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El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.

Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.

Una reforma previsional con costo social

La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.

El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.

Privatizaciones: vuelta al futuro

En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.

La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.

Un acuerdo que perpetúa la dependencia

Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.

Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.

Un déjà vu con sello nuevo

La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.

En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.

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Salarios en picada: Argentina se ubica en el último lugar de la región

El deterioro sostenido del poder adquisitivo en la Argentina encontró una nueva confirmación estadística. Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubicó al país como el de peor desempeño salarial de América Latina en los últimos siete años, con una caída real acumulada del 18,8% en el ingreso promedio anual.

El dato no solo refleja una tendencia prolongada, sino que también expone una aceleración del deterioro en los tramos más recientes. Según el análisis, el retroceso más pronunciado se concentró en el último año de la gestión de Alberto Fernández y en los primeros años del gobierno de Javier Milei, un período atravesado por ajustes macroeconómicos, inflación persistente y contracción de la actividad.

El contexto económico aporta claves para comprender la magnitud del fenómeno. Tras la recuperación pospandemia —con expansiones del producto del 10% en 2021 y del 5% en 2022—, la economía volvió a ingresar en una fase contractiva: el PBI retrocedió 1,6% en 2023 y 1,3% en 2024. Este escenario de estancamiento, combinado con procesos inflacionarios intensos, erosionó los ingresos reales de manera sostenida.

El impacto resulta particularmente severo en el sector público. Los salarios estatales acumulan una caída del 35,23% desde 2017, con un deterioro más marcado en los últimos tres años. Solo en el actual período de gobierno, la pérdida alcanza el 17,03%, configurando uno de los descensos más abruptos de la serie reciente.

En el ámbito privado, la dinámica también exhibe un saldo negativo, aunque con matices. La reducción acumulada es del 18,94% en los últimos siete años, con un fuerte ajuste hacia el final de la administración de Mauricio Macri —cuando los salarios registraron caídas del 11,69% en 2018 y del 6,16% en 2019—. En la etapa actual, el deterioro continuó, aunque a un ritmo menor, con una contracción adicional del 1,55%.

La comparación regional resulta elocuente. Mientras la Argentina profundiza su rezago, países como México y Costa Rica registraron mejoras reales del 22,4% y 11,6%, respectivamente. En términos generales, la mayoría de las economías latinoamericanas logró sostener o incrementar el poder adquisitivo de sus trabajadores, lo que refuerza la idea de que la crisis local responde, en gran medida, a factores internos más que a condicionantes globales.

Diversos especialistas coinciden en señalar que la evolución de los salarios en la Argentina está estrechamente ligada a la volatilidad macroeconómica, las devaluaciones recurrentes y la ausencia de anclas sostenibles que permitan estabilizar precios e ingresos. En ese sentido, la puja distributiva se intensifica y termina resolviéndose, en la mayoría de los casos, en detrimento de los trabajadores.

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Con la baja de temperaturas, el comercio redefine su esquema de atención en San Juan

Las entidades empresarias de San Juan oficializaron el nuevo esquema horario para el comercio minorista con la llegada del invierno. La medida busca adecuar la actividad a las condiciones estacionales y ordenar el mecansimo de atención en toda la provincia.

Con la llegada de las temperaturas más bajas, el comercio sanjuanino vuelve a ajustar su funcionamiento diario. La Federación Económica de San Juan (FESJ), en conjunto con la Cámara de Comerciantes Unidos, anunció la implementación de un nuevo esquema de horarios que comenzará a regir desde este miércoles 8 de abril.

La medida, de carácter recomendado pero ampliamente adoptada por el sector, responde a una lógica histórica: adaptar la atención al público a los hábitos de consumo propios del invierno, donde las franjas horarias tienden a correrse hacia momentos de mayor temperatura y circulación.

En este aspecto, los comercios ubicados en la San Juan Capital funcionarán en doble turno: abrirán sus puertas de 09:00 a 13:00 y retomarán la actividad por la tarde entre las 16:30 y las 21:00. En tanto, en los departamentos del interior provincial, el esquema mantendrá la misma franja matutina, pero extenderá levemente la atención vespertina, que se desarrollará de 17:30 a 22:00.

La diferencia entre ambas modalidades no es menor. Mientras en el Gran San Juan el flujo comercial se concentra en horarios más compactos, en el interior suele registrarse un esquema más flexible, con mayor circulación en horas nocturnas, lo que explica la extensión sugerida.

Por su parte, los centros comerciales y shoppings conservarán su modalidad de horario corrido, operando de 10:00 a 22:00. Esta continuidad responde a una lógica de consumo distinta, más asociada al esparcimiento y a la permanencia prolongada de los clientes en espacios cerrados y climatizados.

Desde la FESJ destacaron que este tipo de reorganización forma parte de una práctica habitual del sector, que se repite año tras año en función de los cambios estacionales. Sin embargo, en el actual contexto económico, la adecuación de horarios también aparece como una herramienta para optimizar costos operativos y sostener niveles de actividad en un escenario desafiante para el consumo.

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El frente universitario endurece su postura y activa una nueva jornada nacional de protesta

Las federaciones FEDUN y FATUN convocaron a un paro nacional este miércoles en reclamo de recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aún sin implementación.

El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados en términos presupuestarios y laborales. Este miércoles 8 de abril, docentes y nodocentes llevarán adelante una nueva jornada de protesta con cese total de actividades, en el marco de un conflicto que se prolonga desde el inicio de la actual administración nacional y que no ha encontrado instancias de resolución.

La medida fue ratificada por la FEDUN y la FATUN, que vienen coordinando acciones conjuntas frente a lo que consideran un deterioro sostenido tanto en las condiciones salariales como en el funcionamiento general de las universidades públicas.

El eje del reclamo se centra en la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que cuenta con respaldo legislativo y validación judicial, pero que —según denuncian las organizaciones— continúa sin aplicación efectiva. Para los gremios, esta omisión no solo compromete el sostenimiento operativo de las casas de estudio, sino que además profundiza el deterioro de los ingresos del personal.

En ese sentido, el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, describió la magnitud del retroceso salarial en términos contundentes. De acuerdo con su evaluación, los trabajadores del sector han perdido cerca del 48% de su poder adquisitivo en poco más de un año, una caída que calificó como inédita por su intensidad y velocidad. La consigna impulsada por el gremio —“No hay universidad de calidad sin salarios dignos”— sintetiza una demanda que articula la cuestión salarial con la defensa del sistema educativo.

La protesta incluye además la reapertura de negociaciones paritarias, un punto que aparece como condición indispensable para iniciar cualquier proceso de recomposición. La ausencia de instancias formales de discusión salarial constituye uno de los factores que, según los sindicatos, agravan el conflicto.

Por su parte, la FATUN, conducida por Walter Merkis, confirmó la adhesión plena del sector nodocente, que abarca al personal administrativo, técnico y de servicios. Desde la federación remarcaron que la defensa de paritarias libres y sin condicionamientos resulta prioritaria, al tiempo que llamaron a sostener la protesta bajo criterios de cohesión interna y acción coordinada.

La jornada no se limitará a la paralización de actividades académicas y administrativas. Está previsto que en distintas ciudades del país se desarrollen intervenciones públicas, orientadas a visibilizar la situación que atraviesan las universidades y a instalar el tema en la agenda social. La estrategia apunta a ampliar el alcance del reclamo más allá del ámbito estrictamente gremial.

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