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La resolución del máximo tribunal del país, que ratificó la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, desató un profundo malestar en el universo gremial. Con una postura que va desde la condena enérgica hasta la amenaza de acciones masivas, el movimiento obrero organizado se encuentra ante una encrucijada: sostener la institucionalidad o reavivar su histórico poder de presión callejera.

La CGT se manifestó antes de que la Corte Suprema hiciera pública su decisión, advirtiendo sobre una “embestida político-judicial” contra la dos veces jefa de Estado. El lenguaje elegido no fue casual: se apeló al imaginario de una democracia sitiada, alertando sobre una peligrosa erosión del pacto republicano. Tras el fallo, el tono se endureció, pero la central obrera evitó, por ahora, anunciar medidas concretas. Internamente, sin embargo, ya se escuchan voces que exigen un paro nacional como forma de frenar lo que definen como una “proscrición encubierta”.

Movilización contenida y tensión acumulada

Mientras la CGT medita su jugada, otras agrupaciones ya tomaron la iniciativa. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que representa uno de los brazos más potentes de la central, expresó su rechazo categórico y denunció una estrategia de judicialización para condicionar el juego democrático. Su secretario general, Juan Carlos Schmid, trazó un paralelo con lo ocurrido en Brasil durante el juicio al presidente Lula da Silva, denunciando una lógica de disciplinamiento político promovida por sectores enquistados en el poder real.

La FATUN, gremio de trabajadores no docentes universitarios, fue el primero en traducir el repudio en acción concreta: un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. En paralelo, comenzaron a multiplicarse tomas simbólicas de facultades, como ocurrió en la de Filosofía y Letras de la UBA, escenario habitual de la resistencia estudiantil. La FEDUN, que nuclea a docentes universitarios, también llamó a marchar “en defensa de la democracia”, sumando su voz a una narrativa que considera a la ex mandataria víctima de una operación político-judicial.

La Federación Judicial Argentina, que nuclea a trabajadores del sector que dictó el fallo, no dudó en calificar a la Corte como “la de la vergüenza”, cuestionando no sólo la legitimidad del procedimiento sino el trasfondo de la decisión. La paradoja de que un sindicato del propio Poder Judicial repudie el accionar de sus superiores expone, sin rodeos, la magnitud de la fractura institucional.

Una democracia en vilo

Las dos CTA —dirigidas por Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy— emitieron un comunicado de tono categórico: denunciaron un “colapso de la arquitectura institucional” y una “intervención judicial premeditada” destinada a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Según su interpretación, no se trata de una condena penal aislada, sino de un paso más en la utilización de la justicia como herramienta de disciplinamiento ideológico.

La alusión directa al caso Lula no es menor: evoca una jurisprudencia regional en la que se judicializa la política para neutralizar adversarios incómodos al statu quo. En este contexto, los gremios denuncian que no sólo se intenta borrar a una figura política, sino que se busca enviar un mensaje ejemplificador a todo actor que ose desafiar los intereses corporativos dominantes.

Sin embargo, más allá de las declaraciones, hasta ahora no se vislumbran medidas de alto impacto articuladas. La CGT no ha convocado a un paro general ni ha definido un plan de lucha claro. Las acciones se concentran en protestas puntuales y comunicados sectoriales, lo que refleja tanto una falta de consenso interno como el temor a reeditar escenarios de confrontación social que podrían derivar en mayor inestabilidad.

Entre el repudio y la parálisis

El mosaico sindical se encuentra dividido entre la indignación y la cautela. Aunque las palabras duras abundan, la traducción de ese descontento en acciones efectivas todavía está en suspenso. Algunos apuestan por una movilización creciente, mientras otros prefieren la prudencia ante la incertidumbre política y económica que atraviesa el país.

El dilema central no es nuevo: cómo articular una respuesta potente sin deslegitimarse ante una ciudadanía que también desconfía del sindicalismo, al que muchos perciben como un actor burocrático, más preocupado por sus privilegios que por el bien común. No obstante, la coyuntura podría forzar a la CGT a tomar una posición más firme, presionada por sus propias bases y por el avance de la tensión social.

La ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en evidencia que la justicia argentina se ha transformado, al menos en parte de la percepción pública, en un actor político más. En este escenario, el movimiento sindical se erige como uno de los principales diques de contención ante lo que muchos interpretan como una avanzada antidemocrática.

Pero el desafío que enfrenta el sindicalismo es complejo: debe evitar caer en la sobreactuación, sin resignar su rol histórico de defensa de los sectores populares. La sociedad, agobiada por la inflación, el descreimiento y la fatiga cívica, observa con escepticismo. Las decisiones que se tomen en los próximos días marcarán no sólo la relación entre los gremios y el sistema político, sino también el pulso de una democracia que atraviesa uno de sus momentos más frágiles desde el regreso del Estado de Derecho.

El fallo ya fue emitido. Ahora, las consecuencias políticas y sociales están por escribirse. Y el movimiento obrero, como en tantas otras encrucijadas de nuestra historia, tendrá un papel determinante en esa narración colectiva.

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Sin cifras sobre la mesa, el Gobierno y los gremios docentes estiraron la paritaria

El Gobierno provincial expuso la situación financiera y anticipó incrementos para marzo y junio, pero sin precisar porcentajes. Los gremios reclamaron una propuesta concreta ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo.

La negociación paritaria docente en San Juan ingresó en un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, luego de una extensa reunión que concluyó sin una oferta salarial concreta por parte del Gobierno de Orrego. El encuentro, realizado en el Centro Cívico, dejó expuesta la distancia entre las expectativas del sector docente y las definiciones que, por ahora, el Ejecutivo se limita a postergar.

Durante la reunión, las autoridades provinciales realizaron una exposición detallada sobre la situación económica y presupuestaria de la provincia, haciendo hincapié en las restricciones financieras actuales. En ese marco, ratificaron la intención de otorgar aumentos salariales en dos tramos —marzo y junio—, aunque evitaron precisar montos, porcentajes o impacto real sobre el salario docente.

Desde el sector gremial, la falta de cifras concretas fue recibida con preocupación. Los sindicatos remarcaron la urgencia de contar con una propuesta formal que permita su evaluación interna y el correspondiente traslado a las bases, especialmente cuando el calendario escolar se encuentra próximo a iniciarse.

Además de la discusión salarial, los representantes docentes volvieron a plantear una agenda de reclamos estructurales que se repite año tras año: demoras en trámites administrativos, expedientes paralizados, problemas en la carrera docente y el proceso de titularización, que si bien se encuentra en marcha, continúa generando inquietud en amplios sectores del sistema educativo.

Desde el Ejecutivo aseguraron que se encuentran realizando los cálculos económicos de los ítems solicitados por los gremios y se comprometieron a presentar una propuesta salarial formal en la próxima reunión paritaria. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre maestros y maestras, que aguardan definiciones concretas para saber si el ciclo lectivo podrá comenzar con normalidad o si el conflicto volverá a escalar.

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La CGT sale a la calle y endurece su estrategia frente al Senado por la reforma laboral

La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.

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El precio de la carne volvió a aumentar en San Juan y el efecto fue inmediato en las carnicerías

El incremento de entre 200 y 500 pesos por kilo en el precio de la carne impactó de lleno en las ventas durante enero en la provincia, especialmente en su tramo final. Trabajadores del sector advierten un marcado cambio en los hábitos de compra y una fuerte retracción del consumo.

Desde el sector comercial señalaron que el inicio de 2026 fue particularmente débil en términos de demanda, con un movimiento muy por debajo de lo esperado. Si bien las primeras semanas mostraron cierta estabilidad, la situación se deterioró hacia finales de enero, cuando el impacto de los nuevos precios comenzó a sentirse con mayor fuerza.

Según explicaron trabajadores del rubro, la carne registró una suba de entre 200 y 500 pesos por kilo, lo que obligó a actualizar valores en mostrador y terminó afectando directamente la cantidad de ventas. Aun en los casos donde se intentó contener los precios o corregir aumentos previos, el consumo no logró sostenerse.

Cambios en los hábitos de compra

Uno de los factores que explican la caída es el cambio en las prioridades familiares, especialmente en un período marcado por el inicio del ciclo lectivo. Desde las carnicerías indicaron que muchas familias destinaron una mayor parte de sus ingresos a la compra de útiles escolares, reduciendo gastos en alimentos de mayor valor.

En este sentido, se observa un viraje claro en las preferencias de consumo. Los cortes económicos y la carne picada ganaron protagonismo, mientras que opciones tradicionales como el asado perdieron volumen de ventas y quedaron prácticamente limitadas a los fines de semana. Aun así, el nivel de compra se mantiene por debajo de lo habitual para esta época del año.

Además, se registra una menor frecuencia de compra. Los clientes que aún conservan cierto margen de consumo optan por comprar menos veces y en cantidades ajustadas, un comportamiento que se repite en distintos puntos de la provincia.

Precios elevados y dispersión en el mercado

Otro elemento que presiona sobre la demanda es el alto valor de los cortes premium, con precios que en algunos comercios alcanzan niveles muy elevados. Desde el sector señalaron que existe una acentuada dispersión de valores entre carnicerías, aunque incluso en los locales con precios más bajos la retracción del consumo es evidente.

Esta situación refleja no solo el impacto de los aumentos, sino también la sensibilidad del consumidor frente a cualquier variación, por mínima que sea, en un contexto de ingresos deteriorados.

Comparación interanual y expectativas

Al comparar el escenario actual con el mismo período del año pasado, los trabajadores del sector cárnico coinciden en que el nivel de actividad es sensiblemente menor. A esta altura de 2025, aseguran, el movimiento en las carnicerías era más dinámico y sostenido.

De cara a febrero, las expectativas son moderadas y confían en una leve recuperación del consumo, aunque reconocen que el panorama sigue siendo incierto y muy condicionado por la evolución de los precios y el poder de compra de los salarios.

Finalmente, advirtieron que las subas no se limitaron a la carne vacuna. El cerdo, que venía con valores relativamente bajos, también registró aumentos importantes en las últimas semanas, lo que reduce aún más las alternativas para los consumidores.

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