
El conflicto en el Hospital Garrahan llega a una audiencia clave
El Ejecutivo nacional convocó a los gremios del Hospital Garrahan tras semanas de tensiones crecientes. La audiencia del 6 de junio será clave para evitar una huelga nacional. El conflicto expone las fisuras profundas del sistema sanitario argentino y una política que, para muchos, avanza hacia el desmantelamiento del sector público.
El llamado del Gobierno de Javier Milei a una audiencia con los gremios del Hospital Garrahan —la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos— se produce tras un crescendo de protestas y denuncias que pusieron en jaque la imagen de gestión del oficialismo en el plano sanitario. La cita, programada para el jueves 6 de junio a las 13:30 horas, constituye no sólo un intento de destrabar el conflicto interno del prestigioso hospital pediátrico, sino también una instancia de alto voltaje político donde se confrontan dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado en la salud pública.
Durante las últimas semanas, trabajadores y profesionales del Garrahan han alzado la voz contra lo que consideran un deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo y una precarización inadmisible en un centro de referencia nacional. Las movilizaciones frente al nosocomio no solo denunciaron el estancamiento salarial, sino que también pusieron sobre la mesa las carencias estructurales, desde insumos escasos hasta recortes presupuestarios que impactan de lleno en la atención a niños y niñas vulnerables.
La convocatoria del Ejecutivo fue interpretada por los gremios como un paso obligado y no como un gesto de apertura. Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, fue categórico al señalar que la reunión fue fruto de la presión sindical y no de la voluntad política. “Se vieron obligados a dialogar luego de campañas de desprestigio, operaciones mediáticas y una estrategia que intentó dividir a los trabajadores”, denunció públicamente. En su lectura, lo que ocurre en el Garrahan es un microcosmos del proceso de desmantelamiento del sistema público de salud, bajo una lógica que prioriza el ajuste económico sobre los derechos sociales.
El conflicto Garrahan como síntoma de una política de salud en crisis
Lo que está en juego va mucho más allá de un reclamo salarial. El Garrahan —históricamente símbolo de excelencia médica en el país— hoy encarna el desasosiego de un sector que se siente arrinconado. Las voces sindicales advierten que el recorte presupuestario se traduce en una degradación silenciosa de la atención médica, con consecuencias irreparables. La advertencia no es menor: si no se obtienen respuestas concretas en la audiencia del jueves, ATE ya anunció una medida de fuerza a nivel nacional, afectando a hospitales públicos de todo el país.
La política de reducción del gasto público aplicada por el Gobierno nacional, amparada en una retórica de eficiencia y racionalización, está siendo fuertemente cuestionada desde múltiples frentes. La salud, como derecho constitucional, no puede ser regulada por las leyes del mercado ni estar sujeta a criterios meramente contables. La idea de que “el que no paga, no accede” pone en jaque décadas de construcción sanitaria con un enfoque inclusivo y universalista.
Desde las provincias también se alzan críticas: el ajuste no impacta de modo uniforme, sino que agrava las desigualdades estructurales entre jurisdicciones con capacidades fiscales muy dispares. Los hospitales provinciales, ya golpeados por la inflación, la escasez de recursos y la fuga de profesionales, ven en el caso del Garrahan una advertencia sobre lo que puede suceder en sus propios territorios si no hay un viraje en la política sanitaria nacional.
La audiencia del 6 de junio será, en los hechos, mucho más que una instancia paritaria. Representará un enfrentamiento entre dos lógicas irreconciliables: una que considera al Estado como garante de derechos sociales, y otra que lo concibe como un actor residual, sólo activo en lo mínimo indispensable.
El Hospital Garrahan, con su peso simbólico y operativo, ha vuelto a convertirse en el escenario de una disputa de fondo. La resolución o escalada de este conflicto podría marcar el rumbo inmediato de la política de salud en la Argentina. El Gobierno deberá decidir si persiste en una estrategia de confrontación o si abre una puerta real al diálogo. La salud pública, mientras tanto, espera una respuesta que no sea sólo técnica ni táctica, sino profundamente política y humana.
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Shell ajusta sus precios en los combustibles por cuarta vez en trece días

La petrolera Shell anunció un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en solo trece días.
En un clima de alta inflación y creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, la petrolera Shell decidió ajustar nuevamente el precio de sus combustibles. Este cuarto aumento en menos de dos semanas se suma a los ya registrados el 31 de agosto, el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, lo que generó una notable escalada en los costos para los usuarios.
El precio de la nafta V-Power aumentó significativamente en un corto período de tiempo, pasando de $1.715 el 31 de agosto a $1.752 el 13 de septiembre. Este incremento fue objeto de atención por parte de los conductores y usuarios, quienes registraron la evolución de los precios en las estaciones de servicio.
La frecuencia de los ajustes en los precios de Shell contrasta con la situación de otras compañías del sector, que han registrado aumentos más espaciados en el tiempo. Los combustibles son uno de los rubros con mayores incrementos, lo que se suma a otras subas en servicios esenciales, alquileres y prepagas, constituyendo un escenario complejo para el actual momento socio-económico de gran parte de los argentinos.
El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes ven cómo su salario no alcanza a cubrir el alto costo de necesidades primordiales para la subsistencia. La situación se vuelve cada vez más complicada para aquellos que dependen del transporte para ir a trabajar o realizar actividades cotidianas.
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Médicos del Garrahan protestan por el desmantelamiento y «Fuga de Cerebros»

Trabajadores del Hospital Garrahan denuncian una «fuga de cerebros» debido al desmantelamiento fomentado por el Gobierno nacional, lo que aumenta los riesgos para la atención de los niños en uno de los hospitales pediátricos más importantes de la región.
El Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más destacados, enfrenta una crisis sin precedentes. Los trabajadores denuncian que el desmantelamiento promovido por el Gobierno nacional está generando una «fuga de cerebros» que pone en riesgo la atención de los pacientes. Según el Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, el deterioro salarial y la falta de medidas concretas por parte del Gobierno han derivado en un éxodo de profesionales altamente capacitados.
La situación se agravó tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba actualizar los sueldos y compensar la inflación. Sin esta herramienta, los profesionales aseguran que la situación se volvió insostenible y que la atención de los pacientes está en riesgo. El personal del hospital mantiene un paro con guardias mínimas, mientras reclama respuestas urgentes para evitar el colapso.
Salarios congelados y renuncias en cadena:
El Dr. García detalló que desde hace más de 18 meses, el Hospital Garrahan viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores, lo que ha llevado a muchos a renunciar. Ya se contabilizan 245 renuncias desde el inicio del conflicto. La situación golpea con especial crudeza al área de oncología, que atiende al 40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país.
Precarización laboral:
Además de los salarios, los médicos denuncian un creciente proceso de precarización laboral dentro del hospital. A los especialistas en terapia intensiva les ofrecen contratos de locación, lo que implica trabajar sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencias. La situación de los residentes también refleja la crisis sanitaria y pediátrica, ya que muchos jóvenes optan por becas institucionales «mejor pagas» ofrecidas por el Ministerio de Salud, pero a costa de perder derechos laborales y antigüedad.
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Marcelo Mena: “La minería debe generar empleo local y fortalecer la economía de San Juan”

La contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo escenario político de alcance nacional. Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, señaló que el resultado representa un freno a las políticas de Javier Milei, y una oportunidad para reconstruir derechos laborales, fortalecer la obra pública y garantizar la protección de los sectores más vulnerables: “Es un triunfo que permite recomponer los esquemas de trabajo y los derechos de los trabajadores, que habían sido avasallados por políticas neoliberales”.
El dirigente destacó que este resultado refleja un mensaje claro del pueblo: la necesidad de un rumbo basado en empleo, industria, exportación y educación. Mena enfatizó la proyección hacia el futuro: “Octubre y 2027 serán decisivos para que la ciudadanía indique el camino a seguir, priorizando trabajo, desarrollo y oportunidades para todos”.
Renovación y liderazgo sindical
En cuanto a la CGT a nivel nacional, que definirá sus autoridades el próximo 5 de noviembre, Mena sostuvo que es crucial encontrar un equilibrio entre continuidad y renovación: “Debe haber una figura que represente a todos, pero con renovación. La juventud aporta energía, ideas y la cercanía con la realidad diaria de los trabajadores. Los cuadros mayores deben acompañar y asesorar, pero el liderazgo debe reflejar un cambio generacional”.
Mena resaltó que la política sindical debe estar en sintonía con los trabajadores, manteniendo la capacidad de adaptarse a los cambios y garantizar la participación activa de todos los sectores: “La edad es importante, pero más aún lo es el espíritu y las banderas que defienden los jóvenes. Ellos deben estar adelante, mientras los mayores guían con experiencia”.
Minería: empleo local y responsabilidad empresarial
Uno de los ejes centrales de la conversación fue la minería. Mena subrayó que los proyectos mineros deben beneficiar directamente a la provincia y a sus habitantes: “Hemos presentado un expediente al Ministerio de Minería para asegurar que se cumpla la guía de contratación local y empresas nacionales. Es fundamental que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y ambiental”.
Sobre el proyecto Binacional Vicuña, explicó que, si bien está en fase inicial de ingeniería, la etapa de ejecución comenzará con la primavera. El dirigente insistió en la urgencia de generar empleo real y no dilatar procesos: “El trabajo es una necesidad inmediata. No podemos esperar; los proyectos deben traducirse en oportunidades concretas para los sanjuaninos”.
Además, planteó que los yacimientos deben cumplir con la normativa ambiental y logística, respetando a la comunidad y asegurando que la inversión no quede concentrada en intereses externos: “Si quieren avanzar, deben cumplir las normas, integrarse con la economía local y responder a la responsabilidad social que corresponde”.
Mena también analizó el impacto de las políticas nacionales en la economía y la industria: “Se necesita recomponer la estructura productiva y comercial. La política y la industria deben alinearse con la realidad de los trabajadores. No basta con inversión; debe haber compromiso con empleo y desarrollo local”.
El gremialista enfatizó que el sindicalismo debe actuar como interlocutor responsable, promoviendo medidas que protejan a los trabajadores sin caer en confrontaciones estériles, pero marcando límites claros frente a políticas que afectan los derechos: “La política sindical no puede ser pasiva. Debe garantizar condiciones justas, respetar el trabajo local y exigir cumplimiento de las leyes”.
La visión de Marcelo Mena combina política, sindicalismo y desarrollo económico con una mirada estratégica hacia el futuro de San Juan. Desde la renovación en la CGT hasta la exigencia de responsabilidad en la minería, su discurso subraya la necesidad de traducir la inversión y las políticas en empleo real y desarrollo sostenible. La provincia y sus trabajadores exigen resultados concretos: proyectos que respeten normas, generen oportunidades y fortalezcan la economía local, marcando un camino claro hacia la equidad y el progreso.
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