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Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.

La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.

El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.

Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.

Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.

El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.

No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.

El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.

El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.

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La CGT en busca de una nueva conducción: unicato o triunvirato

En un encuentro histórico y simbólico, la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió cerca de 150 organizaciones gremiales en su predio de Ezeiza para proyectar unidad de cara a la renovación de autoridades. La jornada contó con la presencia de dirigentes históricos y jóvenes, así como representantes de diversas facciones sindicales.

La CGT celebró la cita «preconfederal» este miércoles 27 de agosto de 2025, en el que participaron más de un centenar de organizaciones gremiales. El evento, que se llevó a cabo en el predio de la CGT en Ezeiza del Sindicato de Empleados Textiles (SETIA), tuvo como objetivo principal proyectar unidad de cara a la renovación de autoridades cegetistas.

La convocatoria contó con la presencia de dirigentes históricos como Hugo Moyano, Antonio Caló, Gerardo Martínez, Héctor Daer, Omar Plaini, Juan Carlos Schmid y Hugo Benítez (AOT), cuya experiencia institucional sumó peso a la reunión. También estuvieron presentes las generaciones más jóvenes, con figuras como Jorge Sola, Juan Pablo Brey y Cristian Jerónimo, junto a destacadas compañeras como Maia Wolcovinsky, Graciela Aleña y Laura Lorenzo (SMATA), quienes aportaron la perspectiva de género al debate.

El encuentro destacó la unidad y articulación entre el sindicalismo, las organizaciones sociales y el Estado provincial. Participaron Alejandro Gramajo (UTEP) y Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, lo que subraya la importancia de la colaboración entre las diferentes partes. El ala kirchnerista también estuvo representada con Víctor Santa María (SUTERH), Horacio Arreceygor (SATSAID) y Pablo Biró (APLA).

La masiva convocatoria en Ezeiza fue, en los hechos, la antesala del proceso electoral que se activa ahora. Este jueves se reunirá el Consejo Directivo de la CGT para definir la fecha de renovación de autoridades y comenzar a construir consensos en torno a la futura conducción.

El desafío es claro: renovar sin fracturar. Por un lado, los gremios dialoguistas promueven la continuidad del esquema de triunvirato, pero con una fuerte oxigenación de nombres. Tanto Héctor Daer como Carlos Acuña ya adelantaron que no buscarán otro mandato, mientras que Pablo Moyano renunció y Octavio Argüello no tendría chances de continuidad.

Los nombres que suenan para encabezar esta renovación son Cristian Jerónimo (vidrio), Jorge Sola (seguros) y Maia Wolcovinsky (judiciales). Aunque podría haber variantes, en los pasillos de Azopardo circula la idea de que la próxima conducción reflejará un perfil de recambio generacional.

Unicato o triunvirato: las tensiones internas

Si bien la idea del triunvirato parece contar con mayorías dentro de la CGT, no todos los sectores están convencidos. Algunos gremios sostienen que este esquema garantizó la unidad formal, pero debilitó la capacidad de acción política de la central.

En ese marco, surgió un sector alternativo que impulsa la conformación de un unicato con perfil opositor al Gobierno Nacional. Allí confluyen gremios de la industria y del transporte, con el objetivo de dotar a la CGT de una conducción de lucha”.

El nombre que más fuerte resuena en esa línea es el del metalúrgico Abel Furlán (UOM), aunque también circulan otras alternativas.

Unidad en la diversidad

Más allá de las tensiones, el encuentro en Ezeiza dejó una señal potente: el sindicalismo argentino busca sostener un frente unido, consciente de que la fragmentación debilita su capacidad de incidencia en un contexto económico y político complejo.

La presencia conjunta de históricos dirigentes, jóvenes referentes, mujeres sindicalistas, sectores dialoguistas y sectores combativos, sumada a la articulación con organizaciones sociales y al respaldo de sectores políticos, mostró la dimensión del desafío que enfrenta la central: renovar su conducción sin perder cohesión interna.

La reunión del Consejo Directivo de este jueves en Azopardo será decisiva para empezar a delinear ese futuro inmediato.

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Judiciales nacionales confirmó un nuevo paro ante la pérdida del poder adquisitivo

El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales suma un nuevo capítulo. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ratificó un paro para el próximo 29 de agosto, en el marco de un reclamo que, según sus representantes, ya acumula más de un año de desgaste y pérdida sostenida frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Alfredo Collado, referente de la UEJN en San Juan, explicó que el poder adquisitivo de los judiciales nacionales se encuentra hoy un 30% por debajo de lo necesario para recuperar el nivel salarial previo al actual ciclo económico. “Defendemos el salario porque es lo que sostiene a nuestras familias y nos permite vivir con dignidad. Hoy está diezmado, mientras vemos beneficios fiscales para grandes fortunas y aumentos constantes en servicios básicos que golpean a los trabajadores”, señaló.

Si bien en julio se oficializó un aumento del 1,9%, que coincide con la inflación de ese mes, el dirigente subrayó que la mejora es insuficiente: “Con este ajuste seguimos perdiendo un 29% acumulado. Es un déficit muy grande, que no se corrige con incrementos tan bajos y espaciados”.

La medida del 29 de agosto incluirá asambleas en todo el país. En la región de Cuyo, los judiciales se reunirán en Mendoza para definir los próximos pasos del plan de lucha. Además, en la semana previa habrá banderazos frente a las dependencias judiciales, coincidiendo con las reuniones de la Corte Suprema, donde el gremio reiterará su pedido de recomposición.

Collado describió las consecuencias cotidianas de la pérdida salarial: reducción del consumo de alimentos, servicios, transporte y actividades recreativas, además de casos más graves que afectan la salud y la calidad de vida. “Cuando hablan de bajar el consumo, lo plantean en términos macroeconómicos, pero en la realidad significa que una familia deja de comer lo que comía, que un chico deja de hacer deporte o que un jubilado no puede comprar sus medicamentos. Esto no puede naturalizarse”, advirtió.

En el plano sindical nacional, también se refirió al Congreso de la CGT previsto para el 5 de noviembre, donde se debatirá la estructura de conducción de la central obrera. Collado se mostró a favor de un triunvirato en lugar de un “unicato”, por considerarlo un modelo más democrático y representativo. “Son tiempos que exigen renovación y reconfiguración en la CGT. Me alegra que los trabajadores se reúnan para definir estrategias y fortalecer la unidad”, afirmó.

La situación de los judiciales se enmarca en un contexto nacional de reclamos transversales por salarios que no acompañan la inflación y condiciones de vida cada vez más complejas. El paro de fin de mes será una nueva muestra de la tensión creciente entre el sector y las autoridades, en una pulseada que, de momento, no encuentra soluciones concretas.

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Remiseros lanzan un sistema de denuncias online contra aplicaciones ilegales

La Federación Argentina de Remises (FAREM) lanzó un sistema online de denuncias para pasajeros y choferes que utilizan aplicaciones y agencias ilegales. La iniciativa busca dar respuesta a la creciente problemática de la falta de control y los riesgos de seguridad que enfrentan los usuarios.

Según el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, el objetivo es «recibir denuncias y avanzar en las presentaciones para acompañar a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales».

La falta de control y regulación de las aplicaciones ilegales ha generado una serie de problemas para los pasajeros y choferes. Poli destacó que «se dan casos en que las apps no tienen control sobre los vehículos, sobre los choferes que no tienen documentación, pero la problemática más grande es que hay vehículos que no tienen papeles, conductores con identidad robada y lo peor de la historia se lo llevan los pasajeros porque terminan siendo víctimas de delincuentes».

La FAREM ofrece acompañamiento jurídico a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales. Poli explicó que «el sistema de denuncias va a permitir a los vecinos tener un canal de denuncias para ser acompañados por el departamento jurídico que pone la federación, porque muchos sufren delitos y no tienen los recursos para denunciar».

En este sentido, la Federación Argentina de Remises critica la falta de respuestas oficiales ante la problemática de las aplicaciones ilegales, advirtiendo que «los intendentes están más preocupados en quedar bien con las aplicaciones ilegales y que los voten en las elecciones, que en llevar adelante un control de lo que está sucediendo».

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