
Condena, conflicto y calle: la reacción sindical ante el fallo contra Cristina Kirchner
La resolución del máximo tribunal del país, que ratificó la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, desató un profundo malestar en el universo gremial. Con una postura que va desde la condena enérgica hasta la amenaza de acciones masivas, el movimiento obrero organizado se encuentra ante una encrucijada: sostener la institucionalidad o reavivar su histórico poder de presión callejera.
La CGT se manifestó antes de que la Corte Suprema hiciera pública su decisión, advirtiendo sobre una “embestida político-judicial” contra la dos veces jefa de Estado. El lenguaje elegido no fue casual: se apeló al imaginario de una democracia sitiada, alertando sobre una peligrosa erosión del pacto republicano. Tras el fallo, el tono se endureció, pero la central obrera evitó, por ahora, anunciar medidas concretas. Internamente, sin embargo, ya se escuchan voces que exigen un paro nacional como forma de frenar lo que definen como una “proscrición encubierta”.
Movilización contenida y tensión acumulada
Mientras la CGT medita su jugada, otras agrupaciones ya tomaron la iniciativa. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que representa uno de los brazos más potentes de la central, expresó su rechazo categórico y denunció una estrategia de judicialización para condicionar el juego democrático. Su secretario general, Juan Carlos Schmid, trazó un paralelo con lo ocurrido en Brasil durante el juicio al presidente Lula da Silva, denunciando una lógica de disciplinamiento político promovida por sectores enquistados en el poder real.
La FATUN, gremio de trabajadores no docentes universitarios, fue el primero en traducir el repudio en acción concreta: un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. En paralelo, comenzaron a multiplicarse tomas simbólicas de facultades, como ocurrió en la de Filosofía y Letras de la UBA, escenario habitual de la resistencia estudiantil. La FEDUN, que nuclea a docentes universitarios, también llamó a marchar “en defensa de la democracia”, sumando su voz a una narrativa que considera a la ex mandataria víctima de una operación político-judicial.
La Federación Judicial Argentina, que nuclea a trabajadores del sector que dictó el fallo, no dudó en calificar a la Corte como “la de la vergüenza”, cuestionando no sólo la legitimidad del procedimiento sino el trasfondo de la decisión. La paradoja de que un sindicato del propio Poder Judicial repudie el accionar de sus superiores expone, sin rodeos, la magnitud de la fractura institucional.
Una democracia en vilo
Las dos CTA —dirigidas por Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy— emitieron un comunicado de tono categórico: denunciaron un “colapso de la arquitectura institucional” y una “intervención judicial premeditada” destinada a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Según su interpretación, no se trata de una condena penal aislada, sino de un paso más en la utilización de la justicia como herramienta de disciplinamiento ideológico.
La alusión directa al caso Lula no es menor: evoca una jurisprudencia regional en la que se judicializa la política para neutralizar adversarios incómodos al statu quo. En este contexto, los gremios denuncian que no sólo se intenta borrar a una figura política, sino que se busca enviar un mensaje ejemplificador a todo actor que ose desafiar los intereses corporativos dominantes.
Sin embargo, más allá de las declaraciones, hasta ahora no se vislumbran medidas de alto impacto articuladas. La CGT no ha convocado a un paro general ni ha definido un plan de lucha claro. Las acciones se concentran en protestas puntuales y comunicados sectoriales, lo que refleja tanto una falta de consenso interno como el temor a reeditar escenarios de confrontación social que podrían derivar en mayor inestabilidad.
Entre el repudio y la parálisis
El mosaico sindical se encuentra dividido entre la indignación y la cautela. Aunque las palabras duras abundan, la traducción de ese descontento en acciones efectivas todavía está en suspenso. Algunos apuestan por una movilización creciente, mientras otros prefieren la prudencia ante la incertidumbre política y económica que atraviesa el país.
El dilema central no es nuevo: cómo articular una respuesta potente sin deslegitimarse ante una ciudadanía que también desconfía del sindicalismo, al que muchos perciben como un actor burocrático, más preocupado por sus privilegios que por el bien común. No obstante, la coyuntura podría forzar a la CGT a tomar una posición más firme, presionada por sus propias bases y por el avance de la tensión social.
La ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en evidencia que la justicia argentina se ha transformado, al menos en parte de la percepción pública, en un actor político más. En este escenario, el movimiento sindical se erige como uno de los principales diques de contención ante lo que muchos interpretan como una avanzada antidemocrática.
Pero el desafío que enfrenta el sindicalismo es complejo: debe evitar caer en la sobreactuación, sin resignar su rol histórico de defensa de los sectores populares. La sociedad, agobiada por la inflación, el descreimiento y la fatiga cívica, observa con escepticismo. Las decisiones que se tomen en los próximos días marcarán no sólo la relación entre los gremios y el sistema político, sino también el pulso de una democracia que atraviesa uno de sus momentos más frágiles desde el regreso del Estado de Derecho.
El fallo ya fue emitido. Ahora, las consecuencias políticas y sociales están por escribirse. Y el movimiento obrero, como en tantas otras encrucijadas de nuestra historia, tendrá un papel determinante en esa narración colectiva.
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El Frente Sindical convocó a la marcha el 7 de agosto para exigir mejoras laborales y salariales

El Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, impulsado por ATE, definió su participación en la marcha del Día de San Cayetano, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de agosto.
Esta movilización, que contará con la presencia de más de 100 organizaciones sindicales, incluyendo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y sindicatos de la CGT, tiene como objetivo principal exigir mejoras laborales y salariales.
La marcha, que comenzará a partir de las 8 desde el santuario de Liniers y se dirigirá a la Plaza de Mayo, es una respuesta a la creciente preocupación por la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, enfatizó la importancia de esta movilización, afirmando que «el frente sindical está en pleno desarrollo, goza de muy buena salud y este 7 de agosto en la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno».
Aguiar destacó que «tenemos que frenar la destrucción de los puestos de trabajo. Las cesantías y las suspensiones van en aumento en el sector público, pero también en las distintas ramas de la actividad privada».
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Trabajadores de JetSMART acuerdan mejoras en salarios y levantan el paro

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSMART (ASTJ) alcanzó un acuerdo parcial con la aerolínea, que pone fin al paro de 24 horas programado para el 1 de agosto. Este entendimiento, que evita interrupciones en los vuelos de cabotaje e internacionales durante la temporada alta, responde a la firma de un acta que incluye mejoras económicas concretas para las tripulaciones argentinas.
El pacto establece el pago de un bono extraordinario proporcional al salario fijo, que representa un aumento efectivo de hasta el 10% para los Primeros Oficiales y de entre el 10% y el 17% para los tripulantes de cabina, uno de los sectores más postergados en la escala salarial. Según el gremio, este avance «permite reducir parte de la brecha salarial con las filiales vecinas», aunque subrayaron que «aún queda camino por recorrer para alcanzar condiciones plenamente equitativas dentro del mismo grupo empresarial».
Diego Bitschin, secretario general de ASTJ y piloto de JetSMART, destacó el rol de los agremiados en la negociación: «La suspensión del paro fue posible gracias al acompañamiento de nuestros trabajadores y la voluntad de alcanzar soluciones sin afectar al usuario. Esperamos que este gesto abra una etapa más productiva en las negociaciones». En los próximos días, el sindicato convocará una asamblea para evaluar los avances y definir los pasos a seguir.
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El SUOES en alerta: Reclamos salariales, inflación y autodespacho en San Juan

Víctor Menéndez, secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan (SUOES), advirtió sobre el retraso salarial, el impacto del autodespacho de combustible, el peso de las petroleras y la pérdida de poder adquisitivo. Mientras continúan las negociaciones paritarias, el dirigente exigió soluciones urgentes y alertó sobre un futuro incierto para el sector.
La situación de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan refleja un cuadro de tensión que se repite en todo el país. Con negociaciones paritarias empantanadas, presiones desde el Gobierno nacional y una inflación que golpea los bolsillos día a día, el gremio que conduce Víctor Menéndez se mantiene en estado de alerta.
“Nosotros seguimos en contacto permanente con las cámaras empresariales. Iba a haber una reunión, y se postergó. Hay una expectativa grande, porque necesitamos una actualización salarial urgente”, sostuvo Menéndez en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.
El estancamiento de sueldos, explicó, se agrava por una disposición de la Secretaría de Trabajo (ya sin rango ministerial), que limita los aumentos al 1% mensual, un techo que según el dirigente gremial es “imposible de sostener” frente al verdadero ritmo inflacionario. “Esto no alcanza para cubrir ni remotamente el deterioro de nuestros salarios. Estamos hablando de aumentos que no reflejan lo que vivimos cuando vamos al supermercado o a la carnicería”, lamentó.
La inflación real, lejos de las cifras oficiales
Una de las críticas más punzantes de Menéndez apunta directamente a los índices oficiales de inflación. “Los datos del INDEC son irreales, mentirosos. No se condicen con lo que vive cualquier trabajador cuando va a comprar alimentos. Hay una desconexión total con la realidad”, aseguró.
El dirigente comparó precios concretos para ilustrar el desfasaje. “A fines de 2023, el kilo de carne costaba lo mismo que el dólar. Hoy, con el dólar en $1.300, hay cortes que valen más de $12.000 por kilo. Es imposible que digan que la inflación fue del 1,6%”, cuestionó.
Convenios abiertos y una estructura laboral en transición
En paralelo a la puja salarial, el sindicato abrió el convenio colectivo para actualizarlo ante la transformación del negocio. “El mundo de las estaciones de servicio está cambiando. Hay nuevas categorías, servicios anexos y formas de comercialización que no estaban contempladas. Queremos discutir esos temas, pero sin perder de vista lo urgente: el salario”, remarcó Menéndez.
La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre los convenios vigentes. A nivel nacional, algunos sindicatos han denunciado sus acuerdos, lo que deja a varias regiones sin marcos formales. En Buenos Aires, una firma logró un aumento del 10% en tres meses, pero en otras provincias como San Juan, aún no hay resolución.
Autoservicio: la amenaza silenciosa
Otro frente de preocupación para el sindicato es el desembarco del sistema de autoservicio en estaciones de servicio, una tendencia global que ya comenzó a instalarse en la provincia. el gremialista confirmó que el modelo se implementó en al menos una estación de bandera petrolera, ubicada en Rawson y 9 de Julio, en pleno centro sanjuanino.
“El autoservicio ya llegó. Es una realidad. Las petroleras están apuradas por imponerlo. Ellas son las que más ganan en este negocio y quieren seguir bajando costos, especialmente el laboral”, denunció. Según el Menéndez, la excusa de las empresas es el ahorro en costos operativos, pero en realidad, se trata de una estrategia para concentrar ganancias a expensas del empleo.
“Las petroleras son extranjeras, ganan fortunas y ahora quieren más. Pero el que pierde siempre es el trabajador. Si no defendemos el rol del operario, vamos a terminar vaciando el sector de puestos de trabajo”, alertó.
La presión impositiva y la caída del consumo
Más allá de las tensiones gremiales, Menéndez trazó un panorama sombrío para el sector. Denunció que el Estado se lleva más del 40% del valor de los combustibles en impuestos, pero no reinvierte en infraestructura ni acompaña al rubro con medidas de alivio.
“No vemos mejoras en las rutas, ni inversiones. Muchas estaciones viven del tránsito de camiones y turistas, y con la obra pública paralizada, el movimiento se cae. El consumo está planchado. Hay cafés vacíos, playas de estacionamiento casi desiertas. La gente no tiene un peso”, explicó.
El uso desmedido de tarjetas de crédito para comprar alimentos —otro indicador alarmante— también preocupa. “La gente ya ni siquiera puede pagar el total. Se endeuda, paga el mínimo y los intereses se la comen. Es una situación insostenible”, afirmó.
El futuro del trabajo en jaque
Para cerrar, Menéndez planteó la necesidad de una mirada más amplia que articule a empresarios, gremios y el Estado. “No se puede seguir mirando solo el ombligo. Si las petroleras ganan cada vez más y los trabajadores cada vez menos, estamos frente a un modelo que no es sustentable. El Estado también debe involucrarse. Si no invierte, si no regula, si no defiende el empleo, lo que viene es peor”, advirtió.
El dirigente no ocultó su preocupación: las estaciones de servicio, históricamente generadoras de empleo directo, enfrentan un doble frente —tecnológico y económico— que podría vaciar de contenido su función social.
El conflicto en las estaciones de servicio de San Juan es apenas un reflejo de lo que atraviesan muchos sectores del trabajo en la Argentina. En un escenario donde el salario pierde poder adquisitivo, las tecnologías avanzan sin regulación clara y los márgenes empresariales se ajustan sin contemplar al trabajador, el llamado a la negociación, la actualización de convenios y el compromiso del Estado suena urgente y necesario.
Víctor Menéndez lo resume en una frase que condensa el reclamo de todo un gremio: “No podemos permitir que el progreso se construya sobre el retroceso del empleo”.
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