El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, con el objetivo de asegurar que los funcionarios estén debidamente cualificados para cumplir con las tareas propias de su cargo. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional.

Esta Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo podrán contratar o renovar contratos al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que garantice la eficiencia y la eficacia en la administración pública.

El examen que se implementó desde el año pasado, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la utilidad de la medida y argumenta que se gastaron recursos públicos innecesarios en pruebas de desempeño que no tienen sentido. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es necesaria para asegurar que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.

Según el relevamiento de ATE, más de 41.500 trabajadores rindieron el examen, y la cifra de aprobados se elevó al 98%. Esto significa que un pequeño porcentaje de empleados públicos serán desvinculados de sus cargos.

La disposición del Gobierno nacional se enmarca en su objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, también genera preocupación sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y la posible pérdida de talento en la administración pública.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los datos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para abril de 2025. Los números revelan que una familia necesitó $1.110.063 para no ser pobre, mientras que una persona adulta requirió $359.244.

La CBT, que incluye alimentos, indumentaria, salud, transporte y educación, registró una suba del 0,9% en abril, lo que significa que una familia necesitó $1.110.063 para no caer en la pobreza. Por su parte, la CBA, que solo considera los alimentos necesarios para comer, aumentó un 1,3% en abril, lo que implica que una familia tipo requirió $502.291 para no ser indigente.

Los datos del Indec también revelan que la inflación en abril alcanzó el 2,8%, lo que sigue presionando sobre los ingresos de las familias y personas. La CBT acumula un aumento del 8,4% en lo que va del año, mientras que la CBA registra un incremento del 11,8%.

Estos números son un llamado de atención sobre la situación económica que atraviesan las familias y personas en Argentina, y se destaca la importancia de políticas públicas que apunten a reducir la pobreza y la indigencia.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica en San Juan, Martín Solazzo, expuso la compleja situación del sector en medio de una disputa salarial estancada. Denunció falta de voluntad empresaria, intervención del gobierno y una pérdida acumulada del poder adquisitivo que golpea de lleno a los trabajadores.

En una entrevista reciente, Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la provincia de San Juan, compartió detalles sobre la tensa y prolongada negociación paritaria que atraviesa el sector.

Durante la jornada de este martes se desarrolló una reunión entre el gremio a nivel nacional y las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo, donde, según el dirigente, no se logró avanzar en ninguna dirección.

«Ambas partes sostuvieron sus posturas. Desde la UOM seguimos exigiendo una recomposición real del salario perdido, mientras que las empresas insisten con una propuesta que consideramos irrisoria», manifestó el Solazzo. La oferta empresarial consiste en un aumento del 2% en abril, 1% en mayo y otro 1% en junio, porcentajes que calificó como “totalmente insuficientes” frente al impacto de la inflación.

El sindicalista detalló que durante la última paritaria se perdió casi un 6% del poder adquisitivo y que ni siquiera se ha discutido aún una propuesta sólida hacia adelante. «Primero queremos que se reconozca y compense lo perdido, y luego avanzar en una nueva negociación», remarcó.

El malestar crece en la base trabajadora

Según el titular de la UOM, los trabajadores metalúrgicos sanjuaninos aún no han percibido un aumento salarial correspondiente a abril y continúan cobrando con valores de marzo. Esto ha generado un malestar generalizado entre los empleados, en un contexto donde la suba del costo de vida no da tregua.

«Es entendible la bronca de los compañeros. Seguimos estancados con salarios bajos, sin respuestas claras y con un gobierno nocional que, lejos de mediar, parece colaborar con el sector empresarial para dilatar todo», enfatizó Solazo. Además, denunció la existencia de “trabas constantes” y maniobras desde el gobierno para evitar homologar cualquier mejora que pudiera surgir, incluso si hay acuerdo entre las partes.

Esta actitud, aseguró, empuja a la organización a considerar medidas de fuerza. “Nos están dejando sin alternativas. La protesta en la calle podría volverse inevitable porque el reclamo es justo y urgente», advirtió.

El conflicto en el sector siderúrgico: un año sin mejoras

Una de las situaciones más críticas se da en el ámbito siderúrgico, donde, según el gremialista, los trabajadores llevan diez meses sin acuerdo en los salarios. “Tienen prácticamente congelado el sueldo desde hace un año. Es insostenible», afirmó.

Solazo denunció la concentración del poder económico y político en este sector, acusando directamente al empresario Paolo Rocca, titular del Grupo Techint. «Estamos frente a un monopolio que impone condiciones. Tiene gente de su equipo en la Secretaría de Trabajo y eso bloquea cualquier posibilidad de avance», señaló con dureza.

La falta de negociación, el freno a las manifestaciones gremiales y la presión del grupo empresario configuran, según Solazo, un escenario extremadamente complejo para la representación sindical. “Nos sentimos atados de manos. Este poder económico maneja la agenda laboral y condiciona al gobierno», sostuvo.

El sindicalista informó que este jueves se llevará a cabo una nueva reunión entre el gremio y la cámara empresarial del sector siderúrgico. Aunque las expectativas son cautas, desde la UOM insisten en la necesidad de respuestas concretas y urgentes.

«Vamos a seguir defendiendo el salario de los compañeros. No pedimos privilegios, exigimos lo que corresponde para vivir con dignidad», concluyó Solazo.

El conflicto entre la UOM y las cámaras empresarias refleja una problemática que se repite en distintos sectores del país: salarios desactualizados, pérdida del poder adquisitivo y negociaciones estancadas. En este caso, la situación se agrava por la injerencia del poder económico y la falta de respuestas del gobierno, lo que pone en jaque la estabilidad de miles de trabajadores metalúrgicos que hoy luchan por una recomposición urgente y justa.