La resolución del máximo tribunal del país, que ratificó la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, desató un profundo malestar en el universo gremial. Con una postura que va desde la condena enérgica hasta la amenaza de acciones masivas, el movimiento obrero organizado se encuentra ante una encrucijada: sostener la institucionalidad o reavivar su histórico poder de presión callejera.

La CGT se manifestó antes de que la Corte Suprema hiciera pública su decisión, advirtiendo sobre una “embestida político-judicial” contra la dos veces jefa de Estado. El lenguaje elegido no fue casual: se apeló al imaginario de una democracia sitiada, alertando sobre una peligrosa erosión del pacto republicano. Tras el fallo, el tono se endureció, pero la central obrera evitó, por ahora, anunciar medidas concretas. Internamente, sin embargo, ya se escuchan voces que exigen un paro nacional como forma de frenar lo que definen como una “proscrición encubierta”.

Movilización contenida y tensión acumulada

Mientras la CGT medita su jugada, otras agrupaciones ya tomaron la iniciativa. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que representa uno de los brazos más potentes de la central, expresó su rechazo categórico y denunció una estrategia de judicialización para condicionar el juego democrático. Su secretario general, Juan Carlos Schmid, trazó un paralelo con lo ocurrido en Brasil durante el juicio al presidente Lula da Silva, denunciando una lógica de disciplinamiento político promovida por sectores enquistados en el poder real.

La FATUN, gremio de trabajadores no docentes universitarios, fue el primero en traducir el repudio en acción concreta: un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. En paralelo, comenzaron a multiplicarse tomas simbólicas de facultades, como ocurrió en la de Filosofía y Letras de la UBA, escenario habitual de la resistencia estudiantil. La FEDUN, que nuclea a docentes universitarios, también llamó a marchar “en defensa de la democracia”, sumando su voz a una narrativa que considera a la ex mandataria víctima de una operación político-judicial.

La Federación Judicial Argentina, que nuclea a trabajadores del sector que dictó el fallo, no dudó en calificar a la Corte como “la de la vergüenza”, cuestionando no sólo la legitimidad del procedimiento sino el trasfondo de la decisión. La paradoja de que un sindicato del propio Poder Judicial repudie el accionar de sus superiores expone, sin rodeos, la magnitud de la fractura institucional.

Una democracia en vilo

Las dos CTA —dirigidas por Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy— emitieron un comunicado de tono categórico: denunciaron un “colapso de la arquitectura institucional” y una “intervención judicial premeditada” destinada a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Según su interpretación, no se trata de una condena penal aislada, sino de un paso más en la utilización de la justicia como herramienta de disciplinamiento ideológico.

La alusión directa al caso Lula no es menor: evoca una jurisprudencia regional en la que se judicializa la política para neutralizar adversarios incómodos al statu quo. En este contexto, los gremios denuncian que no sólo se intenta borrar a una figura política, sino que se busca enviar un mensaje ejemplificador a todo actor que ose desafiar los intereses corporativos dominantes.

Sin embargo, más allá de las declaraciones, hasta ahora no se vislumbran medidas de alto impacto articuladas. La CGT no ha convocado a un paro general ni ha definido un plan de lucha claro. Las acciones se concentran en protestas puntuales y comunicados sectoriales, lo que refleja tanto una falta de consenso interno como el temor a reeditar escenarios de confrontación social que podrían derivar en mayor inestabilidad.

Entre el repudio y la parálisis

El mosaico sindical se encuentra dividido entre la indignación y la cautela. Aunque las palabras duras abundan, la traducción de ese descontento en acciones efectivas todavía está en suspenso. Algunos apuestan por una movilización creciente, mientras otros prefieren la prudencia ante la incertidumbre política y económica que atraviesa el país.

El dilema central no es nuevo: cómo articular una respuesta potente sin deslegitimarse ante una ciudadanía que también desconfía del sindicalismo, al que muchos perciben como un actor burocrático, más preocupado por sus privilegios que por el bien común. No obstante, la coyuntura podría forzar a la CGT a tomar una posición más firme, presionada por sus propias bases y por el avance de la tensión social.

La ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en evidencia que la justicia argentina se ha transformado, al menos en parte de la percepción pública, en un actor político más. En este escenario, el movimiento sindical se erige como uno de los principales diques de contención ante lo que muchos interpretan como una avanzada antidemocrática.

Pero el desafío que enfrenta el sindicalismo es complejo: debe evitar caer en la sobreactuación, sin resignar su rol histórico de defensa de los sectores populares. La sociedad, agobiada por la inflación, el descreimiento y la fatiga cívica, observa con escepticismo. Las decisiones que se tomen en los próximos días marcarán no sólo la relación entre los gremios y el sistema político, sino también el pulso de una democracia que atraviesa uno de sus momentos más frágiles desde el regreso del Estado de Derecho.

El fallo ya fue emitido. Ahora, las consecuencias políticas y sociales están por escribirse. Y el movimiento obrero, como en tantas otras encrucijadas de nuestra historia, tendrá un papel determinante en esa narración colectiva.