Un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) revela que, desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ejecutó un ajuste sin precedentes que implicó una transferencia de más de 40 billones de pesos al capital financiero. El recorte del gasto público, la licuación salarial y la pérdida de recursos para la seguridad social y las obras sociales conforman un modelo de “redistribución a la inversa”, en el que el costo del orden fiscal recae casi exclusivamente sobre el trabajo y las jubilaciones.

El ajuste libertario, presentado como la gran cruzada contra el “Estado derrochador”, tuvo un efecto concreto y medible: una masiva transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los sectores financieros. Según el último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), elaborado por los economistas Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich, la pérdida total acumulada por el sector laboral alcanza los 55 billones de pesos.

El estudio, basado en datos oficiales del INDEC, desagrega esa cifra en cuatro grandes componentes:

9,4 billones de pesos de pérdida de recaudación en la seguridad social;

4 billones en la financiación de obras sociales;

1,5 billones en los recursos sindicales;

y 40,1 billones de pesos en ingresos que los trabajadores en relación de dependencia dejaron de percibir desde que comenzó la gestión de Milei.

El informe califica el fenómeno como una “redistribución regresiva del ingreso”, impulsada por políticas que licuaron salarios y jubilaciones, paralizaron la obra pública y recortaron la inversión en educación. Según MATE, desde la asunción del gobierno libertario, el Estado “ahorró” 82 billones de pesos mediante la motosierra fiscal, pero ese ahorro “no fue neutral”: significó una transferencia directa al sector financiero y a los grandes exportadores, mientras el poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó.

En términos personales, las pérdidas son abrumadoras.

En el sector público, los salarios se encuentran 19% por debajo del nivel de diciembre de 2023, con una pérdida acumulada de 8,1 millones de pesos por trabajador.

En el sector privado, el retroceso ronda el 5%, equivalente a 1,7 millones de pesos por trabajador.

Y entre los jubilados y jubiladas, la caída del poder de compra alcanza el 23%, lo que significa una pérdida promedio de casi 4 millones de pesos por beneficiario.

El deterioro salarial se combina con el aumento del desempleo y el endeudamiento familiar. “A pesar del fuerte incremento del autoempleo como salida individual a la falta de trabajos formales”, señala el informe, “la morosidad de las familias con el sistema financiero llegó a niveles récord”. Históricamente, entre el 2% y el 3% de los préstamos a hogares se encontraba en situación irregular; en julio de 2025 ese porcentaje trepó al 6,2%, el doble del promedio histórico.

El MATE advierte además que la inflación, lejos de moderarse, lleva casi cinco meses consecutivos en alza, pese a que el gobierno justificó su política de ajuste en la necesidad de reducirla. “El alto costo social que la sociedad soportó para frenar la inflación no ha dado resultados visibles”, subraya el informe, “mientras los salarios y jubilaciones no han recuperado nada de lo perdido”.

A la contracción del consumo se suma la incertidumbre macroeconómica. El propio relevamiento del MATE detecta que la economía se estancó a partir de febrero de 2025, con una caída del 1,5% en julio respecto de ese mes. Incluso entre los empresarios industriales —los supuestos ganadores del modelo libertario— predomina el pesimismo: “por primera vez, son más los que creen que estarán peor en los próximos meses que los que creen que estarán mejor”, indica el estudio.

En los últimos días, la política económica oficial dejó en evidencia esa orientación. En su búsqueda desesperada de dólares tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno eliminó por unos días las retenciones a las exportaciones, lo que representó una pérdida fiscal de más de 2 billones de pesos, según los cálculos del MATE. Al contabilizar todas las rebajas y suspensiones de derechos de exportación desde enero, el Estado dejó de percibir más de 3.000 millones de dólares.

Mientras Hipermercado Libertad busca reducir personal ofreciendo retiros voluntarios con condiciones muy por debajo de lo que marca la ley, Cencosud cerró sin aviso una sucursal de Vea en Rawson y dejó en la calle a 17 empleados. El Sindicato de Empleados de Comercio advierte sobre una nueva etapa de ajuste en el sector, caracterizada por el reemplazo de despidos formales por “retiros voluntarios” a bajo costo.

En los pasillos del Hipermercado Libertad crece el malestar. Desde hace algunas semanas, la empresa comenzó a ofrecer retiros voluntarios a su personal con una propuesta económica que, según denunció el Sindicato de Empleados de Comercio, representa apenas el 40% de lo que correspondería legalmente por una desvinculación. Ningún trabajador aceptó hasta el momento, y el clima interno se tornó tenso ante la posibilidad de futuros recortes.

“Durante el año pasado hubo despidos en diferentes firmas, pero ahora la modalidad para prescindir de trabajadores son los retiros voluntarios”, explicó Mirna Moral, secretaria general del gremio mercantil. La dirigente recordó que la compañía ya había implementado un esquema similar meses atrás, aunque con mejores condiciones gracias a la intervención sindical. “En ese momento logramos que el pago se elevara al 70%, y así nueve empleados aceptaron. Pero ahora volvieron a ofrecer solo el 40%, sin consultar al sindicato”, detalló.

Moral advirtió que esta estrategia se repite en otras empresas del rubro, que buscan ajustar sus estructuras de personal sin enfrentar los costos de una indemnización plena. En el caso de Hiper Libertad, la medida afecta a una planta de aproximadamente 80 trabajadores, que permanecen en alerta y se apoyan en el sindicato para tolerar cualquier intento de desvinculación encubierta.

Mientras tanto, el panorama se agrava en otras cadenas. El jueves por la mañana, los 17 empleados de la sucursal del hipermercado Vea en Villa Krause, Rawson, se encontraron con las puertas cerradas. Sin aviso previo, la empresa —propiedad del grupo Cencosud— decidió no renovar el contrato de alquiler del local ubicado sobre el boulevard Sarmiento y dio por finalizado el vínculo laboral de todo el personal.

“Los trabajadores habían sido convocados hace algunas semanas para evaluar retiros voluntarios, pero nadie les anticipó que el cierre sería definitivo”, relató una fuente cercana al gremio. El caso de Vea generó fuerte malestar en el sector y despertó preocupación por la posibilidad de que otras sucursales puedan seguir el mismo camino.

El escenario actual en el comercio minorista sanjuanino combina tres factores preocupantes: caída en el consumo, retracción del empleo y reemplazo de despidos formales por retiros voluntarios forzados. En ese contexto, la intervención sindical resulta clave para evitar que los trabajadores acepten acuerdos desventajosos.

Mientras las grandes cadenas buscan ajustar costos en un contexto de recesión prolongada, los gremios advierten que la modalidad de los “retiros voluntarios” se está convirtiendo en la nueva herramienta del ajuste laboral privado: menos visible, pero igual de nociva para los derechos de los trabajadores.

Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, casi 300 mil trabajadores del sector privado solicitaron la Prestación por Desempleo desde la asunción de Javier Milei. La cifra no incluye a los más de 70 mil empleados estatales cesanteados. Solo en 2024 se registraron 174 mil despidos, la mayoría en la industria, el comercio y la construcción.

A 21 meses del inicio del Gobierno de Javier Milei, los indicadores del mercado laboral revelan el impacto del ajuste económico y la recesión productiva. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, 286.391 personas del sector privado pidieron el seguro de desempleo tras ser despedidas sin causa, según datos oficiales. La cifra equivale a casi 300 mil empleos perdidos, sin contar a los 70 mil trabajadores estatales que fueron desvinculados en el marco de la reducción de la planta pública.

El deterioro del empleo formal se aceleró durante 2024, cuando 174.335 personas solicitaron la prestación por desempleo. En los primeros nueve meses de 2025 se sumaron 112.056 nuevos casos, reflejando que el ciclo recesivo aún no encuentra piso. Las principales causas de despido, de acuerdo con los registros oficiales, fueron la “falta de trabajo” y “ajustes empresariales”.

El impacto se concentra en sectores clave de la economía. De los 112.056 despidos registrados en lo que va del año,

26.060 corresponden a la industria manufacturera,

23.098 al comercio,

18.776 a la construcción,

12.228 a servicios administrativos,

5.447 a gastronomía y hotelería,

y 5.117 al transporte.

En septiembre, 100.344 personas percibieron el seguro de desempleo, con un pago promedio de $274.324. Del total, 69.303 eran varones y 31.041 mujeres. La distribución geográfica muestra que la mayor parte de los beneficiarios residen en la Provincia de Buenos Aires (42.090), seguidos por Santa Fe (7.451), Córdoba (7.416) y la Ciudad de Buenos Aires (6.454).

Los datos confirman la persistencia de un clima de fragilidad laboral que afecta tanto al empleo industrial como al de servicios. La contracción de la demanda interna, la apertura importadora y la caída del poder adquisitivo deterioraron el tejido productivo, empujando a miles de pequeñas y medianas empresas a reducir personal o cerrar sus puertas.

Mientras el Gobierno insiste en que la “liberalización del mercado” traerá inversión y empleo, las estadísticas muestran el efecto inmediato de una política de ajuste sin contención social. El aumento sostenido del desempleo, junto con la pérdida de poder de compra y la falta de obra pública, configuran un escenario de profunda inestabilidad laboral. Con casi 300 mil despidos formales en menos de dos años, la promesa de reactivación sigue siendo, por ahora, una promesa lejana.