Docentes universitarios paran en todo el país ante el incumplimiento del Ejecutivo

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de 24 horas y una jornada nacional de protesta ante la inacción del Gobierno, que no promulgó en tiempo y forma la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo suma adhesiones en universidades de todo el país y pone en foco el deterioro presupuestario del sistema público de educación superior.

La posición rígida entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público se profundiza. Este martes y miércoles, las universidades de todo el país se verán afectadas por medidas de fuerza convocadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en reclamo de la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo legal venció este lunes.

La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y con veto previo del Poder Ejecutivo, busca recomponer el presupuesto del sistema universitario nacional, garantizar la actualización de los fondos para gastos de funcionamiento, becas y proyectos científicos, además de reabrir las paritarias para docentes y nodocentes, paralizadas desde octubre del año pasado. Sin embargo, pese a haber sido sancionada nuevamente tras el rechazo del veto presidencial, el Poder Ejecutivo no la promulgó ni publicó en el Boletín Oficial, incumpliendo los plazos establecidos por la Constitución.

Ante esta situación, CONADU lanzó un plan de lucha de dos días. Este martes se realizará una jornada nacional de protesta y el miércoles un paro general de 24 horas en todas las universidades públicas del país. Según confirmaron fuentes gremiales, se espera una amplia adhesión de docentes, estudiantes y organizaciones sociales.

“El Gobierno sólo genera tensión y malestar con su silencio”, advirtió el secretario general de la Federación Argentina de Docentes de las Universidades Tecnológicas (FAGDUT), Ricardo Mozzi. “Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley, y el silencio es total. Senadores y diputados ya la aprobaron y rechazaron el veto. ¿Qué más quieren?”, cuestionó el dirigente, quien confirmó que las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) permanecerán sin clases durante las dos jornadas de protesta.

Mozzi fue aún más contundente al señalar el contraste entre las prioridades del Gobierno y la realidad docente: “Mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza”.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGDUBA) y el gremio de nodocentes APUBA confirmaron su adhesión a las medidas. “Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y dar cumplimiento a la misma, realizamos un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo este martes 21 de octubre”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, los gremios universitarios adelantaron que impulsarán acciones legales coordinadas con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, con el objetivo de exigir “la plena aplicación real y efectiva de la ley”. En paralelo, la AGDUBA convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo.

La Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación está en suspenso, prevé la creación de una caja de $10.000 millones —actualizable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— destinada a incentivar el ingreso a carreras estratégicas, además de un incremento presupuestario equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El reclamo se produce en un contexto de fuerte deterioro de la educación pública, donde los sueldos docentes han perdido más del 40% de su poder adquisitivo en el último año, y los fondos para gastos corrientes se encuentran prácticamente agotados en varias universidades del interior.

El conflicto también se vincula a otras tensiones recientes entre el Congreso y el Ejecutivo. Durante la última sesión, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, otra norma de fuerte impacto social impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan. Dicha ley, que busca recomponer los salarios de los profesionales de la salud y restablecer el sistema de residencias médicas, implica una inversión anual de $133.433 millones, de acuerdo con la OPC.

Mientras tanto, la comunidad académica advierte sobre la gravedad del escenario. “Las universidades no pueden seguir funcionando con partidas de hace un año. No se trata de un reclamo sectorial, sino de la defensa de la educación pública”, expresó una docente de la Universidad Nacional de Córdoba durante una asamblea preparatoria.

La falta de respuesta del Ejecutivo amenaza con profundizar el conflicto. En varias provincias, los gremios analizan extender el paro si el Gobierno mantiene su negativa a promulgar la norma o intenta desactivar su aplicación mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El paro universitario nacional reabre una grieta central en la agenda política y social del país: la del financiamiento del conocimiento, la ciencia y la educación pública. Mientras el Ejecutivo posterga decisiones que el Congreso ya convirtió en ley, los docentes, investigadores y estudiantes vuelven a ocupar el centro del debate público. La tirantez entre recorte fiscal y derecho a la educación se instala una vez más en el corazón de la democracia argentina, y promete nuevos capítulos en los próximos días si la Casa Rosada mantiene su silencio.