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En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.

El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.

Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.

Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.

El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.

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Gobernadores vs. Vialidad Nacional: un conflicto por la gestión de los fondos

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) criticó el proyecto de los gobernadores provinciales para recibir directamente los fondos del impuesto a los combustibles, argumentando que podría desmantelar el sistema vial nacional y comprometer la coherencia territorial.

La posición del sindicato

Graciela Aleñá, líder del STVyARA, cuestionó técnicamente el proyecto y sostuvo que la administración de los fondos por parte de Vialidad Nacional es esencial para garantizar la coherencia territorial y la planificación estratégica nacional. «La provincialización de los fondos puede tener una motivación legítima desde las necesidades locales, pero puede comprometer la planificación estratégica nacional», afirmó.

Aleñá destacó la importancia de la planificación estratégica nacional para garantizar la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país. «La red vial argentina requiere una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales», afirmó.

La dirigente gremial advirtió que la desarticulación del sistema vial nacional tendría consecuencias graves, incluyendo la pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada.

Aleñá destacó también la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con lo que mandan las leyes vigentes y garantice que los fondos específicos del impuesto a los combustibles se apliquen con el criterio federal y estratégico para el que fueron creados. «No se trata de negar las necesidades provinciales, sino de preservar una política pública nacional que nos une, nos conecta y nos da sustento para crecer de manera equitativa», concluyó.

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Trabajadores del Garrahan denuncian abandono oficial y lanzan un paro

La situación en el Hospital Garrahan es crítica. Los trabajadores del hospital, incluyendo médicos y personal no médico, se encuentran en una lucha constante por mejorar sus condiciones laborales y salariales. Sin embargo, el Gobierno nacional ha demostrado una falta de interés en resolver el conflicto, lo que ha llevado a una profundización de la crisis.

Con este panorama, en una Asamblea de trabajadores del Hospital Garrahan se determinó convocar a un paro de 24 horas y a una movilización a Plaza de Mayo para exigir respuestas al Gobierno nacional sobre el congelamiento presupuestario, la falta de insumos y el deterioro salarial que afecta a los trabajadores del nosocomio.

El escenario en el Hospital Garrahan ha alcanzado una situación crucial. Los trabajadores del nosocomio, respaldados por la Junta Interna de ATE, anunciaron medidas de fuerza con un paro de 24 horas para el 10 de julio y una movilización a Plaza de Mayo el 17 de julio. La medida se enmarca en un plan de lucha contra el congelamiento presupuestario, la falta de insumos y el deterioro salarial que ha llevado a los trabajadores a estar por debajo de la línea de pobreza.

El impacto en la atención médica

La falta de insumos y el deterioro salarial han tenido un impacto directo en la atención médica que se brinda en el hospital. Los trabajadores advirtieron que, si no se toman medidas urgentes, la situación puede empeorar aún más. En los últimos 40 días, se han presentado 20 renuncias, lo que generó una gran preocupación entre los trabajadores y la comunidad.

La movilización

Alejandro Lipcovich, trabajador del nosocomio y secretario general de ATE Garrahan, explicó que «por tercera vez consecutiva la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo quedó en la nada». Los trabajadores están decididos a no dar marcha atrás y exigen respuestas concretas del Gobierno nacional.

La Asamblea del Garrahan convocó a diversos sectores de la población a sumarse a la movilización del 17 de julio para mostrar el apoyo a la lucha de los trabajadores del hospital. La movilización partirá desde el Congreso a Plaza de Mayo a las 16:30 horas y se espera que sea una muestra de la fuerza y la unidad de los trabajadores y la comunidad.

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Julio llega con una ola de aumentos en nafta, alquileres, telefonía, prepagas y más

Un nuevo mes trae consigo una nueva ola de aumentos en diversos rubros, que afectarán a los bolsillos de los argentinos. Combustibles, telefonía celular, alquileres, prepagas y servicios básicos son algunos de los sectores que sufrirán incrementos de entre el 4% y el 66%.

La llegada de julio trae consigo una serie de ajustes en diferentes sectores que impactarán directamente en la economía de los argentinos. Uno de los rubros que sufrirá un incremento significativo es el de los combustibles, con un aumento que podría rondar el 5% en la nafta y el gasoil. Esto se debe a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono establecida por el Gobierno nacional.

Alquileres: un aumento del 66%

Los alquileres serán otro rubro que tendrá un incremento significativo, con una suba anual del 66,1% para julio. Esto impactará a los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado. En los últimos meses, los alquileres experimentaron aumentos significativos, con un 80,6% en junio, 95,24% en mayo y 116,85% en abril.

Telefonía y telecomunicaciones

Las compañías de telefonía celular y cable también aplicarán nuevos aumentos este mes, que rondan el 5%. Esto se debe a la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

Servicios públicos y prepagas

Las tarifas de servicios públicos, como la electricidad, el gas natural y el agua, seguirán con sus actualizaciones mensuales tomando como referencia la inflación. En materia de salud, los planes de las prepagas tendrán una suba que rondará entre el 1,2% y el 2,6%, dependiendo de la empresa.

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