La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, criticó duramente la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y acusó a Javier Milei y Federico Sturzenegger de generar «Rutas Nacionales de la Muerte». Según Aleñá, esta medida es un claro ejemplo de la ideología del gobierno de achicar el Estado y beneficiar a los privados.

La disolución de Vialidad Nacional es una decisión que ha generado gran controversia y preocupación en el sector vial y en la sociedad en general. Según Aleñá, esta medida es un golpe a la infraestructura vial y la seguridad, ya que la DNV es un organismo clave para el mantenimiento y la planificación de las rutas nacionales. La dirigente sindical afirmó que la decisión del Gobierno de Javier Milei es ideológica y busca beneficiar a los privados, y que la misma va a generar un aumento en la inseguridad vial y un deterioro en la calidad de las rutas.

La importancia de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional es un organismo que tiene una presencia territorial real en todo el país y que soluciona problemas en las rutas diariamente. Según Aleñá, la DNV tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial, y su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento en las obras públicas. La sindicalista destacó que la DNV no solo se encargaba del mantenimiento de las rutas, sino que también tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas.

El cierre de Vialidad Nacional va a generar un impacto negativo en la infraestructura vial del país. Según Aleñá, la medida va a dejar sin mantenimiento ni cobertura a más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales, lo que va a aumentar el riesgo de accidentes y va a afectar la economía local y el empleo público. La referente de los trabajadores viales afirmó que la decisión del Ejecutivo es un golpe a la conectividad federal y que va a beneficiar solo a los privados que van a lucrar con las rutas.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno justificó la disolución de Vialidad Nacional argumentando que el organismo tiene una estructura compleja y onerosa que no se ajusta a las necesidades actuales de gestión. Sin embargo, Aleñá desmintió esta afirmación y afirmó que la DNV tiene una presencia territorial real y que soluciona problemas en las rutas diariamente. La dirigente sindical destacó que la decisión del Gobierno es ideológica y que busca beneficiar a los privados.

El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida, dispuesta por el presidente Javier Milei, busca reorganizar la política vial y dar apertura a la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre su impacto en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios.

Análisis de la medida

La disolución de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial es una medida que busca reducir la intervención estatal en la política vial y promover la participación del sector privado. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias negativas en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios. La falta de inversión en la conservación y mantenimiento de las rutas puede generar un deterioro en la calidad de las mismas, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes y reducir la eficiencia del transporte.

La reorganización de la CNRT

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva agencia será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Sin embargo, no está claro cómo se garantizará la independencia y la transparencia en la toma de decisiones de esta nueva agencia.

La licitación de rutas

El Gobierno también anunció que dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, pero no está claro como seleccionará a los concesionarios. La falta de transparencia y la posibilidad de que se priorice la rentabilidad sobre la calidad del servicio pueden generar problemas en la prestación del servicio.

El Ministerio de Desregulación prepara una profunda reforma que termine con la autarquía de varias dependencias, que quedarán bajo la órbita de Economía. Los trabajadores de Vialidad Nacional rechazaron la posibilidad de cierre por decreto del organismo, mientras que se especula que la mayoría de las medidas se vuelvan realidad mediante decretos antes del vencimiento de las facultades delegadas.

La gestión libertaria apura un nuevo proceso de desguace del Estado nacional, con el objetivo de configurar un nuevo organigrama público con una fuerte retracción. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, trabaja contrarreloj para implementar las medidas antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas que permiten este tipo de medidas.

Se espera que el gobierno avance con el cierre o la transformación de muchas dependencias, incluyendo Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, que podrían quedar bajo la órbita de la Secretaría de Producción o Agricultura. Esto generaría despidos masivos, que se sumarían a los más de 52 mil producidos desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Los gremios advierten que los cambios generarán despidos masivos, especialmente en áreas como Recursos Humanos y Sistemas, que podrían ser absorbidas por otras entidades. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron una medida de fuerza, que fue levantada luego de que las autoridades llamaran a una mesa de discusión.

El balance realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estableció que desde que Milei llegó a la Casa Rosada hasta mayo de 2025, la dotación de personal del Estado nacional se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2%.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S. E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones. En términos proporcionales, “el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80  por ciento del personal”. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.