La Provincia rescindió el vínculo con la empresa Moovit como proveedora exclusiva de la app oficial de la Red Tulum, liberó la base de datos del sistema de transporte y lanzó un proceso licitatorio para definir una nueva plataforma institucional. El Ejecutivo asegura que la decisión generará un ahorro anual de 300 millones de pesos y ampliará la oferta para los usuarios.

La desvinculación de Moovit como titular de la aplicación oficial de la Red Tulum no se limita a un cambio de proveedor: configura un viraje en la arquitectura digital del sistema y en la lógica de contratación estatal.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, encuadró la decisión en una estrategia de eficiencia presupuestaria y apertura tecnológica. Según precisó, la provincia dejará de erogar alrededor de 300 millones de pesos anuales que se abonaban por el uso de la marca y la prestación exclusiva del servicio. “Ese monto ya no se va a pagar”, subrayó el funcionario, al poner el foco en el impacto fiscal de la medida.

Del modelo cerrado a la apertura de datos

La novedad central es la liberación de la información del sistema: recorridos, paradas y datos en tiempo real quedaron disponibles para desarrolladores interesados en crear planificadores de viaje sin costo para el Estado ni para los usuarios. El Gobierno apuesta a que esta política genere competencia, diversidad de interfaces y mejoras en la experiencia del pasajero.

La transición no implicará —según la cartera de Gobierno— una merma en el acceso a la información. El servicio de datos que brindaba Moovit cesará en marzo, pero San Juan gestionó la incorporación gratuita de los recorridos a Google Maps, además de habilitar otras aplicaciones que ya operan con seguimiento en tiempo real.

En la actualidad, los usuarios pueden optar entre distintas plataformas: Moovit (hasta el vencimiento definitivo), Wara, Google Maps, Trip, Budop, OpenStreetMap y Cuándo Subo.

Todas funcionan en Android y iOS y ofrecen planificación de recorridos con datos actualizados.

“De tener una sola opción pasamos a seis, y estamos trabajando con dos más”, sostuvo Molina, quien remarcó que cualquier desarrollador local podrá acceder a la base de datos para crear nuevas alternativas. La intención oficial es consolidar un ecosistema abierto donde el usuario elija la interfaz que mejor se adapte a sus preferencias.

La licitación y el rol del Estado

Pese a la multiplicidad de aplicaciones gratuitas, el Ejecutivo confirmó que avanzará con una licitación para definir la app institucional. La convocatoria está prevista para el próximo mes de marzo y buscará establecer una plataforma oficial bajo estándares de transparencia y competencia.

“La licitación hay que hacerla para tener la aplicación oficial. Son los procesos normales del Estado”, señaló el funcionario, al defender la necesidad de contar con una herramienta que represente formalmente al sistema de transporte provincial.

Aquí emerge un problema estructural: si el mercado ya ofrece soluciones sin costo directo para la administración, ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la provisión de una app propia? La respuesta oficial combina dos argumentos: garantizar continuidad institucional y evitar la dependencia exclusiva de un proveedor, como ocurrió en la etapa anterior.

El cambio, en este sentido, no solo persigue ahorro fiscal, sino también autonomía estratégica. La experiencia con un único operador dejó expuesta la vulnerabilidad del esquema cerrado. La apertura de datos busca reducir ese riesgo y distribuir la prestación del servicio en un entorno más competitivo.

Impacto en usuarios y proyección

Para el pasajero cotidiano, la prioridad es la certeza de que podrá consultar en tiempo real la ubicación del colectivo y planificar su viaje sin sobresaltos. La Provincia insiste en que el servicio no se interrumpirá y que la migración será gradual.

El desafío, no obstante, será sostener la calidad de la información y la integración entre plataformas. La apertura de datos amplía oportunidades, pero también exige una supervisión técnica constante para evitar inconsistencias o fragmentación en la experiencia digital.

En términos políticos, la decisión se inscribe en la gestión del gobernador Marcelo Orrego y proyecta una señal de austeridad en un momento económico restrictivo. El ahorro anunciado —300 millones de pesos anuales— se convierte en un fundamento de peso frente a la opinión pública, aunque su efectividad deberá medirse en la práctica.

La salida de Moovit y la liberación de los datos de la Red Tulum marcan un cambio de paradigma en la gestión del transporte público sanjuanino. El Gobierno apuesta a conjugar eficiencia presupuestaria, competencia tecnológica y mayor libertad de elección para el usuario.

El éxito de la estrategia dependerá de dos variables decisivas: que el ahorro prometido se consolide sin deteriorar la calidad del servicio y que la futura licitación garantice transparencia y estándares técnicos sólidos. En una coyuntura donde la digitalización del transporte es clave para la movilidad urbana, San Juan ensaya un modelo más abierto. La incógnita será si esa apertura logra traducirse en innovación sostenida y en una experiencia superadora para quienes, a diario, dependen del colectivo para organizar su vida.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 32 ordenó suspender de inmediato los sumarios iniciados contra trabajadores del Hospital Garrahan que participaron de medidas gremiales. El juez Herman Mendel consideró que las actuaciones configuraban un obstáculo a la libertad sindical y cuestionó declaraciones públicas de funcionarios que anticiparon sanciones. Los gremios celebraron la decisión y mantienen el estado de alerta.

La disputa salarial y presupuestaria en el Hospital Garrahan sumó un nuevo episodio decisivo. La Justicia laboral dictó una medida cautelar que suspende los 40 sumarios administrativos promovidos por la conducción del centro de salud contra trabajadores y dirigentes que encabezaron protestas en reclamo de recomposición salarial y mayor financiamiento.

El fallo, firmado por el juez Herman Mendel a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32, ordena frenar “de inmediato” las actuaciones impulsadas por el interventor designado por el Gobierno nacional, Mariano Pirozzo, y el Consejo de Administración. Esos expedientes constituían el paso previo al pedido de desafuero y eventual despido de 11 empleados, además de la suspensión de otros 29.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la apertura masiva de sumarios en el contexto de un conflicto colectivo configura un “obstáculo” para el ejercicio de la libertad sindical y puede presumirse la existencia de “persecución y hostigamiento”. Además, dispuso que el propio juzgado asumirá el tratamiento de las actuaciones cuestionadas.

Un fallo con fuertes críticas al Ejecutivo

El pronunciamiento judicial no se limitó a un análisis formal de los expedientes. En uno de sus tramos más sensibles, cuestionó declaraciones públicas de funcionarios nacionales que, antes de que concluyeran los procedimientos administrativos, adelantaron sanciones contra los trabajadores.

Según la resolución, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como el ministro de Salud, Mario Lugones, realizaron manifestaciones que anticipaban despidos. Para el juez, ese posicionamiento vulnera garantías constitucionales básicas y pone en duda la imparcialidad del proceso disciplinario, al sugerir que las sanciones ya estaban definidas en el plano político antes de agotarse la instancia jurídica.

El fallo también advierte que el accionar de las autoridades del hospital podía operar como un antecedente “orientado a disciplinar a otros trabajadores”, en un escenario de alta conflictividad gremial.

El trasfondo del conflicto

La disputa se enmarca en la larga negociación salarial que atravesó al principal hospital pediátrico del país durante 2025. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE Garrahan encabezaron una huelga que, según los gremios, permitió alcanzar una recomposición del 61% para recuperar parte del poder adquisitivo erosionado por la inflación.

Esa medida de fuerza incluyó la ocupación de oficinas administrativas en un plano de negociaciones fallidas y ausencia de autoridades en reuniones convocadas formalmente. Desde las organizaciones sindicales sostienen que la apertura de sumarios fue una represalia directa por la protesta.

Tras conocerse la cautelar, la APyT celebró la decisión judicial como un “triunfo de la lucha colectiva”. Sin embargo, aclaró que la medida es provisoria y que la batalla legal continúa hasta lograr la anulación definitiva de los expedientes.

En este aspecto, los gremios ratificaron la convocatoria a un nuevo “Abrazo al Garrahan” para el jueves 26 a las 13, con el objetivo de consolidar el respaldo social y enviar una señal política frente a lo que describen como un proceso de ajuste iniciado el 10 de diciembre de 2023, con la asunción presidencial de Javier Milei.

Más allá de los sumarios

El conflicto no se agota en el plano disciplinario. Los sindicatos denuncian además el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y señalan que cerca de 70 profesionales y técnicos fueron reconvertidos a modalidad de monotributo, sin aguinaldo ni cobertura de riesgos de trabajo.

Para Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el hospital, esa precarización constituye una forma indirecta de presión laboral que agrava la tensión interna y afecta la estabilidad del plantel sanitario.

El trasfondo revela un debate mayor: cómo compatibilizar la administración presupuestaria en un contexto de ajuste con la preservación de derechos laborales en instituciones estratégicas del sistema público de salud.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la adenda al convenio con Vialidad Nacional que habilita a la gestión de Marcelo Orrego a ejecutar obras en tramos de las rutas nacionales 20 y 150. El peronismo acompañó la iniciativa, pero cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el deterioro vial y la paralización de inversiones.

En una sesión extraordinaria que combinó consenso institucional y fricción política, la Cámara de Diputados dio luz verde a la adenda que permitirá a la Provincia intervenir en corredores viales cuya jurisdicción corresponde a la Nación. La decisión, adoptada sobre tablas y con respaldo de todos los bloques, habilita al Ejecutivo local a avanzar sobre puntos críticos de la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 150, ante el deterioro acumulado y la falta de ejecución de obras por parte del Estado nacional.

El acuerdo con Vialidad Nacional constituye, en los hechos, una cesión operativa para que la provinncia asuma tareas de infraestructura en tramos considerados estratégicos para la seguridad y el desarrollo productivo. La intervención más inmediata se concretará en la intersección de la Ruta 20 con calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, un nodo de alto tránsito que concentra circulación urbana e interdepartamental.

En este sentido, la Provincia encarará mejoras en distintos cruces de la Ruta 150, en el departamento Iglesia: calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli. Se trata de sectores con relevancia turística y minera, donde la conectividad y la seguridad vial resultan determinantes para la actividad económica.

Acompañamiento con críticas

El respaldo legislativo no estuvo exento de cuestionamientos. Desde el bloque peronista se acompañó la herramienta legal, aunque con fuertes objeciones hacia la administración libertaria. El diputado Mario Herrero, del espacio San Juan Vuelve, planteó que las rutas nacionales evidencian un marcado deterioro y denunció una “ausencia total” del Estado nacional en materia de mantenimiento.

El señalamiento apunta a un debate más amplio: la recaudación de fondos específicos para infraestructura vial frente a la falta de ejecución de obras. En ese marco, legisladores del arco opositor subrayaron que la Provincia se ve obligada a intervenir para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad en corredores clave para la producción, el turismo y la integración regional.

La discusión trasciende la coyuntura provincial. La decisión de asumir competencias sobre rutas federales refleja el reordenamiento de responsabilidades que atraviesan las provincias en un contexto de ajuste del gasto nacional. Mientras la Casa Rosada sostiene la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, los gobiernos provinciales enfrentan la presión de sostener servicios e infraestructura esenciales.

Federalismo en tensión

La adenda aprobada expone, además, una presión estructural en el esquema federal: la administración nacional conserva la titularidad de las rutas, pero la ejecución material queda en manos de la Provincia. Este mecanismo, que requiere coordinación técnica y financiera, evidencia la complejidad de sostener infraestructura estratégica en tiempos de restricciones presupuestarias.

En términos políticos, el gobernador Orrego logró un respaldo transversal que le permite avanzar con obras largamente demandadas. El consenso alcanzado en el recinto —más allá de las diferencias expresadas— revela una prioridad compartida: evitar que la discusión partidaria paralice soluciones concretas.

La aprobación unánime de la adenda vial sintetiza una doble dinámica. Por un lado, la necesidad pragmática de garantizar seguridad y conectividad en rutas neurálgicas para San Juan. Por otro, la creciente tirantez entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento y la ejecución de infraestructura.

El desafío inmediato será traducir el aval legislativo en obras efectivas. En un escenario de restricciones fiscales y debates sobre el rol del Estado, la decisión de la Legislatura marca una definición política clara: cuando la infraestructura crítica se deteriora, la responsabilidad pública no admite dilaciones, aun cuando ello implique asumir competencias que formalmente pertenecen a otro nivel de gobierno.