Derechos sindicales en jaque: Alerta del Foro de Abogados Laboralistas ante la avanzada reformista del gobierno
En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.
La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.
El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.
Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.
Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.
El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.
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Orrego confirmó fondos nacionales para reactivar la Ruta 40 Sur
El gobernador Marcelo Orrego anunció un compromiso del Gobierno nacional para financiar el tramo 2 de la Ruta 40 Sur, una obra que había quedado paralizada por la interrupción de los fondos nacionales. Al mismo tiempo, confirmó que la Provincia avanzará con las licitaciones de los tramos 1 y 3 mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La comunicación llegó después de las gestiones que el mandatario realizó en Buenos Aires, donde mantuvo conversaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El esquema acordado distribuye las responsabilidades financieras entre Nación y San Juan, aunque todavía resta definir los plazos para retomar los trabajos y poner en marcha las nuevas licitaciones.
Para los dos tramos que financiará la Provincia, Orrego informó que el crédito internacional contempla una tasa del 6% y un plazo de 15 años. La autorización nacional vinculada con el financiamiento ya fue obtenida, pero el convenio debe ser refrendado por la Legislatura provincial antes de avanzar con los llamados a licitación.
“Una vez que eso pase a la Legislatura a refrendar este convenio se podrá avanzar con las licitaciones”, explicó el gobernador. La fecha dependerá de los tiempos parlamentarios, que serán definidos por las autoridades legislativas.
Tres tramos para completar la obra
La Ruta 40 Sur está dividida en tres sectores que, en conjunto, superan los 75 kilómetros. El tramo 1, de 22,78 kilómetros, se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas. El tramo 2, de 26 kilómetros, conecta Tres Esquinas con el acceso a Cochagual por la Ruta Provincial 295. El tramo 3, de 26,27 kilómetros, llega desde ese acceso hasta calle 8, correspondiente a la Ruta Provincial 179, en Pocito.
Con la distribución anunciada, Nación deberá aportar los recursos para el segundo sector, mientras que San Juan financiará los otros dos mediante el préstamo internacional. La concreción del esquema permitirá avanzar sobre el conjunto de la obra, aunque cada etapa dependerá de sus respectivos procedimientos administrativos y financieros.
Orrego subrayó que la mejora vial es importante para la conectividad provincial y para el transporte de la producción sanjuanina hacia otros mercados. En particular, señaló su utilidad para ampliar las posibilidades de salida comercial hacia el Pacífico.
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ANSES pagará el aguinaldo en diciembre y algunos jubilados tendrán un concepto diferenciado
La liquidación del aguinaldo de diciembre incluirá una particularidad para algunos jubilados y pensionados de la ANSES: en sus recibos podrá figurar el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica”, vinculado con los reajustes previsionales reconocidos mediante el programa creado por la Ley 27.260.
La denominación puede generar expectativas sobre un ingreso adicional, pero no implica la creación de un bono ni de una prestación extraordinaria. Se trata de la parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al reajuste incorporado al haber de quienes están alcanzados por ese régimen.
La Reparación Histórica fue establecida en 2016 para actualizar determinadas jubilaciones y pensiones y reconocer deudas previsionales del Estado. El mecanismo contempló acuerdos con beneficiarios que habían iniciado juicios por sus haberes y también con quienes no habían acudido a la Justicia.
Por eso, el concepto no aparecerá en todas las liquidaciones. Corresponde a quienes tienen incorporado el reajuste previsto por el programa, mientras que el resto de los jubilados y pensionados percibirá el aguinaldo habitual, de acuerdo con las reglas generales de liquidación.
El monto no es uniforme: depende del haber de cada titular y de los componentes previsionales que integran su remuneración. Como regla general, la segunda cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, con los ajustes que correspondan según cada prestación.
Cómo consultar el recibo en Mi ANSES
Los beneficiarios podrán verificar su liquidación cuando esté disponible en los canales oficiales. Para hacerlo, deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y consultar el recibo de haberes de diciembre.
Allí podrán revisar los conceptos liquidados e identificar, si corresponde, el ítem “Aguinaldo Reparación Histórica”. La presencia de esa denominación permite distinguir la parte del SAC asociada al reajuste, pero no significa que se haya otorgado un beneficio adicional a todos los titulares.
La consulta del recibo será clave para conocer el importe individual, ya que no existe una suma fija aplicable al conjunto de los beneficiarios. El pago de diciembre combinará así el aguinaldo correspondiente al segundo semestre con los componentes que integren cada haber previsional.
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Sanidad acordó aumentos hasta enero y desactivó el paro nacional
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) acordó una actualización salarial hasta enero de 2027 y dejó sin efecto el paro nacional de 24 horas que estaba previsto para este martes 20 de octubre en clínicas, sanatorios y otros establecimientos privados de salud.
El entendimiento, anunciado tras negociaciones con las cámaras empresarias, contempla cinco tramos de incrementos y el pago de asignaciones no remunerativas. La negociación se destrabó luego de que el gremio denunciara que las escalas habían permanecido vencidas durante 45 días.
El cronograma establece aumentos del 2% en septiembre, 1,8% en octubre, 2,84% en noviembre, 1,8% en diciembre y 2,70% en enero de 2027. La suma aritmética de los porcentajes es del 11,14%, aunque la variación acumulada efectiva dependerá de las bases de cálculo previstas en las escalas acordadas.
A esos incrementos se agregan sumas no remunerativas mensuales de $80.000 en septiembre y octubre, $70.000 en noviembre y diciembre y $60.000 en enero. Además, se incorporarán $10.000 de esos adicionales al salario básico en noviembre y otros $10.000 en enero, modificando progresivamente la composición de las remuneraciones.
El acuerdo también fijó pagos por el Día de la Sanidad de $70.240,60 para el convenio colectivo 108/75 y $70.299 para el 459/06.
La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios 108/75, que incluye institutos médicos, laboratorios, consultorios y clínicas sin internación; 122/75, correspondiente a sanatorios, clínicas, geriátricos y establecimientos neuropsiquiátricos; y 459/06, vinculado con emergencias médicas, atención domiciliaria y traslados.
La negociación había avanzado bajo la amenaza de una huelga nacional. ATSA cuestionó la demora de las patronales para actualizar los salarios y advirtió que los ingresos perdían capacidad de compra frente al encarecimiento de servicios, transporte y combustible. “Los establecimientos están llenos y los bolsillos de los trabajadores vacíos”, sostuvo el gremio al anunciar la medida de fuerza.
Con el acuerdo, las partes evitaron una interrupción de las prestaciones en establecimientos privados, aunque la evolución de los precios seguirá condicionando el resultado de la paritaria. Si bien la actualización asegura aumentos nominales hasta enero, su impacto real en el poder adquisitivo estará supeditado a la evolución de la inflación durante ese período.
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