Rechazo gremial y oposición política al decreto que habilita la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina
Los trabajadores de Atucha y Embalse iniciaron asambleas permanentes en rechazo al Decreto 695/2025, que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Denuncian desfinanciamiento, riesgo de pérdida de soberanía energética y posibles despidos. ATE y Luz y Fuerza encabezan la resistencia, mientras crece la tensión en el Congreso y entre la comunidad científica.
El plan de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) —empresa estatal que administra las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse— desató un fuerte conflicto sindical y político. En respuesta al Decreto 695/2025, publicado el 29 de septiembre en el Boletín Oficial, los trabajadores nucleares iniciaron asambleas permanentes en los complejos de Atucha y Embalse, y no descartan paros escalonados si el Gobierno nacional avanza con el proceso de venta accionaria.
El personal, organizado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Luz y Fuerza, calificó la medida como “un ataque directo a una empresa estratégica del Estado”. En un comunicado conjunto, los gremios denunciaron que la iniciativa se enmarca en una política de desfinanciamiento y vaciamiento de proyectos tecnológicos, y advirtieron que la privatización parcial pondría en riesgo el desarrollo soberano del sector nuclear argentino.
“Estamos así en respuesta a las políticas de desfinanciamiento y las amenazas de privatización parcial por parte del Gobierno de Javier Milei. Nucleoeléctrica es una empresa modelo y estratégica, y no vamos a permitir su entrega”, señalaron representantes de ATE en Atucha.
Los reclamos de los trabajadores incluyen además una recomposición salarial urgente, el pase a planta permanente de los contratados y el respeto a los convenios colectivos frente a lo que califican como “una avanzada flexibilizadora”. En ese sentido, la Junta Interna de ATE denunció la paralización del proyecto CAREM 25, la crítica situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y la suspensión de otras iniciativas científicas que consolidaban la capacidad nuclear argentina.
El decreto firmado por el Ejecutivo autoriza la venta del 44% del capital accionario de NA-SA mediante una licitación pública nacional e internacional, destinando un 5% adicional a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores. Según el Gobierno, el objetivo es “generar financiamiento para extender la vida útil de Atucha I y reducir el déficit fiscal”, aunque la empresa no registra pérdidas operativas. El Estado conservará el 51% de las acciones, junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para mantener el control formal de la gestión.
La medida se apoya en la Ley Bases de 2024, que habilita privatizaciones totales o parciales de empresas públicas. Sin embargo, diversos sectores políticos ya presentaron proyectos de resolución en el Congreso para frenar la venta. En Diputados, la legisladora Gabriela Estévez propuso derogar el artículo que autoriza el proceso, mientras que Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, reclamó la presencia del presidente de la empresa, Demian Reidel, para que brinde explicaciones ante el Parlamento.
A su vez, el senador José Mayans impulsa la declaración del sistema nuclear como “bien público estratégico y no enajenable”, acompañado por la senadora Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que prohíbe expresamente la privatización o extranjerización del sector nuclear argentino. Desde el Frente de Izquierda y el bloque Fuerza Patria calificaron la iniciativa oficial como “una entrega planificada” de un activo rentable y estratégico.
El conflicto por la privatización de Nucleoeléctrica Argentina vuelve a poner en primer plano la disputa entre el modelo de Estado empresario y la lógica de mercado, en un área que concentra conocimiento científico, soberanía tecnológica y miles de empleos calificados. Mientras el Gobierno argumenta razones fiscales y de eficiencia, los gremios advierten sobre la pérdida de control nacional en una industria clave para la seguridad energética. La resistencia sindical y el frente político opositor anticipan que la pulseada por el futuro de Atucha y Embalse será una de las más significativas del año.
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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.
La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.
La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario
La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.
Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.
La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.
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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan
El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.
El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.
Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.
El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.
La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.
Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.
La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.
Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.
Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.
La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.
El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.
Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.
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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global
San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.
El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.
El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.
Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.
Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.
En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.
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