Las intensas lluvias que afectaron la provincia provocaron severos daños en la producción de hortalizas. Desde la Sociedad de Chacareros advirtieron que la pérdida de cultivos generará un bache productivo y aumentos de hasta el 30% en frutas y verduras durante las próximas semanas.

Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en San Juan encendieron la alarma entre los productores hortícolas, que ya advierten un impacto directo en la oferta de frutas y verduras. Según estimaciones del sector, las pérdidas provocadas por el temporal derivarán en subas de precios que podrían alcanzar hasta el 30% en los mercados locales.

Desde la Sociedad de Chacareros de San Juan explicaron que los meses de verano representan una etapa crítica para la producción, debido a la recurrencia de tormentas intensas, granizo y lluvias abundantes que afectan de manera significativa el rendimiento de los cultivos. En esta oportunidad, el volumen de agua caída generó inundaciones en las chacras y daños generalizados.

El presidente de la entidad, Sergio López, señaló que el temporal afectó prácticamente a toda la provincia. “Nos ha afectado mucho y nos va a afectar a futuro porque ha llovido en todo San Juan”, afirmó. Entre los productos más perjudicados se encuentran el tomate y las verduras de hoja, como la lechuga, la acelga y la espinaca, que resultan especialmente sensibles al exceso de agua.

Según explicó el dirigente, gran parte de los cultivos recientemente sembrados o en etapas iniciales de crecimiento se perdió por completo debido a la saturación de los suelos. “Todo lo que se había sembrado o estaba chico se ha perdido por las inundaciones”, detalló.

El escenario abre ahora un período de escasez temporaria. López anticipó que habrá un bache productivo de entre 10 y 15 días, tiempo necesario para que los terrenos se sequen y pueda retomarse la siembra. “Tenemos que esperar que los suelos drenen. Eso implica una demora de al menos dos semanas”, explicó, y agregó que las lluvias intensas afectan con mayor fuerza a los cultivos de menor porte.

En el corto plazo, los productores deberán concentrarse en la recolección y selección de las hortalizas que aún puedan ser comercializadas. “Se intenta rescatar lo que queda. Donde antes se sacaba un fardo completo de lechuga, ahora se pueden salvar 30 o 40 plantas”, indicó López. El resto de la producción, sin embargo, debe ser descartada, lo que reduce drásticamente la oferta.

Impacto en los precios

La caída en la producción ya comenzó a reflejarse en los precios y, según el sector, la tendencia se profundizará en los próximos días. Desde la Sociedad de Chacareros estiman que el aumento promedio rondará el 30%, con variaciones según el producto.

“El precio va a influir en todos los productos”, sostuvo López, quien aclaró que hasta ahora la inflación no había impactado de manera directa en las hortalizas. Por el contrario, explicó que durante 2024 los precios habían caído entre un 30% y un 40% debido a un sobrestock en el mercado. “Ahora va a pasar lo contrario: se van a levantar los precios por efecto de los temporales”, advirtió.

De hecho, algunos aumentos ya comenzaron a registrarse. “Con los aguaceros en Pocito, que es la principal zona productora de San Juan, la lechuga y la acelga ya subieron un 30%, y calculamos que podría haber otro 30% adicional en los próximos días”, finalizó.

El temporal dejó al descubierto la vulnerabilidad de la producción hortícola frente a eventos climáticos extremos y anticipa un impacto inmediato en los precios de frutas y verduras. Mientras los productores intentan recomponerse y retomar la actividad, los consumidores sanjuaninos deberán enfrentar subas que reflejan las pérdidas en el campo y la interrupción momentánea del abastecimiento.

Padres de estudiantes y docentes presentaron los primeros amparos judiciales contra el recorte del 93% a la educación técnico-profesional aprobado en el Presupuesto 2026. Denuncian que el artículo 30 vulnera leyes permanentes y pone en riesgo la formación de trabajadores calificados y el desarrollo industrial del país.

Tras la sanción del Presupuesto Nacional 2026, comenzaron a presentarse los primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnico-profesional, una de las decisiones más cuestionadas del paquete presupuestario aprobado por el Congreso. La medida, contenida en el artículo 30 de la ley, elimina el fondo obligatorio destinado a la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058, vigente desde 2005.

En las últimas horas, padres de dos estudiantes iniciaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El planteo cuestiona la legalidad del artículo aprobado y sostiene que una norma presupuestaria anual no puede modificar ni derogar derechos consagrados en leyes de carácter permanente, como las que garantizan el financiamiento específico de la educación técnica.

El amparo advierte que la eliminación del fondo afecta directamente la continuidad de políticas educativas estratégicas y vulnera el derecho a una educación de calidad, especialmente en un subsistema que cumple un rol clave en la formación de técnicos, operarios calificados y profesionales intermedios.

Las críticas no se limitan al plano judicial. Desde el ámbito educativo y productivo, el rechazo al recorte se multiplicó en las últimas semanas. Gerardo Marchesini, docente de educación técnico-profesional, alertó que la decisión impacta sobre aproximadamente 1,9 millones de estudiantes que asisten a escuelas técnicas y centros de formación profesional en todo el país.

“El artículo 30 es un golpe directo al desarrollo del país”, afirmó, al subrayar que este tipo de educación es fundamental para la calificación de la mano de obra y la competitividad industrial.

La educación técnica cumple un rol estratégico en la formación de perfiles demandados por sectores clave de la economía, como la industria manufacturera, la energía, la economía del conocimiento y la producción de valor agregado. Áreas como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios industriales tradicionales dependen en gran medida de un sistema de formación técnica robusto y con financiamiento sostenido.

De acuerdo con los denunciantes, el ajuste presupuestario implica un recorte del 93% respecto de valores equivalentes a los de 2023. La normativa derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional, lo que hoy representaría alrededor de 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2026 asignó apenas 11 mil millones, una cifra que especialistas consideran insuficiente incluso para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

El planteo judicial también sostiene que el recorte contradice otras leyes vigentes, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reconocen a la formación técnica como un pilar del desarrollo científico, tecnológico e industrial. En ese sentido, advierte que la decisión presupuestaria compromete políticas de largo plazo y debilita la planificación estratégica del país.

Mientras la Justicia comienza a analizar los primeros amparos, el debate por el recorte a la educación técnica trasciende el ámbito educativo y se instala en el corazón del modelo de desarrollo nacional. Para docentes, familias y sectores productivos, el ajuste no solo pone en jaque a las escuelas técnicas y centros de formación profesional, sino que amenaza la formación de los trabajadores calificados que la industria argentina necesita para crecer, generar empleo y competir en un escenario global cada vez más exigente.

Mientras el Ejecutivo intensifica el diálogo con gobernadores para garantizar el avance de la reforma laboral, la CGT acelera su estrategia parlamentaria y apunta a conquistar a los senadores que no responden directamente a la Casa Rosada. El objetivo: bloquear los artículos más sensibles del proyecto y frenar un cambio estructural en las relaciones laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una intensa actividad política en pleno receso estival y profundiza su ofensiva para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Mientras el Ejecutivo negocia apoyos con los gobernadores, la central obrera redobló su estrategia en el Congreso y puso el foco en la Cámara de Senadores, donde considera que aún existen márgenes para bloquear o modificar sustancialmente la iniciativa.

Además de una sostenida campaña de difusión en redes sociales, en la que advierte sobre las consecuencias del proyecto en materia de derechos laborales y organización sindical, la CGT aceleró los contactos directos con legisladores que integran lo que en el sindicalismo denominan el “centro político”: senadores que no responden de manera automática al oficialismo, pero tampoco se alinean con una oposición frontal.

En ese universo aparecen los peronistas no kirchneristas, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y representantes de bloques provinciales, cuyo voto resulta decisivo para el futuro de la reforma. Según fuentes sindicales, allí se concentra la principal batalla parlamentaria.

La estrategia combina distintos perfiles dentro de la conducción cegetista. El secretario general del Sindicato de Empleados del Vidrio, Cristian Jerónimo, y el referente del gremio del Seguro, Jorge Sola, encabezan la vía del diálogo político y parlamentario. En contraste, Jorge Argüello, del sindicato de Camioneros, representa la postura más confrontativa y no descarta una escalada del conflicto con medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios.

El proyecto de reforma laboral, impulsado por el presidente Milei y el ministro Federico Sturzenegger, logró avanzar en comisión tras la firma del dictamen. Sin embargo, ese respaldo estuvo lejos de ser un triunfo pleno: mientras los libertarios firmaron en forma favorable, el PRO, la UCR y los bloques provinciales lo hicieron en disidencia, dejando abierta la puerta a una poda artículo por artículo durante el tratamiento en el recinto.

Ese escenario diluyó el optimismo inicial del oficialismo, que daba por asegurada una victoria política encabezada por la senadora Patricia Bullrich. Por el contrario, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el proyecto sufra modificaciones profundas o incluso quede bloqueado.
La incertidumbre política se agravó con el tenso debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo y sus aliados habituales evidenciaron fisuras y desacuerdos, obligando al oficialismo a recomponer vínculos parlamentarios. Para la CGT, ese traspié fue leído como “la primera batalla ganada”.

Con ese diagnóstico, la central obrera profundizó las gestiones para reunir entre siete y ocho voluntades en el Senado que permitan frenar los artículos más sensibles del proyecto, especialmente aquellos que afectan el financiamiento sindical y debilitan la capacidad de representación de los gremios.

Entre los nombres con los que ya hubo conversaciones figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” Espínola. En paralelo, la CGT busca sumar a los senadores santacruceños del espacio Movere, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de radicales que buscan marcar distancia de la Casa Rosada.

Según publicó el diario La Nación, dentro de la CGT también surgieron críticas al bloque justicialista por no involucrarse de lleno en la “pelea fina” por los votos. “Nadie va a hablar por nosotros”, deslizaron los sectores más duros, en un contexto donde la central obrera atraviesa, además, tensiones internas sobre cómo enfrentar la avanzada libertaria.

Los puntos en disputa

Los ejes que generan mayor rechazo en la CGT incluyen la ampliación de las actividades consideradas esenciales —lo que limitaría el derecho a huelga—, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados.

No obstante, el punto que concentra mayor resistencia es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplazaría el actual régimen de indemnizaciones. El nuevo esquema se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de los empleadores y modificaría el destino de esos recursos, que dejarían de alimentar el sistema previsional para ser administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano.

Para la CGT, este cambio no solo debilita la protección ante el despido, sino que altera el equilibrio del sistema de seguridad social y reduce el poder de negociación sindical.

El punto de partida

Los primeros contactos formales de la CGT con legisladores del PJ comenzaron el 10 de diciembre. Luego, la central obrera mantuvo reuniones con gobernadores de Provincias Unidas en un encuentro realizado en el Banco de Chubut, del que participaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), incluso antes de que el texto oficial ingresara al Congreso.

“Como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en abstracto”, explicó Pullaro tras aquel encuentro. “Hubo muchas coincidencias. Hay una sensatez muy grande frente a los problemas que tiene la Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán a los trabajadores, y está bien que así sea”, concluyó el gobernador santafesino.

Mientras el Gobierno busca blindar la reforma laboral con acuerdos políticos y respaldo territorial, la CGT apuesta a una estrategia quirúrgica en el Senado para frenar o desarticular el corazón del proyecto. En ese pulso se juega no solo una reforma clave del programa libertario, sino también el equilibrio de poder entre el Estado, el mercado y el movimiento sindical en la Argentina que viene.