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El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.

Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.

Una reforma previsional con costo social

La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.

El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.

Privatizaciones: vuelta al futuro

En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.

La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.

Un acuerdo que perpetúa la dependencia

Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.

Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.

Un déjà vu con sello nuevo

La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.

En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.

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Sin cifras sobre la mesa, el Gobierno y los gremios docentes estiraron la paritaria

El Gobierno provincial expuso la situación financiera y anticipó incrementos para marzo y junio, pero sin precisar porcentajes. Los gremios reclamaron una propuesta concreta ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo.

La negociación paritaria docente en San Juan ingresó en un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, luego de una extensa reunión que concluyó sin una oferta salarial concreta por parte del Gobierno de Orrego. El encuentro, realizado en el Centro Cívico, dejó expuesta la distancia entre las expectativas del sector docente y las definiciones que, por ahora, el Ejecutivo se limita a postergar.

Durante la reunión, las autoridades provinciales realizaron una exposición detallada sobre la situación económica y presupuestaria de la provincia, haciendo hincapié en las restricciones financieras actuales. En ese marco, ratificaron la intención de otorgar aumentos salariales en dos tramos —marzo y junio—, aunque evitaron precisar montos, porcentajes o impacto real sobre el salario docente.

Desde el sector gremial, la falta de cifras concretas fue recibida con preocupación. Los sindicatos remarcaron la urgencia de contar con una propuesta formal que permita su evaluación interna y el correspondiente traslado a las bases, especialmente cuando el calendario escolar se encuentra próximo a iniciarse.

Además de la discusión salarial, los representantes docentes volvieron a plantear una agenda de reclamos estructurales que se repite año tras año: demoras en trámites administrativos, expedientes paralizados, problemas en la carrera docente y el proceso de titularización, que si bien se encuentra en marcha, continúa generando inquietud en amplios sectores del sistema educativo.

Desde el Ejecutivo aseguraron que se encuentran realizando los cálculos económicos de los ítems solicitados por los gremios y se comprometieron a presentar una propuesta salarial formal en la próxima reunión paritaria. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre maestros y maestras, que aguardan definiciones concretas para saber si el ciclo lectivo podrá comenzar con normalidad o si el conflicto volverá a escalar.

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La CGT sale a la calle y endurece su estrategia frente al Senado por la reforma laboral

La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.

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El precio de la carne volvió a aumentar en San Juan y el efecto fue inmediato en las carnicerías

El incremento de entre 200 y 500 pesos por kilo en el precio de la carne impactó de lleno en las ventas durante enero en la provincia, especialmente en su tramo final. Trabajadores del sector advierten un marcado cambio en los hábitos de compra y una fuerte retracción del consumo.

Desde el sector comercial señalaron que el inicio de 2026 fue particularmente débil en términos de demanda, con un movimiento muy por debajo de lo esperado. Si bien las primeras semanas mostraron cierta estabilidad, la situación se deterioró hacia finales de enero, cuando el impacto de los nuevos precios comenzó a sentirse con mayor fuerza.

Según explicaron trabajadores del rubro, la carne registró una suba de entre 200 y 500 pesos por kilo, lo que obligó a actualizar valores en mostrador y terminó afectando directamente la cantidad de ventas. Aun en los casos donde se intentó contener los precios o corregir aumentos previos, el consumo no logró sostenerse.

Cambios en los hábitos de compra

Uno de los factores que explican la caída es el cambio en las prioridades familiares, especialmente en un período marcado por el inicio del ciclo lectivo. Desde las carnicerías indicaron que muchas familias destinaron una mayor parte de sus ingresos a la compra de útiles escolares, reduciendo gastos en alimentos de mayor valor.

En este sentido, se observa un viraje claro en las preferencias de consumo. Los cortes económicos y la carne picada ganaron protagonismo, mientras que opciones tradicionales como el asado perdieron volumen de ventas y quedaron prácticamente limitadas a los fines de semana. Aun así, el nivel de compra se mantiene por debajo de lo habitual para esta época del año.

Además, se registra una menor frecuencia de compra. Los clientes que aún conservan cierto margen de consumo optan por comprar menos veces y en cantidades ajustadas, un comportamiento que se repite en distintos puntos de la provincia.

Precios elevados y dispersión en el mercado

Otro elemento que presiona sobre la demanda es el alto valor de los cortes premium, con precios que en algunos comercios alcanzan niveles muy elevados. Desde el sector señalaron que existe una acentuada dispersión de valores entre carnicerías, aunque incluso en los locales con precios más bajos la retracción del consumo es evidente.

Esta situación refleja no solo el impacto de los aumentos, sino también la sensibilidad del consumidor frente a cualquier variación, por mínima que sea, en un contexto de ingresos deteriorados.

Comparación interanual y expectativas

Al comparar el escenario actual con el mismo período del año pasado, los trabajadores del sector cárnico coinciden en que el nivel de actividad es sensiblemente menor. A esta altura de 2025, aseguran, el movimiento en las carnicerías era más dinámico y sostenido.

De cara a febrero, las expectativas son moderadas y confían en una leve recuperación del consumo, aunque reconocen que el panorama sigue siendo incierto y muy condicionado por la evolución de los precios y el poder de compra de los salarios.

Finalmente, advirtieron que las subas no se limitaron a la carne vacuna. El cerdo, que venía con valores relativamente bajos, también registró aumentos importantes en las últimas semanas, lo que reduce aún más las alternativas para los consumidores.

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