El gobierno argentino dio un nuevo paso en su plan de desguace del sector vial, al avanzar con la privatización de Corredores Viales, una empresa estatal que gestiona más de 19.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. La medida se produce pese a la oposición del Congreso y la justicia, que había suspendido la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La privatización de Corredores Viales es un paso más en el plan del gobierno para dejar de tener injerencia en los caminos del país. La empresa estatal comenzará a licitar kilómetros de rutas de todo el territorio nacional, y luego de eso «podrían disolverla», según piensan muchos en el sector. Las concesiones nuevas pasarán a manos privadas, dejando así los caminos principales sin asistencia estatal.

La resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial, autoriza la privatización de Corredores Viales mediante la modalidad de «concesión por peaje». La medida se produce tras la prórroga a la intervención de Corredores Viales de julio de este año, a fin de concluir con las tareas de mejoras administrativas que permitan una transición «ordenada y eficiente».

El Impacto en las Rutas Argentinas

La privatización de Corredores Viales tendría un impacto significativo en las rutas argentinas. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), más del 60% de los caminos nacionales están en estadio regular o mal. La falta de mantenimiento y la privatización de las rutas podrían empeorar la situación, poniendo en riesgo la seguridad vial en el país.

La oposición al plan del gobierno es fuerte. El Congreso había rechazado una serie de decretos que buscaban reestructurar algunas entidades claves del Estado, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad. La justicia también había suspendido la disolución de la entidad, dictando un amparo para no cambiar el status de la misma.

La UOM denuncia el impacto de las importaciones, la parálisis de las paritarias y la injerencia de Techint en el Gobierno. En San Juan, Martín Solazzo advierte sobre la fragilidad del sector, las presiones necesarias para garantizar pagos y la expectativa puesta en proyectos productivos.

La industria metalúrgica argentina atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos tiempos. El gremio que nuclea a los trabajadores del sector observa con preocupación cómo las políticas de liberalización de importaciones, sumadas al poder concentrado de los monopolios siderúrgicos, erosionan la producción nacional y degradan el salario obrero.

Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, en diálogo con Mundo Laboral SJ, resume el clima general con una frase contundente: “trabajar para ser pobre no es la idea que tiene la UOM”. Una definición que sintetiza el malestar de miles de trabajadores que ven cómo sus ingresos pierden valor, mientras los grandes grupos económicos aumentan su influencia política y consolidan un modelo excluyente.

El frente nacional: Techint, un poder paralelo

Los principales conflictos se concentran en San Nicolás y Villa Constitución, dos polos siderúrgicos que se convirtieron en epicentro de la disputa. Allí, el grupo Techint —con Paolo Rocca al frente— mantiene un pulso constante con el gremio. La UOM denuncia que, desde hace más de un año y medio, las paritarias se encuentran virtualmente congeladas, con aumentos parciales e insuficientes, lo que provocó una pérdida alarmante del poder adquisitivo.

Las medidas de fuerza incluyeron movilizaciones multitudinarias, donde el propio secretario general nacional, Abel Furlán, apuntó directamente contra Rocca: “No vamos a aceptar que Paolo Roca pague el salario que quiera”.

El malestar sindical también se dirige hacia el Estado. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, es señalado por la UOM como un engranaje del mismo engranaje empresario, dado su pasado en Techint. Esta situación, advierte Solazzo, explica la demora en la homologación de acuerdos y la multiplicación de obstáculos administrativos. En otras palabras, el poder corporativo trasladado al corazón del aparato estatal.

“El monopolio del acero no es bueno para nadie —subraya Solazzo—. Crecieron a costa de salarios y hambre, mientras el Estado les permitió manejarse como quisieron. Hoy los trabajadores pagamos esa connivencia”.

San Juan: sostener la actividad en medio de la tormenta

En el plano provincial, la situación muestra matices diferentes, aunque no exentos de dificultades. La actividad metalúrgica en San Juan se mantiene, pero con una dinámica frágil, atravesada por la falta de proyectos industriales de envergadura y por la dependencia de las inversiones mineras y de la obra pública.

El caso de Carpintería Metálica ejemplifica esa tensión. Los trabajadores debieron soportar demoras en los pagos y sólo mediante la presión sindical se consiguió regularizar salarios. “Muchas veces no es del agrado tomar medidas de fuerza, pero si no visibilizamos el conflicto, los compañeros quedan expuestos”, explica Solazzo.

El dirigente remarca que este tipo de conflictos no se resuelve con paciencia infinita ni con promesas incumplidas: “Cuando pusimos fecha de pago a fines de agosto, el dinero apareció una semana antes, porque entendieron que la UOM estaba decidida a avanzar. Esa es la prueba de que la presión es el único idioma que algunas empresas comprenden”.

Expectativa, unidad y futuro incierto

A pesar de las dificultades, el sindicato apuesta a sostener la organización y fortalecer la unidad. El 7 de septiembre, Día del Trabajador Metalúrgico, será más que una celebración: será una demostración de fuerza y cohesión gremial. En San Juan, la UOM convocó a una cena este sábado 6 de septiembre, con la intención de compartir un espacio distinto, lejos de los conflictos cotidianos. “Siempre nos vemos en marchas, en reclamos, en suspensiones. También necesitamos un encuentro en un buen momento, para reforzar la identidad colectiva”, remarca Solazzo.

El futuro, sin embargo, continúa cargado de incertidumbre. El gremio provincial aguarda definiciones en torno a inversiones mineras y proyectos de obra pública que podrían dinamizar la actividad. Mientras tanto, el mensaje es claro: no se aceptará que el salario obrero se convierta en variable de ajuste.

La crisis de la industria metalúrgica desnuda una problemática mayor: un modelo económico que favorece la concentración del poder empresarial en detrimento del trabajo. El pulso entre la UOM y Techint simboliza esa disputa, donde el salario aparece como el núcleo de la batalla.

San Juan, con sus particularidades, refleja en escala la misma tensión: la necesidad de sostener la producción, garantizar el cobro de los haberes y mantener viva la esperanza de nuevas oportunidades. En este contexto, los trabajadores metalúrgicos no sólo luchan por un ingreso digno, sino por un futuro en el que el esfuerzo de cada jornada no se diluya en el beneficio de unos pocos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado en el que alertó que la libertad de expresión está en riesgo en Argentina, luego de que la Justicia dictara una medida cautelar que prohíbe a los medios de comunicación difundir audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

La medida cautelar, dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5, prohíbe la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei a través de cualquier medio de comunicación. La CGT considera que esta decisión es un «acto de censura previa» que contradice el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La central obrera expresó su «profunda preocupación» ante el «grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información» ejecutado por el Gobierno Nacional. También recordó que este avance se enmarca en un contexto de hostigamiento a la prensa y de agresiones contra periodistas, y mencionó el caso de un trabajador de prensa que resultó gravemente herido mientras cubría un acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

La Importancia de la Libertad de Expresión:

La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier democracia. Permite a los ciudadanos acceder a la información, expresar sus opiniones y participar en el debate público. La censura, por otro lado, puede tener un impacto devastador en la democracia, ya que limita la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar en el proceso político.

El Decreto Contra los Canillitas:

La CGT también aprovechó la ocasión para rechazar el Decreto 629/2025, firmado esta semana por el Poder Ejecutivo. La central obrera considera que la medida «tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas». Los gremios recuerdan que los trabajadores de prensa y los canillitas cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de la democracia, ya que garantizan la circulación de información, la libertad de prensa y el pensamiento crítico.