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En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.

El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.

Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.

Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.

El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.

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Inclusión laboral: la Fiesta del Sol ofrecerá oportunidades de empleo y capacitación

La iniciativa contempla 15 puestos en un taller de merchandising y otros ocho en stands gubernamentales. También habrá un equipo integrado por personas con discapacidad que recorrerá las instalaciones para identificar obstáculos y proponer mejoras.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 incorporará 23 oportunidades laborales destinadas a personas con discapacidad, mediante una propuesta que combinará capacitación, producción y atención en espacios institucionales. La iniciativa también incluirá un relevamiento de accesibilidad durante las tres jornadas del evento, con el objetivo de detectar barreras y aportar recomendaciones para futuras ediciones.

La directora de Discapacidad, Paula Moreno, precisó que 15 personas participarán de un taller de merchandising inclusivo, mientras que otras ocho colaborarán en los stands del Gobierno provincial. En el primer espacio recibirán formación en técnicas de sublimación, corte y costura, y producirán artículos que posteriormente estarán disponibles para la venta durante la celebración.

La idea sumará una dimensión vinculada a la accesibilidad. Un equipo integrado por personas con discapacidad auditiva, motora y visual recorrerá el predio para identificar obstáculos en los desplazamientos y en el uso de las instalaciones. La experiencia permitirá incorporar la mirada de quienes enfrentan esas barreras cotidianamente y elaborar observaciones para mejorar las condiciones de participación.

En este sentido, Moreno se refirió a las suspensiones de pensiones por discapacidad dispuestas por organismos nacionales. Según estimó, en San Juan la medida habría alcanzado a unas 200 personas. Aclaró que la Dirección provincial no administra esas prestaciones, cuya gestión corresponde a las autoridades nacionales, sino que interviene en materia de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La funcionaria indicó que ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estarían notificando a los beneficiarios sobre la documentación requerida para regularizar sus expedientes. Quienes necesiten orientación pueden acercarse a la delegación de ANDIS en San Juan, ubicada en calle Santa Fe, entre avenida Rawson y Sarmiento.

El propósito de la Fiesta del Sol busca que la inclusión trascienda la participación simbólica y se traduzca en oportunidades concretas de formación, empleo y autonomía. A la vez, el relevamiento previsto durante el evento permitirá incorporar criterios de accesibilidad desde la experiencia directa de las personas con discapacidad.

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Departamentales

San Juan acelera las obras preventivas frente a posibles crecidas de ríos y arroyos


La Provincia desplegó un operativo de obras hídricas en 15 departamentos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los daños que podrían provocar las crecidas durante la temporada de mayores caudales. Los trabajos, coordinados en el ámbito del Comité de Prevención de Emergencias (COPRE), comprenden intervenciones sobre ríos, arroyos, canales, drenes y sistemas de defensa.

Las tareas combinan limpieza de cauces y desagües, encauzamientos, reparación de infraestructura hidráulica y reconstrucción de protecciones en zonas expuestas. No eliminan la posibilidad de inundaciones, pero buscan disminuir la vulnerabilidad de poblaciones, caminos y redes de riego ante episodios de lluvias intensas.

Intervenciones en el norte y la cordillera

En Iglesia se construyen defensas en Laguna Bella Vista y el arroyo Agua Negra, mientras que ya se operó el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento.

En Jáchal, las intervenciones alcanzan al río homónimo y a la colectora de Calle Vieja.

Calingasta, en tanto, mantiene trabajos de encauzamiento en los ríos Los Patos y Calingasta.

En Valle Fértil, las máquinas trabajan en las inmediaciones de Astica, donde se encauza un río de lecho pedregoso y se reconstruye una defensa deteriorada. La obra busca proteger el canal matriz de distribución, la pileta de Hidráulica y a los habitantes de la zona, que habían quedado expuestos ante la rotura de esa estructura.

Obras en el Gran San Juan y departamentos cercanos

En Rivadavia se reparan compuertas del dique Ignacio de la Roza y se retira vegetación en las inmediaciones del Parque Faunístico.

Rawson ejecuta tareas de levantamiento de monda, mientras que en Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.

Zonda ya concluyó el encauzamiento en el dique Soldano y mantiene trabajos de protección y acondicionamiento cerca de Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga.

En Ullum se interviene el perilago del Embarcadero, la zona de La Usina y los canales Chilote y Falda, donde también se reconstruyen defensas.

En San Martín se limpia el desagüe San Isidro, principal receptor de los escurrimientos provenientes del cerro Pie de Palo. Albardón, por su parte, continúa con el encauzamiento del río Yakín.

Limpieza de drenes y protección de los sistemas de riego

En 25 de Mayo finalizaron las tareas en el dren de la ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera. Continúan las intervenciones sobre el dren de calle 21 y el ubicado en calle 4 y ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa.

Caucete concentra trabajos de encauzamiento y limpieza del río Bermejo, además del refuerzo de las defensas del sistema de riego.

En Pocito se realiza levantamiento de monda y se utiliza maquinaria de Hidráulica en calle 18 y Aberastain.

En Sarmiento, las tareas comprenden la limpieza y el encauzamiento del dren Sarmiento y el colector Bofinger, junto con obras de defensa en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.

La amplitud territorial del operativo responde a la necesidad de atender puntos críticos con características diferentes: desde cauces cordilleranos y ríos de montaña hasta colectores urbanos y canales de riego.

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destacada

Los trabajadores universitarios vuelven a la huelga por la recomposición salarial

Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales comenzaron este martes una secuencia de tres paros de 24 horas para exigir una mejora de sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también comprende el reclamo de fondos suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus tareas de investigación.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que fijó otras dos jornadas de huelga para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. La organización sindical anticipó que mantendrá las acciones gremiales hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresó la federación al ratificar la continuidad de las medidas.

La medida de fuerza coincide con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, un juez declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la implementación de la norma a determinadas condiciones y ordenó al Gobierno nacional cumplir con sus disposiciones. El Ejecutivo apeló el fallo, por lo que la discusión permanece abierta en los tribunales.

La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de disposiciones destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades, entre ellas las partidas para becas estudiantiles.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación requiere determinar las fuentes de financiamiento y establecer las asignaciones presupuestarias correspondientes. Esa posición mantiene abierto el desacuerdo con las organizaciones universitarias, que reclaman que la norma se traduzca en medidas concretas.

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