El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche, mediante un discurso grabado transmitido en cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, lejos de aportar certezas, el plan económico encendió nuevas alarmas en el sistema universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de universidades públicas de todo el país, advirtió que las partidas previstas “no alcanzan para cubrir los gastos básicos de funcionamiento” y consolidan el ajuste ya aplicado en 2025.

Según el cálculo del CIN, el sistema requiere más de 7 billones de pesos para garantizar el normal funcionamiento en 2026. No obstante, el proyecto enviado por el Ejecutivo contempla apenas 4,8 billones de pesos.

“Los 4,8 billones anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar lo percibido a diciembre de 2025. Esto queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios. En otras palabras, es prácticamente el mismo presupuesto que para 2025, un año que vivimos en peligro”, señaló el organismo en un comunicado.

La conclusión de los rectores es clara: se trata de un proyecto que “consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

El conflicto por el financiamiento educativo

El rechazo de las universidades se suma al escenario de tensión abierto por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que el Congreso sancionó a finales de agosto. La norma, redactada por el propio CIN, elevaba al 1% del PBI el presupuesto destinado a las universidades y establecía mecanismos de actualización periódica de salarios y partidas.

El texto también contemplaba la recomposición salarial de docentes y no docentes en base a la inflación informada por el INDEC, la actualización de fondos para hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión, y la obligación de la Auditoría General de la Nación de fiscalizar el uso de los recursos.

El veto presidencial, que será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados, reactivó la confrontación entre el Gobierno y el sistema universitario, que desde principios de año viene advirtiendo sobre la crítica situación de financiamiento.

Universidades en alerta

La respuesta del CIN no se limita a un comunicado técnico: detrás del planteo económico subyace una defensa política y social del sistema universitario público como pilar de inclusión, desarrollo científico y movilidad social.

Los rectores consideran que el proyecto del Ejecutivo, lejos de dar respuesta a la emergencia, “ratifica un camino de desfinanciamiento” que podría comprometer no solo el funcionamiento cotidiano, sino también la capacidad del país de sostener la producción científica y tecnológica.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes sumarse a la movilización prevista para el próximo miércoles frente al Congreso, en rechazo a los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la norma de financiamiento universitario. La decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera, en la que participaron más de 20 dirigentes sindicales.

El encuentro estuvo encabezado por referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (Trenes), entre otros.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez al término de la reunión. Y agregó: “Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos entendieron o fracasó la instancia”.

La presión para que la CGT adoptara una medida concreta venía creciendo en los últimos días. Desde el hospital Garrahan, trabajadores y representantes gremiales reclamaban un paro general en defensa de la emergencia pediátrica. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”, había planteado Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

En la misma línea, el camillero Esteban Argañaraz pidió “unidad del movimiento obrero en los reclamos por la educación y la salud”. El llamado se sumó a la voz de los universitarios, que ya habían exigido una movilización nacional en defensa de la educación pública, similar a la realizada meses atrás con amplio respaldo social.

Con este pronunciamiento, la CGT busca consolidar la protesta de este miércoles en un clima político marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores sociales tras la sucesión de vetos presidenciales.

En cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei anunció este lunes el envío del Presupuesto 2026 al Congreso, que según adelantó contempla “el menor nivel de gasto público de los últimos 30 años”. El mandatario defendió nuevamente el equilibrio fiscal como “piedra angular” de su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”.

El proyecto de presupuesto incluye aumentos en jubilaciones, educación y pensiones por discapacidad. Sin embargo, Milei no precisó qué partidas serán reducidas para alcanzar la meta de recorte del gasto, un punto central de su programa económico.

“El equilibrio fiscal es un principio no negociable. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo este esfuerzo. No aflojemos, hagamos que todo valga la pena”, subrayó el Presidente.

En un tono enfático, el jefe de Estado insistió en que el orden fiscal es condición indispensable para el crecimiento: “El futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el equilibrio de las cuentas públicas. El Presupuesto no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar el país adelante”.

Milei apeló además a la paciencia social, comparando el proceso de ajuste con un proyecto de largo plazo: “En veinte años estaremos entre los países más ricos del mundo. Roma no se construyó en un día”.

El mensaje llega en un clima político marcado por la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, los vetos presidenciales a leyes que recomponían partidas en salud y universidades, y la presión por mostrar señales concretas de consolidación fiscal.