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En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.

El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.

Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.

Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.

El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.

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Intentan que la Corte Suprema anule el fallo que avaló el cierre  del Programa Volver al Trabajo

El futuro de Volver al Trabajo aún no está completamente definido. Si bien el Ministerio de Capital Humano dejó de realizar los pagos luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que mantenía vigente el programa, el expediente continúa abierto y ahora la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

La posibilidad surge a partir del recurso extraordinario presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que busca revertir el fallo de la Cámara y mantener la continuidad del programa creado para reemplazar a Potenciar Trabajo.

Qué decisión puede cambiar el futuro de Volver al Trabajo

Tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín, el Gobierno quedó habilitado para avanzar con la finalización de Volver al Trabajo y dejar de liquidar la prestación mensual.

Sin embargo, la UTEP apeló esa decisión mediante un recurso extraordinario, por lo que ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver si acepta tratar el planteo y, eventualmente, revisar el fallo.

Qué puede pasar con los pagos

Si la Corte Suprema rechazara el recurso, la decisión de la Cámara quedaría firme y el cierre del programa continuaría sin cambios.

En cambio, si el máximo tribunal hiciera lugar al planteo y revocara el fallo, podría abrirse un nuevo escenario judicial que vuelva a poner en discusión la continuidad de Volver al Trabajo y, con ello, la posibilidad de reactivar los pagos.

Qué pasa con Acompañamiento Social

Mientras continúa la disputa judicial por Volver al Trabajo, Acompañamiento Social mantiene su vigencia.

El Ministerio de Capital Humano prorrogó este programa mediante la Resolución 90/2026, por lo que sus beneficiarios continúan percibiendo el pago mensual previsto por la normativa.

Por qué todavía no puede darse por cerrado el caso

Aunque actualmente no hay una fecha prevista para una definición de la Corte Suprema, el expediente sigue en trámite y la decisión del máximo tribunal será determinante para el futuro del programa.

Hasta que eso ocurra, la suspensión de los pagos de Volver al Trabajo se mantiene, pero la instancia judicial todavía no concluyó, por lo que el caso permanece abierto.

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Casi 9 de cada 10 trabajadores estatales vive endeudado y la mayoría depende de varios trabajos para subsistir

El deterioro del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei cambió radicalmente los hábitos financieros de las familias trabajadoras, especialmente en empleados públicos. Un reciente relevamiento nacional difundido por ATE le pone números a la tragedia: el 87% de los trabajadores estatales mantiene deudas vigentes para poder pagar alquileres, salud, alimentos y ropa.

La crisis de los salarios reales frente a la inflación y el costo de vida ha dejado a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema. Según los datos obtenidos en una encuesta realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el 73% de los endeudados recurre a múltiples entidades financieras para sostener sus gastos mensuales.

El informe técnico derriba el mito de que el endeudamiento responde a decisiones de consumo innecesario. Al contrario, el 40% de los consultados admite utilizar estos préstamos para costear urgencias médicas, gastos en educación o alquileres, mientras que un 37% lo hace directamente para cubrir comida y vestimenta.

“Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real”, señalan desde el gremio. El análisis destaca que la dinámica actual es perversa: los trabajadores destinan la mayor parte de sus ingresos mensuales a cancelar deudas con bancos y financieras, lo que genera una transferencia masiva de recursos desde el bolsillo del trabajador hacia el sector financiero, frenando a su vez el consumo en otros rubros de la economía real.

La presión financiera ha forzado una reconfiguración del mercado laboral doméstico. El 55,4% de los encuestados afirmó recurrir al pluriempleo —tener más de un trabajo— para complementar sus ingresos, con jornadas que en muchos casos superan las 8 o 12 horas diarias.

Este nivel de agotamiento no solo impacta en la economía, sino en la salud mental y la vida social:

  • El 85,4% de los trabajadores reportó un deterioro en su bienestar emocional en el último año.
  • El 43% reconoció haber disminuido su participación en actividades sociales o políticas debido al cansancio físico y mental, y a la falta de recursos económicos.
  • La ansiedad, el insomnio y la angustia son los cuadros más recurrentes entre los consultados.
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Se abre la segunda convocatoria de las Becas Progresar

De este 10 de agosto y hasta al 11 de septiembre se desarrollará la segunda convocatoria para Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería. El Ministerio de Educación brindará acompañamiento presencial para facilitar la inscripción y recuerda que el trámite es gratuito.

El Ministerio de Educación informa que se habilita la segunda convocatoria de inscripción a las Becas Progresar 2026, destinada a estudiantes en los niveles Obligatorio, Superior y de la carrera de Enfermería. La inscripción se realizará de manera online y contará con acompañamiento gratuito para quienes necesiten asesoramiento durante el trámite.

El cronograma de inscripción establece que Progresar Obligatorio permanecerá abierto desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre, mientras que Progresar Superior y Enfermería podrán inscribirse entre el 18 de agosto y el 11 de septiembre.

Con el objetivo de facilitar el acceso a este beneficio, el Ministerio de Educación dispondrá de personal capacitado para orientar a los estudiantes sobre los requisitos y acompañarlos durante el proceso de inscripción. Para realizar el trámite, cada interesado deberá concurrir con un dispositivo personal con acceso a internet.

La atención presencial se brindará de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, en los siguientes puntos:

Centro Cívico – Isla Norte (Planta Baja): atención para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y consultas relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): atención para Progresar Trabajo, Progresar Superior y Enfermería, desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Para completar la inscripción es indispensable contar con la aplicación Mi Argentina. Quienes aún no la tengan instalada o necesiten recuperar su contraseña podrán recibir asistencia en el Punto Digital del Museo de la Historia Urbana, ubicado sobre calle 25 de Mayo, antes de Urquiza, donde se brinda ayuda para crear el usuario, restablecer la contraseña y acceder a la aplicación.

El Ministerio de Educación recuerda que la inscripción a las Becas Progresar es totalmente gratuita y que ninguna persona está autorizada a cobrar por realizar este trámite.

Además, se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected] para consultas y reclamos. En cada mensaje deberá indicarse el tipo de beca (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo), el DNI del estudiante y una descripción clara del motivo de la consulta, a fin de agilizar la respuesta.

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