El Ministerio de Desregulación prepara una profunda reforma que termine con la autarquía de varias dependencias, que quedarán bajo la órbita de Economía. Los trabajadores de Vialidad Nacional rechazaron la posibilidad de cierre por decreto del organismo, mientras que se especula que la mayoría de las medidas se vuelvan realidad mediante decretos antes del vencimiento de las facultades delegadas.

La gestión libertaria apura un nuevo proceso de desguace del Estado nacional, con el objetivo de configurar un nuevo organigrama público con una fuerte retracción. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, trabaja contrarreloj para implementar las medidas antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas que permiten este tipo de medidas.

Se espera que el gobierno avance con el cierre o la transformación de muchas dependencias, incluyendo Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, que podrían quedar bajo la órbita de la Secretaría de Producción o Agricultura. Esto generaría despidos masivos, que se sumarían a los más de 52 mil producidos desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Los gremios advierten que los cambios generarán despidos masivos, especialmente en áreas como Recursos Humanos y Sistemas, que podrían ser absorbidas por otras entidades. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron una medida de fuerza, que fue levantada luego de que las autoridades llamaran a una mesa de discusión.

El balance realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estableció que desde que Milei llegó a la Casa Rosada hasta mayo de 2025, la dotación de personal del Estado nacional se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2%.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S. E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones. En términos proporcionales, “el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80  por ciento del personal”. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.

La situación de los jubilados en Argentina es alarmante. Según el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, el reajuste de julio fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono recibieron apenas un 0,8%. Esto significa que el aumento real fue de apenas $4.000, que no alcanza ni para un café. Semino fue contundente al describir lo que padecen los jubilados a diario: «Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa».

Deterioro del poder adquisitivo

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos frente a la inflación, según cifras del INDEC. Durante 2024, la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas un 105%. La pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013, lo que agrava la situación de los jubilados.

Frente a este panorama, Semino exigió una asistencia estatal urgente: «El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia». La situación es grave y los jubilados no solo sufren, sino que también se mueren. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores.

Un fallo judicial suspendió provisionalmente el Decreto 149/2025 del Gobierno de Javier Milei que limitaba los aportes obligatorios de empleadores para financiar la capacitación de los empleados de comercio. La medida cautelar garantiza que el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) continúe recibiendo los fondos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 45 dictó una medida cautelar que suspende provisionalmente el Decreto 149/2025, que había establecido que las convenciones colectivas no podían imponer contribuciones obligatorias a empleadores no asociados a cámaras o asociaciones, salvo aceptación voluntaria. Esta limitación afectaba directamente al INACAP, creado en 2008 para financiar la formación del personal mercantil mediante aportes obligatorios del CCT 130/75.

El INACAP es un instituto estratégico que promueve la capacitación y formación de trabajadores y empleadores del sector comercial. Se financia principalmente a través de una contribución patronal mensual obligatoria, a cargo de los empleadores comprendidos en el convenio de Empleados de Comercio. Los fondos recaudados son administrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El fallo judicial

El tribunal encontró fundamentos suficientes para la cautelar: una posible contradicción entre el decreto y el CCT 130/75, y el peligro de desfinanciación inminente del INACAP, que podría afectar el derecho a la capacitación de los trabajadores. El fallo, entonces, suspende el decreto hasta que se resuelva el fondo del asunto, garantizando que los empleadores comprendidos en el CCT 130/75 continúen realizando los aportes mensuales al INACAP.