
Ajuste bajo tutela: las reformas que el FMI impone al Gobierno de Milei
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.
Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.
Una reforma previsional con costo social
La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.
El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.
Privatizaciones: vuelta al futuro
En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.
La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.
Un acuerdo que perpetúa la dependencia
Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.
Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.
Un déjà vu con sello nuevo
La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.
En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.
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El consumo masivo cayó casi 8% en septiembre y golpea con fuerza al bolsillo de la clase media.

El consumo masivo registró en septiembre una de las caídas más pronunciadas del año, con un retroceso del 7,9% respecto de agosto. Según Focus Market, el fenómeno refleja el peso creciente de los servicios en los presupuestos familiares y el deterioro sostenido del poder adquisitivo de la clase media, que reduce el gasto en bienes ante la presión de precios y tarifas.
El consumo en la Argentina atraviesa una fase de contracción estructural que trasciende los vaivenes coyunturales. Los hogares, en especial los de ingresos medios, enfrentan un escenario de precios desalineados con los ingresos, una inflación persistente en los servicios y un crédito cada vez más inaccesible. En este contexto, las decisiones de gasto se orientan a cubrir necesidades básicas y compromisos fijos, desplazando la compra de bienes de consumo corriente.
De acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, basado en el sistema Scanntech, que monitorea 756 puntos de venta en todo el país, el consumo masivo cayó un 7,9% en septiembre frente al mes anterior, y 6,3% en la comparación interanual. Pese a esa contracción, el acumulado de los primeros nueve meses del año aún muestra una suba del 3% respecto de igual período de 2024, sostenida principalmente por el fuerte dinamismo del primer trimestre.
Para Damián Di Pace, director de la firma, “la caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos”. El especialista advirtió que “la clase media destina una porción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo drásticamente su capacidad de consumo discrecional”. A su juicio, “la recuperación dependerá de una recomposición sostenida del salario real y de la estabilización del cuadro inflacionario”.
Brecha territorial y formatos en retroceso
La contracción no fue homogénea. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la demanda se desplomó 16,7% y la facturación retrocedió 14,7%, reflejando la mayor sensibilidad del consumo urbano ante los incrementos de tarifas y servicios. En el interior del país, el descenso fue más moderado: 2,9% en consumo y 3,8% en facturación.
Los distintos formatos comerciales también mostraron impactos dispares. Las tiendas independientes fueron las más castigadas, con una retracción del 13,1% y un ticket promedio de $10.793. Les siguieron los autoservicios grandes, con una baja del 5,3%, y los autoservicios medianos, que retrocedieron 3,3%. En los comercios de menor escala, la contracción alcanzó el 1,9%, con un valor promedio por compra de $6.807.
El patrón común en todos los segmentos fue la disminución del volumen de compra: la cantidad de tickets cayó 5,6% y el número de unidades por transacción se redujo 3,4%, un signo de la prudencia con la que las familias administran cada gasto.
Alimentos resisten, bebidas y limpieza retroceden
Dentro de la composición del consumo, los alimentos consolidaron su predominio en la facturación total, al pasar de 60,2% a 62% del total vendido. Por el contrario, bebidas, limpieza y cuidado personal perdieron participación. En términos de unidades, los rubros de alimentos, limpieza y cuidado personal mostraron leves incrementos, mientras que las bebidas fueron las únicas que retrocedieron.
Di Pace explicó que “los alimentos continúan liderando los aumentos de precios, impulsados por el encarecimiento logístico y de insumos. En contraste, el segmento de bebidas exhibe caídas en precios como estrategia defensiva para sostener volumen, mientras que los productos de higiene y cuidado personal recuperan márgenes tras meses de rezago”.
Precios en escalada y crédito paralizado
La canasta básica de productos registró un alza del 1% mensual y del 21,8% interanual, con subas destacadas en cuidado personal (+4,7%), cosmética (+3,4%) y cuidado del calzado (+3,3%). En cambio, las bebidas alcohólicas y sin alcohol mostraron descensos de entre 2% y 3%, junto con las golosinas.
El economista advirtió que la elevada tasa de interés impone un freno adicional: “El alto costo del financiamiento, sumado al endeudamiento acumulado y la caída del ingreso disponible, restringe la capacidad de compra y debilita el consumo financiado. Sin una mejora tangible en los ingresos reales, el mercado interno difícilmente podrá reactivarse”.
El comportamiento del consumo en septiembre expone, con nitidez, el agotamiento de la capacidad de gasto de los hogares argentinos. El aumento sostenido de los servicios, la rigidez de los precios de alimentos y la ausencia de crédito asequible delinean un escenario de contracción prolongada.
La clase media, históricamente motor del consumo interno, se ve obligada a redefinir sus prioridades: garantizar servicios básicos, asumir tarifas crecientes y restringir el acceso a bienes que hasta hace poco eran cotidianos. En un contexto de inflación persistente y salarios rezagados, la estabilidad macroeconómica será condición necesaria, pero no suficiente, para revertir la caída. La verdadera recuperación dependerá de una política de ingresos que devuelva poder de compra a los hogares y restablezca la confianza en el futuro económico inmediato.
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La Cámara Electoral frenó el conteo nacional de votos y ordenó que los resultados se publiquen por distrito

La Cámara Nacional Electoral resolvió este martes que los resultados de las elecciones legislativas del próximo domingo deberán publicarse por distrito electoral, y no como un único cómputo nacional, tal como pretendía el Gobierno. El fallo, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, frena la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza, que buscaba presentar un resultado consolidado a nivel país.
A cinco días de los comicios legislativos, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo clave que desarma una de las principales aspiraciones del oficialismo: mostrar un resultado global que reflejara un “triunfo violeta” en todo el país.
El tribunal resolvió que la Dirección Nacional Electoral (DINE) deberá publicar los resultados provisorios por distrito electoral, es decir, provincia por provincia, tal como lo establece la legislación vigente.
“Los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”, sostiene la resolución firmada por Dalla Vía, Bejas y Corcuera.
La decisión implica un duro revés para el Gobierno, que apostaba a un conteo unificado para fortalecer la imagen nacional de La Libertad Avanza (LLA). El oficialismo es la única fuerza que competirá con el mismo sello en todo el país, a diferencia del peronismo, que irá dividido bajo el frente Fuerza Patria (FP) y sus variantes provinciales.
Precisamente, fueron los apoderados de Fuerza Patria quienes formalizaron el reclamo ante la Cámara Electoral, solicitando que el conteo se respete “por distrito” y no bajo la modalidad de “distrito único” propuesta por el Ejecutivo.
El documento —firmado por Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila— subrayó que las elecciones legislativas son “nacionales de distrito” y no un escrutinio general, por lo que cualquier intento de consolidar resultados a nivel país “carece de fundamento jurídico”.
Los apoderados advirtieron además que un cómputo nacional podría “inducir a interpretaciones erróneas del proceso electoral” y distorsionar la lectura política de los resultados. En esa línea, reclamaron que la DINE “se limite a contabilizar y publicar los resultados oficiales por distrito”, tal como establece la normativa, sin involucrarse en lecturas políticas.
La Cámara hizo suyas esas observaciones y recordó que la función de la Dirección Nacional Electoral es puramente técnica, limitada al recuento y la difusión del escrutinio provisorio, sin margen para redefinir la estructura legal del proceso.
El fallo de la Cámara Electoral resta al Gobierno la posibilidad de capitalizar comunicacionalmente los resultados de las legislativas del 26 de octubre bajo un único conteo nacional. De ahora en más, la difusión se hará provincia por provincia, conforme al criterio tradicional.
La decisión no solo preserva el principio federal que rige las elecciones legislativas, sino que también marca un límite claro a los intentos de reinterpretar las reglas electorales desde el poder político. A menos de una semana de los comicios, el pronunciamiento judicial reconfigura el escenario y obliga al oficialismo a ajustar su estrategia discursiva en una contienda que será leída, distrito por distrito, y no bajo una única bandera nacional.
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Marcelo Trujillo: “Hoy tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes”

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de las Telecomunicaciones, (Soeesit), Marcelo Trujillo, se refirió al nuevo acuerdo salarial del sector y cuestionó los intentos de impulsar una reforma laboral que implique retrocesos en derechos adquiridos. “Podemos hablar de modernizar, pero no de quitar conquistas. La reducción horaria debe ser el punto de partida”, afirmó.
El gremialista destacó que los acuerdos paritarios se están volviendo cada vez más cortos debido a la inestabilidad económica y la inflación constante. “Antes las paritarias eran anuales, luego pasaron a ser semestrales, y hoy prácticamente negociamos mes a mes”, explicó.
Según Trujillo, el objetivo principal es “acercar algo de dinero al bolsillo de los compañeros” para enfrentar una inflación que “no refleja la verdadera situación” de los trabajadores.
“El gobierno impone cifras y mediciones que no se corresponden con la realidad del costo de vida. Por eso debemos revisar los salarios constantemente, porque a muchos compañeros se les hace imposible llegar a fin de mes”, sostuvo el dirigente, aludiendo al deterioro del poder adquisitivo en el sector de las telecomunicaciones.
Trujillo reivindicó el rol de los sindicatos como “la representación genuina del pueblo trabajador”, y rechazó los intentos de demonizar su función. “Los gremios no son enemigos de nadie: son el canal a través del cual los trabajadores pueden hacer oír sus reclamos y defender sus derechos”, remarcó.
En relación con la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, el titular de Soeesit fue enfático: “Podemos discutir modificaciones, pero no la pérdida de derechos. Una verdadera reforma debe buscar equilibrio entre trabajadores y empleadores”.
Según Trujillo, la clave está en reducir la jornada laboral para generar más empleo y distribuir mejor las horas de trabajo:
“No se puede tener a una persona trabajando doce horas seguidas. Si en ese tiempo pueden trabajar dos, ganamos todos: hay más empleo y mejor calidad de vida.”
El dirigente también advirtió que es necesario vincular los salarios con las ganancias empresarias. “No puede ser que porque alguien da trabajo pague lo que se le antoja. Debe haber una relación justa entre la rentabilidad de las empresas y el ingreso de los trabajadores”, subrayó.
Marcelo Trujillo cerró su mensaje con una apelación al diálogo social: “Hay que sentarse a hablar en serio, sin borrar lo que ya se construyó. La ley laboral benefició muchas veces también a los empresarios, aunque no siempre lo digan. Hoy debemos encontrar un nuevo equilibrio que preserve los derechos y garantice trabajo digno.”
El referente de Soeesit San Juan reafirmó que el sindicato seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores frente a cualquier intento de flexibilización. En tiempos de incertidumbre económica, sostuvo, “el camino no es quitar derechos, sino distribuir mejor el trabajo y dignificar el salario”.
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