El conflicto en el Hospital Garrahan llega a una audiencia clave
El Ejecutivo nacional convocó a los gremios del Hospital Garrahan tras semanas de tensiones crecientes. La audiencia del 6 de junio será clave para evitar una huelga nacional. El conflicto expone las fisuras profundas del sistema sanitario argentino y una política que, para muchos, avanza hacia el desmantelamiento del sector público.
El llamado del Gobierno de Javier Milei a una audiencia con los gremios del Hospital Garrahan —la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos— se produce tras un crescendo de protestas y denuncias que pusieron en jaque la imagen de gestión del oficialismo en el plano sanitario. La cita, programada para el jueves 6 de junio a las 13:30 horas, constituye no sólo un intento de destrabar el conflicto interno del prestigioso hospital pediátrico, sino también una instancia de alto voltaje político donde se confrontan dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado en la salud pública.
Durante las últimas semanas, trabajadores y profesionales del Garrahan han alzado la voz contra lo que consideran un deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo y una precarización inadmisible en un centro de referencia nacional. Las movilizaciones frente al nosocomio no solo denunciaron el estancamiento salarial, sino que también pusieron sobre la mesa las carencias estructurales, desde insumos escasos hasta recortes presupuestarios que impactan de lleno en la atención a niños y niñas vulnerables.
La convocatoria del Ejecutivo fue interpretada por los gremios como un paso obligado y no como un gesto de apertura. Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, fue categórico al señalar que la reunión fue fruto de la presión sindical y no de la voluntad política. “Se vieron obligados a dialogar luego de campañas de desprestigio, operaciones mediáticas y una estrategia que intentó dividir a los trabajadores”, denunció públicamente. En su lectura, lo que ocurre en el Garrahan es un microcosmos del proceso de desmantelamiento del sistema público de salud, bajo una lógica que prioriza el ajuste económico sobre los derechos sociales.
El conflicto Garrahan como síntoma de una política de salud en crisis
Lo que está en juego va mucho más allá de un reclamo salarial. El Garrahan —históricamente símbolo de excelencia médica en el país— hoy encarna el desasosiego de un sector que se siente arrinconado. Las voces sindicales advierten que el recorte presupuestario se traduce en una degradación silenciosa de la atención médica, con consecuencias irreparables. La advertencia no es menor: si no se obtienen respuestas concretas en la audiencia del jueves, ATE ya anunció una medida de fuerza a nivel nacional, afectando a hospitales públicos de todo el país.
La política de reducción del gasto público aplicada por el Gobierno nacional, amparada en una retórica de eficiencia y racionalización, está siendo fuertemente cuestionada desde múltiples frentes. La salud, como derecho constitucional, no puede ser regulada por las leyes del mercado ni estar sujeta a criterios meramente contables. La idea de que “el que no paga, no accede” pone en jaque décadas de construcción sanitaria con un enfoque inclusivo y universalista.
Desde las provincias también se alzan críticas: el ajuste no impacta de modo uniforme, sino que agrava las desigualdades estructurales entre jurisdicciones con capacidades fiscales muy dispares. Los hospitales provinciales, ya golpeados por la inflación, la escasez de recursos y la fuga de profesionales, ven en el caso del Garrahan una advertencia sobre lo que puede suceder en sus propios territorios si no hay un viraje en la política sanitaria nacional.
La audiencia del 6 de junio será, en los hechos, mucho más que una instancia paritaria. Representará un enfrentamiento entre dos lógicas irreconciliables: una que considera al Estado como garante de derechos sociales, y otra que lo concibe como un actor residual, sólo activo en lo mínimo indispensable.
El Hospital Garrahan, con su peso simbólico y operativo, ha vuelto a convertirse en el escenario de una disputa de fondo. La resolución o escalada de este conflicto podría marcar el rumbo inmediato de la política de salud en la Argentina. El Gobierno deberá decidir si persiste en una estrategia de confrontación o si abre una puerta real al diálogo. La salud pública, mientras tanto, espera una respuesta que no sea sólo técnica ni táctica, sino profundamente política y humana.
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Trabajadores del transporte y organizaciones sociales marchan contra el gobierno
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizará una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado el miércoles 25 de junio, en respuesta al plan del gobierno y en defensa de los derechos laborales. La marcha es una reacción general del área del transporte y cuenta con el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, convocó a una movilización multisectorial hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. La marcha, programada para el miércoles 25 de junio, es una respuesta contundente al plan del gobierno y busca defender los derechos laborales y la soberanía.
La CATT ha unido fuerzas con otros sindicatos y organizaciones sociales para formar el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos. Este frente multisectorial busca dar una respuesta colectiva a las políticas del gobierno nacional que afectan a los trabajadores y a la economía popular. Entre los sindicatos y organizaciones convocantes se encuentran la Federación Marítima Portuaria de la República Argentina (FeMPINRA), la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), La Fraternidad, la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (ATE-PBA), la CTA Capital, la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios eléctricos y Afines (FATIDA), la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros.
Repudio al DNU 340/25
La CATT repudió explícitamente el DNU 340/25, que busca enmarcar judicialmente la nulidad del derecho a huelga. Esta medida es vista como un ataque a los derechos laborales y sindicales, y que ha causado un amplio rechazo en el sector del transporte y otras actividades laborales.
La movilización del 25 de junio es un llamado a la acción para todos los trabajadores y organizaciones sociales que se sienten afectados por las políticas del gobierno. La CATT y el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos buscan dar una respuesta colectiva y contundente a las políticas que afectan tanto a los trabajadores como así también a la economía popular.
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La lucha global por los derechos laborales en la era digital
Organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña global para exigir garantías laborales para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales, en el marco de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. La iniciativa busca frenar la precarización estructural que enfrentan millones de personas repartidoras y conductoras en todo el mundo.
La economía de plataformas ha revolucionado la forma en que trabajamos y nos relacionamos con el mercado laboral. Sin embargo, detrás de la promesa de flexibilidad y autonomía, se esconde una realidad de precarización y desprotección para millones de trabajadores en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca visibilizar esta problemática y exigir cambios estructurales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas.
La precarización laboral en la era digital
Los algoritmos de las aplicaciones definen turnos, ingresos y sanciones, sin transparencia ni participación de las personas afectadas. A pesar de la promesa de flexibilidad, en la práctica los trabajadores carecen de estabilidad, protección social y derechos básicos. Las empresas son las mayores beneficiarias de este modelo de negocio, que les permite externalizar costos y maximizar ganancias a costa de la desprotección de los trabajadores.
La lucha por la regulación
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel fundamental en la regulación de los derechos laborales en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca presionar a la OIT para que establezca normas internacionales que garanticen derechos laborales en el entorno digital. La aprobación de un instrumento normativo vinculante que regule estas tecnologías del trabajo es imprescindible para garantizar la transparencia en el uso de los datos y proteger los derechos de los trabajadores.
La situación en América Latina
En América Latina, también hay intentos por legislar sobre el trabajo en plataformas. Sin embargo, aún quedan desafíos como el uso de datos, los seguros, la libertad de asociación y la gestión algorítmica. La región necesita una regulación efectiva que proteja los derechos de los trabajadores y garantice condiciones laborales justas.
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La pobreza y la desigualdad se agravan en Argentina debido a la informalidad laboral
La tasa de informalidad laboral en Argentina sigue aumentando, con un crecimiento del 78% en la participación de la recuperación del empleo total desde la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro.
El trabajo en negro es un fenómeno persistente y complejo que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. En Argentina, la situación es particularmente grave, con una alta tasa de informalidad que afecta tanto a adolescentes como a mujeres, exacerbando las desigualdades de género y generacionales en el mercado laboral.
El crecimiento de la informalidad
Según datos del Indec, en los últimos cuatro años se han generado 568.000 empleos informales, en comparación con 363.000 formales registrados en el sector privado. Esto significa que por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro. El sector con mayor informalidad laboral es el servicio doméstico, con más de un millón de personas trabajando sin aportes al sistema previsional.
Sectores más afectados
La industria agrícola y la construcción también presentan altas tasas de informalidad laboral. En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a los beneficios de un empleo formal. En la construcción, el 58,4% de los empleados están en la informalidad.
La recesión económica
La economía argentina ha experimentado una recesión significativa, lo que ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. La caída del 5,1% en el Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre de 2024 ha llevado a un aumento del desempleo y la precarización laboral.
La pobreza y la desigualdad
El 34,9% de los trabajadores en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos años. La situación ha empeorado significativamente en el último semestre, con una caída de casi un 40% en los ingresos promedio de los ocupados desde 2017.
La informalidad laboral en Argentina es un flagelo que crece sin cesar, perpetuando las desigualdades socioeconómicas y afectando a un amplio sector de la población. Es fundamental que se implementen políticas activas de empleo, formación profesional y coordinación con políticas sectoriales para abordar esta problemática y proteger los derechos de los trabajadores.
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