Reestructuración en Vea: Cencosud clausura sucursales en varias provincias
La cadena Cencosud inició un proceso de cierre de sucursales de su marca Vea en distintas provincias argentinas, afectando a más de un centenar de trabajadores. Los locales de Castelar, Hurlingham, Moreno, San Juan y Catamarca bajaron sus persianas en medio de una caída del consumo que ya supera el 30% en el Conurbano bonaerense. Los gremios advierten sobre despidos encubiertos, reubicaciones forzadas y un panorama laboral cada vez más crítico.
La profunda recesión que atraviesa la economía argentina golpea con fuerza al sector supermercadista. Durante la segunda mitad de 2025, las ventas minoristas y mayoristas se desplomaron hasta niveles históricos, arrastradas por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y el desplome general del consumo interno.
En ese contexto, Cencosud, uno de los grupos líderes del país —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy—, decidió cerrar al menos cinco sucursales de la cadena Vea en Castelar, Hurlingham, Moreno (provincia de Buenos Aires), San Martín (Catamarca) y Villa Krause (San Juan).
Fuentes gremiales confirmaron que más de 100 empleados quedaron sin tareas, algunos reubicados en otras tiendas del grupo y otros desvinculados mediante indemnizaciones voluntarias o despidos encubiertos.
El impacto más severo se registró en el Gran Buenos Aires, particularmente en la zona oeste. La sucursal de Castelar, ubicada sobre Estanislao Zeballos 3154, cerró sus puertas de manera repentina, generando preocupación entre el personal y los vecinos.
Situaciones similares se repitieron en Hurlingham y Moreno, donde la decisión empresarial tomó por sorpresa a los trabajadores. “Por ahora se pudo resolver sin conflicto sindical. De todos modos, el panorama es muy desalentador: la facturación bajó mucho por la caída estrepitosa del consumo”, afirmó Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), en diálogo con medios locales.
Según distintas seccionales del gremio de Comercio, las ventas en el sector retrocedieron un 30% promedio y las empresas comenzaron a concentrar operaciones en los locales con mayor rentabilidad. “Se trata de un ajuste generalizado que busca reducir costos en medio de la crisis”, reconocieron fuentes sindicales.
Datos que confirman la crisis
El deterioro del poder de compra se refleja con claridad en las estadísticas. Un informe de la Secretaría de Producción de La Matanza reveló que las ventas en el rubro Almacén se desplomaron 21% en el último mes, mientras que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre una caída del 7,4% en la facturación de los supermercados desde la asunción de Javier Milei.
En paralelo, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) calculó que, durante los 22 meses de gestión libertaria, el salario mínimo aumentó 120% y la jubilación mínima 153%, mientras que la Canasta de Alimentos subió 184% y la Canasta Básica Total 200,6%, evidenciando una pérdida real del poder adquisitivo que explica el colapso del consumo masivo.
Reestructuración interna y competencia por el mercado
Desde el entorno empresarial, las fuentes consultadas justificaron los cierres como parte de una reestructuración interna destinada a “optimizar recursos y ajustar operaciones ante la baja rentabilidad del negocio minorista”.
Sin embargo, analistas del sector señalan otro motivo de peso: Cencosud estaría ordenando sus finanzas y estructura operativa para competir por la eventual adquisición de la operación de Carrefour en la Argentina, un proceso que requeriría saneamiento de cuentas y racionalización de activos.
“Los cierres apuntan a desprenderse de locales menos rentables y mejorar indicadores de eficiencia de cara a una posible negociación corporativa”, explicaron fuentes del mercado.
Incertidumbre y reclamos de los trabajadores
Mientras las empresas reorganizan su estructura, los trabajadores viven días de incertidumbre. En algunas sucursales, las reubicaciones implican traslados de más de 20 kilómetros, afectando la vida cotidiana de empleados con años de antigüedad. Otros aguardan definiciones o propuestas de retiro voluntario.
Los gremios del sector, como FAECyS y las filiales regionales del Sindicato de Comercio, advierten que el proceso de ajuste se está expandiendo y que los despidos ya alcanzan a grandes cadenas que históricamente resistían las crisis. “La motosierra económica también corta en los grupos concentrados. Hoy los trabajadores pagan las consecuencias del ajuste en las góndolas”, resumió un dirigente gremial.
El cierre de sucursales de Vea refleja el deterioro estructural del consumo argentino y la fragilidad del empleo formal incluso dentro de los grandes conglomerados empresariales. Lo que comenzó como una reestructuración focalizada se transformó en un síntoma más de la recesión generalizada que atraviesa el país.
Las empresas buscan preservar su rentabilidad ajustando costos, mientras los gremios intentan contener los efectos sobre el empleo. En el medio, miles de trabajadores viven con la incertidumbre de un mercado laboral cada vez más restrictivo y un consumo en retroceso.
Si la tendencia continúa, el cierre de supermercados dejará de ser un hecho aislado para convertirse en el nuevo rostro de una economía que se contrae desde el mostrador hasta la góndola, golpeando tanto a quienes venden como a quienes ya no pueden comprar.
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Docentes universitarios profundizan la protesta y convocan a un paro desde el 30 de septiembre
Universidades: rechazo al 3%, nuevo paro y una quinta Marcha Federal en octubre
Paritaria universitaria: los docentes reclaman una recomposición del 33,4%
El conflicto universitario suma otro paro y queda atravesado por una disputa judicial
Universidades nacionales: paro desde el miércoles y presión para aplicar la Ley 27.795
Docentes universitarios vuelven al paro antes de la Marcha Federal de octubre
CONADU resolvió un paro total de actividades de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre. La medida quedó condicionada a que el Gobierno aplique antes del martes 29 la recomposición salarial que los gremios reclaman en el marco de la Ley 27.795. La disputa también llegó a la Justicia, que intimó al Ejecutivo a cumplir una cautelar en cinco días.
La huelga, sin embargo, quedó sujeta a una condición: los gremios anticiparon que podría levantarse si el Gobierno nacional efectiviza antes del martes 29 la recomposición salarial del 33,4% que reclaman en aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La última propuesta oficial había sido del 3%, porcentaje rechazado por las organizaciones sindicales.
La Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos frente al veto presidencial, establece en su artículo 5 la actualización de los salarios docentes y no docentes tomando como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2023. También dispone actualizaciones periódicas en las negociaciones paritarias. El artículo 6 establece la recomposición de las becas estudiantiles según la evolución de los precios.
La disputa incorporó en los últimos días un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora.
El Gobierno, en cambio, sostiene que ya cumplió con la cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La controversia judicial se suma así a una negociación paritaria que permanece sin acuerdo.
Para Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, la respuesta sindical debe sostener la organización colectiva frente a la fragmentación que, según afirmó, caracteriza el momento político y laboral. Su planteo acompañó la decisión de profundizar las medidas hasta la próxima movilización nacional.
El paro se inscribe además en una secuencia de protestas que tendrá otro punto central el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios prevén llevar allí el reclamo salarial, la aplicación de la Ley 27.795 y la discusión sobre el financiamiento de las universidades en el Presupuesto 2027.
De este modo, el conflicto universitario llega a una nueva instancia con tres frentes simultáneos: una paritaria sin acuerdo, una disputa judicial por la aplicación de una ley sancionada por el Congreso y un calendario gremial que se extenderá hasta octubre. La definición sobre el aumento salarial antes del martes 29 determinará si el paro comienza el miércoles o si las partes encuentran una salida de último momento.
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CGT, 96 años: nació en medio de un golpe y convirtió la unidad sindical en una herramienta de poder
La Confederación General del Trabajo fue creada el 27 de septiembre de 1930, pocas semanas después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Su origen fue el resultado de un acuerdo entre corrientes sindicales que mantenían profundas diferencias y que entendieron que la fragmentación debilitaba su capacidad de representación. La central atravesó rupturas, dictaduras, proscripciones y reunificaciones hasta convertirse en una de las instituciones centrales de la vida laboral y política argentina.
Pero el golpe no creó la necesidad de una central obrera. La discusión sobre la unidad sindical venía de antes. Durante las décadas previas, el movimiento obrero había construido una extensa red de sindicatos, federaciones y centrales atravesadas por diferencias profundas sobre la relación con el Estado, los partidos políticos, la huelga y el papel de las organizaciones de trabajadores.
En la década de 1920 convivían distintas tradiciones. La Confederación Obrera Argentina (COA) reunía principalmente a sindicatos de orientación socialista; la Unión Sindical Argentina (USA) expresaba la tradición sindicalista revolucionaria; la FORA mantenía la influencia anarquista, mientras los comunistas desarrollaban sus propias estructuras. No se trataba de matices dentro de una misma corriente, sino de concepciones diferentes acerca de la organización y la acción obrera.
La idea de construir una organización común comenzó a ganar fuerza antes del golpe. La Federación Obrera Poligráfica Argentina (FOPA) había impulsado desde 1927 una propuesta de unidad que buscaba reunir a las principales expresiones sindicales. La fragmentación, frente a un empresariado organizado y a un Estado que podía recurrir a la represión, comenzaba a ser percibida por distintos dirigentes como una limitación concreta para defender intereses comunes.
El 6 de septiembre de 1930 cambió las condiciones políticas. La interrupción del orden constitucional, la persecución de organizaciones obreras y el avance del desempleo en medio de la crisis económica internacional aceleraron aquellas conversaciones. Tres semanas después, el 27 de septiembre, delegados de la COA y la USA conformaron una nueva central y adoptaron el nombre de Confederación General del Trabajo de la República Argentina. El primer secretario general fue el dirigente ferroviario Luis Cerutti.
La nueva organización no representó a todas las corrientes del movimiento obrero. La FORA anarquista permaneció fuera de aquella construcción y los comunistas conservaron estructuras propias. Por eso, la fundación de la CGT no significó el final de las diferencias: fue, en realidad, el comienzo de una experiencia de unidad que durante décadas tendría que atravesar nuevas fracturas y acuerdos.
Tampoco existió una institucionalización inmediata. La central funcionó durante sus primeros años con una estructura todavía en proceso de consolidación y recién entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 1936 realizó su Congreso Constituyente. La documentación histórica del Ministerio de Trabajo señala precisamente ese intervalo de casi seis años entre la creación de la central y su organización formal.
En 1935, además, la disputa interna desembocó en una nueva fractura. Los socialistas ganaron peso en la conducción y los sindicalistas que habían encabezado inicialmente la central quedaron desplazados. La división derivó en la existencia de dos CGT y volvió a demostrar que la unidad alcanzada en 1930 no era irreversible.
El proceso adquirió otra dimensión a partir de 1943. El golpe que derrocó a Ramón Castillo abrió una etapa en la que Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, construyó una relación cada vez más estrecha con importantes organizaciones sindicales. La CGT se convirtió en un actor central de esa transformación y llegó al 17 de octubre de 1945 con una capacidad de movilización que la colocaría en el centro de la escena política nacional.
La movilización de aquel día, protagonizada por miles de trabajadores que confluyeron en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, marcó un punto de inflexión. El triunfo electoral del peronismo en 1946 profundizó la gravitación de la central, que durante los años siguientes pasó a ocupar un lugar decisivo en la estructura del movimiento obrero y en la relación entre sindicatos y Estado.
La historia posterior estuvo marcada por nuevas rupturas. Después del derrocamiento de Perón en 1955, la proscripción del peronismo y las restricciones sobre las organizaciones sindicales obligaron al movimiento obrero a reorganizarse. La CGT atravesó intervenciones, divisiones y distintas experiencias de conducción mientras conservaba un peso significativo en la vida política argentina.
Ese papel volvió a adquirir una dimensión dramática durante la última dictadura. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la CGT fue disuelta y los sindicatos intervenidos. La legislación represiva restringió severamente el derecho de huelga y numerosos dirigentes, delegados y militantes obreros fueron perseguidos, encarcelados, torturados y desaparecidos.
Documentación oficial sobre la historia del sindicalismo argentino señala al golpe de 1976 como una de las etapas más graves de persecución contra el movimiento obrero.
En ese período también surgieron expresiones de resistencia sindical. El 27 de abril de 1979, la Comisión de los 25 convocó al primer paro general contra la dictadura. Posteriormente llegaron la movilización a San Cayetano de 1981, la protesta de Plaza de Mayo de 1982 y la marcha de “Paz, Pan y Trabajo”, hitos que contribuyeron a recuperar la presencia pública del sindicalismo en los últimos años del régimen militar.
Con el retorno democrático, la CGT recuperó su funcionamiento institucional, aunque las divisiones internas continuaron. Hubo distintas conducciones y centrales durante las décadas siguientes, hasta que en 2016 tres espacios confluyeron en un nuevo esquema de conducción colegiada integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. En 2021, la central volvió a organizar un triunvirato, esta vez con Daer, Acuña y Pablo Moyano.
La conducción volvió a modificarse en noviembre de 2025. El Congreso General Ordinario eligió como secretarios generales a Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, según la nómina oficial de autoridades de la central. Héctor Daer quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Carlos Acuña asumió la Secretaría de Turismo.
La propia sede histórica de la CGT, en Azopardo 820, sintetiza parte de ese recorrido. El edificio fue inaugurado el 18 de octubre de 1950 y recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 1233/2007, que reconoció su importancia dentro de la historia del movimiento obrero argentino.
A 96 años de su fundación, la trayectoria de la CGT muestra que la unidad sindical nunca fue un punto de llegada definitivo. Desde aquel acuerdo entre organizaciones que mantenían diferencias ideológicas hasta las sucesivas rupturas y reunificaciones del siglo XX y XXI, la central construyó su identidad alrededor de una negociación permanente entre intereses, tradiciones y modelos de conducción.
Ese rasgo explica también su permanencia. La CGT no nació porque las organizaciones obreras hubieran dejado de discrepar, sino porque encontraron una razón concreta para actuar juntas en un momento de fuerte presión política y económica. Casi un siglo después, esa misma tensión entre unidad, autonomía, representación y capacidad de acción continúa formando parte de la historia cotidiana del sindicalismo argentino.
Departamentales
San Juan licitó la primera obra para reconstruir la Ruta 40 hacia Jáchal
El Gobierno de San Juan abrió la licitación para reconstruir el tramo Tucunuco–San Roque, en Jáchal, con una inversión oficial de $26.103 millones y un plazo de 540 días. La calzada pasará de 6,30 a 7,30 metros e incorporará banquinas, obras de drenaje, señalización y medidas de seguridad vial.
La obra tendrá un plazo de 540 días corridos y se ejecutará en el marco del convenio celebrado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto apunta a recuperar un pavimento que presenta un deterioro significativo y a mejorar las condiciones de circulación de uno de los principales accesos al norte sanjuanino.
Una ruta más ancha y con nuevas banquinas
La intervención contempla ensanchar la calzada de 6,30 a 7,30 metros, aunque mantendrá un carril por cada sentido de circulación. A ambos lados se construirán banquinas de tres metros: un metro pavimentado y dos metros de material granular.
Los trabajos incluirán repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y la incorporación de un nuevo paquete estructural en las zonas donde se amplíe la ruta.
El proyecto también prevé intervenir alcantarillas, sifones y sistemas de drenaje, además de ejecutar alteos en los puntos que lo requieran. La renovación se completará con defensas laterales, demarcación horizontal y señalización vertical.
La necesidad de la obra está vinculada con el desgaste de la estructura existente y con deficiencias en parte de las obras hidráulicas, factores que afectan tanto la transitabilidad como las condiciones de seguridad.
Un corredor con mayor demanda prevista
Durante 2025, el tramo Tucunuco–San Roque registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. La Provincia proyecta un incremento de la circulación a partir del crecimiento de los servicios, el transporte de cargas y el desarrollo productivo y minero del norte.
La Ruta 40 constituye además la principal conexión terrestre entre el Gran San Juan y Jáchal, por lo que su recuperación tendrá incidencia sobre el transporte de pasajeros, la circulación de mercaderías y el acceso a localidades y emprendimientos ubicados a lo largo del corredor.
La licitación de este tramo abre así la primera etapa de un programa de cuatro secciones para recuperar la Ruta 40 Norte. La obra combina reconstrucción del pavimento, ampliación de la infraestructura y adecuación de los sistemas de seguridad y drenaje, con el objetivo de sostener la circulación actual y atender el crecimiento previsto para uno de los corredores viales más importantes del norte provincial.
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