
La Cámara del Trabajo confirmó la suspensión del botón digital de desafiliación sindical de ARCA
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, confirmó este jueves la medida cautelar que suspende el botón digital de desafiliación sindical implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El fallo ratifica la sentencia del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N°17, que ordenó suspender el acceso digital a los sitios del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) para gestionar la afiliación y desafiliación gremial.
La decisión judicial responde a la acción presentada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que consideró la medida de ARCA como una intromisión ilegítima en la autonomía sindical.
La Sala I desestimó los planteos de ARCA sobre la competencia de la Justicia del Trabajo y la falta de verosimilitud del derecho invocado. El tribunal consideró que la implementación unilateral del SARHA por parte de ARCA podría injerir en la autonomía sindical, contraria a la Ley 23.551.
La medida cautelar busca evitar perjuicios graves e irreparables al derecho de asociación y al autogobierno sindical. El tribunal también desestimó el argumento de ARCA sobre la afectación al interés público por falta de fundamentación.
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Milei elimina el INTA por decreto

El gobierno de Javier Milei dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA mediante el Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial. La decisión, que lleva la firma de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se da a pesar del rechazo que un decreto similar había sufrido en la Cámara de Diputados.
El decreto establece la supresión de la Dirección Nacional de la estructura organizativa del INTA y transfiere sus funciones directamente a la Presidencia del Instituto. El documento oficial argumenta que las funciones del Presidente del INTA resultaban «superpuestas» con las de la Dirección Nacional y que «las razones operativas que justificaban la existencia» de dicha dirección «han desaparecido».
La decisión enfrenta resistencia de sectores gremiales, políticos y del propio campo. La Mesa de Enlace había advertido sobre la necesidad de mantener el organismo central para el desarrollo y la modernización del sector agropecuario.
La eliminación de la Dirección Nacional del INTA por decreto refleja la determinación del Ejecutivo de continuar con su plan de ajuste sobre los organismos del Estado, ignorando las advertencias del Congreso y de los sectores productivos. La resolución siembra incertidumbre en el pueblo trabajador y en el sector agropecuario.
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Kioscos en Crisis: Cierran 16.000 en un año en Argentina

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) advierte sobre la grave situación del sector, con un cierre de 43 kioscos por día debido a la recesión, la competencia desleal y la caída de las ventas.
La crisis económica está golpeando duramente a los kioscos de barrio en el país. En el último año, se cerraron aproximadamente 16.000 locales en Argentina, quedando menos de 100.000 kioscos activos por primera vez en la historia reciente. Según la UKRA, la debacle se debe a la recesión, la competencia desleal y la falta de regulación.
- Causas de la Crisis:
- Caída del Consumo: Las ventas cayeron un 40% en los últimos dos años, con una merma del 30% al 35% en bebidas durante la última temporada de verano.
- Competencia Desleal: La proliferación de grandes cadenas y la venta de productos típicos de kiosco en otros rubros como farmacias, supermercados chinos y verdulerías.
- Impacto en el Empleo: La cantidad de kioscos activos cayó de 112.000 a 96.000 en un año, representando una pérdida del 14% de los comercios.
Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA, expresó su preocupación por la situación: «El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo».
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Docentes universitarios iniciaron una semana de paro con fuerte adhesión y reclamos por salarios

El gremio de docentes universitarios inició este lunes una semana completa de paro en las 57 universidades nacionales, en protesta por la falta de respuestas del Gobierno Nacional ante la crítica situación salarial y presupuestaria del sector. Desde ADICUS, Edith Liquitay, detalló que el primer día de la medida registró un acatamiento promedio del 75% a nivel nacional, con picos de hasta el 100% y un 95% en preuniversitarios.
El conflicto no es nuevo. Según explicó la dirigente, desde septiembre de 2024 el Ejecutivo no convoca a paritarias, rompiendo los espacios de negociación formal. Durante este período, los salarios perdieron más del 40% de su poder adquisitivo, lo que equivale a seis sueldos completos en 17 meses. A esto se suma la pérdida de 10.000 docentes que abandonaron la universidad pública por falta de condiciones laborales y remuneraciones dignas.
Liquitay subrayó que el 70% de los docentes percibe entre $380.000 y $700.000 mensuales, por debajo de la canasta básica, lo que obliga a muchos a sostener tres o más trabajos para subsistir. La protesta, advirtió, excede lo salarial: implica la defensa del presupuesto universitario, la estabilidad laboral, la continuidad de programas de investigación y extensión, y el sostenimiento de becas para estudiantes.
Durante esta semana, además del paro total, algunas unidades organizan clases públicas y actividades abiertas, como en la Facultad de Sociales y la carrera de Teatro dependiente de Filosofía. El plan de lucha continuará con paros rotativos de 48 horas durante agosto y culminará en una marcha federal prevista para el 7 de septiembre, salvo que el Gobierno ofrezca soluciones concretas.
La dirigencia advierte que los aumentos por decreto otorgados —del 1,1% y 1,2%— resultan “irrisorios” y no revierten la crisis. “Queremos estar en el aula, pero sin un diálogo serio y una propuesta real, las medidas se profundizarán”, afirmó la dirigente gremial.
El paro cuenta también con el respaldo del sector no docente, lo que ha potenciado su impacto en todo el país. La expectativa de los gremios es lograr una negociación urgente que garantice el funcionamiento del sistema universitario público y evite su progresivo deterioro.
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