El presunto “equilibrio fiscal” que exhibe el gobierno de Javier Milei se sostiene sobre un ajuste profundo y altamente selectivo. La eliminación de la obra pública, el recorte a las universidades, el deterioro de jubilaciones, baja en salarios a estatales y el ahogo financiero a las provincias conforman una deuda social creciente que empieza a mostrar límites económicos y políticos.

El balance fiscal que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros económicos se apoya, según los datos oficiales, en un recorte histórico del gasto público. De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Gasto Total de la Administración Pública Nacional en 2025 se contrajo un 28,1% en términos reales respecto de 2023. Sin embargo, más allá de la magnitud del ajuste, lo verdaderamente revelador es su composición: la “motosierra” no fue pareja, sino quirúrgica, concentrada en áreas clave para el desarrollo, la cohesión federal y la protección social.

El caso más extremo es el del Gasto de Capital, es decir, la inversión nacional en infraestructura. En apenas dos años, este rubro sufrió un recorte del 79,4% real, como consecuencia directa de la decisión política de suspender casi por completo la obra pública. El impacto va mucho más allá del plano contable: rutas paralizadas, obras inconclusas, deterioro de servicios básicos y una destrucción masiva de empleo en el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de trabajo formal e indirecto en el país.

El segundo ajuste más significativo fue el de las Transferencias Corrientes a las provincias, que cayeron un 60,5% real entre 2023 y 2025. Se trata, en su mayoría, de fondos “no automáticos” destinados a sostener programas de salud, educación, transporte y obra pública local. El recorte puso a las administraciones provinciales contra las cuerdas, obligándolas a reducir gastos, frenar inversiones, endeudarse o aumentar impuestos locales. Este ahogo financiero explica buena parte de la creciente tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores, incluso aquellos inicialmente alineados con La Libertad Avanza, y está en la base de las recientes derrotas legislativas del oficialismo, que debió retroceder y modificar aspectos clave de sus proyectos de reforma.

En tercer lugar aparece el recorte a las Transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios, que se redujeron un 39,6% en términos reales. Este ajuste se tradujo en una drástica reducción de subsidios al transporte y la energía, con el objetivo explícito de eliminarlos por completo. El resultado fue un brutal aumento de tarifas que impactó de lleno en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, prácticamente congelados frente a la inflación, y un fuerte desfinanciamiento de empresas estatales estratégicas, hoy sometidas a planes de “saneamiento”, recortes de personal o directamente procesos de privatización.

El ajuste también alcanzó de lleno a los ingresos laborales y al sistema universitario. Los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional perdieron un 27,3% de su poder adquisitivo real respecto de 2023, una caída prácticamente idéntica a la sufrida por las universidades nacionales, cuyo presupuesto se redujo un 27,7% real en el mismo período. Este recorte explica el conflicto persistente con el sistema científico y educativo, y el intento del Gobierno de vetar o derogar leyes de financiamiento universitario bajo el argumento del “equilibrio fiscal”.

Sin embargo, incluso bajo este esquema de ajuste severo, los resultados fiscales comienzan a mostrar señales de fragilidad. El cierre del último ejercicio anual reveló que diciembre fue el cuarto mes consecutivo con una brecha negativa entre el crecimiento de los ingresos y el de los gastos. Mientras los ingresos cayeron un 4,6% interanual, el gasto creció un 3,1%, evidenciando un deterioro en las cuentas públicas que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo.

El equilibrio fiscal que exhibe el Gobierno de Javier Milei no es neutro ni gratuito: se construye sobre la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento educativo, el deterioro de jubilaciones y salarios y el ahogo de las provincias. Los datos muestran que el ajuste ya alcanzó un límite económico y social, mientras los números fiscales empiezan a tensionarse. De cara a 2026, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva cada vez más clara: profundizar un ajuste que recae sobre una sociedad exhausta o admitir que el dogma del superávit permanente choca con la realidad de una deuda social que sigue creciendo.

La eliminación de aranceles a la importación de celulares dispuesta por el gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica. Autoridades provinciales, municipales y gremiales advierten que la medida podría provocar entre 2.000 y 2.500 despidos directos, con impacto en toda la economía regional.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el arancel cero para la importación de teléfonos celulares encendió todas las alarmas en Tierra del Fuego, provincia que desde hace décadas sostiene uno de los polos industriales más importantes del país. Allí se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica, un sector que emplea de manera directa a 7.569 trabajadores, de los cuales el 83% está vinculado a la fabricación de celulares y dispositivos tecnológicos.

Según estimaciones oficiales y sindicales, la medida pone en riesgo inmediato entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo directos. Pero el impacto no se limita a las plantas fabriles: la caída de la actividad amenaza también a miles de empleos indirectos en comercio, transporte, logística, servicios técnicos y proveedores, que dependen del funcionamiento del entramado industrial fueguino.

El gobernador Gustavo Melella fue contundente al cuestionar la decisión del Ejecutivo nacional. “No hay nada que festejar”, afirmó, al advertir que detrás de cada incremento de importaciones se esconde una pérdida concreta de empleo local. “Tras cada aumento de importaciones hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, expresó.

Melella contextualizó la medida dentro de un escenario laboral ya deteriorado. Según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales, el empleo formal cayó un 2,8% a nivel nacional desde fines de 2023, mientras que en Tierra del Fuego la contracción alcanza el 9,6%. En términos absolutos, esto implica 176.908 puestos de trabajo destruidos en todo el país, una cifra que refuerza la preocupación por nuevas políticas de apertura sin protección productiva.

Pese al diagnóstico crítico, el gobernador ratificó el compromiso de la provincia con el empleo y la producción. “Junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia. Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó el argumento oficial de que la quita de aranceles se traducirá en una baja significativa de precios para los consumidores. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios”, señaló, y recordó experiencias recientes que desmienten esa promesa.

Pérez mencionó el antecedente de la apertura de importaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se habilitó el ingreso irrestricto de notebooks y otros productos electrónicos. “No bajaron los precios, pero sí se perdieron miles de puestos de trabajo”, afirmó.

Para el jefe comunal, la competencia es desigual cuando el propio Estado decide favorecer productos importados por sobre los fabricados en el país. “No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas”, remarcó.

Desde la Secretaría de Industria provincial, la advertencia fue aún más cruda. La titular del área, Alejandra Man, afirmó que con la eliminación de aranceles “es imposible competir contra China”, principal origen de los celulares importados. La funcionaria explicó que la industria local no cuenta con condiciones equivalentes para enfrentar la escala, los costos y el financiamiento de la producción asiática.

La medida, que entró en vigencia de forma inmediata y sin instancias de transición ni políticas de acompañamiento, deja a la industria fueguina expuesta a una apertura total del mercado. Para las autoridades locales, esta decisión compromete la sostenibilidad de un sector clave que no solo genera empleo formal, sino que estructura gran parte de la economía provincial.

La eliminación del arancel a la importación de celulares vuelve a poner en discusión el modelo productivo argentino y el rol del Estado en la protección del empleo. En Tierra del Fuego, la decisión no se vive como una oportunidad, sino como una amenaza concreta a miles de puestos de trabajo y al entramado industrial construido durante décadas. Sin medidas compensatorias ni una estrategia de desarrollo, la apertura comercial aparece, una vez más, como un ajuste silencioso que se traduce en fábricas paralizadas, familias en incertidumbre y economías regionales al borde de una nueva crisis.

Un informe del Instituto Argentina Grande revela que casi el 30% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado, con picos superiores al 50% en provincias clave. La subejecución de fondos del Impuesto a los Combustibles, la paralización de obras y el ajuste sobre Vialidad Nacional profundizan el deterioro de la infraestructura y multiplican los riesgos viales, en una situación de creciente conflictividad sindical y denuncias judiciales.

El deterioro de la red vial nacional dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una crisis con consecuencias económicas y humanas concretas. Según un reciente informe del Instituto Argentina Grande, el 29% de las rutas nacionales se encuentra actualmente en mal estado, un salto significativo respecto del 23% registrado en la gestión anterior. La situación es aún más crítica en provincias estratégicas como Tucumán, donde el 60% de los caminos presenta severos deterioros, seguida por Buenos Aires (52%) y Chaco (51%).

El estudio confirma lo que desde hace meses vienen denunciando los trabajadores de Vialidad Nacional y sus gremios: la falta de inversión en mantenimiento y obras, profundizada desde la asunción del gobierno de Javier Milei, está dejando a gran parte del sistema vial en estado de abandono. Al mismo tiempo, se redujo de manera drástica la proporción de rutas en buen estado, que pasó del 54,9% al 47,5% de la red nacional, una caída de más de siete puntos porcentuales en apenas un año.

Este deterioro no es casual. Forma parte del ajuste estructural que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo que estuvo incluso al borde de su cierre y que hoy funciona con recursos y personal insuficientes. “El resultado de no invertir es el empeoramiento del estado de las rutas nacionales”, advierte el informe, que también señala la paralización casi total de las tareas de mantenimiento rutinario.

Emergencia vial y conflicto gremial

Frente a este escenario, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) volvió a reclamar la declaración de la emergencia vial en todo el país. En los últimos días, varios gremios de base enviaron cartas documento al interventor del organismo, Marcelo Jorge Campoy, denunciando un “intenso recorte presupuestario” que impide cumplir con las funciones básicas de la entidad. Hasta el momento, no obtuvieron respuesta oficial.

La gravedad de la situación quedó expuesta de forma trágica en Entre Ríos, donde en los primeros días del año se registraron al menos cuatro accidentes fatales que dejaron un saldo de diez personas fallecidas. Según el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional local, afiliado a FEPEVINA, la falta de mantenimiento y la paralización de obras son factores determinantes en estos siniestros.

“Estamos en un contexto donde no contamos con los elementos necesarios para llevar adelante el mantenimiento rutinario que requieren las rutas. No es un problema nuevo, pero se agravó con la desfinanciación”, explicó Raúl Meza, secretario general del gremio entrerriano. De acuerdo con el informe, el 44% de las rutas de esa provincia se encuentra en mal estado, mientras el organismo opera con un plantel cada vez más reducido y salarios que empujan a la salida de personal especializado.

Subejecución y uso de fondos

Uno de los puntos más sensibles del informe del Instituto Argentina Grande es la denuncia por subejecución presupuestaria. Según el relevamiento, en 2025 Vialidad Nacional ejecutó apenas el 46% de los fondos que le correspondían provenientes del Impuesto a los Combustibles, un tributo de afectación específica que destina alrededor del 14,25% de su recaudación al mantenimiento del sistema vial.

En términos concretos, una parte sustancial del dinero que los ciudadanos pagan cada vez que cargan combustible no se utilizó para bacheo, señalización ni obras, sino para apuntalar el superávit fiscal. Esta práctica fue denunciada penalmente por FEPEVINA, que acusa a las autoridades del organismo de malversación de fondos y desvío de recursos.

La causa judicial, que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos, apunta contra el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, y se centra en el uso del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, creado por ley en 2002 con destino específico al mantenimiento de rutas.

Impacto económico y social

Las consecuencias del abandono vial exceden ampliamente el ámbito de la infraestructura. El Instituto Argentina Grande advierte que el mal estado de las rutas tiene un impacto directo en la competitividad de la economía, al encarecer los costos logísticos y el transporte de mercaderías. “Una ruta rota es un flete más caro, y un flete más caro termina siendo un aumento en el precio de los alimentos que llegan a la góndola”, señala el informe, que define esta ineficiencia como “un impuesto oculto que pagan todos los argentinos”.

El deterioro también se traduce en mayor siniestralidad. Aunque no existen cifras oficiales actualizadas, especialistas estiman que en 2024 los accidentes fatales aumentaron un 25% interanual. Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que las maniobras bruscas explican el 38,6% de los choques, muchas veces provocadas por baches, desniveles y calzadas en mal estado.

Desde el sector de la construcción, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advierte que la inacción no solo es peligrosa, sino también económicamente irracional: reparar una ruta destruida cuesta hasta diez veces más que realizar el mantenimiento preventivo a tiempo.

Privatización y debate de fondo

Considerando esto, el gobierno avanzó con un esquema de concesiones privadas. El pasado 6 de enero se firmaron los contratos de la Red Federal de Concesiones, que transfieren 741 kilómetros de corredores estratégicos —como la Autovía del MERCOSUR y la Conexión Alto Delta— a manos privadas. Mientras las autoridades celebran la medida como un avance en “integración regional”, los trabajadores de Vialidad y los gremios del sector alertan sobre sus consecuencias: tarifas más altas, menor control estatal y profundización de las desigualdades territoriales.

El deterioro de las rutas nacionales expone una de las caras más concretas del ajuste: infraestructura abandonada, mayor riesgo vial, costos logísticos crecientes y pérdida de competitividad. La subejecución de fondos específicos, la paralización de obras y el vaciamiento de Vialidad Nacional definen un entorno que ya se traduce en vidas perdidas. Lejos de ser un debate técnico, la crisis vial revela el impacto cotidiano de las decisiones fiscales y plantea una pregunta central: cuánto más puede deteriorarse el país antes de que el costo del ajuste resulte irreversible.