En una entrevista con Mundo Laboral, Eduardo Cabello, dirigente de la CGT regional San Juan, expresó su preocupación y repudio frente al nuevo embate del Gobierno Nacional sobre los derechos laborales. En este caso, se trata de un decreto que, de manera unilateral, intenta restringir el derecho constitucional a huelga.

“El desconcierto es total. Uno esperaba medidas fuertes de un gobierno de ultraderecha, pero esta ofensiva sistemática contra la clase trabajadora supera cualquier previsión”, aseguró Cabello. El dirigente subrayó que la Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales, resguarda el derecho a la protesta y, en particular, la herramienta de la huelga como mecanismo legítimo de defensa de los trabajadores.

La CGT prepara una contraofensiva legal

Ante el anuncio oficial, la CGT no se quedará de brazos cruzados. Cabello anticipó que se presentarán demandas ante la Corte Suprema, convencidos de que la Justicia dará la razón a los trabajadores. “Esto no va a quedar así. Vamos a recurrir a todas las vías legales posibles. Si no es en los tribunales, será en la calle, como siempre lo hemos hecho”, afirmó con contundencia.

Para Cabello, el decreto forma parte de una estrategia más amplia que busca disciplinar a los sindicatos, cercenar sus herramientas de negociación, congelar las paritarias y favorecer sistemáticamente a los sectores más poderosos del país. “Este gobierno está decidido a quitarle lo poco que tienen los que menos tienen, para seguir beneficiando a los que ya lo tienen todo”, denunció.

Una política de desvío y polarización

El referente sanjuanino también vinculó estas decisiones con una táctica de distracción del gobierno frente a los conflictos laborales en provincias como Tierra del Fuego, donde ya se aplican protocolos represivos. “Son juegos de poder. Mientras se enfrentan figuras políticas en la superficie, desmantelan estructuras que beneficiaban al pueblo. El trabajador no se alinea ideológicamente, lo que quiere es trabajar y cobrar un salario digno”, remarcó.

Asimismo, cuestionó la representatividad política del actual oficialismo, al señalar que apenas una fracción del electorado efectivamente votó por el rumbo actual del país: “No se trata de una victoria contundente, sino de una falsa ilusión de poder. La realidad es que la mayoría no está siendo escuchada”.

“Se está rompiendo el sistema de Estado”

Cabello no ahorró palabras para describir lo que considera un proceso de desmantelamiento del Estado. Según él, los cambios no solo afectan a los trabajadores actuales, sino que están comprometiendo el futuro del país al entregar soberanía y recursos a intereses externos. “Se está rompiendo un sistema de Estado que nos preocupa profundamente. No sabemos hasta dónde piensan llegar”, advirtió.

En relación al derecho a huelga, el dirigente mencionó que desde el gobierno se intenta relativizar la medida al hablar de servicios mínimos garantizados, afectando sectores clave como la educación. “El camino debe ser el diálogo, no la imposición. Esto requiere debate, no decretazos”, concluyó.

Frente al panorama actual, la CGT se prepara para dar pelea tanto en el plano judicial como en las calles. La organización sindical permanece en estado de alerta y movilización, dispuesta a defender los derechos conquistados a lo largo de décadas. “Los trabajadores no estamos dispuestos a retroceder. Lo que está en juego no es solo un derecho, es la dignidad de millones de argentinos y argentinas”, sentenció Cabello.

En un contexto de creciente tensión social y laboral, el movimiento obrero vuelve a posicionarse como actor clave en la resistencia frente a un modelo que, según sus referentes, busca barrer con los derechos laborales más elementales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el registro de delegados gremiales creado por el Gobierno puede ser utilizado como una herramienta para despedir a ex representantes sindicales y advirtió que irá a la Justicia para impugnar la medida.

La creación del Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional, dispuesto por la resolución 34/25 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, generó una fuerte reacción en el sector sindical. Desde ATE, el delegado en el INDEC, Raúl Llaneza, consideró que la medida es «ilegal» y advirtió que se busca crear «una lista negra» contra los dirigentes estatales.

Llaneza señaló que el registro implica una exposición para posibles represalias contra representantes gremiales cuando dejen de serlo y pierdan los fueros sindicales. «Claramente es una amenaza», afirmó. Además, remarcó que la medida se inscribe en un contexto más amplio de avances contra los derechos laborales y gremiales.

Análisis y perspectivas

La creación del registro de delegados gremiales puede ser vista como una medida para controlar y disciplinar a los dirigentes sindicales. La ATE adelantó que presentará una denuncia judicial contra la medida, argumentando que se trata de una intervención directa del Estado empleador sobre la vida interna de los sindicatos del Estado.

El registro también incluye una lista de juicios en los que se invoca tutela gremial, lo que implica que cada elección, cada lista de candidatos y cada juicio vinculado con protección sindical deberá pasar por el análisis y dictamen del Ejecutivo. Esto puede generar un mecanismo de control sobre las garantías gremiales que puede derivar en represalias o disciplinamiento de dirigentes incómodos.

En un giro inesperado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) firmaron un acuerdo que suspende los despidos en el sector de productos electrónicos en Tierra del Fuego hasta fin de año. El entendimiento llega tras 10 días de huelga en la isla, que puso en jaque a más de 8 mil puestos de trabajo.

La UOM y AFARTE lograron un acuerdo que establece la suspensión de despidos sin causa hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que significa un alivio para los trabajadores del sector. Además, se conformará una mesa de diálogo para buscar herramientas que mejoren la competitividad del sector y garanticen la continuidad de la actividad productiva.

La directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman, destacó la promesa de las empresas en el acuerdo, afirmando que «asumimos este compromiso para no realizar despidos y, al mismo tiempo, redoblamos los esfuerzos para encontrar caminos que nos permitan mantener la sustentabilidad de la industria y ganar competitividad». La UOM, por su parte, remarcó que «la lucha continúa» y que la mesa de diálogo será fundamental para garantizar la protección de los puestos de trabajo.

Análisis y perspectivas

El acuerdo alcanzado entre la UOM y AFARTE es un paso importante para proteger los puestos de trabajo en el sector de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos significativos en un contexto de creciente competencia global y cambios en la política arancelaria.

La mesa de diálogo que se conformará entre las partes será fundamental para encontrar soluciones sostenibles que permitan a la industria electrónica fueguina mantener su competitividad y proteger los puestos de trabajo del sector. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, destacó la importancia de la colaboración entre las partes para garantizar la continuidad de la actividad productiva y la protección de los puestos de trabajo.