Una trabajadora que acreditó ocho años de empleo informal recibirá casi $24 millones de indemnización, pese a la derogación de las multas tradicionales con la Reforma Laboral. El caso abre interrogantes sobre cómo interpretarán los jueces la Ley de Bases y genera incertidumbre en el mundo empresarial.

La reciente condena del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 77 contra tres empresas por mantener durante años a una empleada sin registrar volvió a poner en discusión los efectos de la Reforma Laboral (Ley 27.742) y la nueva dinámica de los juicios en el fuero. El fallo, a cargo del juez Mariano Candal, ordenó el pago de $23,9 millones en concepto de indemnización y daños y perjuicios a una trabajadora que logró acreditar, mediante testimonios y pruebas documentales, que durante ocho años desempeñó tareas propias de relación de dependencia pese a estar encubierta como colaboradora externa.

La mujer había intimado a regularizar su situación en 2024, y ante la falta de respuesta se consideró despedida. Si bien el planteo de inconstitucionalidad de la Ley Bases —que redujo las sanciones tarifadas por trabajo en negro— fue rechazado, el magistrado dio lugar al reclamo de reparación integral. Así, aplicó principios del Código Civil y Comercial, reconociendo perjuicios patrimoniales y sociales derivados de la falta de aportes previsionales, cobertura de salud y protección sindical.

El resultado sorprendió al empresariado, que esperaba que la reforma redujera la litigiosidad y acotara las indemnizaciones. “En la práctica, la condena por daños y perjuicios está operando como una restitución de facto de las multas laborales derogadas, con montos que incluso pueden superar las sanciones previas”, advirtieron los especialistas Andrés Tellado Cañas y Alejandra Mancino, de KPMG Argentina.

El razonamiento judicial se apoyó en principios generales como el deber de no dañar (alterum non laedere) y en la doctrina de la Corte Suprema sobre reparación plena. De este modo, el juez consideró que la desvinculación sin indemnización, sumada a la exclusión de aportes y beneficios, generó un daño concreto que debía ser compensado con 12 salarios adicionales, además de los rubros clásicos por despido.

El fallo generó preocupación entre cámaras empresarias y estudios jurídicos, que temen un efecto contagio. Desde KPMG señalan que esta línea interpretativa abre la puerta a una mayor incertidumbre, ya que la cuantificación de los daños queda a criterio judicial. También sugieren avanzar en una reforma complementaria que contemple indemnizaciones agravadas de cuantía razonable y mecanismos de compensación entre sanciones judiciales y administrativas, con el fin de brindar previsibilidad a empleadores y proteger a los trabajadores sin incentivar una litigiosidad excesiva.

El caso marca un precedente significativo: aunque la Reforma Laboral derogó sanciones tarifadas por empleo no registrado, la justicia laboral encuentra en la vía civil herramientas para restituir la reparación. En la práctica, la expectativa de menor litigiosidad que perseguía el oficialismo se ve desafiada por fallos que refuerzan la protección al trabajador. Hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte Suprema, las empresas deberán enfrentar un escenario de criterios dispares y creciente incertidumbre jurídica.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) confirmó el fin de la señal Cine.ar TV y dejó en suspenso el futuro de la plataforma gratuita Cine.ar Play. La gestión justificó la decisión en ahorros mínimos sobre el presupuesto institucional; trabajadores denuncian vaciamiento, recorte de personal y riesgo de pérdida de uno de los principales canales de difusión del cine argentino.

El INCAA informó esta semana el cierre inminente de la señal Cine.ar TV y puso en duda la continuidad de Cine.ar Play, la plataforma de streaming que desde 2015 difundió estrenos, clásicos y registros del cine argentino dentro y fuera del país. La noticia —anticipada por medios especializados— cayó como otro capítulo en la serie de medidas de ajuste y reingeniería que viene aplicando la actual gestión.

Según la comunicación interna reproducida por la prensa, el gerente general del organismo, Carlos Vargas Eguinoa, exigió a los empleados de planta que opten en un plazo de diez días entre aceptar un retiro voluntario o pasar a disponibilidad; en paralelo, el personal contratado recibirá renovaciones de vínculo sólo hasta fin de año, lo que implica un desmantelamiento progresivo de la estructura operativa. Los restantes pocos operarios que sostienen hoy ambas plataformas funcionan con planteles reducidos tras las fuertes bajas de 2024.

En la explicación oficial difundida por el INCAA se consignó que la operación conjunta de Cine.ar Play, Cine.ar TV y Cine.ar Estrenos implica una erogación aproximada de 330.000 dólares anuales (equivalente, según la operatoria cambiaria mencionada en los comunicados, a unos 495 millones de pesos), lo que representaría cerca del 0,9% del presupuesto total del organismo —estimado en alrededor de 53.000 millones de pesos—. Ese aparentemente modesto ahorro ha servido de argumento para acelerar la liquidación de espacios que, para la industria, constituyen una vidriera estratégica.

La decisión no es aislada: desde agosto pasado el INCAA formalizó el inicio de un proceso orientado a privatizar partes de la operación de Cine.ar, y la administración dejó en marzo la plataforma bajo la órbita del vocero presidencial, lo que para críticos y sectores de la industria marcó la pérdida de independencia editorial y la instrumentación política del acceso público al patrimonio audiovisual. La línea oficial invoca “eficiencia” y “ahorro”; el sector lo interpreta como un vaciamiento deliberado.

La reacción de la comunidad audiovisual fue inmediata. Colectivos de cineastas, asociaciones de productores y gremios del sector denunciaron la concentración de poder en la gestión del INCAA, el recorte de fondos y la desactivación de canales de exhibición pública. Organizaciones como el Espacio Audiovisual Nacional y agrupaciones de realizadores vienen advirtiendo desde hace meses sobre la paralización de concursos, la ausencia de aprobaciones de proyectos y la pérdida de espacios de circulación que sostienen la cadena productiva y el tejido cultural del cine nacional. Las voces críticas consideran que la medida profundiza una política cultural que reduce la capacidad del Estado para garantizar diversidad, federalismo y visibilidad para producciones independientes.

Las consecuencias son prácticas y simbólicas. Cine.ar Play acumuló desde su lanzamiento una audiencia importante —con millones de usuarios que accedieron gratuitamente a catálogo nacional—; su eventual privatización o cierre amenaza la salida al público de películas de bajo circuito, registros documentales de valor patrimonial y la plataforma de estrenos para escuelas, festivales y programadores internacionales. Para festivales y circuitos alternativos, la desaparición de estas herramientas supone además un golpe a la cadena de valor: menos ventanas de exhibición equivalen a menos ingresos y menos oportunidades para que proyectos pequeños alcancen audiencia.

Desde la gestión se afirma que la medida responde a criterios de ajuste y a la necesidad de “optimizar recursos”; para críticos y trabajadores, en cambio, se trata de una política deliberada de desarme institucional que condiciona la producción, la memoria y la presencia internacional del cine argentino. La dimensión simbólica es tan relevante como la económica: retirar de la esfera pública una plataforma creada para democratizar el acceso a la producción nacional es, según especialistas consultados por la prensa, un retroceso en términos de soberanía cultural.

El cierre de Cine.ar TV y la incertidumbre sobre Cine.ar Play representan, más allá de una adecuación presupuestaria, un punto de inflexión para la política cultural y audiovisual argentina. Lo que podría interpretarse como una “economía” marginal para las cuentas del INCAA —330.000 dólares por año frente a un presupuesto millonario— tiene un peso estratégico desproporcionado en términos de difusión, formación de públicos y circuito industrial. La purga de personal, la instrucción para retiros y disponibilidades, y el avance hacia la privatización configuran, a juicio de actores del sector, una política de desnaturalización institucional con costos inmediatos para trabajadores, realizadores y audiencias. La discusión que ahora se abre exige una respuesta pública —parlamentaria y social— que evalúe no sólo la eficiencia financiera sino el valor público irreemplazable de preservar canales que sostienen la identidad y la industria del cine nacional.

Un informe de ATE INDEC calculó que en agosto un hogar tipo necesitó $1.939.698 para cubrir gastos básicos, cifra muy por encima de los salarios estatales actuales. El gremio denunció una pérdida del 27 % del poder adquisitivo desde la asunción del actual gobierno y reclamó aumentos de emergencia, reapertura de paritarias y medidas inmediatas para frenar la caída del ingreso real.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el ámbito del INDEC actualizó este jueves su informe sobre el salario mínimo necesario para una familia tipo. Según los datos, en agosto de 2025 un hogar compuesto por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar requirió $1.939.698 mensuales para afrontar los gastos básicos de subsistencia.

El documento desglosa la cifra en dos componentes: $662.423 correspondientes a la canasta alimentaria mínima y $1.277.725 destinados a otros bienes y servicios esenciales. El gremio aclaró que estas mediciones difieren de las utilizadas oficialmente por el INDEC para la determinación de la línea de pobreza, que ese mismo mes se ubicó en $1.160.780.

La radiografía del poder adquisitivo es contundente. Desde la asunción del actual gobierno de La Libertad Avanza, la inflación acumulada alcanzó un 226,5 %, lo que se tradujo en una pérdida del 27 % del poder de compra en el caso testigo de la administración pública (Nivel D Grado 0). A modo de contraste histórico, ATE INDEC recordó que el ingreso de referencia de diciembre de 2015 —entonces de $10.191— debería haber trepado a $1.356.725 en agosto de 2025 para mantener su valor. Sin embargo, según la grilla salarial del SINEP, apenas llegó a $621.906, sin contemplar sumas fijas.

“La clase trabajadora exige, en las calles, una urgente recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido. Es fundamental poner fin a la tendencia histórica de salarios a la baja”, advierte el texto, que también señala la situación crítica de los monotributistas estatales. Con un ingreso neto promedio de $584.235, este sector acumula pérdidas por $5.202.036 en los últimos 92 meses, lo que equivale a casi nueve meses completos de honorarios.

El pliego de reclamos presentado por ATE INDEC incluye: un aumento de emergencia del 118 % en una sola cuota, la reapertura inmediata de la mesa paritaria “libre y sin techo”, un bono mensual de $180.000 para todos los trabajadores, el pase a planta permanente sin pérdida salarial, la prohibición de despidos en el Estado y la reincorporación de los cesanteados. Además, exige garantizar que salarios y jubilaciones se ubiquen por encima de la línea de pobreza.

El informe de ATE INDEC expone con crudeza la brecha entre el costo real de vida y los ingresos de los trabajadores estatales. Con casi dos millones de pesos como umbral mínimo para cubrir necesidades básicas, la distancia respecto de los salarios actuales refleja el profundo deterioro del poder adquisitivo. El gremio advierte que, de no mediar una respuesta oficial inmediata, la presión social y la movilización crecerán en torno al reclamo de una recomposición urgente que frene el descalabro en las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora.