Derechos sindicales en jaque: Alerta del Foro de Abogados Laboralistas ante la avanzada reformista del gobierno
En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.
La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.
El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.
Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.
Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.
El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.
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El IPV completó la entrega de 442 escrituras en toda la provincia
Un total de 442 familias sanjuaninas avanzaron en la consolidación legal de sus viviendas con la entrega de las escrituras correspondientes a casas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y comprendió a beneficiarios de 15 departamentos, tanto del Gran San Juan como del interior provincial.
La documentación permite formalizar la titularidad de los inmuebles y brinda respaldo jurídico a quienes completaron los requisitos de adjudicación. Durante la entrega, Orrego subrayó la diferencia entre disponer de una vivienda y contar con el título que acredita legalmente su propiedad.
“Una cosa es tener una casa y otra es tener la escritura que les dé la certeza de que esa propiedad es suya”, afirmó el mandatario, quien también señaló que el Gobierno continuará trabajando para responder a las familias que todavía esperan completar el trámite.
Rawson concentró la mayor cantidad de escrituras
La distribución tuvo una fuerte concentración en cuatro departamentos. Rawson recibió 105 escrituras; Chimbas, 69; Rivadavia, 64; y Pocito, 52. En conjunto, esas jurisdicciones reunieron 290 documentos, equivalentes al 65,6% del total entregado.
El resto se distribuyó entre Capital, con 36 escrituras; Sarmiento, con 33; Santa Lucía, con 21; Zonda, con 17; Albardón, con 12; Caucete, con 11; 25 de Mayo, con siete; San Martín, con seis; Ullum, con cinco; y Angaco y 9 de Julio, con dos cada uno.
El acto contó con la participación de autoridades del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, del que depende la política provincial de vivienda.
El título de propiedad, un paso decisivo
La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble y completa una etapa fundamental para las familias que accedieron a una casa mediante el IPV. Además de aportar seguridad jurídica, permite gestionar distintos trámites vinculados con la propiedad y facilita su transmisión hereditaria.
La entrega de estos documentos también marca la diferencia entre la adjudicación de una vivienda y la formalización plena de su titularidad. Para las familias beneficiarias, contar con la escritura representa la consolidación de un patrimonio y una herramienta para proyectar mejoras y preservar legalmente la propiedad a futuro.
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ANSES pagará el aguinaldo en diciembre y algunos jubilados tendrán un concepto diferenciado
La liquidación del aguinaldo de diciembre incluirá una particularidad para algunos jubilados y pensionados de la ANSES: en sus recibos podrá figurar el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica”, vinculado con los reajustes previsionales reconocidos mediante el programa creado por la Ley 27.260.
La denominación puede generar expectativas sobre un ingreso adicional, pero no implica la creación de un bono ni de una prestación extraordinaria. Se trata de la parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al reajuste incorporado al haber de quienes están alcanzados por ese régimen.
La Reparación Histórica fue establecida en 2016 para actualizar determinadas jubilaciones y pensiones y reconocer deudas previsionales del Estado. El mecanismo contempló acuerdos con beneficiarios que habían iniciado juicios por sus haberes y también con quienes no habían acudido a la Justicia.
Por eso, el concepto no aparecerá en todas las liquidaciones. Corresponde a quienes tienen incorporado el reajuste previsto por el programa, mientras que el resto de los jubilados y pensionados percibirá el aguinaldo habitual, de acuerdo con las reglas generales de liquidación.
El monto no es uniforme: depende del haber de cada titular y de los componentes previsionales que integran su remuneración. Como regla general, la segunda cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, con los ajustes que correspondan según cada prestación.
Cómo consultar el recibo en Mi ANSES
Los beneficiarios podrán verificar su liquidación cuando esté disponible en los canales oficiales. Para hacerlo, deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y consultar el recibo de haberes de diciembre.
Allí podrán revisar los conceptos liquidados e identificar, si corresponde, el ítem “Aguinaldo Reparación Histórica”. La presencia de esa denominación permite distinguir la parte del SAC asociada al reajuste, pero no significa que se haya otorgado un beneficio adicional a todos los titulares.
La consulta del recibo será clave para conocer el importe individual, ya que no existe una suma fija aplicable al conjunto de los beneficiarios. El pago de diciembre combinará así el aguinaldo correspondiente al segundo semestre con los componentes que integren cada haber previsional.
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Sanidad acordó aumentos hasta enero y desactivó el paro nacional
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) acordó una actualización salarial hasta enero de 2027 y dejó sin efecto el paro nacional de 24 horas que estaba previsto para este martes 20 de octubre en clínicas, sanatorios y otros establecimientos privados de salud.
El entendimiento, anunciado tras negociaciones con las cámaras empresarias, contempla cinco tramos de incrementos y el pago de asignaciones no remunerativas. La negociación se destrabó luego de que el gremio denunciara que las escalas habían permanecido vencidas durante 45 días.
El cronograma establece aumentos del 2% en septiembre, 1,8% en octubre, 2,84% en noviembre, 1,8% en diciembre y 2,70% en enero de 2027. La suma aritmética de los porcentajes es del 11,14%, aunque la variación acumulada efectiva dependerá de las bases de cálculo previstas en las escalas acordadas.
A esos incrementos se agregan sumas no remunerativas mensuales de $80.000 en septiembre y octubre, $70.000 en noviembre y diciembre y $60.000 en enero. Además, se incorporarán $10.000 de esos adicionales al salario básico en noviembre y otros $10.000 en enero, modificando progresivamente la composición de las remuneraciones.
El acuerdo también fijó pagos por el Día de la Sanidad de $70.240,60 para el convenio colectivo 108/75 y $70.299 para el 459/06.
La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios 108/75, que incluye institutos médicos, laboratorios, consultorios y clínicas sin internación; 122/75, correspondiente a sanatorios, clínicas, geriátricos y establecimientos neuropsiquiátricos; y 459/06, vinculado con emergencias médicas, atención domiciliaria y traslados.
La negociación había avanzado bajo la amenaza de una huelga nacional. ATSA cuestionó la demora de las patronales para actualizar los salarios y advirtió que los ingresos perdían capacidad de compra frente al encarecimiento de servicios, transporte y combustible. “Los establecimientos están llenos y los bolsillos de los trabajadores vacíos”, sostuvo el gremio al anunciar la medida de fuerza.
Con el acuerdo, las partes evitaron una interrupción de las prestaciones en establecimientos privados, aunque la evolución de los precios seguirá condicionando el resultado de la paritaria. Si bien la actualización asegura aumentos nominales hasta enero, su impacto real en el poder adquisitivo estará supeditado a la evolución de la inflación durante ese período.
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