Derechos sindicales en jaque: Alerta del Foro de Abogados Laboralistas ante la avanzada reformista del gobierno
En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.
La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.
El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.
Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.
Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.
El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.
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Adultos mayores: casi la mitad de los hogares no alcanza a cubrir sus necesidades básicas
Un informe reveló que el 46% de los hogares con personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024-2025. Es el registro más elevado desde el inicio de la serie, en 2017, y las mayores carencias se concentran entre las familias de menores recursos.
La insuficiencia de ingresos alcanzó un máximo histórico en la serie del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Durante 2024-2025, el 46% de los hogares con al menos una persona de 60 años o más no logró reunir recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a 2022-2023.
El deterioro se profundiza a medida que disminuyen los ingresos. Entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, la proporción llega al 71,1%, mientras que en el nivel bajo alcanza el 55,2%. El relevamiento contempló dimensiones vinculadas con alimentación, vivienda, servicios, asistencia social y acceso a la atención sanitaria.
Uno de los indicadores más sensibles es la alimentación. La inseguridad alimentaria entre las personas mayores pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025. La distancia entre grupos sociales resulta particularmente pronunciada: afecta al 39,1% de los adultos mayores del estrato muy bajo, frente al 1,1% entre quienes pertenecen al nivel medio alto.
La falta de recursos también repercute sobre los servicios esenciales. Casi uno de cada cinco hogares con personas mayores dejó de pagar alguna factura por dificultades económicas. Entre las familias del estrato muy bajo, el porcentaje trepa al 39,4%.
Salud y medicamentos, entre las principales dificultades
La atención sanitaria aparece como otro de los puntos críticos. El 35,2% de los hogares con adultos mayores postergó consultas médicas o la compra de medicamentos durante 2024-2025 por falta de dinero. Es el valor más alto de la serie y representa un incremento cercano a diez puntos respecto de 2022-2023.
La brecha vuelve a ser considerable entre los distintos niveles sociales: en los hogares más vulnerables, el indicador alcanza al 55%.
El informe también analizó durante 2025 el vínculo de las personas afiliadas con PAMI. Cerca del 74% recurrió al organismo para consultas médicas y alrededor del 70% utilizó sus prestaciones para acceder a medicamentos.
La evaluación de esas prestaciones, sin embargo, presenta diferencias. El 61,7% valoró favorablemente la atención médica, mientras que la aprobación descendió al 49,7% cuando se consultó por la cobertura de medicamentos.
Vivienda y asistencia
Las condiciones habitacionales constituyen otra dimensión de la desigualdad. El 11,8% de las personas mayores reside en viviendas que no reúnen condiciones adecuadas; entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, la proporción asciende al 27,5%.
La asistencia estatal tampoco alcanza a todos los hogares con necesidades económicas. Aunque el 71,1% de las familias del estrato muy bajo registra ingresos insuficientes, solo el 42,4% recibe algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria.
En el conjunto de los hogares con adultos mayores, la cobertura de estos programas cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de Covid-19 al 26,8% en 2024-2025.
Los datos del ODSA-UCA muestran un deterioro marcado en distintas dimensiones de la vida cotidiana de las personas mayores. Ingresos insuficientes, dificultades alimentarias, incumplimiento de servicios y postergación de gastos sanitarios convergen en una población para la que la capacidad de recomponer ingresos suele ser más limitada.
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Gastronómicos actualizaron sus salarios para el segundo semestre
UTHGRA y FEHGRA alcanzaron un acuerdo para el primer tramo de la paritaria 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04. La pauta rige entre junio y septiembre e incorpora sumas no remunerativas durante julio, agosto y septiembre.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) acordaron la actualización salarial correspondiente al primer tramo de la paritaria 2026-2027 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.
El entendimiento establece nuevas escalas básicas para el período junio-septiembre y contempla, además, sumas fijas no remunerativas que serán abonadas durante julio, agosto y septiembre. Los adicionales tendrán carácter neto, sin descuentos ni aportes.
Los valores varían de acuerdo con la categoría del establecimiento y el nivel asignado a cada puesto. En los establecimientos de categoría D, los básicos parten de $990.555 para el Nivel 1 y llegan a $1.292.025 en el Nivel 6. Las sumas adicionales se ubican entre $68.000 y $88.000 mensuales.
En la categoría C, los salarios básicos oscilan entre $1.013.346 y $1.337.186, mientras que los adicionales van de $69.000 a $91.000. Para los establecimientos B, la escala comienza en $1.038.120 y alcanza los $1.538.297, con sumas no remunerativas de entre $71.000 y $105.000.
Los establecimientos de categoría A tendrán básicos que van desde $1.074.307 hasta $1.840.959, acompañados por adicionales de $74.000 a $126.000. En la categoría Especial se concentra la escala más elevada: los valores parten de $1.206.779 y llegan a $1.970.475, mientras que las sumas complementarias oscilan entre $83.000 y $134.000 por mes.
El convenio distribuye los puestos en siete niveles, desde tareas generales como lavacopas, peones y cadetes hasta funciones de mayor responsabilidad, entre ellas cocineros, mozos de salón, barman, recepcionistas, maîtres y cargos de conducción como jefes de brigada y jefes de recepción.
Las nuevas planillas ya fueron remitidas a las distintas seccionales de UTHGRA, que tendrán a su cargo el seguimiento de la correcta liquidación de los haberes durante la vigencia de este tramo.
El acuerdo permite actualizar los ingresos de los trabajadores comprendidos en uno de los principales convenios de la hotelería y la gastronomía, mientras las partes dejaron abierta la continuidad de las negociaciones para las siguientes etapas de la paritaria 2026-2027.
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ASIJEMIN crea un espacio de apoyo psicológico adaptado al trabajo minero
El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN amplió las prestaciones destinadas a sus afiliados con la incorporación de un servicio de acompañamiento psicológico virtual para trabajadores y sus familias. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, encabezada por Maximiliano Arias, y estará a cargo de la licenciada en Psicología Virginia Pantano (MP 15.686).
La modalidad fue diseñada teniendo en cuenta las particularidades de la actividad minera, especialmente los períodos de trabajo y descanso que atraviesan muchos trabajadores. Los turnos podrán coordinarse de manera virtual para facilitar el acceso a la atención profesional independientemente del lugar donde se encuentre el el operario.
ASIJEMIN cubrirá el costo de la primera consulta. La continuidad del tratamiento, nuevas sesiones o eventuales derivaciones serán acordadas posteriormente entre la profesional y el trabajador o su grupo familiar.
Desde la organización remarcaron además que las consultas tendrán carácter privado y confidencial. El objetivo es generar un espacio profesional en el que los afiliados puedan expresar sus preocupaciones, ser escuchados y recibir orientación ante distintas circunstancias personales o familiares.
Arias destacó que la iniciativa parte de una concepción integral del acompañamiento sindical. “Detrás de cada trabajador hay una persona, una familia y una realidad”, señaló, al remarcar que la tarea gremial también implica atender necesidades que exceden las cuestiones estrictamente laborales, señaló Arias.
La psicóloga Virginia Pantano, responsable del servicio, explicó que la propuesta busca ofrecer escucha y acompañamiento profesional mediante una modalidad compatible con las características de las jornadas y los períodos de permanencia de los trabajadores mineros.
Mediante esta herramienta, ASIJEMIN robustece el catálogo de prestaciones destinadas al desarrollo integral de sus afiliados, maximizando el impacto de sus programas de asistencia.
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