Con un triunfo de casi 14 puntos en el distrito más poblado del país, el justicialismo se reposiciona como fuerza nacional y proyecta a Axel Kicillof como figura presidencial rumbo a 2027. La derrota golpea al oficialismo, que enfrenta una crisis socioeconómica creciente y turbulencias políticas internas.

La elección legislativa en la provincia de Buenos Aires dejó un saldo categórico: el peronismo, bajo la conducción del gobernador Axel Kicillof y el respaldo de la estructura partidaria unificada, se impuso con el 46% de los votos frente al 33% de La Libertad Avanza, la fuerza presidencial. Con una participación del 63%, la jornada exhibió un electorado movilizado que buscó enviar un mensaje directo al Gobierno nacional.

El resultado implica un mazazo político para Javier Milei. La derrota no solo desnuda el desgaste acelerado de su gestión, sino que pone en entredicho la viabilidad de su programa económico y de su alianza táctica con el PRO. Las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, los audios de Karina Milei, la recesión brutal, la escalada del dólar y el fracaso de la motosierra como relato transformador se conjugaron en un voto de castigo masivo en el principal bastión electoral del país.

Kicillof, el gran ganador

La victoria otorga a Kicillof un capital político inédito. El gobernador bonaerense se perfila como el referente natural de la oposición y comienza a romper el viejo axioma según el cual ningún mandatario de la provincia pudo escalar a la presidencia. Su figura, respaldada por Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner, encarna la posibilidad de un proyecto peronista renovado, capaz de volver a disputar el poder en 2027.

El triunfo bonaerense funciona como una bocanada de oxígeno para el peronismo, que venía golpeado tras la derrota de 2023. La unidad interna —un bien escaso en la historia reciente del movimiento— fue decisiva para consolidar el resultado. El justicialismo vuelve a mostrarse competitivo y con chances reales de recuperar la conducción del país en el próximo turno electoral.

Un gobierno contra las cuerdas

Para Milei, en cambio, el desenlace constituye un golpe devastador. La promesa de acabar con la “casta” se diluye ante los escándalos de corrupción propios; el relato de eficiencia se estrella contra una recesión profunda que liquida salarios, pulveriza pymes y agrava la pobreza; y la narrativa de libertad se contradice con recortes feroces en salud, educación y programas sociales.

El oficialismo, que pretendía capitalizar la bronca social, terminó devorado por sus propias contradicciones. El resultado bonaerense deja al Gobierno debilitado en el Congreso y abre la puerta a una mayor inestabilidad económica, con mercados atentos a la reacción inmediata tras la derrota.

El veredicto de Buenos Aires es inequívoco: la sociedad no tolera ajustes sin horizonte, ni gobiernos que recortan derechos mientras se enredan en internas y escándalos. El peronismo supo leer ese descontento y ofrecerse como dique de contención, mientras Milei paga el precio de la soberbia y de un rumbo económico que asfixia a las mayorías.

La política argentina ingresa en una nueva etapa. Con Kicillof emergiendo como presidenciable y el oficialismo tambaleando, el país se prepara para un ciclo de reacomodamientos. Lo que está en juego no es solo quién administra el poder, sino qué modelo de país se proyecta: uno que profundice la exclusión o uno que intente reconstruir sobre la base del trabajo, la producción y la inclusión social.

El gobierno argentino dio un nuevo paso en su plan de desguace del sector vial, al avanzar con la privatización de Corredores Viales, una empresa estatal que gestiona más de 19.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. La medida se produce pese a la oposición del Congreso y la justicia, que había suspendido la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La privatización de Corredores Viales es un paso más en el plan del gobierno para dejar de tener injerencia en los caminos del país. La empresa estatal comenzará a licitar kilómetros de rutas de todo el territorio nacional, y luego de eso «podrían disolverla», según piensan muchos en el sector. Las concesiones nuevas pasarán a manos privadas, dejando así los caminos principales sin asistencia estatal.

La resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial, autoriza la privatización de Corredores Viales mediante la modalidad de «concesión por peaje». La medida se produce tras la prórroga a la intervención de Corredores Viales de julio de este año, a fin de concluir con las tareas de mejoras administrativas que permitan una transición «ordenada y eficiente».

El Impacto en las Rutas Argentinas

La privatización de Corredores Viales tendría un impacto significativo en las rutas argentinas. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), más del 60% de los caminos nacionales están en estadio regular o mal. La falta de mantenimiento y la privatización de las rutas podrían empeorar la situación, poniendo en riesgo la seguridad vial en el país.

La oposición al plan del gobierno es fuerte. El Congreso había rechazado una serie de decretos que buscaban reestructurar algunas entidades claves del Estado, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad. La justicia también había suspendido la disolución de la entidad, dictando un amparo para no cambiar el status de la misma.

La UOM denuncia el impacto de las importaciones, la parálisis de las paritarias y la injerencia de Techint en el Gobierno. En San Juan, Martín Solazzo advierte sobre la fragilidad del sector, las presiones necesarias para garantizar pagos y la expectativa puesta en proyectos productivos.

La industria metalúrgica argentina atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos tiempos. El gremio que nuclea a los trabajadores del sector observa con preocupación cómo las políticas de liberalización de importaciones, sumadas al poder concentrado de los monopolios siderúrgicos, erosionan la producción nacional y degradan el salario obrero.

Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, en diálogo con Mundo Laboral SJ, resume el clima general con una frase contundente: “trabajar para ser pobre no es la idea que tiene la UOM”. Una definición que sintetiza el malestar de miles de trabajadores que ven cómo sus ingresos pierden valor, mientras los grandes grupos económicos aumentan su influencia política y consolidan un modelo excluyente.

El frente nacional: Techint, un poder paralelo

Los principales conflictos se concentran en San Nicolás y Villa Constitución, dos polos siderúrgicos que se convirtieron en epicentro de la disputa. Allí, el grupo Techint —con Paolo Rocca al frente— mantiene un pulso constante con el gremio. La UOM denuncia que, desde hace más de un año y medio, las paritarias se encuentran virtualmente congeladas, con aumentos parciales e insuficientes, lo que provocó una pérdida alarmante del poder adquisitivo.

Las medidas de fuerza incluyeron movilizaciones multitudinarias, donde el propio secretario general nacional, Abel Furlán, apuntó directamente contra Rocca: “No vamos a aceptar que Paolo Roca pague el salario que quiera”.

El malestar sindical también se dirige hacia el Estado. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, es señalado por la UOM como un engranaje del mismo engranaje empresario, dado su pasado en Techint. Esta situación, advierte Solazzo, explica la demora en la homologación de acuerdos y la multiplicación de obstáculos administrativos. En otras palabras, el poder corporativo trasladado al corazón del aparato estatal.

“El monopolio del acero no es bueno para nadie —subraya Solazzo—. Crecieron a costa de salarios y hambre, mientras el Estado les permitió manejarse como quisieron. Hoy los trabajadores pagamos esa connivencia”.

San Juan: sostener la actividad en medio de la tormenta

En el plano provincial, la situación muestra matices diferentes, aunque no exentos de dificultades. La actividad metalúrgica en San Juan se mantiene, pero con una dinámica frágil, atravesada por la falta de proyectos industriales de envergadura y por la dependencia de las inversiones mineras y de la obra pública.

El caso de Carpintería Metálica ejemplifica esa tensión. Los trabajadores debieron soportar demoras en los pagos y sólo mediante la presión sindical se consiguió regularizar salarios. “Muchas veces no es del agrado tomar medidas de fuerza, pero si no visibilizamos el conflicto, los compañeros quedan expuestos”, explica Solazzo.

El dirigente remarca que este tipo de conflictos no se resuelve con paciencia infinita ni con promesas incumplidas: “Cuando pusimos fecha de pago a fines de agosto, el dinero apareció una semana antes, porque entendieron que la UOM estaba decidida a avanzar. Esa es la prueba de que la presión es el único idioma que algunas empresas comprenden”.

Expectativa, unidad y futuro incierto

A pesar de las dificultades, el sindicato apuesta a sostener la organización y fortalecer la unidad. El 7 de septiembre, Día del Trabajador Metalúrgico, será más que una celebración: será una demostración de fuerza y cohesión gremial. En San Juan, la UOM convocó a una cena este sábado 6 de septiembre, con la intención de compartir un espacio distinto, lejos de los conflictos cotidianos. “Siempre nos vemos en marchas, en reclamos, en suspensiones. También necesitamos un encuentro en un buen momento, para reforzar la identidad colectiva”, remarca Solazzo.

El futuro, sin embargo, continúa cargado de incertidumbre. El gremio provincial aguarda definiciones en torno a inversiones mineras y proyectos de obra pública que podrían dinamizar la actividad. Mientras tanto, el mensaje es claro: no se aceptará que el salario obrero se convierta en variable de ajuste.

La crisis de la industria metalúrgica desnuda una problemática mayor: un modelo económico que favorece la concentración del poder empresarial en detrimento del trabajo. El pulso entre la UOM y Techint simboliza esa disputa, donde el salario aparece como el núcleo de la batalla.

San Juan, con sus particularidades, refleja en escala la misma tensión: la necesidad de sostener la producción, garantizar el cobro de los haberes y mantener viva la esperanza de nuevas oportunidades. En este contexto, los trabajadores metalúrgicos no sólo luchan por un ingreso digno, sino por un futuro en el que el esfuerzo de cada jornada no se diluya en el beneficio de unos pocos.