Con 36 votos a favor y 31 en contra, el Senado aprobó una prórroga de cinco años para el camarista laboral Víctor Pesino, quien ya alcanzó la edad jubilatoria. El magistrado fue protagonista de resoluciones de alto impacto al rechazar la cautelar de la CGT contra la reforma laboral e intervenir la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), decisiones que profundizaron las críticas de la oposición y del movimiento sindical.

El Senado de la Nación aprobó la continuidad por cinco años del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien a los 75 años debía cesar en sus funciones salvo autorización de la Cámara alta, tal como prevé la Constitución Nacional. La iniciativa reunió 36 votos favorables y 31 negativos gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y bloques provinciales aliados.

La decisión adquiere especial relevancia por el papel que Pesino desempeñó en algunos de los expedientes laborales más sensibles para el Gobierno de Javier Milei. En abril de este año integró la mayoría que rechazó la medida cautelar promovida por la CGT contra la Ley de Modernización Laboral, permitiendo que la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo quedara plenamente vigente mientras continúa el tratamiento judicial de fondo.

El magistrado también firmó la resolución que dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán, junto con el resto de la conducción nacional, una determinación que generó una fuerte reacción del sindicalismo y abrió un complejo conflicto institucional dentro de uno de los gremios industriales más importantes del país.

Desde la oposición y diversos sectores sindicales interpretaron la extensión de su mandato como una señal política hacia un juez cuyas resoluciones beneficiaron las principales iniciativas del Gobierno en materia laboral. El oficialismo, en cambio, defendió el procedimiento como una facultad constitucional del Senado para autorizar la permanencia de magistrados que alcanzan el límite de edad.

La votación también alcanzó a otros integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, entre ellos Sergio Luis Méndez y Julio César Grisolía. Este último había sido objetado por legisladores opositores, aunque finalmente también obtuvo el respaldo necesario para continuar en funciones.

El debate coincidió con otros movimientos en el Poder Judicial impulsados por la Casa Rosada, entre ellos el tratamiento de pliegos para cubrir vacantes en la Cámara Federal porteña y el veto presidencial a la postulación de la jueza María Verónica Michelli para integrar un tribunal oral federal, decisiones que alimentan la discusión sobre la relación entre el Gobierno y la Justicia.

La continuidad de Pesino se produce, además, mientras distintos tribunales analizan nuevos planteos vinculados con la reforma laboral. En ese marco, recientes resoluciones judiciales y administrativas mantuvieron vigente el aporte solidario previsto en el Convenio Colectivo de Comercio y volvieron a colocar en el centro del debate aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral, especialmente aquellos vinculados con el financiamiento sindical y la vigencia de los convenios colectivos.

Con este respaldo del Senado, Pesino permanecerá en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta completar un nuevo período de cinco años, en un contexto donde las decisiones judiciales continúan siendo determinantes para el futuro de la reforma laboral y de la relación entre el Gobierno, la Justicia y el movimiento obrero organizado.

La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del programa Volver al Trabajo, tras el fallo judicial que levantó la cautelar que garantizaba su continuidad, derivó en la conformación de un amplio frente de protesta integrado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA. El cronograma contempla movilizaciones, cortes de rutas, una Marcha Federal y nuevas acciones coordinadas en todo el país para rechazar una medida que, según las organizaciones, profundizará la crisis social y económica de los sectores de menores ingresos.

La suspensión definitiva del programa Volver al Trabajo abrió uno de los conflictos sociales más relevantes de las últimas semanas y aceleró la convergencia entre organizaciones sociales y el movimiento sindical. La UTEP, la CGT y las dos Centrales de Trabajadores acordaron una agenda común de movilizaciones que se extenderá durante los próximos meses y que buscará instalar el impacto económico del retiro de una asistencia que alcanzaba a cientos de miles de personas en todo el país.

La primera convocatoria será el 22 de julio, cuando las organizaciones acompañen la tradicional protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El calendario continuará el 7 de agosto con la histórica peregrinación de San Cayetano, que este año volverá a convertirse en una manifestación de fuerte contenido político bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», una bandera histórica de los movimientos populares desde la crisis social de comienzos de siglo.

Los dirigentes adelantaron que la protesta no se limitará a concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá cortes de rutas y movilizaciones en distintas provincias, especialmente en el norte argentino, donde el ingreso de $78.000 mensuales que otorgaba el programa representaba una parte significativa del presupuesto de miles de hogares y contribuía a sostener el consumo en pequeños comercios y economías regionales.

El detonante de la nueva escalada fue la resolución de la Cámara Federal integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes revocaron la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos hasta la resolución definitiva de la causa. Para los magistrados, mantener las transferencias implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que habilitó al Poder Ejecutivo a avanzar con la desactivación del programa y su reemplazo por un esquema de capacitación laboral basado en vouchers.

Desde la UTEP rechazaron con dureza la resolución judicial y confirmaron que presentarán una apelación ante instancias superiores. La organización sostiene que la interrupción del beneficio agravará las condiciones de vulnerabilidad de miles de trabajadores de la economía popular y reducirá significativamente la circulación de recursos en barrios con elevados índices de informalidad laboral.

La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, advirtió que el retiro de esos ingresos tendrá consecuencias que exceden a los beneficiarios directos. Según explicó, la disminución del poder de compra impactará sobre almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños comercios de cercanía, cuya actividad depende en gran medida del consumo cotidiano generado por estos programas de asistencia.

En la misma línea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que la coordinación alcanzada con la CGT y las dos CTA busca consolidar una respuesta sostenida frente a la política económica del Gobierno. El dirigente interpretó que la eliminación del programa forma parte de un proceso más amplio de ajuste sobre los sectores populares y planteó la necesidad de ampliar la articulación entre organizaciones sindicales y movimientos sociales.

La agenda de protesta continuará durante agosto con una movilización al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde reclamarán una actualización del Salario Social Complementario, congelado frente al deterioro del poder adquisitivo. Posteriormente, las organizaciones marcharán al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y promoverán un encuentro entre representantes sindicales, empresarios nacionales y cooperativas con motivo del Día de la Industria, en busca de consensos sobre políticas destinadas a sostener el empleo y la producción.

Aunque la CGT todavía no oficializó una nueva huelga nacional, la posibilidad continúa bajo análisis dentro de la conducción cegetista. Diversos referentes admiten que un paro general podría confluir con una Marcha Federal durante octubre si no se modifican las políticas sociales y laborales impulsadas por el Poder Ejecutivo.