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La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que había anunciado un paro total para el próximo sábado 19 de julio. La medida obliga al sindicato a suspender la huelga y prestar servicios de manera normal durante 15 días hábiles.

El conflicto entre el Gobierno y la APLA se originó tras la publicación del Decreto 378/2025, que modifica las condiciones laborales de las tripulaciones. El gremio considera que estas modificaciones incrementan los tiempos de servicio de vuelo, reducen los períodos de descanso y suprimen artículos que protegían contra la fatiga de las tripulaciones. La medida había originado fuertes críticas por parte del Gobierno y de Aerolíneas Argentinas, que consideró que la dirigencia gremial utilizaba “los planes de viaje de los ciudadanos como herramienta de presión”.

La Conciliación Obligatoria

La conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo nacional evita el paro de 24 horas previsto para este sábado. La medida obliga al sindicato a suspender la huelga y prestar servicios de manera normal durante 15 días hábiles. Durante este período, las partes deberán negociar y buscar una solución al conflicto. El Gobierno recordó que el decreto aún no entró en vigencia y que su impacto puede variar según cada empresa del sector.

La Posición del Gobierno y de la APLA

El Gobierno consideró que el paro era un intento de boicot al esfuerzo de los trabajadores comprometidos con la sustentabilidad de la compañía. Por su parte, la APLA había decidido realizar la huelga para protestar contra las modificaciones en las condiciones laborales de las tripulaciones. El gremio, encabezado por Pablo Biró, había considerado estas modificaciones como una amenaza directa a la seguridad aérea y responsabilizaba al Gobierno de sus eventuales consecuencias.

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La Justicia le puso frenó al Gobierno y suspendió el cierre de Vialidad Nacional

La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto en el decreto 461/2025, tras una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). Esta decisión es un triunfo para los trabajadores y un paso importante para garantizar la seguridad vial en el país.

La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. La jueza Forns advirtió que la aplicación del decreto podría generar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales en el organismo. Además, señaló que la Ley Bases no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como la Dirección Nacional de Vialidad.

La medida cautelar presentada por Sevina fue respaldada por la jueza Forns, quien ordenó la suspensión del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad por seis meses. Esta decisión es un triunfo para los trabajadores, que habían expresado su preocupación por la posible pérdida de empleos y la desestabilización del organismo.

La decisión judicial establece que la suspensión del cierre del organismo tendrá una duración de seis meses. Durante este período, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá funcionando de manera normal, lo que garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores y la seguridad vial en el país.

Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, destacó que la decisión cautelar es un triunfo para los trabajadores y que la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico que funciona de manera autónoma. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, celebró el fallo judicial y reafirmó la lucha política contra el DNU.

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Estatales van a la Justicia para frenar el régimen de disponibilidad de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una acción judicial para detener el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, calificándolo como ilegal y violatorio de la estabilidad laboral.

La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca facilitar el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el régimen como «manifiestamente ilegal», incluso considerando las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo.

Aguiar destacó que solo gobiernos militares han aplicado medidas similares, afectando el derecho constitucional a la estabilidad laboral. La acción judicial será presentada de manera conjunta por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital, liderados por Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional, y Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos de ATE Capital, junto a Suyai Lutz, integrante del equipo.

El referente de la ATE subrayó la importancia de la unidad política y el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ATE, que han logrado resultados positivos en casos recientes. «La Justicia debe actuar de inmediato para proteger los derechos de los trabajadores de la planta permanente», enfatizó.

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Escándalo en la Dirección Nacional de Vialidad: Licitación millonaria para compra de neumáticos en vísperas de su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.

Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».

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