Una encuesta revela la brutal pérdida salarial de los trabajadores del PAMI
Una encuesta realizada revela que el 95% de los trabajadores del PAMI exige un aumento salarial que supere el 20% debido a la brutal pérdida del poder adquisitivo en medio de la parálisis paritaria de 2025.
Con un panorama económico marcado por la caída del consumo y una inflación acumulada que roza el 210% desde noviembre de 2023, los trabajadores del PAMI alzaron su voz para denunciar una situación que califican como insostenible. La seccional Capital del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI (SUTEPA CABA) realizó una encuesta entre casi 1.000 trabajadores y trabajadoras del organismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos resultados son contundentes.
El 60% de las personas consultadas considera que necesita un aumento superior al 40% para comenzar a recomponer el poder adquisitivo perdido, mientras que un 35% reclama un incremento de entre el 20% y el 39%. Solo un 5% estaría dispuesto a aceptar aumentos menores. Esta situación refleja el profundo deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del PAMI.
La inflación descontrolada y los salarios congelados han derivado en una pérdida feroz del poder adquisitivo. Según los datos oficiales del INDEC, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 209,46%. En contraste, los trabajadores del PAMI sólo percibieron una recomposición salarial del 85,15%, concentrada en 2024. En lo que va de 2025, no hubo convocatorias paritarias ni incrementos.
Departamentales
La Fiesta Nacional del Sol abre sus puertas con Turf, Tan Biónica y una agenda para toda la familia
La celebración comenzará este viernes en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, y se extenderá hasta el domingo 22. Turf y Tan Biónica protagonizarán la primera jornada, mientras que el espectáculo central reunirá a más de 350 artistas locales. Habrá feria, gastronomía, propuestas departamentales y transporte gratuito.
La principal celebración de los sanjuaninos comienza este viernes 20 de noviembre con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Durante tres jornadas, el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, concentrará recitales, actividades culturales, propuestas gastronómicas y espacios recreativos, en una programación que combinará figuras nacionales con el talento artístico y productivo de la provincia.
Bajo el nombre de “Parque Triásico”, la edición 2026 tendrá como inspiración el patrimonio paleontológico sanjuanino, con especial protagonismo del Parque Provincial Ischigualasto. La propuesta se extenderá hasta el domingo 22 y tendrá como uno de sus principales atractivos el espectáculo central “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, que se presentará durante las tres noches en el Velódromo Vicente Chancay.
La puesta artística contará con más de 350 intérpretes sanjuaninos y buscará trasladar al escenario una experiencia vinculada con la historia natural y la identidad provincial. La apertura de la feria está prevista para las 19, el acto oficial se realizará a las 20 en el Paseo Federal y el ingreso al Estadio del Bicentenario comenzará a las 20.30. Los primeros recitales están programados para las 21.30.
Tres noches con figuras nacionales
La programación musical tendrá al rock nacional como protagonista de la jornada inaugural. De la Lora y Los Mentidores abrirán la actividad del escenario mayor, antes de las presentaciones de Turf y Tan Biónica, encargados de cerrar la primera noche.
El sábado 21 será el turno de Andrés Calamaro y Diego Torres. El primero tiene prevista su actuación desde aproximadamente las 22.30, mientras que Torres estará a cargo del cierre. Durante esa jornada también se desarrollará la elección de la Emprendedora del Sol.
La última noche, el domingo 22, estará dedicada a la música popular y el cuarteto, con las actuaciones de Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y Desakta2, que tendrá a su cargo el cierre de la celebración.
La programación se completará con cuatro escenarios destinados a artistas locales, donde habrá folclore, rock, música urbana, danza y otros géneros. A esto se sumará el Paseo Federal, un espacio en el que los 19 departamentos exhibirán sus expresiones culturales, producciones, artesanías y gastronomía.
Entradas, precios y transporte gratuito
El acceso a la feria y al espectáculo del Velódromo tendrá un valor de $5.000 por persona.
Para los recitales del Estadio del Bicentenario, las localidades se comercializarán con los siguientes precios:
Tribunas populares: $20.000.
Campo de pie: $30.000.
Platea alta: $35.000.
Platea baja: $45.000.
Los menores de seis años podrán ingresar sin cargo acompañados por un adulto, con excepción de los sectores de plateas. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek y en las boleterías habilitadas del Estadio del Bicentenario.
Para facilitar el traslado, el Gobierno provincial dispuso un servicio de 100 colectivos gratuitos de la Red Tulum, con salidas desde 23 puntos de la provincia. Los recorridos de ida funcionarán entre las 18 y las 22, mientras que el regreso estará disponible desde las 19 hasta la finalización de los espectáculos.
El predio contará, además, con accesos diferenciados para peatones y vehículos particulares, espacios de estacionamiento y un operativo especial de seguridad para organizar la circulación y el ingreso del público.
Con una agenda que combina música, identidad cultural, producción local y entretenimiento, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a ocupar un lugar central en la vida pública de San Juan. La expectativa estará puesta en la convocatoria de las tres jornadas y en la capacidad de la celebración para reunir a artistas, emprendedores, departamentos y visitantes en torno a una de las principales expresiones de la identidad provincial.
destacada
El proyecto Vicuña suma otros 50 kilómetros de caminos entre La Majadita y el campamento
La unión transitoria integrada por Minera Zlato y José J. Chediack ejecutará los tramos E y F, entre La Majadita y el Campamento Vicuña, en el departamento Iglesia. Las obras atravesarán sectores de alta montaña, con cotas superiores a los 4.400 metros, y buscan avanzar en la consolidación de una vía estratégica para el desarrollo del proyecto minero.
Vicuña Corp. asignó la construcción de otros 50 kilómetros del Corredor Norte a una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la firma sanjuanina Minera Zlato y la constructora José J. Chediack. El contrato comprende los tramos E y F, que conectarán La Majadita con el Campamento Vicuña, en el departamento Iglesia, y forman parte de la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del emprendimiento cuprífero.
La adjudicación se concretó mediante un proceso competitivo entre compañías previamente precalificadas. Con esta decisión, la operadora busca retomar los trabajos en este segmento y avanzar con su ejecución antes de la temporada invernal de 2027, una condición relevante para la planificación de obras en una geografía marcada por la altura, las condiciones climáticas y las dificultades de acceso.
El nuevo contrato comprende dos sectores con características constructivas diferentes. El tramo E tendrá una extensión de 20 kilómetros y vinculará La Majadita con La Brea. Su recorrido atravesará terrenos de alta montaña, con una elevación máxima de aproximadamente 4.410 metros sobre el nivel del mar y una franja de servidumbre de 70 metros de ancho.
Las tareas contemplan la limpieza y preparación del terreno, excavaciones, cortes y rellenos, conformación de la subrasante y construcción de la capa portante. También se ejecutarán alcantarillas, obras complementarias y señalización para garantizar las condiciones de circulación.
El tramo F, en tanto, abarcará otros 30 kilómetros entre el campamento de La Brea y el Campamento Vicuña. Esta sección presenta mayores exigencias por la complejidad del relieve y las condiciones geológicas del área. Entre las intervenciones previstas figuran el encauzamiento de cauces, la estabilización de taludes y los trabajos sobre roca mediante perforaciones y voladuras.
El proyecto también incluye rampas de frenado, zanjas impermeabilizadas, alcantarillas, gaviones, muros de terraplén armado y defensas. A estas intervenciones se sumará la colocación de mallas estabilizadoras y señalización vial, elementos destinados a mejorar la seguridad y la estabilidad del trazado en sectores de montaña.
Una obra clave para la logística minera
Los trabajos correspondientes a ambos tramos habían comenzado durante 2025, pero fueron interrumpidos en abril de 2026 debido al operativo invernal en la cordillera. La nueva adjudicación permitirá reorganizar su continuidad y avanzar sobre una infraestructura fundamental para el desplazamiento de personal, equipos e insumos hacia las instalaciones del proyecto.
El Corredor Norte constituye una de las principales vías de acceso a Vicuña desde territorio sanjuanino. En una etapa anterior, la compañía había adjudicado las secciones A1 y A2, que comprenden 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca. Con los nuevos 50 kilómetros asignados, continúa la construcción de un trazado de importancia estratégica para la conectividad de la zona cordillerana y el desarrollo de las operaciones.
La participación de Minera Zlato incorpora a una empresa sanjuanina en una contratación de relevancia para la infraestructura minera provincial, junto con la experiencia constructiva de José J. Chediack. La adjudicación vuelve a colocar en primer plano la participación de proveedores locales en los grandes proyectos de inversión, un aspecto central para evaluar cuánto de la actividad económica generada por la minería puede traducirse en trabajo y contratación de empresas de San Juan.
Vicuña Corp. es una sociedad conjunta de BHP y Lundin Mining creada para desarrollar los depósitos Josemaría, ubicado en San Juan, y Filo del Sol, que se extiende entre la provincia y la Región de Atacama, en Chile. Ambos yacimientos integran una iniciativa minera de gran escala, centrada principalmente en el cobre y con presencia de oro y plata.
destacada
La CGT marchará por el financiamiento de las obras sociales y alerta sobre su continuidad
La central obrera movilizará el jueves 26 de noviembre a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar recursos que permitan sostener la cobertura de 17 millones de personas. Según la dirigencia sindical, el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones por discapacidad. La protesta será parte de un plan de acción que continuará en diciembre.
La crisis financiera de las obras sociales sindicales se convirtió en el principal motivo de movilización de la CGT. La conducción resolvió marchar el próximo jueves 26 de noviembre hacia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para exigir una respuesta del Gobierno frente al deterioro de los recursos del sistema, una situación que, según advierten los gremios, compromete el funcionamiento de numerosas entidades y la continuidad de las prestaciones médicas para millones de afiliados.
La concentración comenzará a las 15 frente a la sede del organismo, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue definida durante una reunión de la mesa chica cegetista en el Sindicato del Seguro, con la participación de los tres integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, además de Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos; Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza.
El reclamo involucra a un sistema que, de acuerdo con las estimaciones de la central obrera, brinda cobertura a unos 17 millones de personas. La conducción sindical sostiene que la reducción de los ingresos y las dificultades para acceder a los fondos de compensación profundizaron el desequilibrio financiero de las entidades. Algunas ya habrían restringido prestaciones, mientras que distintos sindicatos recurren a recursos propios para sostener la atención de sus afiliados.
El Fondo Solidario, en el centro de la disputa
Uno de los principales focos del conflicto es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de trabajadores y empleadores. Su función es compensar a las obras sociales por determinados gastos sanitarios, entre ellos tratamientos de alta complejidad, medicamentos de elevado costo y prestaciones específicas.
Según fuentes sindicales, alrededor del 90% de los recursos del fondo se destina actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. La CGT considera que esa concentración limita la disponibilidad de dinero para afrontar otras obligaciones asistenciales y reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean absorbidos por los ministerios nacionales correspondientes, en lugar de recaer sobre los recursos destinados al financiamiento sanitario.
La dirigencia asegura que mantuvo tres encuentros con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación, pero afirma que no recibió una propuesta concreta para corregir los desequilibrios. La movilización ante la Superintendencia apunta a obtener una respuesta institucional y abrir una instancia de resolución sobre la distribución de los recursos.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que la continuidad de algunas obras sociales y la cobertura de sus afiliados están comprometidas. El dirigente puso el acento en la dimensión del problema: cualquier deterioro del sistema podría repercutir sobre los servicios de salud de millones de personas que dependen de esas entidades.
La presión de los costos y la caída de los aportes
A las dificultades de financiamiento se suma el deterioro de las variables que sostienen económicamente a las obras sociales. La pérdida del poder adquisitivo reduce los salarios sobre los que se calculan los aportes y contribuciones, mientras que los medicamentos, los insumos y las prestaciones médicas registran aumentos que presionan sobre los presupuestos institucionales.
La combinación de menores ingresos y mayores costos restringe la capacidad de respuesta, especialmente en entidades con estructuras financieras más frágiles o con una población afiliada que demanda tratamientos complejos. Para los gremios, el problema excede una discusión contable: puede traducirse en demoras, limitaciones de servicios y mayores dificultades para acceder a la atención.
El conflicto tiene antecedentes en el debate de la reforma laboral. Durante su tratamiento en el Senado, en febrero, el Gobierno aceptó mantener en el 6% la contribución patronal destinada a las obras sociales, en lugar de reducirla al 5%, una modificación que había generado un fuerte rechazo sindical.
Jerónimo cuestionó las políticas oficiales por considerar que debilitan el funcionamiento del sistema solidario de salud y advirtió que, si no aparecen respuestas, la central avanzará con nuevas medidas de presión.
Una protesta por etapas y sin paro general inmediato
La marcha del 26 de noviembre será una de las últimas acciones previstas por la CGT antes de concluir el año. La conducción también analiza realizar, a mediados de diciembre, un cese de actividades de entre dos y cuatro horas, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo y con alcance simultáneo en todo el país. La fecha y la duración definitiva todavía deberán ser resueltas por el Consejo Directivo.
La modalidad forma parte de una protesta por etapas, conocida como “a la francesa”, que busca incrementar la presión sobre el Ejecutivo sin convocar, por el momento, a un nuevo paro general. Aunque distintos sectores gremiales reclaman una huelga nacional, el triunvirato mantiene una estrategia gradual y procura sostener la unidad de la central.
El plan de lucha había perdido intensidad durante la visita del papa León XIV, cuando la CGT renovó su propuesta de establecer una mesa de diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. La falta de avances en esa instancia y la persistencia de los reclamos sectoriales llevaron a la conducción a recuperar la agenda de movilizaciones.
La disputa también se desarrolla en un escenario de diferencias dentro del movimiento sindical. A comienzos de noviembre, Luis Barrionuevo, titular de UTHGRA, anunció junto con alrededor de 50 organizaciones gremiales una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa iniciativa constituye otro frente de presión sobre el Gobierno, aunque por fuera de la convocatoria definida por la conducción cegetista.
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