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En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.

El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.

Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.

Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.

El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.

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Uber y otras apps: qué deberán cumplir los choferes para trabajar en San Juan

La provincia prepara el lanzamiento de la plataforma y el sitio web que habilitarán los servicios de contactabilidad previstos por la Ley de Transporte N° 2799-A. Los conductores deberán acreditar registración ante ARCA, licencia profesional y los vehículos tendrán que cumplir requisitos de antigüedad, seguro, RTO, geolocalización y control mediante QR.

Las aplicaciones de transporte ingresaron en la etapa final antes de su puesta en funcionamiento en San Juan. El Gobierno provincial ultima la presentación de la plataforma tecnológica y del sitio web que permitirán registrar a conductores y vehículos y habilitar los servicios de contactabilidad contemplados por la Ley de Transporte N° 2799-A.

La implementación está prevista para este mes, luego de las primeras pruebas piloto. Quienes quieran prestar servicios mediante plataformas digitales deberán cumplir requisitos específicos, tanto en materia fiscal y profesional como respecto de los automóviles utilizados.

Uno de los principales cambios estará vinculado con la registración fiscal de los conductores. Para incorporarse al sistema deberán contar con CUIT o CUIL registrado ante ARCA. Esto no implica una obligación general de inscribirse como monotributistas: el encuadre tributario dependerá de cada caso y podrá corresponder a responsables inscriptos, monotributistas o trabajadores en relación de dependencia.

También será obligatoria la licencia de conducir profesional, requisito que equipara a quienes trabajen mediante aplicaciones con las exigencias vigentes para los choferes de taxis y remises.

Qué deberán tener los vehículos

Los controles alcanzarán igualmente a los automóviles. El titular deberá acreditar su registración ante ARCA y presentar una póliza de seguro específica para el transporte de pasajeros.

La normativa establece además un límite de 10 años de antigüedad para las unidades que ingresen al sistema. Todos los vehículos deberán contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

La tecnología tendrá un papel central en los controles. Cada automóvil habilitado dispondrá de un sistema de geolocalización permanente, destinado a permitir el seguimiento de los recorridos durante la prestación del servicio.

A esa herramienta se sumará un código QR visible en cada unidad. Antes de iniciar el viaje, el pasajero podrá escanearlo para comprobar si tanto el conductor como el vehículo figuran registrados y habilitados por la autoridad provincial.

El sistema busca que las plataformas digitales funcionen dentro de un esquema de registro y fiscalización provincial, con información disponible tanto para las autoridades como para los usuarios.

La presentación de la aplicación y del sitio web constituirá el último paso antes del inicio operativo. Allí se concentrarán los registros de prestadores y automóviles y las herramientas destinadas a verificar las habilitaciones.

Con las pruebas piloto ya iniciadas, el Gobierno espera completar los ajustes técnicos durante los próximos días y avanzar durante septiembre con la incorporación formal de las aplicaciones al sistema de transporte de pasajeros de San Juan.

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Diputados se encamina a tratar el lunes la adecuación del Código Penal Juvenil

La Cámara de Diputados deberá modificar de manera transitoria el Código Procesal Penal vigente para adecuarlo al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que comenzó a regir el 5 de septiembre y establece los 14 años como nueva edad de imputabilidad. La sesión especial se encamina para el próximo lunes.

El proyecto será remitido por la Corte de Justicia y alcanzará los artículos que regulan el tratamiento procesal de adolescentes. La intención es establecer una herramienta provisoria mientras avanza la elaboración de una legislación específica para el fuero juvenil.

La fecha de tratamiento aún no fue confirmada oficialmente, aunque la sesión especial se encamina para el próximo lunes. La alternativa de convocarla este viernes quedó descartada por el feriado provincial correspondiente al natalicio de Domingo Faustino Sarmiento. Además, el debate no podría superponerse con la sesión ordinaria que la Legislatura realiza habitualmente los jueves.

La necesidad de recurrir a los diputados surgió después de que la Corte analizara inicialmente la posibilidad de resolver la adecuación mediante una acordada. El estudio jurídico determinó finalmente que las modificaciones requeridas implican cambios legislativos y, por lo tanto, deben ser discutidas y sancionadas por la Cámara.

Mientras se completa ese proceso, los magistrados del fuero juvenil deberán aplicar el nuevo régimen nacional a los casos que ingresen a los tribunales, interpretándolo en función de las normas procesales actualmente vigentes.

La reforma también plantea una adaptación institucional de mayor alcance: el sistema deberá compatibilizarse con el modelo acusatorio, que redefine las funciones de jueces, fiscales y defensores y exige adecuaciones en los procedimientos utilizados para investigar y juzgar hechos atribuidos a adolescentes.

El nuevo régimen comenzó a regir el sábado 5 de septiembre, pese al pedido formulado por distintas provincias para postergar su implementación hasta fin de año. Los gobiernos provinciales habían advertido que necesitaban más tiempo para adecuar sus estructuras judiciales y sus legislaciones, pero el planteo no fue aceptado por la Nación.

La modificación que ahora deberá votar la Legislatura sanjuanina permitirá cubrir ese período de transición hasta que la provincia pueda contar con una regulación procesal juvenil integral y específica.

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ASIJEMIN suma a la Municipalidad de Salta a su agenda de formación minera

El intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, firmaron un acuerdo para promover cursos, talleres y diplomados destinados a fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada con la minería.

La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron avanzar en una agenda de formación orientada a acompañar el crecimiento de la minería y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos interesados en incorporarse a la industria.

El entendimiento quedó formalizado mediante un acta suscripta por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz.

La propuesta contempla el diseño de cursos, talleres, diplomados y otras instancias educativas destinadas a incorporar conocimientos técnicos y profesionales requeridos por la minería. La iniciativa procura, además, fortalecer la preparación de trabajadores que ya se desempeñan en la industria y facilitar el acceso a herramientas de formación para personas que buscan ingresar a ella.

Durante el encuentro también participaron Roberto Velázquez, de la Delegación Regional NOA; Humberto Coria, director de la Delegación Regional Centro; y Roque Balmaceda, secretario de Acción Social y Turismo de ASIJEMIN.

La Secretaría Técnico-Profesional y de Formación, encabezada por Fabián Gasco, tendrá un papel central en el desarrollo de las futuras propuestas, con el objetivo de orientar los contenidos hacia las necesidades profesionales y técnicas que demanda la minería.

El acuerdo adquiere relevancia en una provincia integrada a uno de los corredores mineros del NOA, donde la expansión de proyectos extractivos requiere perfiles con formación específica en áreas técnicas, profesionales y operativas.

Para ASIJEMIN, la capacitación constituye además una herramienta para mejorar las competencias de los trabajadores y ampliar las posibilidades de incorporación de nuevos recursos humanos. La apertura de propuestas educativas hacia la comunidad busca vincular la formación laboral con las oportunidades que genera el desarrollo minero.

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