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Mientras el Ejecutivo celebra aumentos por debajo de la inflación como señal de «responsabilidad», sindicatos con mayor autonomía logran mejoras sustanciales sin homologación oficial. En un escenario de ajuste estructural, la pulseada salarial revela la fragilidad del modelo libertario frente al músculo sindical.

La negociación salarial en la Argentina de Javier Milei se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el Gobierno busca mover las piezas a su favor limitando la autonomía sindical, mientras gremios más combativos burlan las restricciones con acuerdos que, aunque no homologados, ganan terreno en el bolsillo de los trabajadores. Esta disputa, que combina retórica oficialista con maniobras gremiales por debajo del radar, expone una fractura profunda en el esquema laboral del país.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se celebró como un logro que el gremio petrolero de Vaca Muerta aceptara un aumento de apenas 4,3% para el primer trimestre del año. El acuerdo fue destacado por ubicarse “por debajo de la inflación estimada”, según palabras de la cartera. A primera vista, se trata de un mensaje de disciplina salarial, funcional al plan de estabilización del Ejecutivo. Sin embargo, bajo esa aparente moderación se esconde una realidad más porosa: otros sindicatos, sin esperar la venia oficial, acordaron subas muy por encima de la pauta deseada por la administración libertaria.

La Federación de Aceiteros y los desmotadores de algodón, por caso, firmaron un incremento del 21% sobre los básicos de diciembre. Aunque estos pactos no fueron homologados por el Estado, el empresariado comenzó a abonarlos, reconociendo la presión de los trabajadores organizados y la necesidad de evitar conflictos. El contraste es nítido: mientras el oficialismo intenta contener expectativas, sectores con mayor fortaleza sindical las elevan por encima del techo inflacionario impuesto desde las usinas del poder.

El caso del gremio de Comercio ilustra el limbo jurídico-laboral en el que se encuentran miles de trabajadores. Con un convenio acordado pero no convalidado por la Secretaría de Trabajo, los empleados siguen cobrando aumentos gracias a la voluntad empresaria de evitar un conflicto masivo. Es una paritaria de hecho, sin legitimidad formal, pero con ejecución práctica. En este juego de equilibrios precarios, los empresarios se ven obligados a actuar con pragmatismo, incluso cuando el marco normativo les ofrece ambigüedad como escudo.

Los datos duros no acompañan el optimismo oficial. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario real privado todavía no logra recomponerse del retroceso sufrido desde noviembre de 2023. La recuperación se ha estancado y, en algunos casos, continúa en caída. El índice RIPTE —utilizado por el Gobierno para mostrar mejoras— resulta engañoso, ya que no discrimina entre remuneraciones por jornada habitual y las infladas por horas extras, reflejando más una estrategia de supervivencia que una mejora estructural del ingreso.

La fragmentación del mapa paritario refleja el cambio de época. Bajo el paraguas ideológico de la “libertad de mercado”, el Gobierno intenta instaurar un nuevo paradigma donde los convenios colectivos pierdan peso, reemplazados por acuerdos individuales o sectoriales alineados con su lógica. Sin embargo, esta ingeniería laboral no se impone sin resistencias. Camioneros, Sanidad, Alimentación y la UOM, entre otros, se encuentran en etapas decisivas de negociación, y no se vislumbra una rendición incondicional ante los lineamientos libertarios.

Resulta sintomático que, en el afán de celebrar paritarias “austera y responsables”, el Gobierno haya convertido el acta de Vaca Muerta en una bandera. La paradoja es evidente: se aplaude un incremento que condena al salario a perder poder adquisitivo, mientras se condena el accionar de sindicatos que logran preservar el ingreso de sus representados. El mensaje es claro: se premia la subordinación, no el bienestar de los trabajadores.

Las paritarias de 2025 no solo están definiendo ajustes salariales, sino que configuran un nuevo campo de disputa ideológica en la Argentina. Frente a un modelo que busca disciplinar a los sindicatos desde el poder político, los gremios con mayor capacidad de acción no solo resisten, sino que marcan el ritmo de la negociación. En este pulso entre institucionalidad formal y realidad efectiva, el Gobierno enfrenta un dilema central: cómo sostener su programa económico sin erosionar por completo el contrato social del trabajo. La incógnita aún no tiene desenlace, pero los indicios revelan que la disputa salarial será, quizás, el escenario más tangible donde se mida el verdadero alcance del experimento libertario.

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El conflicto universitario se extiende y ADICUS prepara nuevas jornadas de paro

El conflicto universitario volverá a ocupar las aulas y dependencias de la Universidad Nacional de San Juan durante la próxima semana. Desde ADICUS confirmaron nuevas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

La resolución fue adoptada en el Congreso de CONADU Histórica, donde se definió desarrollar una semana completa de lucha. La propuesta impulsada desde San Juan contemplaba comenzar con un paro de 48 horas y avanzar progresivamente, pero la mayoría de los congresales optó por extender la protesta durante toda la semana, combinando jornadas de huelga con acciones de visibilización.

La secretaria gremial del gremio universitario, Edith Liquitay, explicó que no habrá necesariamente paro todos los días. Las jornadas sin actividad serán determinadas en coordinación con los trabajadores no docentes, siguiendo la modalidad implementada el miércoles 12 de agosto.

Durante esa medida conjunta, la adhesión alcanzó niveles elevados en distintas dependencias de la UNSJ. Según los datos proporcionados por Liquitay, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento llegó aproximadamente al 90% durante el turno mañana y al 95% por la tarde, mientras que en otras unidades académicas se ubicó alrededor del 70%.

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. ADICUS sostiene que los incrementos acumulados para los trabajadores universitarios alcanzaron el 21,3%, mientras que la inflación del período habría generado una pérdida del 29,5%. Para el gremio, esa diferencia explica la decisión de profundizar las medidas.

El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades. la referente gremial cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acta firmada el 10 de junio y señaló que permanecería pendiente un 20% adicional destinado al funcionamiento de las casas de estudios, además de recursos para hospitales escuela y un aumento de las becas.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que realizó las transferencias correspondientes a gastos de personal y actualizaciones salariales y defiende el cumplimiento de las partidas previstas.

Mientras continúa la disputa, el Ejecutivo convocó a una nueva paritaria nacional para el 1 de septiembre. ADICUS considera insuficiente ese horizonte y apuesta a sostener la presión gremial para obtener respuestas antes de esa fecha.

La discusión excede las universidades y también llegó a la Justicia, donde los rectores reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El próximo 4 de septiembre, además, está prevista una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche.

La continuidad de las medidas en San Juan dependerá de la coordinación entre docentes y no docentes, pero ADICUS ya anticipó que la próxima semana volverá a llevar la protesta universitaria al ámbito público.

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La UTA amenaza con paralizar los colectivos y San Juan se suma al reclamo

La UTA convocó a un paro nacional para este viernes 14 de agosto por el conflicto salarial con las empresas del interior. La seccional San Juan confirmó que adherirá si la conducción nacional mantiene la medida. Este jueves habrá una nueva reunión y la eventual conciliación obligatoria podría suspender la protesta.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene firme la convocatoria a un paro nacional de colectivos para este viernes 14 de agosto, luego de más de 90 días de negociaciones salariales sin acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). En San Juan, la conducción local confirmó que los choferes se plegarán a la medida si la conducción nacional ratifica la huelga.

La definición podría modificarse durante este jueves. Las partes fueron convocadas a una nueva instancia de negociación entre las 16 y las 17, en un encuentro que será determinante para intentar destrabar el conflicto. También está pendiente una eventual intervención del Ministerio de Capital Humano mediante el dictado de la conciliación obligatoria.

El reclamo sindical apunta a mejorar los ingresos de los trabajadores del transporte del interior y acercarlos a los valores alcanzados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre las principales demandas figura la incorporación de sumas fijas al salario básico, con el propósito de recomponer el poder adquisitivo.

Actualmente, un chofer que recién ingresa percibe entre $2,3 millones y $2,4 millones, considerando los incrementos ya acordados. La UTA sostiene que los trabajadores del interior quedaron rezagados frente a las condiciones salariales alcanzadas en el AMBA.

FATAP, en cambio, advierte sobre las dificultades financieras que atraviesan las empresas debido al aumento de los costos operativos y al esquema tarifario vigente. Por ese motivo, la representación empresaria reclamó al Gobierno nacional que intervenga y disponga la conciliación obligatoria.

Si esa medida administrativa se dicta antes del comienzo de la huelga, la UTA deberá suspender el paro y retomar las conversaciones. Si no hay conciliación ni acuerdo, la protesta comenzaría a las 0 del viernes y alcanzaría a los servicios del interior del país.

Para San Juan, el efecto podría ser inmediato: la adhesión de los choferes dejaría sin colectivos durante toda la jornada a miles de usuarios de la RedTulum. La definición definitiva quedará atada a lo que resuelva la conducción nacional y a las negociaciones de este jueves.

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Las 62 Organizaciones buscan recuperar peso político y sindical en San Juan

Las 62 Organizaciones Peronistas Regional San Juan formalizarán este jueves 13 de agosto su nueva conducción en un acto que reunirá a más de una treintena de gremios y buscará consolidar la representación sindical del peronismo provincial.

El encuentro comenzará a las 18:30, bajo la denominación “Acto Normalizador Compañero Lorenzo Miguel”, en el Camping de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado sobre calle Frías Sur, antes de calle 5, en Villa Krause, Rawson.

Durante la jornada, Martín Solazzo, dirigente de la UOM, asumirá como secretario general de la organización provincial. La designación apunta a dotar al espacio de una conducción formal y reconocida por las organizaciones que participan de la estructura.

La nómina reúne sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Químicos, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Viales Nacionales, Plásticos, Automóvil Club Argentino, ATSA, SOEME, Panaderos, Fleteros, Taxistas, UTEP, Gráficos y Trabajadores del Hielo.

La amplitud de la representación constituye uno de los principales rasgos de la nueva conformación. La estructura incorpora organizaciones vinculadas con la industria, los servicios, el transporte, y distintas áreas de la economía provincial.

Respaldo de la conducción nacional

El acto contará con la presencia de Marcelo Pariente, secretario general nacional de las 62 Organizaciones; Karina Moyano, secretaria adjunta; y Miguel Pedelhez, secretario del Interior.

El respaldo de los líderes nacionales consolidará el proceso político y exhibirá el respaldo de la conducción nacional al proceso iniciado en San Juan. La convocatoria reunirá a dirigentes gremiales y referentes del peronismo provincial en una misma instancia.

La reorganización adquiere relevancia en un momento de búsqueda de nuevas formas de articulación entre el movimiento obrero y el peronismo. Para los sindicatos que integran la estructura, la recuperación de una representación política propia constituye una herramienta para intervenir en las discusiones partidarias y laborales.

La normalización en San Juan recupera esa tradición con una estructura que reúne a numerosas organizaciones y una conducción encabezada por Solazzo. El objetivo central será consolidar esa representación sindical como un actor político clave dentro del movimiento obrero y del peronismo local.

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