Derechos sindicales en jaque: Alerta del Foro de Abogados Laboralistas ante la avanzada reformista del gobierno
En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.
La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.
El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.
Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.
Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.
El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.
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Vicuña ingresa al RIGI y activa el megaproyecto minero más grande del país
Con una inversión inicial de US$ 9.700 millones, el megaproyecto de cobre obtuvo la aprobación para incorporarse al régimen de incentivos. Las proyecciones contemplan exportaciones por US$ 2.600 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo.
La minería argentina acaba de sumar uno de los hitos más relevantes de las últimas décadas. El Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que despeja el camino para el desarrollo de una iniciativa que prevé desembolsos iniciales por US$ 9.700 millones y que podría escalar hasta los US$ 18.000 millones durante su vida útil.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el emprendimiento impulsado por las compañías BHP y Lundin se perfila como el mayor desarrollo minero de la historia del país y uno de los cinco proyectos de cobre más importantes del mundo.
La magnitud económica explica la relevancia de la aprobación. De acuerdo con las estimaciones difundidas por las empresas, Vicuña podría generar exportaciones superiores a los US$ 2.600 millones anuales, transformándose en uno de los principales complejos generadores de divisas de la economía argentina.
El impacto también se proyecta sobre el empleo. Durante las distintas etapas de construcción y operación se prevé la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Actualmente, el proyecto ya ocupa a 2.615 personas, de las cuales 2.421 desarrollan tareas en Argentina. Más del 92% de la plantilla corresponde a trabajadores nacionales y, entre el personal propio, ocho de cada diez empleados provienen de San Juan.
La integración con la economía provincial constituye otro de los aspectos destacados por la compañía. En la actualidad participan 245 empresas proveedoras vinculadas a servicios de exploración, transporte, obras, logística y mantenimiento. De ese universo, 150 tienen base en San Juan, lo que representa más del 60% de las contrataciones activas.
La hoja de ruta presentada este año contempla un desarrollo por etapas que combinará los recursos de Josemaría y Filo del Sol, dos de los descubrimientos cupríferos más relevantes de los últimos años. Según la Evaluación Económica Preliminar difundida en febrero, el complejo podría alcanzar una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años de explotación.
La aprobación dentro del RIGI representa mucho más que un beneficio fiscal. Marca el inicio de una nueva etapa para una iniciativa llamada a redefinir la escala de la minería argentina y a convertir a San Juan en uno de los principales polos cupríferos de América Latina, en un momento en que la demanda global de cobre se expande al ritmo de la transición energética y la electrificación de las economías.
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Empleo en retroceso: en la era Milei se perdieron más de 300.000 puestos formales
Los registros oficiales muestran una nueva caída del trabajo registrado y el cierre de más de 26.000 empresas. Mientras la inflación desacelera, los salarios vuelven a quedar por debajo de los precios y el consumo sigue debilitado.
El mercado laboral volvió a encender señales de alarma. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en marzo se destruyeron 10.728 empleos asalariados registrados y otros 17.685 trabajadores independientes abandonaron la formalidad. Con este resultado, la pérdida acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 300.000 puestos de trabajo.
El deterioro no se limita a los trabajadores. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, una reducción equivalente al 5,2% del entramado productivo formal. Sólo en los últimos doce meses cerraron 14.203 firmas.
La retracción alcanzó tanto al ámbito privado como al estatal. Durante marzo, el empleo asalariado registrado retrocedió 0,11% respecto del mes anterior. El segmento privado explicó la mayor parte de la caída, con 7.603 puestos menos, mientras que el sector público perdió 2.364 empleos y el trabajo en casas particulares registró una reducción de 761 trabajadores.
Los indicadores interanuales muestran un panorama aún más contundente. El empleo privado formal se ubicó en 6,18 millones de trabajadores, lo que representa 96.700 puestos menos que un año atrás, una contracción del 1,5%.
La industria manufacturera volvió a ubicarse entre las actividades más golpeadas. En marzo eliminó 5.043 empleos y acumula una pérdida de 47.647 trabajadores en los últimos doce meses. El comercio, principal empleador privado del país, redujo su plantilla en 24.275 puestos durante el último año y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de 2024.
El retroceso exhibe además una dimensión federal. Veinte de las veinticuatro jurisdicciones registraron caídas interanuales del empleo privado. Sólo Neuquén (+3,3%), Río Negro (+3,2%), La Rioja (+3%) y San Juan (+2,2%) lograron sostener números positivos, impulsados por actividades vinculadas a la energía, la minería y determinadas inversiones regionales.
Sin embargo, los especialistas advierten que los rubros más dinámicos representan una porción reducida del universo laboral. De acuerdo con estimaciones privadas, las actividades asociadas a las exportaciones y a los grandes proyectos de inversión apenas concentran el 7% del empleo asalariado formal, una proporción insuficiente para compensar las pérdidas registradas en la industria, el comercio y otros segmentos vinculados al mercado interno.
A este cuadro se suma la evolución de los ingresos. La remuneración bruta promedio del empleo privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con una mejora interanual del 31,6%, mientras que la mediana salarial se ubicó en $1,54 millones y avanzó 28,1%. Ambas variaciones quedaron por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 32,6%.
La pérdida de poder adquisitivo comienza a reflejarse en los hábitos de consumo. Un relevamiento de Focus Market reveló que el 14% de los hogares redujo la cantidad o la calidad de los alimentos que consume, un dato que muestra que los ajustes ya no recaen únicamente sobre gastos prescindibles sino también sobre necesidades esenciales.
La desaceleración inflacionaria continúa siendo uno de los principales argumentos económicos del Gobierno. Sin embargo, los datos laborales revelan una realidad más compleja: mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, el empleo formal continúa en retroceso, las empresas siguen reduciendo planteles y una porción creciente de hogares enfrenta dificultades para sostener su nivel de consumo. El desafío para los próximos meses ya no será sólo consolidar la baja de los precios, sino lograr que esa mejora alcance al trabajo, la producción y los ingresos.
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La UNSJ apuesta al empleo estratégico
La UNSJ incorporará tecnicaturas en riego y maquinaria pesada para responder a la demanda de personal calificado en áreas estratégicas de San Juan. Las propuestas tendrán modalidad virtual, dos años de duración y fueron diseñadas junto a organismos públicos y empresas vinculadas a la producción y la minería.
La Universidad Nacional de San Juan ampliará su oferta académica durante el segundo semestre con la incorporación de dos tecnicaturas orientadas a cubrir necesidades concretas del entramado productivo provincial. A través de la Facultad de Ingeniería, comenzarán a dictarse la Tecnicatura Universitaria en Gestión del Distrito de Riego y la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
La decisión responde a una demanda creciente de perfiles técnicos especializados en dos actividades centrales para la economía sanjuanina: la administración eficiente del recurso hídrico y el sostenimiento operativo de la industria minera.
Uno de los aspectos más relevantes es el regreso de una formación vinculada al riego que había dejado de dictarse hace más de una década. La nueva propuesta fue actualizada en contenidos y estructura académica, incorporando herramientas acordes a los desafíos actuales de la gestión hídrica. Su puesta en marcha cuenta con financiamiento del Ministerio de Producción y surgió a partir de una solicitud de la Dirección de Hidráulica.
Las inscripciones para esta tecnicatura permanecerán abiertas hasta el 21 de junio, mientras que el curso de ingreso comenzará el 22 del mismo mes. La convocatoria está destinada a aspirantes de toda la provincia.
En este aspecto, la Facultad de Ingeniería extenderá el alcance de la Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, una formación que ya funciona en zonas vinculadas a la actividad extractiva y que ahora llegará también a Caucete mediante un convenio de cooperación con el municipio.
Con una duración de dos años y cursado virtual, ambas carreras fueron estructuradas tras una serie de consultas con compañías y organismos vinculados a la producción. El objetivo es acortar la distancia entre la formación académica y las competencias requeridas por el mercado laboral.
Los planes de estudio incorporan contenidos técnicos específicos, formación en gestión, herramientas de calidad, inglés aplicado y prácticas preprofesionales destinadas a fortalecer la inserción laboral de los estudiantes. Cada propuesta dispondrá de un cupo máximo de 150 ingresantes y exigirá la aprobación de un curso introductorio.
La modalidad a distancia estará acompañada por tutorías territoriales y dispositivos de seguimiento académico, una estrategia con la que la universidad busca ampliar el acceso a la educación superior sin resignar acompañamiento pedagógico.
La incorporación de estas tecnicaturas refleja una tendencia cada vez más marcada en las universidades públicas: adaptar su oferta a las transformaciones productivas y a la demanda de recursos humanos calificados. En una provincia donde la minería, la gestión del agua y la infraestructura concentran buena parte de las perspectivas de crecimiento, la formación técnica comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en la planificación del desarrollo.
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