Mientras el Congreso se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el Partido Justicialista avanza con un proyecto alternativo que busca revertir la pérdida de derechos, recomponer salarios y reducir la jornada de trabajo. La iniciativa, coordinada por la diputada Vanesa Siley, propone un nuevo paradigma laboral centrado en la calidad de vida, la salud y la redistribución del tiempo.

A la espera del tratamiento parlamentario de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, el peronismo decidió mover primero. Un grupo de legisladores nacionales del PJ, articulados entre Diputados y el Senado, trabaja en una contrarreforma laboral que se presenta como una respuesta integral al proyecto oficial y que apunta, según sus impulsores, a mejorar las condiciones reales de vida de los trabajadores.

La iniciativa es coordinada por la diputada nacional Vanesa Siley, referente del ámbito judicial, en conjunto con senadores de Unión por la Patria como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, con el objetivo de unificar una estrategia legislativa común en ambas cámaras. El proyecto fue bautizado “Actualización Laboral” y se estructura en torno a ocho ejes centrales.

El punto de partida es un diagnóstico político y social explícito. Para el PJ, la reforma libertaria no generará empleo genuino, sino que profundizará la precarización y la pérdida de derechos. “Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico. El Gobierno sostiene que flexibilizar el trabajo crea empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y dejar plasmado en los fundamentos”, afirmó Siley.

Según el borrador del proyecto, los salarios actuales resultan insuficientes, lo que empuja a millones de trabajadores a la pluriactividad, la informalidad y nuevas formas de empleo desregulado, especialmente en plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia, la clase trabajadora toma más de un empleo o más actividades”, señalaron desde el equipo redactor.

Este fenómeno, advierten, genera una consecuencia directa: más horas de trabajo, menos tiempo de descanso y un deterioro progresivo de la salud física y mental. Sobre ese trípode —ingresos, tiempo y salud— se apoya la arquitectura de la contrarreforma.

Uno de los capítulos más relevantes es la recuperación del poder adquisitivo. El PJ plantea restituir el sentido pleno del Salario Mínimo, Vital y Móvil, estableciendo que debe cubrir efectivamente el costo de la Canasta Básica Total. La brecha actual es contundente: mientras el salario mínimo ronda los 338.400 pesos, la canasta supera el millón doscientos mil. Para el peronismo, esa diferencia evidencia un incumplimiento legal y social.

La propuesta también defiende paritarias libres, sin topes ni condicionamientos, en abierta oposición a la política oficial de vincular los aumentos salariales a la productividad. Además, establece que los salarios deben abonarse íntegramente en dinero, descartando cualquier forma de pago en especie, como alimentos o vivienda.

Jornada laboral, licencias y plataformas

Otro de los pilares del proyecto es la reducción de la jornada laboral. Desde las actuales 48 horas semanales, el PJ propone avanzar a un máximo de 42 horas, con el horizonte de alcanzar las 40 horas —e incluso seis horas diarias— en el mediano plazo. El argumento es técnico y político: los avances tecnológicos permiten reorganizar el trabajo sin afectar la producción.

En ese marco, el peronismo rechaza de plano la propuesta oficial de habilitar jornadas extensas mediante bancos de horas. “Es un retroceso histórico. Hoy la digitalización, la inteligencia artificial y la nanotecnología permiten trabajar menos, no más”, sostienen desde el espacio.

La iniciativa también amplía de manera significativa las licencias parentales. La licencia por paternidad pasaría de dos días a 90 días, mientras que la maternidad y la adopción se fijan en 120 días, con cobertura de la ANSES e inclusión de monotributistas y autónomos. El objetivo es avanzar hacia una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y romper estereotipos de género.

Un capítulo específico está dedicado a los trabajadores de plataformas digitales, un sector que hoy carece de protección integral. El proyecto garantiza negociación colectiva, transparencia algorítmica, cobertura por accidentes, derecho a vacaciones, provisión de elementos de seguridad, atención personalizada y libertad sindical dentro de las plataformas.

Salud, ganancias y desconexión digital

La contrarreforma incorpora además el derecho a la desconexión digital, prohibiendo comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, salvo compensación en tiempo y dinero. En paralelo, propone la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos en empresas de más de 50 trabajadores, con especialistas en salud mental y riesgos psicosociales.

Otro punto de alto impacto político es la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El reparto sería anual y excluiría a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de redistribuir ingresos y dinamizar el mercado interno.

Con la Actualización Laboral, el Partido Justicialista busca instalar un modelo alternativo al que impulsa el Gobierno nacional: menos horas de trabajo, salarios que alcancen para vivir, más derechos y una centralidad renovada de la salud y el tiempo personal. Lejos de una discusión meramente técnica, el debate que se abre en el Congreso expone dos concepciones opuestas del mundo del trabajo.

Mientras el oficialismo apuesta a la flexibilización como vía de ajuste, el peronismo propone una contrarreforma que pone el foco en la dignidad laboral y la calidad de vida. El choque de modelos ya está planteado y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda política y social de los próximos días.

La Confederación General del Trabajo confirmó una movilización nacional para el próximo 18 de diciembre, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en las provincias. Desde San Juan, el secretario general Eduardo Cabello cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, denunció un deterioro acelerado del empleo y repudió el ataque a la sede del Sindicato del Vidrio.

Desde San Juan, el secretario general de la CGT provincial, Eduardo Cabello, confirmó la adhesión a la convocatoria y subrayó que la protesta busca visibilizar un malestar que atraviesa por igual a trabajadores de la Capital y del interior. “La idea es que se haga en todo el país. Buenos Aires es el lugar donde hay que mostrar la fuerza, pero en las provincias los trabajadores sufren las mismas consecuencias”, afirmó.

En el plano local, Cabello precisó que la CGT San Juan resolvió movilizarse ese mismo día a las 18 horas, en coordinación con otras centrales sindicales como la CTA y la MTA. “Esto nos atraviesa a todos. No es un problema exclusivo de la CGT, es un problema de todos los trabajadores”, remarcó, anticipando una acción conjunta y un documento consensuado.

El dirigente sindical también se refirió al ataque vandálico contra la sede del Sindicato del Vidrio, un episodio que sacudió al mundo gremial y generó un inmediato repudio. “Son cosas que hacía mucho tiempo no se veían. Esperamos que no sea parte de lo que se empieza a gestar a partir de ciertas políticas nacionales y que no se convierta en una costumbre”, expresó. Si bien aclaró que no hubo víctimas, advirtió sobre un clima de creciente tensión social.

El centro del reclamo sindical apunta directamente al contenido de la reforma laboral. Cabello fue categórico al cuestionar el discurso oficial: “Mienten cuando dicen que esta ley va a traer más trabajo. Lo único que va a generar es más crisis y profundizar los problemas”. En ese sentido, describió un escenario de cierres de empresas, caída de pymes y pérdida constante del poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación sigue erosionando los salarios y las paritarias no logran recomponer lo perdido.

“La informalidad no va a disminuir porque no hay dónde absorber a esos trabajadores. Día a día cierran empresas, y así es imposible hablar de generación de empleo genuino”, sostuvo. Según el dirigente, el impacto no solo se siente en el sector privado, sino también en las provincias, que enfrentan la paralización de la obra pública y la falta de recursos nacionales.

En medio del debate legislativo, Cabello valoró las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien advirtió que la reforma laboral podría quedar frenada durante años por la vía judicial. “Quieren borrar de un plumazo lo que establece la Constitución y los pactos internacionales. Lo que proponen es inviable”, afirmó, y recordó que el sindicalismo se ampara en la legalidad y el marco constitucional para resistir los cambios.

La CGT, además, mantiene contactos permanentes con legisladores nacionales y autoridades provinciales. Según detalló Cabello, intendentes y representantes sanjuaninos ya participaron de reuniones y seguirán articulando acciones políticas. “Cada gobernador que siga apoyando este modelo también tendrá que pagar el costo político. Las provincias están siendo severamente castigadas”, advirtió.

La movilización del próximo jueves18 de diciembre se perfila como un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical. Más allá de la protesta puntual, la CGT busca enviar un mensaje político claro: la reforma laboral no solo enfrenta resistencia en las calles, sino también cuestionamientos legales, sociales y económicos de fondo.

En un momento de creciente conflictividad, caída del empleo y tensiones federales, el sindicalismo se prepara para endurecer su estrategia y advertir que la defensa de los derechos laborales no será negociable. El desafío, admiten puertas adentro, será sostener la unidad y estar a la altura de un escenario que promete escalar en los próximos meses.

El Ejecutivo impulsa un nuevo plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina para reducir costos y achicar estructuras. El recorte alcanzaría a la TV Pública, Radio Nacional y señales educativas y culturales.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo capítulo del ajuste en los medios públicos. A través de un plan de retiros voluntarios, la administración de Milei busca reducir cerca de 500 puestos de trabajo en Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que gestiona la TV Pública y Radio Nacional. La meta oficial es concretar el recorte antes de fin de año, lo que implicaría una disminución aproximada del 20% sobre una planta total de unos 2.400 empleados.

La iniciativa genera un fuerte rechazo entre los trabajadores y los gremios del sector, que advierten sobre el impacto en la producción de contenidos, el alcance federal del sistema y la continuidad de señales clave. El ajuste no se limitará a la TV Pública y Radio Nacional, sino que también abarcará a los canales Encuentro, Paka Paka, DeporTV y Canal 12 de Trenque Lauquen.

Según trascendió, el expediente administrativo ya se encuentra listo para iniciar su recorrido formal, lo que habilitaría la puesta en marcha del plan en las próximas semanas. La estrategia forma parte de una política más amplia de reducción del gasto público y reorganización del esquema de medios estatales.

La estrategia oficial y el foco en Radio Nacional

La gestión del interventor de RTA, Carlos Curci, quien asumió en julio, impulsa una serie de medidas orientadas a recortar costos operativos. Entre ellas se incluyen la reducción de coproducciones televisivas, la revisión de contratos de programación y la reorganización de estructuras en Radio Nacional.

En el caso de la radio pública, el ajuste proyectado es más profundo. Desde el entorno oficial sostienen que la emisora presenta una dotación sobredimensionada, con alrededor de 1.100 empleados para 50 radios distribuidas en todo el país. Al mismo tiempo, reconocen que, a diferencia de las emisoras privadas, Radio Nacional debe sostener producción local en cada una de sus estaciones, un punto que tensiona la viabilidad del recorte.

Dentro del plan también figura la unificación de edificios en Comodoro Rivadavia y un proyecto similar previsto para Mendoza en 2026. Además, se analiza dar por finalizados contratos vigentes o reconvertirlos en esquemas de coproducción, ante la falta de presupuesto para sostener la programación actual.

Desde el Gobierno destacan que, pese a los ajustes, Radio Nacional se mantiene en el sexto lugar entre las AM más escuchadas del país, de acuerdo con mediciones de Kantar Ibope Media, un dato que utilizan como argumento para defender la reorganización en marcha.

Marco político y administrativo

El lanzamiento del nuevo plan de retiros se demoró por cuestiones burocráticas, a la espera de la aprobación del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete. Ese esquema quedó oficializado a través del Decreto 866/25, que creó la Subsecretaría de Medios Públicos dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La nueva subsecretaría concentra ahora bajo su órbita a RTA y a los canales educativos y culturales, consolidando el control político y administrativo del sistema de medios estatales en un contexto de redefinición profunda de su rol.

El ajuste en los medios públicos se inscribe en una política que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En 2024, un primer plan de retiros voluntarios derivó en la salida de unos 200 trabajadores, una cifra menor a la esperada, mientras que otros empleados se incorporaron tras el cierre de Télam.

Con las privatizaciones descartadas por el Congreso, el Ejecutivo apuesta ahora a una reducción más agresiva del personal como vía para achicar el gasto y reformular el funcionamiento de los medios estatales. El nuevo plan, sin embargo, profundiza el conflicto con los gremios y abre un debate de fondo sobre el futuro, la misión y el alcance de los medios públicos en la Argentina.