
Conflicto en pausa: la calma tensa entre el Gobierno y la UTA tras el paro de colectivos
Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.
La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.
El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.
Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.
Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.
El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.
No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.
El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.
El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.
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Trabajadores del transporte y organizaciones sociales marchan contra el gobierno

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizará una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado el miércoles 25 de junio, en respuesta al plan del gobierno y en defensa de los derechos laborales. La marcha es una reacción general del área del transporte y cuenta con el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, convocó a una movilización multisectorial hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. La marcha, programada para el miércoles 25 de junio, es una respuesta contundente al plan del gobierno y busca defender los derechos laborales y la soberanía.
La CATT ha unido fuerzas con otros sindicatos y organizaciones sociales para formar el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos. Este frente multisectorial busca dar una respuesta colectiva a las políticas del gobierno nacional que afectan a los trabajadores y a la economía popular. Entre los sindicatos y organizaciones convocantes se encuentran la Federación Marítima Portuaria de la República Argentina (FeMPINRA), la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), La Fraternidad, la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (ATE-PBA), la CTA Capital, la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios eléctricos y Afines (FATIDA), la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros.
Repudio al DNU 340/25
La CATT repudió explícitamente el DNU 340/25, que busca enmarcar judicialmente la nulidad del derecho a huelga. Esta medida es vista como un ataque a los derechos laborales y sindicales, y que ha causado un amplio rechazo en el sector del transporte y otras actividades laborales.
La movilización del 25 de junio es un llamado a la acción para todos los trabajadores y organizaciones sociales que se sienten afectados por las políticas del gobierno. La CATT y el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos buscan dar una respuesta colectiva y contundente a las políticas que afectan tanto a los trabajadores como así también a la economía popular.
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La lucha global por los derechos laborales en la era digital

Organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña global para exigir garantías laborales para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales, en el marco de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. La iniciativa busca frenar la precarización estructural que enfrentan millones de personas repartidoras y conductoras en todo el mundo.
La economía de plataformas ha revolucionado la forma en que trabajamos y nos relacionamos con el mercado laboral. Sin embargo, detrás de la promesa de flexibilidad y autonomía, se esconde una realidad de precarización y desprotección para millones de trabajadores en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca visibilizar esta problemática y exigir cambios estructurales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas.
La precarización laboral en la era digital
Los algoritmos de las aplicaciones definen turnos, ingresos y sanciones, sin transparencia ni participación de las personas afectadas. A pesar de la promesa de flexibilidad, en la práctica los trabajadores carecen de estabilidad, protección social y derechos básicos. Las empresas son las mayores beneficiarias de este modelo de negocio, que les permite externalizar costos y maximizar ganancias a costa de la desprotección de los trabajadores.
La lucha por la regulación
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel fundamental en la regulación de los derechos laborales en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca presionar a la OIT para que establezca normas internacionales que garanticen derechos laborales en el entorno digital. La aprobación de un instrumento normativo vinculante que regule estas tecnologías del trabajo es imprescindible para garantizar la transparencia en el uso de los datos y proteger los derechos de los trabajadores.
La situación en América Latina
En América Latina, también hay intentos por legislar sobre el trabajo en plataformas. Sin embargo, aún quedan desafíos como el uso de datos, los seguros, la libertad de asociación y la gestión algorítmica. La región necesita una regulación efectiva que proteja los derechos de los trabajadores y garantice condiciones laborales justas.
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La pobreza y la desigualdad se agravan en Argentina debido a la informalidad laboral

La tasa de informalidad laboral en Argentina sigue aumentando, con un crecimiento del 78% en la participación de la recuperación del empleo total desde la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro.
El trabajo en negro es un fenómeno persistente y complejo que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. En Argentina, la situación es particularmente grave, con una alta tasa de informalidad que afecta tanto a adolescentes como a mujeres, exacerbando las desigualdades de género y generacionales en el mercado laboral.
El crecimiento de la informalidad
Según datos del Indec, en los últimos cuatro años se han generado 568.000 empleos informales, en comparación con 363.000 formales registrados en el sector privado. Esto significa que por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro. El sector con mayor informalidad laboral es el servicio doméstico, con más de un millón de personas trabajando sin aportes al sistema previsional.
Sectores más afectados
La industria agrícola y la construcción también presentan altas tasas de informalidad laboral. En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a los beneficios de un empleo formal. En la construcción, el 58,4% de los empleados están en la informalidad.
La recesión económica
La economía argentina ha experimentado una recesión significativa, lo que ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. La caída del 5,1% en el Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre de 2024 ha llevado a un aumento del desempleo y la precarización laboral.
La pobreza y la desigualdad
El 34,9% de los trabajadores en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos años. La situación ha empeorado significativamente en el último semestre, con una caída de casi un 40% en los ingresos promedio de los ocupados desde 2017.
La informalidad laboral en Argentina es un flagelo que crece sin cesar, perpetuando las desigualdades socioeconómicas y afectando a un amplio sector de la población. Es fundamental que se implementen políticas activas de empleo, formación profesional y coordinación con políticas sectoriales para abordar esta problemática y proteger los derechos de los trabajadores.
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