
El conflicto en el Hospital Garrahan llega a una audiencia clave
El Ejecutivo nacional convocó a los gremios del Hospital Garrahan tras semanas de tensiones crecientes. La audiencia del 6 de junio será clave para evitar una huelga nacional. El conflicto expone las fisuras profundas del sistema sanitario argentino y una política que, para muchos, avanza hacia el desmantelamiento del sector público.
El llamado del Gobierno de Javier Milei a una audiencia con los gremios del Hospital Garrahan —la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos— se produce tras un crescendo de protestas y denuncias que pusieron en jaque la imagen de gestión del oficialismo en el plano sanitario. La cita, programada para el jueves 6 de junio a las 13:30 horas, constituye no sólo un intento de destrabar el conflicto interno del prestigioso hospital pediátrico, sino también una instancia de alto voltaje político donde se confrontan dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado en la salud pública.
Durante las últimas semanas, trabajadores y profesionales del Garrahan han alzado la voz contra lo que consideran un deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo y una precarización inadmisible en un centro de referencia nacional. Las movilizaciones frente al nosocomio no solo denunciaron el estancamiento salarial, sino que también pusieron sobre la mesa las carencias estructurales, desde insumos escasos hasta recortes presupuestarios que impactan de lleno en la atención a niños y niñas vulnerables.
La convocatoria del Ejecutivo fue interpretada por los gremios como un paso obligado y no como un gesto de apertura. Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, fue categórico al señalar que la reunión fue fruto de la presión sindical y no de la voluntad política. “Se vieron obligados a dialogar luego de campañas de desprestigio, operaciones mediáticas y una estrategia que intentó dividir a los trabajadores”, denunció públicamente. En su lectura, lo que ocurre en el Garrahan es un microcosmos del proceso de desmantelamiento del sistema público de salud, bajo una lógica que prioriza el ajuste económico sobre los derechos sociales.
El conflicto Garrahan como síntoma de una política de salud en crisis
Lo que está en juego va mucho más allá de un reclamo salarial. El Garrahan —históricamente símbolo de excelencia médica en el país— hoy encarna el desasosiego de un sector que se siente arrinconado. Las voces sindicales advierten que el recorte presupuestario se traduce en una degradación silenciosa de la atención médica, con consecuencias irreparables. La advertencia no es menor: si no se obtienen respuestas concretas en la audiencia del jueves, ATE ya anunció una medida de fuerza a nivel nacional, afectando a hospitales públicos de todo el país.
La política de reducción del gasto público aplicada por el Gobierno nacional, amparada en una retórica de eficiencia y racionalización, está siendo fuertemente cuestionada desde múltiples frentes. La salud, como derecho constitucional, no puede ser regulada por las leyes del mercado ni estar sujeta a criterios meramente contables. La idea de que “el que no paga, no accede” pone en jaque décadas de construcción sanitaria con un enfoque inclusivo y universalista.
Desde las provincias también se alzan críticas: el ajuste no impacta de modo uniforme, sino que agrava las desigualdades estructurales entre jurisdicciones con capacidades fiscales muy dispares. Los hospitales provinciales, ya golpeados por la inflación, la escasez de recursos y la fuga de profesionales, ven en el caso del Garrahan una advertencia sobre lo que puede suceder en sus propios territorios si no hay un viraje en la política sanitaria nacional.
La audiencia del 6 de junio será, en los hechos, mucho más que una instancia paritaria. Representará un enfrentamiento entre dos lógicas irreconciliables: una que considera al Estado como garante de derechos sociales, y otra que lo concibe como un actor residual, sólo activo en lo mínimo indispensable.
El Hospital Garrahan, con su peso simbólico y operativo, ha vuelto a convertirse en el escenario de una disputa de fondo. La resolución o escalada de este conflicto podría marcar el rumbo inmediato de la política de salud en la Argentina. El Gobierno deberá decidir si persiste en una estrategia de confrontación o si abre una puerta real al diálogo. La salud pública, mientras tanto, espera una respuesta que no sea sólo técnica ni táctica, sino profundamente política y humana.
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La Justicia frenó el intento de disolución del INTI

La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía.
La Justicia dio un paso importante en la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que pretendía reestructurar profundamente el INTI y eliminar su autarquía.
El Decreto 462/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía. Sin embargo, la jueza Forns consideró que esta medida es inconstitucional y ordenó suspender sus efectos. La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida judicial, considerándola un triunfo para la defensa de los derechos laborales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha criticado duramente al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por intentar aplicar decretos que calificó de «truchos».

La medida judicial es un paso clave en la defensa de la institucionalidad del INTI y los derechos laborales. Con este fallo, La Justicia demuestra su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT con jerarquía constitucional.
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Fusiones, salarios y el desafío de la IA: los trabajadores de las telecomunicaciones entre incertidumbre y adaptación

Marcelo Trujillo, referente del gremio Soeesit, advirtió sobre los riesgos laborales y sociales que implican las fusiones empresariales, el deterioro económico y el avance de la inteligencia artificial. En diálogo con este medio, analizó el complejo escenario que enfrentan los trabajadores frente a las transformaciones del mercado y la falta de respuestas gubernamentales.
Trujillo, con trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, abordó en una entrevista con Mundo Laboral un escenario cargado de tensión y expectativas: la fusión entre Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica, recientemente autorizada por las autoridades regulatorias. Según explicó, este proceso generará una fuerte concentración empresarial en el sector, con efectos colaterales preocupantes tanto para los usuarios como para los trabajadores.
«Estamos ante una situación parecida a la que vivimos en los años 90, durante la privatización de ENTEL. Ahora se repite la historia, pero con un formato diferente», señaló Trujillo. Uno de los principales focos de preocupación es la posible reducción de puestos de trabajo tras la unificación de estructuras operativas y administrativas. A esto se suma el uso extendido de contratistas y agencias tercerizadas, una modalidad que —según denunció— se emplea para recortar costos laborales sin mejorar necesariamente la calidad del servicio.
Paritarias bajo presión y aumentos que no alcanzan
El dirigente también hizo mención a la reciente negociación paritaria que involucra a los trabajadores de Claro, Telecom y Movistar. Si bien se lograron algunos aumentos salariales, remarcó que estos debieron ser “dibujados” a través de sumas fijas y complementos no remunerativos para no superar los límites porcentuales que el Gobierno intenta imponer según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
«Estamos intentando sostener los aumentos dentro de una lógica que nos permita homologarlos, pero el margen es mínimo. Nos exigen no pasar del 1,2 o 1,3% mensual, cifras que están totalmente desconectadas de la realidad inflacionaria», advirtió.
Trujillo cuestionó duramente esta tendencia a reemplazar las paritarias por aumentos discrecionales decretados desde el Ejecutivo. “Ningún trabajador ni representante debería aceptar esa lógica. Es una imposición que elimina el diálogo y deteriora aún más la ya difícil situación de los asalariados”, enfatizó.
Miedo a perder el empleo: una sensación que crece
En este contexto de incertidumbre económica, los temores se profundizan. Según una encuesta reciente citada en la entrevista, más del 50% de los trabajadores consultados manifestó tener miedo a perder su empleo o ver reducidos sus ingresos. Para Trujillo, este dato no sorprende. “No es una sensación aislada, es algo que se respira en todos los sectores. No solo acá. También está pasando en países centrales como Estados Unidos y en Europa, donde el empleo tradicional está en crisis por múltiples factores”, explicó.
Asimismo, mencionó que la llegada de nuevos flujos migratorios y el avance tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, alimentando tensiones, desigualdades y desafíos que los sindicatos deben encarar con urgencia.
Inteligencia artificial: entre la oportunidad y la amenaza
Uno de los puntos más significativos de la charla fue el análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo. Trujillo reconoció que estas tecnologías traerán consigo mejoras en eficiencia y productividad, pero también alertó sobre el riesgo de un desplazamiento masivo de trabajadores, especialmente en áreas técnicas y administrativas.
“La IA no es algo que viene de afuera, es algo que nosotros mismos alimentamos durante años. Es una herramienta muy poderosa, pero que también puede acentuar desigualdades si no se regula a tiempo”, sostuvo. En ese sentido, reclamó un debate urgente y profundo sobre el uso responsable de estas tecnologías, su regulación legal y la necesidad de una reconversión laboral que no deje a nadie atrás.
“Podemos convivir con la IA, pero no a costa de perder el valor humano. No se trata de frenar el progreso, sino de acompañarlo con políticas inclusivas y con representación real en todos los sectores”, agregó.
Finalmente, Trujillo planteó la necesidad de fortalecer la organización sindical en todos los oficios, con representación legal y activa, especialmente frente al avance de nuevas formas de trabajo. “Si no nos sentamos ya mismo a discutir estas transformaciones, vamos a seguir viendo cómo la tecnología avanza mientras los trabajadores retroceden”, alertó.
La entrevista dejó en claro que los desafíos del mundo laboral actual no pueden resolverse con recetas del pasado. La concentración empresarial, el congelamiento salarial, el miedo a perder el empleo y el avance de la inteligencia artificial son piezas de una misma tensión estructural. Para Marcelo Trujillo, la salida debe ser colectiva, organizada y con un firme compromiso por parte del Estado y de los representantes gremiales.
“El progreso no puede construirse sobre la exclusión de los trabajadores”, sentenció. Su llamado, más vigente que nunca, interpela tanto a quienes diseñan políticas públicas como a quienes, día a día, sostienen los servicios esenciales en medio de un país en transformación.
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La industria del juguete enfrenta una temporada crítica ante el aumento de importaciones

Con ventas en baja por segundo año consecutivo, la industria del juguete argentino se prepara para el Día del Niño con fuerte preocupación por el aumento de importaciones baratas y su impacto en la producción nacional y la seguridad infantil
La industria del juguete en el país atraviesa un escenario complejo en la antesala del Día del Niño, que se celebrará el próximo 17 de agosto. Dos años consecutivos de caída en las ventas y un aumento sustancial de las importaciones de bajo costo han generado preocupación en el sector.
Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en el primer semestre de 2025 las importaciones crecieron un 79% en valor y 108,7% en volumen respecto al mismo período de 2024 alcanzando las 10.500 toneladas por un total de USD 58,3 millones FOB. Además, se duplicó la cantidad de empresas importadoras: de 265 en 2024 a 501 en lo que va del año. Esto representa un riesgo para la seguridad infantil y una competencia desleal para la industria nacional.
La industria en Argentina comprende unas 180 pymes y emprendimientos locales que generan cerca de 8.000 empleos, apuesta a una leve mejora durante la temporada gracias a acciones promocionales como la Noche de las Jugueterías. Sin embargo, es necesario tomar medidas para proteger la industria nacional y promover el consumo responsable.
La CAIJ sostiene que la industria nacional es competitiva en varias categorías —como juegos de mesa, didácticos, masas, pelotas o triciclos—, y que su participación en el mercado local, actualmente del 30%, podría incrementarse si se redujeran cargas impositivas, costos laborales no salariales y se mejorara la logística. Al mismo tiempo, redobla su campaña para promover el consumo responsable, con juguetes certificados y seguros, adquiridos en comercios habilitados, para evitar productos de baja calidad o sin controles.
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