En un paso clave hacia la reforma laboral, el Gobierno nacional lanzó un proceso de consulta pública para implementar los «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral» (PICs), que podrían reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. La medida genera un gran impacto y preocupación en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales.

La Resolución General 1066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) formaliza la implementación de los PICs, que funcionarían como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones. Estos instrumentos financieros se basan en el Decreto N° 847/2024, que sienta las bases para el Sistema de Cese Laboral.

Los PICs podrán adoptar dos formas jurídicas: Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). En ambos casos, deberán incluir la expresión «Cese Laboral» en su denominación y estarán sometidos a estrictos requisitos de funcionamiento. Entre ellos, se establece que no podrán invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes y que los fondos estarán exclusivamente destinados a cubrir situaciones de finalización del vínculo laboral, independientemente de la causa.

La implementación de los PICs podría ser un paso hacia la eliminación efectiva de la indemnización por antigüedad, uno de los pilares históricos de la protección del trabajador en Argentina. La medida ha generado alerta en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales. El impacto de esta reforma, de avanzar, podría modificar profundamente las relaciones laborales y las dinámicas de desvinculación en el país.

La eliminación de las indemnizaciones podría dejar a los trabajadores más expuestos ante decisiones empresariales unilaterales. La falta de protección laboral podría generar incertidumbre y miedo en el lugar de trabajo, lo que podría afectar negativamente la productividad y la calidad del trabajo.

Participación ciudadana:

El Gobierno ha optado por un proceso de «Elaboración Participativa de Normas» para recibir opiniones de ciudadanos, empresas, sindicatos y otros actores del mercado. Las presentaciones pueden realizarse durante quince días hábiles a través del sitio oficial de la CNV. Sin embargo, es importante cuestionar si este proceso de consulta pública es suficiente para garantizar que las voces de los trabajadores sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Jaime Barcelona, representante de Adicus, expresó su preocupación por el congelamiento de las negociaciones salariales en el ámbito universitario. Denunció que el gobierno impone aumentos del 1% sin discusión y anunció nuevas medidas de fuerza para el 14, 19 y 20 de mayo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, referente de Adicus, confirmó que el conflicto docente en el ámbito universitario continúa profundizándose. Sin respuestas por parte del gobierno nacional, el gremio resolvió convocar a una jornada de lucha el 14 de mayo y un paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de mayo, con suspensión total de actividades.

“La administración de Javier Milei sigue sin convocar a paritarias y pretende imponer aumentos del 1,3% y luego del 1%, sin ningún tipo de discusión. Por eso la única salida que nos dejan es la protesta organizada”, explicó Barcelona.

Retraso salarial histórico

El dirigente denunció una pérdida salarial significativa desde el inicio de la actual gestión. “En lo que va del gobierno nacional, la inflación superó el 200%, mientras que los aumentos salariales en el sector apenas alcanzaron el 120%. Es decir, los docentes universitarios perdimos más del 70% de nuestro poder adquisitivo”, sostuvo con preocupación.

Barcelona también se refirió a los trascendidos sobre la decisión oficial de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1%: “Es muy grave. Esto es parte de un ajuste profundo. La plata no alcanza, y en lugar de buscar consensos, profundizan la desigualdad con bonos y aumentos en negro. Eso no es salario real”.

El enojo crece entre los docentes, y la situación genera un clima de tensión en las universidades de todo el país. Desde Adicus, instan a mantener la unidad y continuar con las medidas para visibilizar la problemática. “Si no hay respuestas, no habrá clases. Es así de simple. Esta lucha no es sólo por salario, es por el futuro de la universidad pública”, concluyó Barcelona.

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) declaró el estado de alerta en todo el país y comenzó a realizar asambleas en los lugares de trabajo tras rechazar la intromisión del gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres. La medida se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo no homologara el último acuerdo salarial firmado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) establece un aumento acumulativo del 5,4% para el trimestre abril-junio, distribuido en tres tramos. El salario básico con presentismo trepará a $1.123.000. Además, se pactaron sumas fijas que se incorporarán al básico a partir de julio.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no homologó el acuerdo, lo que generó la reacción del sindicato. «Nos quieren meter la mano en la negociación colectiva y eso no lo vamos a permitir», lanzó un delegado durante la asamblea encabezada por el histórico líder Armando Cavalieri.

El sindicato enfatizó que el acuerdo está vigente y que no aceptarán que no se respeten los derechos de los trabajadores. «Este convenio está vigente. No vamos a aceptar que no se respeten los derechos de los trabajadores», subrayaron fuentes sindicales.

La no homologación del pacto salarial amenaza con impactar de lleno en los bolsillos de los trabajadores, en un contexto en el que la inflación sigue presionando fuerte sobre los salarios. El gremio continuará en estado de alerta y no descarta endurecer las medidas si no se destraba la situación.