Alfredo Collado: “El ajuste nos golpea a todos los trabajadores; la Corte debe recomponer nuestros salarios con urgencia”
En un contexto de fuerte ajuste económico, movilizaciones y reclamos que se multiplican en todo el país, conversamos con Alfredo Collado, referente de los trabajadores judiciales nacionales en San Juan. El dirigente gremial compartió su mirada sobre la situación actual, el deterioro del poder adquisitivo del sector y el accionar del Gobierno nacional, al que calificó como “insensible” frente a las necesidades de la clase trabajadora.
“Estamos incluidos en la bolsa del ajuste. Lo que se busca es bajarle el precio a los trabajadores argentinos para volvernos competitivos, pero a costa de nuestro bienestar y nuestros derechos”, denunció Collado, señalando que el deterioro del salario no afecta solo a los empleados judiciales, sino a trabajadores de todos los sectores, jubilados, científicos y personal de salud.
“La inflación nos devora”
En relación a los aumentos salariales, Collado cuestionó la resolución reciente de la Corte Suprema de Justicia que otorgó un aumento del 2,5% retroactivo a marzo, muy por debajo de la inflación acumulada. “Es una burla. Ese porcentaje no solo llega con varios meses de retraso, sino que está muy por debajo del índice de inflación. Seguimos perdiendo poder adquisitivo”, subrayó.
Según explicó, los judiciales nacionales ya acumulan una pérdida salarial del 35% en lo que va del año. “Nuestros sueldos no alcanzan para lo básico: comida, alquiler, servicios. Estamos hablando de derechos elementales que están siendo pisoteados”, expresó.
No obstante, destacó que recientemente la Corte presentó un pedido para recomponer los salarios que vienen perdiendo frente a la inflación desde el comienzo del año. “Esperamos que se apruebe esa solicitud, porque lo más lógico sería que nuestro sueldo se actualice en función de la inflación, como corresponde”, afirmó.
El desgaste de una lucha prolongada
Consultado sobre el estado actual del plan de lucha, Collado reconoció un importante desgaste entre los trabajadores. “Llevamos meses de pelea constante. Hay cansancio, desazón, y también un intento claro de debilitar a los gremios. Pero seguimos buscando formas de resistencia y participación”, explicó.
Una de las estrategias actuales consiste en realizar asambleas en las unidades funcionales y organizar “apagones” laborales: interrupciones breves de las tareas para reflexionar colectivamente. “Durante una hora o una hora y media nos juntamos a tomar un café, conversar sobre lo que está pasando, y después retomamos el trabajo. Lo importante es visibilizar nuestro reclamo y mantenernos unidos”, señaló.
Sobre el decreto que limita el derecho a huelga
En la parte final de la entrevista, Collado se refirió al reciente fallo de la justicia laboral que suspendió el decreto del Gobierno que restringía el derecho a huelga. “Es un límite muy importante al avance autoritario. Más allá del rol del Poder Judicial, es la propia Constitución Nacional la que protege nuestros derechos gremiales”, enfatizó.
Y agregó: “El artículo 14 bis nos otorga legitimidad como sindicatos, ampara el derecho a huelga y a la protesta. El Gobierno no puede pasar por encima de eso. La justicia puso un freno, y esperamos que la Corte lo confirme”.
Para cerrar, Collado dejó un mensaje dirigido a toda la ciudadanía: “Debemos confiar en nuestras instituciones, en la división de poderes y en los valores republicanos. No permitamos que se destruyan. Hay elecciones pronto, votemos con inteligencia y seamos coherentes con las decisiones que tomamos. El futuro de nuestros derechos está en juego”.
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San Juan, entre las provincias que liderarán el crecimiento del empleo minero
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que la industria podría alcanzar los 300.000 puestos de trabajo directos en la próxima década y acercarse al millón de empleos al sumar la cadena de valor. El desarrollo de los grandes proyectos de cobre será el principal impulso de esa expansión, con San Juan entre las provincias protagonistas.
La minería argentina se encamina a convertirse en uno de los mayores generadores de empleo del país. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la industria podría crear alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos durante los próximos diez años, una cifra que representa aproximadamente cuatro veces la dotación laboral de la industria automotriz y autopartista. Si se incorpora el efecto sobre proveedores, servicios y actividades vinculadas, el impacto ascendería a cerca de un millón de empleos.
Las estimaciones fueron presentadas durante Arminera 2026, encuentro que reunió a empresas, especialistas y autoridades para analizar las perspectivas de la industria. Allí se destacó que el crecimiento estará impulsado principalmente por la entrada en construcción de grandes proyectos de cobre, considerados el próximo gran salto productivo de la minería nacional.
Según la CAEM, un emprendimiento cuprífero de clase mundial puede requerir hasta 7.000 trabajadores durante la etapa de construcción. A esa demanda se suma la contratación de empresas de ingeniería, metalurgia, transporte, logística, obras civiles, mantenimiento, gastronomía, hotelería y otros servicios que acompañan el desarrollo de cada iniciativa.
El efecto económico trasciende ampliamente a las compañías mineras. Cada nuevo proyecto moviliza inversiones en infraestructura, fortalece las cadenas de proveedores locales y promueve la creación de empleo en múltiples rubros, favoreciendo el crecimiento de las economías regionales donde se emplazan los yacimientos.
Las perspectivas más favorables se concentran en San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que reúnen algunos de los principales proyectos de cobre y litio del país. En particular, San Juan aparece como uno de los polos con mayor potencial de expansión gracias al avance de emprendimientos de gran escala que podrían modificar la estructura productiva provincial y consolidar a la minería como uno de los pilares de su economía.
No obstante, la industria reconoce que el crecimiento previsto también plantea desafíos. Entre ellos sobresale la necesidad de formar recursos humanos especializados capaces de responder a la creciente demanda de técnicos, ingenieros, geólogos, operadores de equipos pesados y profesionales vinculados con seguridad, ambiente, mantenimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la producción minera.
En ese sentido, distintas empresas, universidades y organizaciones sindicales ya comenzaron a impulsar programas de capacitación para fortalecer la oferta de mano de obra calificada. El objetivo es anticiparse a la demanda que generarán los nuevos emprendimientos y maximizar el impacto del empleo local.
Si las inversiones previstas avanzan dentro de los plazos proyectados, la minería no solo incrementará su participación en las exportaciones argentinas, sino que también consolidará su lugar como uno de los principales motores del empleo formal, la inversión productiva y el desarrollo regional, con un protagonismo creciente de San Juan en esa transformación.
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Nuevo acuerdo para fortalecer la educación de profesionales y técnicos de la minería
La Universidad Kennedy, MAGNA Group y el Sindicato Jerárquico Minero Argentino (ASIJEMIN) firmaron un convenio marco de cooperación para desarrollar propuestas de formación destinadas a trabajadores jerárquicos, profesionales, técnicos y sus familias, fortaleciendo la capacitación de uno de los principales motores productivos del país.
La rúbrica estuvo encabezada por el rector de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; el secretario de Extensión de esa casa de estudios, Juan Manuel Di Teodoro; el gerente general de MAGNA Group, Raúl Ignacio Dellagiovanna; el gerente comercial de la firma, Juan Pablo Mac Farlin; y el responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación Nacional de ASIJEMIN, Fabián Gasco.

La iniciativa establece un marco de cooperación para desarrollar una agenda conjunta de actividades orientadas al perfeccionamiento profesional. La Universidad Kennedy pondrá a disposición su oferta educativa, integrada por carreras de grado y posgrado, diplomaturas, tecnicaturas, cursos y programas de actualización en diversas disciplinas.
A ese esquema se incorporará la experiencia técnica de MAGNA Group, empresa especializada en servicios industriales vinculados con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene (QHSE), que brinda asistencia, auditorías y soluciones para compañías de los rubros minero, energético e industrial.
Desde ASIJEMIN destacaron que la articulación entre el ámbito académico, el sector privado y la representación sindical permitirá generar nuevas herramientas de formación continua, acompañando la creciente demanda de perfiles especializados que requiere la minería argentina.
La decisión también adquiere relevancia para provincias con fuerte desarrollo extractivo, como San Juan, donde la incorporación permanente de nuevas tecnologías y estándares internacionales exige una actualización constante de conocimientos. En ese sentido, el convenio apunta a fortalecer las competencias del capital humano y contribuir al crecimiento sostenible de una industria que continúa expandiendo su participación en la economía nacional.
El acuerdo representa el inicio de un trabajo coordinado entre las tres instituciones, con el propósito de promover oportunidades de capacitación, especialización y desarrollo profesional que fortalezcan la competitividad de la actividad minera y amplíen las posibilidades de crecimiento para sus trabajadores y sus familias.
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Docentes y nodocentes reclamaron recomposición salarial y paritarias urgentes
La FEDUN y la FATUN reclamaron una recomposición salarial del 28,5%, la convocatoria inmediata a paritarias y el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Además, respaldaron un proyecto para garantizar la sostenibilidad del sistema científico nacional.
Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales renovaron sus reclamos al Gobierno nacional para que convoque de manera urgente a la negociación paritaria, otorgue una recomposición salarial del 28,5% y dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La posición fue difundida por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), encabezada por Daniel Ricci, tras la publicación del decimotercer informe elaborado junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). El estudio analizó la evolución de los salarios, el financiamiento de las universidades y la situación de las becas estudiantiles desde el inicio de la actual administración nacional.
De acuerdo con el relevamiento, el acuerdo salarial alcanzado en junio permitió recuperar un 21,3% del poder adquisitivo. Sin embargo, los ingresos de docentes y trabajadores universitarios aún permanecen un 22,2% por debajo, en términos reales, de los registrados en noviembre de 2023.
El informe también advierte que el salario universitario perdió 43 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011, reflejando un deterioro acumulado durante más de una década que se profundizó en los últimos años.
Las cifras difundidas por la FEDUN indican que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 los incrementos salariales totalizaron un 226,8%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 320%. Como consecuencia de esa diferencia, la organización sostuvo que los haberes registran una pérdida del 93,2% desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y estimó que sería necesario un incremento adicional del 28,5% para recuperar el poder de compra perdido.
Aunque el sindicato destacó que durante los últimos doce meses los salarios crecieron un 8,5% en términos reales y acumulan una mejora del 14,5% en lo que va de 2026, consideró que esos avances todavía resultan insuficientes para compensar el fuerte retroceso sufrido entre fines de 2023 y 2025.
En ese marco, la FEDUN solicitó adelantar la revisión paritaria prevista originalmente para el 15 de septiembre. El planteo se apoya en la resolución de la Corte Suprema que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que, según el gremio, obliga a actualizar las partidas destinadas a las universidades nacionales y garantizar la recuperación de los salarios.
La defensa del sistema universitario también se extendió al ámbito científico. La FEDUN y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) expresaron su respaldo al proyecto de ley de Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentado durante un encuentro que reunió a dirigentes sindicales, legisladores, rectores y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Desde la FATUN sostuvieron que el fortalecimiento del sistema científico constituye una condición indispensable para el desarrollo del país y remarcaron que la producción de conocimiento representa un componente central para alcanzar mayor autonomía tecnológica y crecimiento económico.
El pronunciamiento recibió además el acompañamiento del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que busca consolidar una posición común en defensa del financiamiento de las casas de altos estudios y de los organismos de ciencia y tecnología frente a las restricciones presupuestarias.
En San Juan, el reclamo adquiere una dimensión particular por su impacto sobre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), institución que forma profesionales e investigadores en áreas clave para la provincia, como ingeniería, minería, ciencias básicas, salud y tecnología. La evolución del financiamiento universitario y de las políticas científicas incide de manera directa en la continuidad de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de actividades de extensión que mantienen un fuerte vínculo con el entramado productivo y social sanjuanino.
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