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Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 42% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2024. Esto significa que más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud y con salarios inferiores a los que están registrados.

La informalidad laboral es un problema crónico en el país, y los últimos datos del INDEC lo confirman. En el cuarto trimestre de 2024, el 42% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad, lo que equivale a más de 5,7 millones de personas.

El empleo no formal es particularmente alto en ciertos sectores, como el servicio doméstico, donde el 77% de los trabajadores no están registrados. Los trabajadores por cuenta propia también se ven afectados, con una tasa de informalidad del 62,4%. Los jóvenes menores de 29 años son los más vulnerables, con una tasa de informalidad del 58,7%. Las mujeres también se ven afectadas, con una tasa de informalidad del 43,4%, lo que refleja la persistencia de la brecha de género en el mercado laboral.

El trabajo en negro tiene graves consecuencias para los trabajadores y la sociedad en general. Los trabajadores informales no tienen acceso a la Seguridad Social, lo que significa que no tienen cobertura de salud, jubilación ni protección en caso de accidentes laborales. Además, los salarios de los trabajadores informales suelen ser inferiores a los de los trabajadores formales, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. La informalidad laboral también limita la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas y servicios esenciales, lo que afecta a toda la sociedad.

El trabajo no registrado es un problema complejo que requiere una solución integral. Es fundamental que el Estado tome medidas para reducir la informalidad laboral y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a los mismos derechos y beneficios. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, como la reducción de cargas impositivas y la simplificación de los trámites administrativos.

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El EPRE atribuyó el corte de energía eléctrica a una falla en la interconexión con Mendoza

Un corte de electricidad afectó este miércoles a distintos puntos de San Juan como consecuencia de una contingencia en las líneas que vinculan a la provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El EPRE informó que la interrupción involucró los enlaces de 220 kV y 500 kV provenientes de Mendoza.

La normalización del servicio eléctrico provincial se ejecutó de forma escalonada. Inicialmente, se reactivó el sistema de 220 kV para iniciar la recuperación gradual de la carga afectada; posteriormente, la restitución del vínculo de 500 kV completó la estabilización total del suministro.

Las instalaciones de transporte involucradas son operadas y mantenidas por DISTROCUYO S.A. y TRANSENER S.A., responsables de los respectivos vínculos de alta tensión que conectan San Juan con el SADI.

El organismo regulador aclaró que todavía no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia. El EPRE aguarda los informes técnicos de ambas empresas para establecer qué ocurrió, en qué punto se originó la falla y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la interrupción.

El EPRE continuará monitoreando la red y anticipó que difundirá nueva información cuando disponga de los informes técnicos correspondientes. Hasta entonces, el organismo mantiene abierta la investigación sobre el origen de la contingencia.

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La Justicia frenó las elecciones de la UTA y fijó una nueva fecha para diciembre

Las elecciones nacionales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstas para el 7 y 8 de octubre, fueron suspendidas por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de listas y avales y fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre.

La resolución, firmada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, cuestionó distintos aspectos del proceso electoral. Entre ellos aparecen inconsistencias en el padrón, la distribución de los electores en las mesas y la oficialización de candidaturas. El tribunal concluyó que, bajo esas condiciones, los comicios no podían celebrarse válidamente en las fechas originalmente previstas.

Uno de los principales puntos observados fue el padrón. La Justicia identificó 2.870 exclusiones realizadas entre junio y agosto bajo la causal genérica de “cese laboral”, sin consignar la fecha concreta de finalización de la relación. También dispuso controles adicionales sobre altas y bajas de afiliados y ordenó verificar documentación antes de resolver futuras impugnaciones.

La Cámara también revisó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas. Para la nueva elección estableció un máximo de 600 votantes por mesa, además de contemplar una urna complementaria para determinados votos observados y mecanismos de verificación de información ante organismos como RENAPER y ARCA.

El nuevo proceso tendrá, además, fiscalización judicial permanente. El abogado laboralista Matías Cremonte fue designado veedor y podrá acceder a registros, bases de datos y documentación vinculada con la organización de los comicios. La Junta Electoral Central y las juntas locales continuarán en funciones, aunque bajo ese control.

La causa se inició a partir de una presentación de la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, contra la UTA y su Junta Electoral. El fallo también permitirá revisar la situación de listas opositoras que habían quedado excluidas en distintas seccionales.

La postergación modifica el calendario de una elección atravesada por una fuerte disputa interna. El oficialismo, representado por la Lista Celeste y Blanca, impulsa nuevamente a Roberto Fernández, mientras que entre los espacios opositores aparecen la Lista Negra de Escriba, la Lista Marrón de Alberto Patiño y la Lista Bordó de Claudio Gómez.

Desde la conducción de la UTA manifestaron su respeto por la resolución judicial, aunque cuestionaron su contenido y atribuyeron la postergación a una estrategia de judicialización de la disputa interna. Esas acusaciones forman parte de la posición del oficialismo y no constituyen una conclusión establecida por el tribunal.

Según el nuevo cronograma, las listas definitivas deberán oficializarse antes del 30 de octubre y las mesas quedarán definidas el 1° de diciembre. En tanto, el escrutinio definitivo y la proclamación de autoridades tendrán que completarse antes del 29 de diciembre.

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Departamentales

Un corte eléctrico imprevisto dejó sin luz a gran parte de San Juan

Un corte imprevisto de energía eléctrica se produjo en la siesta de este miércoles y alcanzó a Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas, Rawson, Pocito y Albardón, además de Jáchal y Sarmiento. Hasta el momento no se informó oficialmente el origen de la interrupción ni cuándo quedará normalizado el suministro.

El interrupción del servicio se produjo de manera repentina y generó inconvenientes para hogares, comercios y distintas actividades que dependen del suministro eléctrico. La extensión geográfica del apagón hizo a que trascendiera el área metropolitana y alcanzara puntos distantes del territorio sanjuanino.

Según informó la empresa Naturgy, la situación se debió a cuestiones ajenas a su gestión y que las causas serán materia de investigación.

La falta de información oficial mantenía abierta la incertidumbre entre los usuarios mientras continuaban los trabajos destinados a restablecer el suministro. La principal incógnita pasa ahora por determinar si se trató de una falla localizada con impacto sobre distintos puntos de la red o de un inconveniente de mayor alcance en el sistema eléctrico provincial.

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