La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente, en una sesión marcada por cruces entre legisladores de distintos espacios.

En una jornada movida dentro y fuera del Congreso, la Cámara baja aprobó la iniciativa por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. La votación se produjo en el marco de una mega sesión que incluye otros temas como la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del hospital Garrahan y las iniciativas de los gobernadores para coparticipar impuestos a los combustibles líquidos y para repartir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional. Debido a la ausencia de 19 diputados, no se alcanzó la mayoría especial de dos tercios por apenas un voto, lo que evidencia el amplio apoyo que cosechó la iniciativa y deja a la oposición en una buena postura para insistir ante un eventual veto presidencial.

Los votos afirmativos provinieron mayoritariamente de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR. El proyecto, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone:

• Actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación.
• Convocar a paritarias dentro de los tres meses para recomponer el salario docente y no docente.
• Aumentar las becas, entre otros puntos.

Los libertarios rechazaron el proyecto argumentando que el costo fiscal es demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental del plan económico del Gobierno. El presidente Milei ya vetó una iniciativa similar el año pasado.

La media sanción obtenida coloca al proyecto en una buena posición para continuar su trámite legislativo, aunque enfrenta el riesgo de un veto presidencial. La oposición y los sectores que impulsaron la iniciativa deberán estar atentos a los próximos pasos en el Senado y a posibles reacciones del Ejecutivo.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, el titular de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, analizó el difícil escenario económico y político que atraviesa el país, remarcando el descontento creciente entre los trabajadores, el deterioro de las condiciones laborales, la pérdida del poder adquisitivo y el avance de la informalidad. A su vez, anticipó una movilización nacional que tendrá lugar el 7 de agosto, en el marco de la festividad de San Cayetano.

“El malestar es evidente y profundo. La gente soporta hasta que el dolor se hace insostenible”, señaló Cabello, aludiendo al dato de que más del 65% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, aunque consideró que el número real podría ser incluso más alto. Desde su óptica, esto responde a un ajuste estructural que afecta de forma directa al bolsillo del trabajador, y cuya continuidad podría derivar en un descreimiento masivo en la política.

Una CGT en movimiento

La Confederación General del Trabajo se encuentra ultimando los detalles de una doble convocatoria para este jueves 7 de agosto. Por un lado, habrá una tradicional columna que acompañará la caminata hacia el templo de San Cayetano, y por otro, una importante concentración en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera la participación de gremios y delegados de todo el país. En esta jornada se presentará un documento con críticas a las políticas nacionales, que, según anticipó Cabello, estará cargado de contenido económico y social.

El dirigente destacó que la movilización no busca reposicionar políticamente al sindicalismo, sino enviar un mensaje firme y organizado al Ejecutivo: “La CGT tiene la obligación de expresar el descontento de sus representados frente al golpe que están recibiendo por parte del gobierno nacional”, afirmó.

Paritarias estancadas e inflación sin tregua

Consultado por el estado de las negociaciones salariales, el referente sindical cuestionó la imposición de topes del 1% mensual, y advirtió que muchos gremios están siendo forzados a aceptar sumas no remunerativas y bonos paliativos, medidas que no compensan la inflación real. Sin embargo, se mostró optimista respecto a una progresiva recuperación del margen de negociación: “Algunas entidades ya están empezando a cerrar acuerdos del 6% o 7%. La presión social y la persistencia de la lucha están empezando a hacer efecto”.

Subrayó, no obstante, que la estrategia no es inmediata. “Es una disputa paso a paso. No buscamos golpes de efecto, sino resistencia constante. Este tipo de poder absoluto no se sostiene en el tiempo”, reflexionó.

La amenaza del empleo informal

Uno de los puntos más preocupantes, según el líder de la CGT regional San Juan, es el crecimiento sostenido del empleo informal. Lejos de reducirse, como se prometió, este fenómeno se ha profundizado, poniendo en jaque al sistema de seguridad social. “El trabajo en negro no solo precariza, sino que erosiona los aportes necesarios para sostener jubilaciones y beneficios”, alertó Cabello. Y advirtió que esta situación podría dejar a amplios sectores sociales fuera de todo resguardo previsional en un futuro no muy lejano.

Minería: una oportunidad que exige decisión política

Sobre el cierre, Eduardo Cabello se refirió al papel estratégico que San Juan ocupa en la Argentina del cobre, destacando la importancia de las inversiones mineras para reactivar la economía provincial. Celebró que en el marco de una conferencia nacional sobre minería se esté exponiendo el potencial local, pero advirtió que ahora es el turno de la política.

“El Estado tiene que generar las condiciones para que esos proyectos avancen. Hoy la coparticipación está siendo recortada de forma permanente, por lo que el sector privado es esencial para sostener la actividad económica”, sostuvo. Y concluyó: “La minería es una puerta de salida a esta crisis. Solo falta voluntad y gestión para que empiece a dar frutos concretos”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del CONICET convocó a un paro nacional de 48 horas para este miércoles 6 y jueves 7 de agosto en reclamo por el desfinanciamiento del organismo y en defensa de la ciencia nacional.

La medida de fuerza busca denunciar la crítica coyuntura que atraviesa el CONICET, caracterizado por una drástica reducción presupuestaria, remuneraciones por debajo del umbral de pobreza y la merma de numerosos puestos laborales. La protesta se llevará a cabo en las distintas sedes del país y tendrá su epicentro frente al Polo Científico-Tecnológico en el barrio porteño de Palermo.

Los trabajadores y becarios del CONICET solicitan la divulgación de los resultados de la convocatoria 2023 para la Carrera de Investigador (CIC) y personal de apoyo (CPA), cuyos resultados permanecen inéditos, afectando a miles de becarios que aguardan por su continuidad. También exigen la publicación de la convocatoria 2024 y la incorporación de los cargos pendientes de años anteriores.

Desde ATE-CONICET denuncian que las remuneraciones perdieron más del 40% de capacidad adquisitiva, dejando a muchos profesionales bajo la línea de pobreza. El gremio indicó que, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el CONICET perdió 1.091 puestos laborales. En el contexto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), la disminución fue del 5,4% solo en el primer semestre de 2025.

Resulta paradójico que, mientras el gobierno reduce la financiación del organismo, el CONICET sigue demostrando su relevancia social. Recientemente, una expedición científica en las costas de Mar del Plata atrajo a más de 80.000 espectadores simultáneos en una transmisión en vivo, evidenciando el interés de la sociedad por la ciencia pública.