La experiencia del Consejo de Mayo llega a su fin envuelta en tensiones, desconfianzas y un marcado desequilibrio institucional. Lo que el Gobierno había presentado como un espacio para articular consensos entre los actores centrales del sistema productivo —gobernadores, cámaras empresariales e industria— se disolvió antes de consolidarse como mesa tripartita. Las reiteradas filtraciones de los borradores sobre la reforma económica y laboral precipitaron la decisión presidencial: Javier Milei ordenó clausurar de manera definitiva el Consejo.

Según reveló el periodista David Cayol, la Casa Rosada había intentado blindar las discusiones mediante acuerdos de confidencialidad, exigencia resistida por una mayoría de los mandatarios provinciales. El Ejecutivo había logrado cierta adhesión en sectores del empresariado, pero los gobernadores rechazaron firmar cualquier compromiso que limitará su margen político. Las tensiones internas se tornaron inocultables y, para Milei, las filtraciones representaron una traición que justificó el cierre del ámbito.

Sin embargo, las causas de fondo exceden el enojo presidencial. La arquitectura jurídica de las reformas —incluida la laboral— no se diseñó en oficinas del Gobierno, sino en estudios privados vinculados directamente al empresario Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. La última versión de la Ley Bases ingresada al Congreso fue elaborada desde la terminal informática de uno de los abogados del propio industrial, un hecho que expone el peso decisivo del sector empresarial en la confección normativa.

En contraste, la representación sindical ocupó un asiento simbólico y acotado. Gerardo Martínez, enviado por la CGT, participó de las reuniones sin acceso real a los textos preliminares ni margen de incidencia en el contenido central de la reforma laboral. Aunque la Casa Rosada insiste en que el proyecto “no está escrito”, diversos borradores circulan hace semanas y sus lineamientos están prácticamente definidos. El virtual desplazamiento de las organizaciones de trabajadores de la discusión profundiza la crítica sindical: una reforma diseñada unilateralmente en clave empresarial.

Los gobernadores, mientras tanto, transitan su propio frente de conflicto: la disputa por los fondos de coparticipación. Esa tensión condiciona cualquier articulación futura con la Casa Rosada y plantea un escenario de imprevisibilidad política en la previa del debate legislativo. La disolución del Consejo plantea un interrogante crítico: ¿cómo reaccionarán las provincias en el Senado cuando deban posicionarse sobre una reforma que impacta directamente en las relaciones laborales y en la economía regional?

El borrador que analiza la CGT —aunque todavía sin confirmación oficial— incluye modificaciones sensibles: cambios en el régimen de indemnización, eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, desarticulación de mecanismos de actualización salarial, ampliación de la jornada laboral y otras reformas estructurales que la central obrera interpreta como un retroceso profundo en derechos adquiridos. La conducción sindical anticipó su rechazo y se prepara para un escenario de confrontación parlamentaria y callejera.

La última reunión del Consejo de Mayo pondrá fin a un experimento que nunca logró equilibrio ni representatividad plena. Con su cierre, el Gobierno enviará al Congreso un informe final que será transformado en proyecto de ley. A partir de entonces, el Parlamento se convertirá en el epicentro de un debate que ya divide al país: una reforma laboral impulsada desde el poder económico, resistida por el movimiento obrero y condicionada por la fragilidad política de los gobernadores.

El cierre anticipado del Consejo de Mayo desnuda una dinámica que tensiona la promesa de diálogo que el Gobierno intentó instalar. Mientras el empresariado influyó decisivamente en la redacción de las reformas, los sindicatos quedaron relegados y los gobernadores se movieron entre la desconfianza política y la disputa fiscal. Con el proyecto a punto de llegar al Congreso, el tablero se reconfigura: la reforma laboral dejará de ser una discusión reservada para convertirse en una pulseada abierta que pondrá a prueba alianzas, liderazgos y la capacidad real del oficialismo para articular mayorías. Lo que se define ahora no es solo un cambio normativo: es el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina durante las próximas décadas.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento del 1,3% que se aplicará en diciembre, completando la suba pactada en noviembre. Además, las trabajadoras que superen las 16 horas semanales cobrarán un bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre e enero. La medida beneficia a un sector altamente feminizado y con elevados niveles de informalidad.

La recomposición se suma al 1,4% ya otorgado este mes y conforma un aumento total del 2,7% para noviembre, decisión que llega tras un período sin variaciones desde septiembre, cuando culminó la ronda previa de aumentos.

El acuerdo se alcanzó en el marco del organismo tripartito —integrado por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo— encargado de definir periódicamente los haberes del sector. En esta oportunidad, la actualización impactará en más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, quienes arrastran una pérdida constante de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.

A la suba porcentual se suma un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que será abonado durante noviembre, diciembre y enero. El plus alcanza a quienes cumplen más de 16 horas semanales, con el objetivo de compensar el atraso acumulado luego de meses sin revisiones.

Este mecanismo ya había sido utilizado en el trimestre previo, cuando la paritaria definió un incremento del 6,5% entre julio y septiembre distribuido en distintas etapas. Ahora, el nuevo cierre paritario vuelve a introducir una corrección que intenta evitar un deterioro mayor en uno de los sectores más vulnerados del mercado laboral.

Escalas salariales proyectadas para diciembre

Tras la aplicación del aumento del 1,4% en noviembre, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió los valores vigentes, que permiten estimar los montos finales cuando se incorpore el 1,3% restante en diciembre:

Supervisores/as

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Tareas específicas (como cocina o funciones especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensuales

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensuales

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensuales

Tareas generales

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

Continúa vigente el adicional por antigüedad del 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, implementado desde septiembre de 2021. Además, quienes realizan tareas en zonas desfavorables —como las provincias patagónicas y el Partido de Patagones— perciben un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido para su categoría.

Respecto del Sueldo Anual Complementario (SAC), el pago se realiza en junio y diciembre, tomando como referencia el 50% del mejor salario del semestre. En los casos en que la relación laboral no alcance los seis meses, el cálculo se efectúa de forma proporcional.

La proximidad del recambio de diputados y senadores activó una serie de movimientos en la CGT, que busca robustecer un bloque legislativo para enfrentar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En esa estrategia, la conducción cegetista mantiene canales de diálogo con legisladores de origen sindical, gobernadores aliados y cámaras empresarias, con el objetivo de avanzar en una propuesta alternativa que contemple cambios graduales, integrales y compatibles con el nuevo escenario productivo.

En ese marco, comenzaron a circular versiones que indican que el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, ya acercó a la central obrera una serie de lineamientos trabajados en conjunto con mandatarios provinciales y representantes del sector privado. Fuentes de la CGT evitaron confirmar esos intercambios: “No vamos a discutir trascendidos”, señalaron, aunque reafirmaron su disposición a debatir reformas “siempre que sean progresivas y no impliquen resignar derechos”.

Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato cegetista, precisó que los gremios están “dispuestos a debatir y discutir cambios”, pero advirtió que el proceso debe darse “en el marco de un debate claro y de propuestas concretas y productivas” orientadas a promover empleo formal. La declaración surgió tras un encuentro en Azopardo con los diputados sindicales de Fuerza Patria —Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Hugo Yasky y Hugo Moyano (h.)— donde se definieron líneas de acción legislativa y se fortaleció la idea de una “postura en unidad”.

La CGT destacó que existe voluntad de construir alternativas que desmonten la narrativa oficial de “modernización laboral”, que según los gremios oculta un intento de desregulación profunda. Mientras el Gobierno promueve esquemas como “salarios dinámicos”, bancos de horas y ampliación de la jornada hasta 12 horas, desde las organizaciones sindicales alertan que ese modelo implica un retroceso histórico. “Es volver a la etapa del preperonismo, a la década infame”, sostuvo Yasky.

La central obrera trabaja en una propuesta que incorpore de manera realista los desafíos de la economía digital: plataformas, inteligencia artificial, robótica y nuevas modalidades de empleo. Diputados aliados como Siley y Yasky ya presentaron iniciativas vinculadas al teletrabajo, la reducción de la jornada y la regulación de trabajadores de plataformas. En esa misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy enfatizó el concepto de “transición justa”, que apunta a capacitar y reentrenar trabajadores para evitar que los cambios tecnológicos se traduzcan en exclusión.

El proyecto del massismo: cinco ejes para un cambio integral

Mientras se desarrolla la discusión en el plano gremial y legislativo, el Frente Renovador avanza en una propuesta laboral propia que busca diferenciarse tanto del proyecto oficial como de las iniciativas parciales presentadas en el Congreso.

La senadora bonaerense electa María Rosa Arata explicó que el espacio viene dialogando con gobernadores, pymes, cooperativas, cámaras empresarias y sindicatos. “Las propuestas no son parches aislados: construimos una mirada integral que incluye cambios tributarios, previsionales y laborales”, señaló. Y remarcó: “Una reforma responsable debe atender las realidades de quienes sostienen la economía cotidiana. La Argentina necesita oportunidades reales, no avances sobre derechos”.

El borrador massista se estructura en cinco ejes:

1. Empleo joven

Un programa integral que combine estímulos económicos para la primera inserción laboral, terminalidad educativa obligatoria y formación tecnológica de base.

2. Mujeres emprendedoras

Líneas de crédito blandas, refinanciación de deudas y acompañamiento económico durante la licencia por maternidad para fortalecer proyectos liderados por mujeres.

3. Pymes y competitividad

Régimen tributario diferencial que incluye la eliminación del impuesto a las ganancias sobre utilidades no distribuidas, incentivos a la formalización y facilidades para exportar.

4. Reinserción laboral de mayores de 45 años

Un plan orientado a sectores particularmente afectados por la apertura comercial, con capacitación específica y estímulos para su reincorporación.

5. Regulación del trabajo en plataformas

Un esquema que mejore ingresos, condiciones laborales y cobertura de riesgos para repartidores y trabajadores digitales, sin sacrificar la flexibilidad horaria que caracteriza al sector.