Rechazo gremial y oposición política al decreto que habilita la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina

Los trabajadores de Atucha y Embalse iniciaron asambleas permanentes en rechazo al Decreto 695/2025, que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Denuncian desfinanciamiento, riesgo de pérdida de soberanía energética y posibles despidos. ATE y Luz y Fuerza encabezan la resistencia, mientras crece la tensión en el Congreso y entre la comunidad científica.

El plan de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) —empresa estatal que administra las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse— desató un fuerte conflicto sindical y político. En respuesta al Decreto 695/2025, publicado el 29 de septiembre en el Boletín Oficial, los trabajadores nucleares iniciaron asambleas permanentes en los complejos de Atucha y Embalse, y no descartan paros escalonados si el Gobierno nacional avanza con el proceso de venta accionaria.

El personal, organizado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Luz y Fuerza, calificó la medida como “un ataque directo a una empresa estratégica del Estado”. En un comunicado conjunto, los gremios denunciaron que la iniciativa se enmarca en una política de desfinanciamiento y vaciamiento de proyectos tecnológicos, y advirtieron que la privatización parcial pondría en riesgo el desarrollo soberano del sector nuclear argentino.

“Estamos así en respuesta a las políticas de desfinanciamiento y las amenazas de privatización parcial por parte del Gobierno de Javier Milei. Nucleoeléctrica es una empresa modelo y estratégica, y no vamos a permitir su entrega”, señalaron representantes de ATE en Atucha.

Los reclamos de los trabajadores incluyen además una recomposición salarial urgente, el pase a planta permanente de los contratados y el respeto a los convenios colectivos frente a lo que califican como “una avanzada flexibilizadora”. En ese sentido, la Junta Interna de ATE denunció la paralización del proyecto CAREM 25, la crítica situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y la suspensión de otras iniciativas científicas que consolidaban la capacidad nuclear argentina.

El decreto firmado por el Ejecutivo autoriza la venta del 44% del capital accionario de NA-SA mediante una licitación pública nacional e internacional, destinando un 5% adicional a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores. Según el Gobierno, el objetivo es “generar financiamiento para extender la vida útil de Atucha I y reducir el déficit fiscal”, aunque la empresa no registra pérdidas operativas. El Estado conservará el 51% de las acciones, junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para mantener el control formal de la gestión.

La medida se apoya en la Ley Bases de 2024, que habilita privatizaciones totales o parciales de empresas públicas. Sin embargo, diversos sectores políticos ya presentaron proyectos de resolución en el Congreso para frenar la venta. En Diputados, la legisladora Gabriela Estévez propuso derogar el artículo que autoriza el proceso, mientras que Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, reclamó la presencia del presidente de la empresa, Demian Reidel, para que brinde explicaciones ante el Parlamento.

A su vez, el senador José Mayans impulsa la declaración del sistema nuclear como “bien público estratégico y no enajenable”, acompañado por la senadora Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que prohíbe expresamente la privatización o extranjerización del sector nuclear argentino. Desde el Frente de Izquierda y el bloque Fuerza Patria calificaron la iniciativa oficial como “una entrega planificada” de un activo rentable y estratégico.

El conflicto por la privatización de Nucleoeléctrica Argentina vuelve a poner en primer plano la disputa entre el modelo de Estado empresario y la lógica de mercado, en un área que concentra conocimiento científico, soberanía tecnológica y miles de empleos calificados. Mientras el Gobierno argumenta razones fiscales y de eficiencia, los gremios advierten sobre la pérdida de control nacional en una industria clave para la seguridad energética. La resistencia sindical y el frente político opositor anticipan que la pulseada por el futuro de Atucha y Embalse será una de las más significativas del año.