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El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, despidió a 113 trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sumándose a los casi tres mil despidos ya realizados en distintas áreas de la cartera. Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con un plan de privatizaciones y cierres de empresas estatales, que podría afectar a decenas de miles de trabajadores y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales.

La nueva tanda de despidos en Capital Humano se produce en un contexto de ajuste y recorte de gastos en la administración pública, impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Según el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la gestión de La Libertad Avanza ya ha concretado alrededor de 45 mil cesantías en la administración pública, y busca avanzar con una «super reestructuración» de organismos para unificar dependencias con «tareas duplicadas».

Sin embargo, este plan de ajuste y privatizaciones va más allá de la simple reestructuración de organismos. El Gobierno nacional tiene en su mira la privatización o cierre de varias empresas estatales, incluyendo bancos, empresas de servicios públicos y organismos de radiodifusión. Algunas de ellas que podrían verse afectadas son el Banco Hipotecario, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BiCE), Correo Argentino, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), y el sistema de radiodifusión nacional.

El proceso de recortes y privatizaciones del Gobierno nacional tiene serias implicaciones para la economía y la sociedad argentina. La privatización de empresas estatales y la reducción del Estado pueden generar desempleo y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales. Además, la concentración de la propiedad y la riqueza en manos de unos pocos puede agravar la desigualdad y la pobreza en el país.

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El Día del Empleado de Comercio tendrá carácter de feriado el 28 de septiembre

La FAECyS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración prevista por la Ley 26.541 al lunes 28 de septiembre. La jornada tendrá el tratamiento legal correspondiente a un feriado nacional y no podrá utilizarse como franco compensatorio.

La fecha original establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero el entendimiento entre las partes dispuso trasladar la conmemoración al lunes siguiente para garantizar a los trabajadores los derechos laborales asociados a la jornada.

La circular difundida por la FAECyS el 7 de septiembre precisó que la fecha trasladada conservará todos los alcances previstos por la legislación. En materia salarial, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas complementarias, con el tratamiento correspondiente a los feriados nacionales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el lunes 28 no podrá ser utilizado como franco compensatorio del descanso semanal. De esta manera, la jornada mantiene su carácter especial y no puede ser absorbida por otro día de descanso que correspondiera al trabajador.

El entendimiento fue remitido para su homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que permitirá formalizar el acuerdo alcanzado entre la representación gremial y las cámaras empresarias.

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Universidades: docentes y nodocentes paran este martes y preparan otra marcha federal

Docentes y nodocentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro de 24 horas tras rechazar la última propuesta del Gobierno. Reclaman una recomposición del 31,2%, la restitución del FONID, mejoras para el personal nodocente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanza a las entidades representadas por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA, por lo que la protesta comprende tanto el dictado de clases como las tareas administrativas, técnicas y de servicios.

El paro fue ratificado luego de la reunión paritaria del 1° de septiembre, cuando el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y sostuvo otro 3% para octubre. Las organizaciones rechazaron la propuesta al considerar que no contempla el deterioro acumulado de los salarios frente a la inflación. Además, señalaron que el tramo correspondiente a octubre ya había sido acordado en junio.

El reclamo gremial contempla una recomposición del 31,2% acumulada hasta julio, a la que deberán incorporarse la inflación de agosto y los montos pendientes de actualización. También se exige un mecanismo de revisión periódica vinculado al índice de precios del INDEC para evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo.

A la agenda salarial se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), respuestas para las escuelas preuniversitarias y una mejora de las condiciones del personal nodocente. FATUN reclama, además, el blanqueo de sumas no remunerativas y una actualización de la garantía salarial.

El conflicto incorpora una disputa presupuestaria. Los gremios reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación permanece demorada por decisión del Poder Ejecutivo y constituye uno de los principales puntos de desacuerdo.

Los dirigentes sindicales advierten que la pérdida de ingresos ya repercute sobre la permanencia de docentes, investigadores y estudiantes. Ricardo Mozzi, de FAGDUT, sostuvo que el deterioro salarial genera “éxodo y deserción”, mientras que Sergio Romero, titular de UDA, cuestionó la demora oficial en aplicar la legislación de financiamiento.

La protesta tendrá continuidad durante septiembre. El martes 15 se realizarán clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, coincidiendo con una nueva convocatoria paritaria.

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Uber y otras apps: qué deberán cumplir los choferes para trabajar en San Juan

La provincia prepara el lanzamiento de la plataforma y el sitio web que habilitarán los servicios de contactabilidad previstos por la Ley de Transporte N° 2799-A. Los conductores deberán acreditar registración ante ARCA, licencia profesional y los vehículos tendrán que cumplir requisitos de antigüedad, seguro, RTO, geolocalización y control mediante QR.

Las aplicaciones de transporte ingresaron en la etapa final antes de su puesta en funcionamiento en San Juan. El Gobierno provincial ultima la presentación de la plataforma tecnológica y del sitio web que permitirán registrar a conductores y vehículos y habilitar los servicios de contactabilidad contemplados por la Ley de Transporte N° 2799-A.

La implementación está prevista para este mes, luego de las primeras pruebas piloto. Quienes quieran prestar servicios mediante plataformas digitales deberán cumplir requisitos específicos, tanto en materia fiscal y profesional como respecto de los automóviles utilizados.

Uno de los principales cambios estará vinculado con la registración fiscal de los conductores. Para incorporarse al sistema deberán contar con CUIT o CUIL registrado ante ARCA. Esto no implica una obligación general de inscribirse como monotributistas: el encuadre tributario dependerá de cada caso y podrá corresponder a responsables inscriptos, monotributistas o trabajadores en relación de dependencia.

También será obligatoria la licencia de conducir profesional, requisito que equipara a quienes trabajen mediante aplicaciones con las exigencias vigentes para los choferes de taxis y remises.

Qué deberán tener los vehículos

Los controles alcanzarán igualmente a los automóviles. El titular deberá acreditar su registración ante ARCA y presentar una póliza de seguro específica para el transporte de pasajeros.

La normativa establece además un límite de 10 años de antigüedad para las unidades que ingresen al sistema. Todos los vehículos deberán contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

La tecnología tendrá un papel central en los controles. Cada automóvil habilitado dispondrá de un sistema de geolocalización permanente, destinado a permitir el seguimiento de los recorridos durante la prestación del servicio.

A esa herramienta se sumará un código QR visible en cada unidad. Antes de iniciar el viaje, el pasajero podrá escanearlo para comprobar si tanto el conductor como el vehículo figuran registrados y habilitados por la autoridad provincial.

El sistema busca que las plataformas digitales funcionen dentro de un esquema de registro y fiscalización provincial, con información disponible tanto para las autoridades como para los usuarios.

La presentación de la aplicación y del sitio web constituirá el último paso antes del inicio operativo. Allí se concentrarán los registros de prestadores y automóviles y las herramientas destinadas a verificar las habilitaciones.

Con las pruebas piloto ya iniciadas, el Gobierno espera completar los ajustes técnicos durante los próximos días y avanzar durante septiembre con la incorporación formal de las aplicaciones al sistema de transporte de pasajeros de San Juan.

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