El Gobierno avanza con la privatización de empresas estatales y el ajuste en la administración pública
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, despidió a 113 trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sumándose a los casi tres mil despidos ya realizados en distintas áreas de la cartera. Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con un plan de privatizaciones y cierres de empresas estatales, que podría afectar a decenas de miles de trabajadores y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales.
La nueva tanda de despidos en Capital Humano se produce en un contexto de ajuste y recorte de gastos en la administración pública, impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Según el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la gestión de La Libertad Avanza ya ha concretado alrededor de 45 mil cesantías en la administración pública, y busca avanzar con una «super reestructuración» de organismos para unificar dependencias con «tareas duplicadas».
Sin embargo, este plan de ajuste y privatizaciones va más allá de la simple reestructuración de organismos. El Gobierno nacional tiene en su mira la privatización o cierre de varias empresas estatales, incluyendo bancos, empresas de servicios públicos y organismos de radiodifusión. Algunas de ellas que podrían verse afectadas son el Banco Hipotecario, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BiCE), Correo Argentino, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), y el sistema de radiodifusión nacional.
El proceso de recortes y privatizaciones del Gobierno nacional tiene serias implicaciones para la economía y la sociedad argentina. La privatización de empresas estatales y la reducción del Estado pueden generar desempleo y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales. Además, la concentración de la propiedad y la riqueza en manos de unos pocos puede agravar la desigualdad y la pobreza en el país.
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San Juan lleva el boleto de colectivo a $1.530: el aumento espera la actualización de SUBE
El Gobierno de San Juan confirmó un aumento del 17,69% en el boleto del transporte público. La tarifa de primera sección pasará de $1.300 a $1.530, una suba de $230 que también estará acompañada por modificaciones en los valores de los recorridos hacia los departamentos del interior provincial.
La actualización fue comunicada este sábado por la Secretaría de Tránsito y Transporte, aunque todavía no tiene fecha de aplicación. El nuevo cuadro comenzará a regir una vez que el sistema SUBE complete la adecuación de sus registros. Hasta entonces, los pasajeros continuarán abonando los importes vigentes.
El nuevo cuadro tarifario para los trayectos interdepartamentales quedó definido de la siguiente manera: los viajes hacia Albardón, Pocito y 9 de Julio pasarán a costar $2.562,77, mientras que a San Martín y Angaco el boleto saldrá $2.894,27. Por su parte, trasladarse a Caucete y 25 de Mayo tendrá un valor de $4.182,02; a Zonda, $4.195,67; a Ullum, $5.826,79; y el tramo más costoso será hacia Sarmiento, con una tarifa de $6.171,04.
Las distancias más extensas tendrán los importes más elevados: llegar a Jáchal costará $25.691,41; a Valle Fértil, $38.530,73; y a Iglesia y Calingasta, $42.814,75. En cambio, se mantendrán sin cargo los boletos escolar y docente, además de los trasbordos.
La decisión llega después de varias semanas de discusiones sobre el financiamiento del transporte. Durante octubre, la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) había cuestionado la suficiencia de los recursos disponibles para sostener el servicio, afrontar los salarios, cubrir el combustible y mantener las unidades.
Aunque había trascendido que las empresas pretendían una tarifa de primera sección cercana a los $1.550, la entidad negó haber solicitado formalmente ese importe y sostuvo que el problema excedía el valor del boleto. Su propuesta se centraba en la necesidad de obtener más recursos, ya sea a través de un ajuste de tarifas, subsidios estatales o una combinación de ambos.
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Tránsito y Transporte, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Primera sección: $1.530,00
- Escolar: gratuito
- Docente: gratuito
- Trasbordo: gratuito
- Albardón: $2.562,77
- Pocito: $2.562,77
- 9 de Julio: $2.562,77
- San Martín: $2.894,27
- Angaco: $2.894,27
- Caucete: $4.182,02
- 25 de Mayo: $4.182,02
- Zonda: $4.195,67
- Ullum: $5.826,79
- Sarmiento: $6.171,04
- Jáchal: $25.691,41
- Valle Fértil: $38.530,73
- Iglesia: $42.814,75
- Calingasta: $42.814,75
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Marcelo Trujillo pone el foco en el empleo, la vivienda y la unidad de la CGT
El titular del Sindicato Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (Soeesit), Marcelo Trujillo, analizó el último acuerdo salarial, advirtió sobre la inquietud que generan las reestructuraciones empresariales y valoró la incorporación del gremio al programa provincial de viviendas. También respaldó la recorrida de la CGT Regional por los sindicatos.
La reconfiguración del mercado de las telecomunicaciones, con la fusión de Telecom y Telefónica y la reorganización de las operaciones, comenzó a generar inquietud entre los trabajadores sanjuaninos. Marcelo Trujillo, titular del Sooesit, advirtió que los rumores sobre posibles retiros y cambios en las estructuras empresariales alimentan la incertidumbre laboral, en un momento en que el gremio busca sostener el poder adquisitivo y garantizar mejores condiciones para sus afiliados.
Durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan, el dirigente señaló que la reforma corporativa aún genera dudas respecto a la estructura operativa y el destino de ciertos canales de atención. En ese proceso también apareció Metrotel como nuevo operador, con parte de las prestaciones que pasarán a funcionar en la región de Cuyo.
Aunque San Juan no fue alcanzada directamente por algunos de esos traspasos, Trujillo señaló que existen líneas vinculadas con la provincia y que la falta de definiciones alimenta los temores. “El compañero empieza a sentir rumores de todos lados”, describió. La preocupación, remite a experiencias anteriores de privatización y reconversión, cuando los cambios tuvieron consecuencias sobre las plantillas laborales.
El gremialista también puso en valor la reciente visita de referentes de la CGT Regional San Juan a la sede del sindicato, en el marco de una recorrida impulsada por la Secretaría de Relaciones Institucionales. Eduardo Cabello y Alfredo Collado participaron del encuentro con la comisión directiva y delegados, en una reunión que se extendió durante más de dos horas.
Para Trujillo, la presencia de la central obrera en las organizaciones afiliadas responde a una necesidad concreta: fortalecer los vínculos entre los gremios y evitar que cada sindicato afronte sus dificultades de manera aislada. Consideró que los trabajadores necesitan sentirse acompañados tanto por sus propias conducciones como por la institución que los representa en el ámbito regional y nacional.
En la reunión también se abordaron el endeudamiento de los trabajadores y las dificultades económicas que atraviesan los hogares. El titular del gremio de las telecomunicaciones en San juan calificó el encuentro como positivo y valoró que los afiliados pudieran plantear directamente sus inquietudes ante los representantes de la central.
En materia salarial, Trujillo informó que el último entendimiento paritario contempla una suma fija equivalente al 3,6% mensual para noviembre y diciembre. Según precisó, el acuerdo tiene una aplicación diferenciada: representa el 60% para uno de los convenios y el 100% para el correspondiente a las empresas de telefonía móvil.
El represntate gremial defendió el pago mensual de esos importes frente a las modalidades que distribuyen las sumas en cuotas, porque considera que así los trabajadores disponen del dinero en el momento en que deben afrontar sus gastos. Aunque reconoció que la mejora no alcanza para compensar plenamente el aumento del costo de vida, sostuvo que constituye un alivio frente a los gastos de alquiler, alimentos y transporte. “Podemos haber bajado en la macro la inflación, pero en el bolsillo del trabajador el gasto sigue aumentando”, planteó.
Otro de los anuncios valorados por el gremio fue su incorporación al programa provincial de construcción de barrios destinados a organizaciones sindicales. Trujillo definió la noticia como la concreción de una aspiración que el sindicato sostenía desde hacía tiempo y que permitirá avanzar hacia una solución habitacional para sus afiliados.
La inclusión en la operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda constituye el primer paso. Según explicó, ahora deberán iniciar los trámites administrativos ante el organismo y aguardar las definiciones sobre la ejecución de las obras y los plazos de entrega, que dependerán de la programación correspondiente.
Al cerrar la entrevista, Trujillo advirtió que la agenda del Soeesit combina así tres prioridades inmediatas: defender los ingresos, despejar las dudas sobre el futuro laboral en una industria en transformación y avanzar en el acceso a la vivienda propia.
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La gestión de Milei acumula más de 75.000 empleos públicos eliminados
La estructura del Estado nacional perdió 75.260 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei, según los registros publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La dotación conjunta de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades estatales descendió de 341.465 empleados en diciembre de 2023 a 266.205 en septiembre de 2025, una contracción superior al 22%.
El recorte no se detuvo durante el último mes relevado. En septiembre se contabilizaron 2.199 trabajadores menos que en agosto, una baja mensual del 0,8%. Frente al mismo mes de 2024, la reducción alcanzó los 17.176 puestos, equivalente al 6,1%.
Dentro de la Administración Pública Nacional se registró una baja en todos sus sectores: el personal de los organismos centralizados cayó de 37.955 a 37.200, el de los descentralizados pasó de 109.025 a 108.726, y en las entidades desconcentradas la nómina disminuyó de 21.123 a 21.037 trabajadores.
La disminución más pronunciada correspondió a los otros entes, que pasaron de 13.226 empleados en agosto a 12.433 en septiembre, una merma cercana al 6%. También las empresas y sociedades del Estado redujeron sus plantillas: perdieron 148 puestos en un mes y 3.447 en la comparación interanual, con una caída del 3,8%.
El acumulado de 2025 también refleja la continuidad del ajuste. Desde diciembre último, se constató 12.559 puestos menos, mientras que la variación interanual de septiembre fue negativa en un 4,5%.
El ajuste en el empleo estatal impulsado por la Casa Rosada no se detuvo tras los primeros meses de gestión: durante 2025 continuó achicando las plantas de distintos ministerios, organismos y empresas públicas. Esta contracción de la estructura estatal —uno de los ejes del plan oficial— reconfigura el funcionamiento de las áreas de gobierno y altera las condiciones de los trabajadores.
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