Una resolución del Ministerio de Salud redujo de 128 a seis los principios activos contemplados en el listado de referencia del programa nacional. Quedaron afuera medicamentos habituales para la diabetes, el hipotiroidismo, las infecciones y las enfermedades respiratorias, mientras el presupuesto cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026.

El Gobierno nacional redujo de 128 a seis los principios activos incluidos en el listado de referencia del programa Remediar, una modificación que restringe la cobertura farmacológica contemplada en esta política de acceso gratuito y aumenta la presión sobre las provincias para garantizar tratamientos que quedaron fuera de la nómina.

El cambio quedó establecido en la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, publicada el 15 de octubre en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el ministro Mario Lugones, sustituyó el listado aprobado en 2021 y orientó la selección hacia la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Los seis medicamentos que permanecen son ácido acetilsalicílico —aspirina—, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Se utilizan principalmente para controlar la presión arterial, reducir el colesterol y prevenir complicaciones cardíacas y vasculares.

La nueva nómina deja de contemplar numerosos fármacos de uso frecuente, entre ellos metformina para la diabetes tipo 2, levotiroxina para el hipotiroidismo, amoxicilina para infecciones bacterianas y salbutamol para afecciones respiratorias como el asma. También excluye medicamentos como loratadina y fluconazol, además de distintos anticonceptivos.

La modificación tiene especial relevancia para quienes dependen de la atención pública y necesitan tratamientos continuos. También puede repercutir en la atención de infecciones agudas y en los controles de niños y embarazadas. La médica de familia e investigadora Camila Volij advirtió sobre los riesgos que implica reducir la disponibilidad de medicamentos para enfermedades crónicas, afecciones respiratorias e infecciones.

Un programa bajo ajuste presupuestario

Creado en 2002, después de la crisis económica y social, Remediar llegó a abastecer a más de 8.000 establecimientos sanitarios de todo el país. Su propósito fue facilitar el acceso a tratamientos esenciales sin costo para pacientes sin obra social ni cobertura privada.

La reducción del listado se suma al ajuste presupuestario que el programa acumuló durante los últimos años. Según datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, los recursos destinados a Remediar disminuyeron un 72% en términos reales entre 2023 y 2026. Para este año, la asignación rondó los $36.000 millones.

El Ministerio de Salud justificó la nueva orientación en la necesidad de concentrar recursos en las principales causas de mortalidad. La medida se vincula con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, que apunta a mejorar la detección y el tratamiento de factores de riesgo.

Según las cifras oficiales citadas para fundamentar la política, en 2024 las enfermedades cardiovasculares provocaron 105.130 muertes, equivalentes al 27,9% del total de fallecimientos.

Sin embargo, la medida establece que el listado funciona como referencia para las compras centralizadas, la planificación logística y la provisión nacional, mientras las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen sus responsabilidades sanitarias respecto de las enfermedades no incluidas.

Ese criterio adquiere especial importancia frente a la estimación del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, según la cual alrededor de 16,3 millones de argentinos dependen exclusivamente del sistema público.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales anunciaron que sostendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El pronunciamiento llegó después de la quinta Marcha Federal que, según la estimación de la Federación de Docentes (FEDUN), reunió a más de un millón de personas en distintos puntos del país.

La organización que conduce Daniel Ricci reivindicó la masividad de la convocatoria y sostuvo que la movilización expresó el respaldo social a la educación pública, en medio de los reclamos por la recomposición salarial y los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

“Haremos todas las marchas y acciones que sean necesarias hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento y se garantice el futuro de nuestras universidades”, advirtió la FEDUN. La federación también consideró que la convocatoria trascendió las reivindicaciones gremiales y reunió a estudiantes, trabajadores, graduados y ciudadanos en defensa de la universidad pública.

En la misma línea se pronunció la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezada por Walter Merkis, que ratificó la continuidad de las protestas si persiste el incumplimiento de la norma. La entidad destacó la participación de los sindicatos de base y la convergencia de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias.

“La lucha es federal. La Universidad Pública también. Y mientras la ley siga sin cumplirse, vamos a seguir con las marchas”, sostuvo la FATUN, que vinculó el reclamo con la defensa de los salarios, la educación, la soberanía y la democracia.

La crisis de las pequeñas y medianas empresas suma nuevas señales de deterioro: Apyme estima que más de 30.000 pymes cerraron desde la asunción de Javier Milei, un promedio de 33 por día, y advierte que la cantidad de empresas con problemas de pago aumentó un 53% interanual hasta septiembre. Frente a este panorama, la entidad puso en marcha una campaña nacional para visibilizar las dificultades que atraviesan comercios y unidades productivas.

La iniciativa contempla la colocación de carteles en las fachadas de establecimientos de distintas localidades, con la consigna “Este comercio / Pyme no soporta el modelo económico”. La organización busca instalar el reclamo en el debate público y advertir sobre el impacto que atribuye a las políticas económicas nacionales.

Uno de los principales indicadores de alarma es la evolución de las ventas minoristas. Según los datos difundidos por la entidad, las ventas de las pymes comerciales retrocedieron cerca de un 13% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Apyme relaciona esa caída con la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares, la contracción del empleo y las dificultades para acceder a financiamiento.

A esa merma se suman los costos de los servicios y los alquileres, junto con el aumento de los precios mayoristas, que alcanzó el 3,3% en septiembre, de acuerdo con las cifras citadas por la organización. También cuestionó el ingreso de bienes de consumo importados por sus posibles efectos sobre la producción nacional y la comercialización de productos locales.

La presión financiera se refleja, además, en los instrumentos de pago y las obligaciones tributarias. Apyme alertó sobre el aumento de los cheques rechazados y señaló que la cantidad de empresas morosas creció un 53% interanual hasta septiembre.

En este sentido, entre enero y agosto se registraron 135.744 embargos de ARCA sobre personas jurídicas, un 52% más que en el mismo período de 2025, según los datos difundidos. De ese total, 113.116 correspondieron a microempresas, más del 80%.

La campaña continuará en distintos puntos del país y se extenderá a otros rubros. Con esta iniciativa, Apyme procura convertir las dificultades financieras y comerciales de las pequeñas empresas en un reclamo público por condiciones que permitan sostener los negocios, preservar puestos de trabajo y mantener la producción.