos, un dato que consolida la tendencia del “cazador de ofertas” como comportamiento dominante en las fiestas.

Otros mecanismos también ganan terreno:

9% opta por cuotas y financiamiento,

7% aprovecha beneficios por pago con débito o QR.

El calendario de compras también se comprimió:

44% compra una semana antes,

27% lo hace un mes antes,

21% espera al fin de semana previo a Navidad.

En cuanto a los métodos de pago, el 61% usa tarjeta de crédito, mientras que 16% aguarda el cobro del aguinaldo y 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Estrategias comerciales, la clave para sostener las ventas

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el panorama obliga al comercio a redoblar esfuerzos: “Las estrategias que ofrezcan descuentos realmente atractivos y planes de pago accesibles serán fundamentales para dinamizar las ventas y sostener el espíritu festivo en un contexto desafiante”.

Con precios que no dan tregua pero con consumidores más atentos y selectivos, la Navidad 2025 se encamina a ser una celebración donde las promociones, más que los adornos o el pan dulce, se convierten en el protagonista central.

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