
Un cambio en la fórmula de cálculo para medir la inflación que genera Interrogantes
El INDEC modificará la fórmula para calcular la inflación conforme a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El nuevo índice reconfigura el peso de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, mientras otorga mayor relevancia a servicios digitales y transporte. ¿Qué se gana y qué se pierde en esta redefinición de la realidad económica argentina?
La decisión de reformular la métrica con la que se mide la inflación en Argentina no es menor: implica, ni más ni menos, que redefinir el modo en que el Estado y la sociedad comprenden el impacto del alza de precios en el bolsillo cotidiano. Con una economía azotada por desequilibrios estructurales y una ciudadanía sensibilizada por la erosión constante de su poder adquisitivo, la noticia de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya tiene listo un nuevo sistema para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) merece ser leída con atención crítica y sin ingenuidad.
Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el rediseño fue concluido en marzo de este año y se encuentra a la espera de avales institucionales para su implementación. La modificación tiene el sello del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha participado activamente en la revisión técnica junto al INDEC. El cambio estructural se apoya en un aggiornamiento de la canasta de consumo sobre la que se calcula el IPC, sustituyendo la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 por la versión 2017/2018.
Esta actualización, en teoría, persigue mayor representatividad. Se incorporan consumos contemporáneos —servicios digitales, conectividad, transporte urbano con SUBE— y se reordenan los ponderadores conforme a los patrones de gasto actuales. No obstante, el rediseño esconde un desplazamiento silencioso pero significativo: los rubros tradicionalmente sensibles, como alimentos, medicamentos e indumentaria, reducen su participación en la fórmula. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta ahora representaban más de un cuarto del índice, bajarán al 22,7%. Salud, por su parte, caerá a 6,4%, e indumentaria perderá peso acorde a su menor presencia en el consumo promedio de los hogares.
A contramano, servicios públicos y privados incrementan notablemente su ponderación. La vivienda y sus costos asociados trepan al 14,5%, y el transporte al 14,3%, mientras que el rubro comunicaciones —emblema de la vida digitalizada— duplica su influencia, pasando de 2,83% a 5,2%. Esta reconfiguración, si bien responde a una lógica técnica vinculada a los cambios en los hábitos de consumo, no es políticamente neutra.
El punto neurálgico reside en que un cambio metodológico de esta envergadura puede modificar el rostro estadístico de la inflación, disimulando parcialmente los aumentos en productos de primera necesidad. Así, en contextos de alta inflación concentrada en alimentos y remedios, el nuevo IPC podría resultar menos reflejo del sufrimiento popular y más herramienta para negociar con mayor margen con los acreedores externos y los organismos multilaterales.
Vale recordar que la fórmula Laspeyres —que se mantendrá— mide la evolución de precios sobre una canasta fija, sin tener en cuenta sustituciones que realizan los consumidores cuando los precios se disparan. Este sesgo estructural se verá ahora complementado por un reajuste en los pesos relativos de cada categoría, lo que en la práctica puede suavizar o amplificar determinados efectos según la coyuntura.
La reformulación del IPC no es una simple actualización técnica sino una operación con implicancias políticas, sociales y simbólicas de gran alcance. Si bien es saludable que el índice se adecue a las nuevas formas de consumo, no puede ignorarse que el recorte del peso de alimentos y salud podría relativizar el drama cotidiano de millones. La estadística, lejos de ser neutral, construye realidades y legitima decisiones. En una Argentina donde la credibilidad institucional es endeble y la desigualdad se profundiza, modificar los instrumentos de medición no debería ser una estrategia para maquillar la crisis, sino una oportunidad para reflejarla con más fidelidad. Porque lo que no se mide con justicia, no se puede corregir con equidad.
destacada
El SUOES en alerta: Reclamos salariales, inflación y autodespacho en San Juan

Víctor Menéndez, secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan (SUOES), advirtió sobre el retraso salarial, el impacto del autodespacho de combustible, el peso de las petroleras y la pérdida de poder adquisitivo. Mientras continúan las negociaciones paritarias, el dirigente exigió soluciones urgentes y alertó sobre un futuro incierto para el sector.
La situación de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan refleja un cuadro de tensión que se repite en todo el país. Con negociaciones paritarias empantanadas, presiones desde el Gobierno nacional y una inflación que golpea los bolsillos día a día, el gremio que conduce Víctor Menéndez se mantiene en estado de alerta.
“Nosotros seguimos en contacto permanente con las cámaras empresariales. Iba a haber una reunión, y se postergó. Hay una expectativa grande, porque necesitamos una actualización salarial urgente”, sostuvo Menéndez en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.
El estancamiento de sueldos, explicó, se agrava por una disposición de la Secretaría de Trabajo (ya sin rango ministerial), que limita los aumentos al 1% mensual, un techo que según el dirigente gremial es “imposible de sostener” frente al verdadero ritmo inflacionario. “Esto no alcanza para cubrir ni remotamente el deterioro de nuestros salarios. Estamos hablando de aumentos que no reflejan lo que vivimos cuando vamos al supermercado o a la carnicería”, lamentó.
La inflación real, lejos de las cifras oficiales
Una de las críticas más punzantes de Menéndez apunta directamente a los índices oficiales de inflación. “Los datos del INDEC son irreales, mentirosos. No se condicen con lo que vive cualquier trabajador cuando va a comprar alimentos. Hay una desconexión total con la realidad”, aseguró.
El dirigente comparó precios concretos para ilustrar el desfasaje. “A fines de 2023, el kilo de carne costaba lo mismo que el dólar. Hoy, con el dólar en $1.300, hay cortes que valen más de $12.000 por kilo. Es imposible que digan que la inflación fue del 1,6%”, cuestionó.
Convenios abiertos y una estructura laboral en transición
En paralelo a la puja salarial, el sindicato abrió el convenio colectivo para actualizarlo ante la transformación del negocio. “El mundo de las estaciones de servicio está cambiando. Hay nuevas categorías, servicios anexos y formas de comercialización que no estaban contempladas. Queremos discutir esos temas, pero sin perder de vista lo urgente: el salario”, remarcó Menéndez.
La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre los convenios vigentes. A nivel nacional, algunos sindicatos han denunciado sus acuerdos, lo que deja a varias regiones sin marcos formales. En Buenos Aires, una firma logró un aumento del 10% en tres meses, pero en otras provincias como San Juan, aún no hay resolución.
Autoservicio: la amenaza silenciosa
Otro frente de preocupación para el sindicato es el desembarco del sistema de autoservicio en estaciones de servicio, una tendencia global que ya comenzó a instalarse en la provincia. el gremialista confirmó que el modelo se implementó en al menos una estación de bandera petrolera, ubicada en Rawson y 9 de Julio, en pleno centro sanjuanino.
“El autoservicio ya llegó. Es una realidad. Las petroleras están apuradas por imponerlo. Ellas son las que más ganan en este negocio y quieren seguir bajando costos, especialmente el laboral”, denunció. Según el Menéndez, la excusa de las empresas es el ahorro en costos operativos, pero en realidad, se trata de una estrategia para concentrar ganancias a expensas del empleo.
“Las petroleras son extranjeras, ganan fortunas y ahora quieren más. Pero el que pierde siempre es el trabajador. Si no defendemos el rol del operario, vamos a terminar vaciando el sector de puestos de trabajo”, alertó.
La presión impositiva y la caída del consumo
Más allá de las tensiones gremiales, Menéndez trazó un panorama sombrío para el sector. Denunció que el Estado se lleva más del 40% del valor de los combustibles en impuestos, pero no reinvierte en infraestructura ni acompaña al rubro con medidas de alivio.
“No vemos mejoras en las rutas, ni inversiones. Muchas estaciones viven del tránsito de camiones y turistas, y con la obra pública paralizada, el movimiento se cae. El consumo está planchado. Hay cafés vacíos, playas de estacionamiento casi desiertas. La gente no tiene un peso”, explicó.
El uso desmedido de tarjetas de crédito para comprar alimentos —otro indicador alarmante— también preocupa. “La gente ya ni siquiera puede pagar el total. Se endeuda, paga el mínimo y los intereses se la comen. Es una situación insostenible”, afirmó.
El futuro del trabajo en jaque
Para cerrar, Menéndez planteó la necesidad de una mirada más amplia que articule a empresarios, gremios y el Estado. “No se puede seguir mirando solo el ombligo. Si las petroleras ganan cada vez más y los trabajadores cada vez menos, estamos frente a un modelo que no es sustentable. El Estado también debe involucrarse. Si no invierte, si no regula, si no defiende el empleo, lo que viene es peor”, advirtió.
El dirigente no ocultó su preocupación: las estaciones de servicio, históricamente generadoras de empleo directo, enfrentan un doble frente —tecnológico y económico— que podría vaciar de contenido su función social.
El conflicto en las estaciones de servicio de San Juan es apenas un reflejo de lo que atraviesan muchos sectores del trabajo en la Argentina. En un escenario donde el salario pierde poder adquisitivo, las tecnologías avanzan sin regulación clara y los márgenes empresariales se ajustan sin contemplar al trabajador, el llamado a la negociación, la actualización de convenios y el compromiso del Estado suena urgente y necesario.
Víctor Menéndez lo resume en una frase que condensa el reclamo de todo un gremio: “No podemos permitir que el progreso se construya sobre el retroceso del empleo”.
destacada
SATSAID logra un acuerdo salarial para canales de cable con un incremento del 39,4%

El Sindicato Argentino de Televisión alcanzó un acuerdo salarial significativo para el sector televisión por cable, con un aumento adicional del 2,89% para junio
El SATSAID llegó a un acuerdo salarial importante para el sector televisión por cable, cerrando la paritaria 2024-2025 con un incremento acumulado del 39,4%. Este logro significativo se traduce en un aumento adicional del 2,89% para el mes de junio, como parte final de este período.
Además de este entendimiento, SATSAID también acordó una suba con las cámaras empresariales ATA y CAPIT para canales de aire y productoras, con un incremento del 10% para el trimestre julio-septiembre de 2025. Ambas partes se reunirán nuevamente el 15 de septiembre para revisar el impacto inflacionario y comenzar la paritaria 2025-2026.
destacada
Empleados de comercio logran un aumento del 6% y sumas fijas

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció un nuevo acuerdo salarial para el segundo semestre de 2025, con impacto en los sueldos desde julio
La FAECYS informó una nueva suba en los salarios para el segundo semestre de 2025, que impactará en los sueldos desde julio hasta diciembre. El convenio, firmado el 26 de junio con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), contempla un incremento total del 6% en seis cuotas mensuales no acumulativas y sumas fijas de $40.000.
Lo acordado será del 1% por mes, calculado sobre la base salarial de junio de 2025, con un cronograma que abarca desde julio hasta diciembre. Las sumas fijas serán proporcionales para quienes trabajen media jornada. Este entendimiento busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de comercio frente al contexto inflacionario, sin afectar el funcionamiento de las pymes.
El salario básico de un empleado de comercio categoría Maestranza A en julio alcanzará los $1.005.994 más $40.000, mientras que un Administrativo F llegará a $1.065.759 más $40.000. Los vendedores B tendrán uno de los sueldos más altos, con $1.065.759 más $40.000.
-
Gremioshace 6 años
Dieron a conocer el calendario de pagos anual de sueldos para estatales sanjuaninos
-
Localeshace 4 años
Detectan varios casos de trabajo esclavo en San Juan
-
Generalhace 4 años
Mas de 300.000 niños fueron víctimas de la explotación laboral
-
Localeshace 3 años
CGT local: Moral asumió en la secretaría de Género
-
Gremioshace 2 años
UTHGRA acordó adelantar los aumentos
-
Localeshace 4 años
Los empleados de UNSJ tendrán depositado el medio aguinaldo este 24 de junio
-
destacadahace 1 año
Designan a Eugenia Cortona como la nueva subsecretaria de Empleo
-
Generalhace 6 años
Empresarios pyme se reunieron con Alberto Fernández y Carlos Heller