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El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado lanzó nuevos procedimientos para la elección de delegados y el pedido de tutelas sindicales, que se traducirá en un fuerte golpe a la representación gremial en ministerios y organismos. La medida es una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del ministerio de Desregulación establece los métodos para el registro de delegados y de los juicios con tutela sindical. La normativa crea un «Registro Centralizado de Delegados Gremiales» y otro de «Juicios en los que se invoque Tutela Gremial», lo que configura un mayor control del Estado sobre la elección de delegados y la representación sindical.

La medida impone restricciones significativas a la representación sindical, como la exigencia de acreditar al menos un 10% de afiliación respecto a la dotación de la jurisdicción u organismo para que las elecciones de delegados sean válidas. Además, el Estado evaluará si los candidatos a delegados cumplen con los requisitos de la Ley 23.551 y podrá rechazar su inscripción y protección sindical si considera que exceden cupos o incumplen condiciones.

Consecuencias y reacciones

La medida generará tensión entre los propios gremios y al interior de cada organización que deberá buscar la forma de contener a los delegados que quedarán sin cargo a partir de los nuevos requisitos. También producirá sacudones entre los sindicatos en relación con la representación con la que contará cada uno en las negociaciones o discusiones con las autoridades ministeriales o de organismo. Habrá ganadores y perdedores en el peso de las conversaciones con el Gobierno.

Argumentos del Gobierno

Según señalaron, la norma intenta ordenar y actualizar la información sobre la representación sindical y los litigios vinculados a la tutela sindical, cumpliendo estándares de pluralidad y proporcionalidad sindical y respetando la representación femenina según lo regula la Ley 25.674. Sin embargo, la medida es vista como una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 es un claro ejemplo de la política del Gobierno de limitar la representación sindical y la capacidad de negociación de los trabajadores. La medida generará un nuevo foco de conflicto con los sindicatos y puede tener graves consecuencias para la democracia laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores. Es importante que los sindicatos y los trabajadores se unan para defender sus derechos y luchar contra esta medida.

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Protestas en INTI, INTA y Vialidad: trabajadores en la calle contra los decretos del Gobierno

Los trabajadores estatales protagonizaron una jornada de protesta frente a los organismos alcanzados por los decretos 461 y 462/2025, que incluyen el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y distintas asambleas multisectoriales impulsaron ruidazos, movilizaciones y actos en distintos puntos del país.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei generaron un amplio rechazo en el sector público y en la sociedad en general. La medida implica un cambio profundo en el manejo de los fondos y la estructura de los organismos afectados, lo que podría tener graves consecuencias para el desarrollo científico, productivo y tecnológico del país. Los trabajadores del INTI, INTA y Vialidad Nacional denunciaron recortes, pérdida de funciones y despidos, y advirtieron que la nueva estructura «pone en jaque» al organismo y limita sus funciones.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata y contundente. La ATE y las asambleas multisectoriales organizaron protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar al Gobierno para que revea sus decisiones. Los trabajadores denunciaron que los decretos «se traducen en un daño social irreparable y sin precedentes en la democracia» y cuestionaron el uso de las facultades delegadas del Ejecutivo.

El impacto en los organismos

La disolución de Vialidad Nacional y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial podrían tener graves consecuencias para el país. La gestión de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales quedaría a cargo de Gendarmería, lo que podría comprometer la seguridad vial y la calidad de las rutas. Además, la pérdida de autarquía de los organismos podría afectar la calidad de los productos y servicios que brindan.

La posición del Gobierno

El Gobierno defiende los decretos argumentando que son necesarios para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, los trabajadores y los expertos han cuestionado la falta de debate y consulta en la implementación de estas medidas. La situación sigue siendo tensa y se espera que las protestas y movilizaciones continúen en los próximos días.

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Graciela Aleñá: «El Gobierno prioriza la rentabilidad sobre la seguridad vial»

La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, criticó duramente la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y acusó a Javier Milei y Federico Sturzenegger de generar «Rutas Nacionales de la Muerte». Según Aleñá, esta medida es un claro ejemplo de la ideología del gobierno de achicar el Estado y beneficiar a los privados.

La disolución de Vialidad Nacional es una decisión que ha generado gran controversia y preocupación en el sector vial y en la sociedad en general. Según Aleñá, esta medida es un golpe a la infraestructura vial y la seguridad, ya que la DNV es un organismo clave para el mantenimiento y la planificación de las rutas nacionales. La dirigente sindical afirmó que la decisión del Gobierno de Javier Milei es ideológica y busca beneficiar a los privados, y que la misma va a generar un aumento en la inseguridad vial y un deterioro en la calidad de las rutas.

La importancia de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional es un organismo que tiene una presencia territorial real en todo el país y que soluciona problemas en las rutas diariamente. Según Aleñá, la DNV tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial, y su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento en las obras públicas. La sindicalista destacó que la DNV no solo se encargaba del mantenimiento de las rutas, sino que también tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas.

El cierre de Vialidad Nacional va a generar un impacto negativo en la infraestructura vial del país. Según Aleñá, la medida va a dejar sin mantenimiento ni cobertura a más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales, lo que va a aumentar el riesgo de accidentes y va a afectar la economía local y el empleo público. La referente de los trabajadores viales afirmó que la decisión del Ejecutivo es un golpe a la conectividad federal y que va a beneficiar solo a los privados que van a lucrar con las rutas.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno justificó la disolución de Vialidad Nacional argumentando que el organismo tiene una estructura compleja y onerosa que no se ajusta a las necesidades actuales de gestión. Sin embargo, Aleñá desmintió esta afirmación y afirmó que la DNV tiene una presencia territorial real y que soluciona problemas en las rutas diariamente. La dirigente sindical destacó que la decisión del Gobierno es ideológica y que busca beneficiar a los privados.

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Los gremios del transporte y de Vialidad Nacional en defensa del organismo

Los gremios de Vialidad Nacional y del transporte rechazaron la medida del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y advirtieron sobre el impacto que tendrá en la tasa de accidentes en las rutas nacionales. La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) convocó a una asamblea para definir las acciones a seguir en defensa del organismo.

La disolución de Vialidad Nacional es una medida que causó un amplio rechazo en el sector vial y del transporte. Los gremios que forman parte del organismo manifestaron su preocupación por el futuro de los puestos de trabajo y por el estado de las rutas nacionales, que podrían sufrir un deterioro significativo debido a la falta de inversiones. La secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, calificó la medida como una «decisión profundamente ideológica» que se enmarca en la política de achicamiento del Estado del gobierno actual.

Tras el anuncio, la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), y otros gremios con representación en Vialidad, como ATE, convocaron a una asamblea general para mañana a las 10 de la mañana. La cita será en la sede central de Vialidad Nacional, bajo la consigna «¡A seguir luchando en defensa de VIALIDAD NACIONAL!». Se espera que durante esta asamblea se definan las próximas acciones a seguir por parte de los trabajadores, quienes se declararon en estado de alerta y movilización.

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