Ajuste bajo tutela: las reformas que el FMI impone al Gobierno de Milei
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.
Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.
Una reforma previsional con costo social
La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.
El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.
Privatizaciones: vuelta al futuro
En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.
La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.
Un acuerdo que perpetúa la dependencia
Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.
Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.
Un déjà vu con sello nuevo
La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.
En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.
destacada
La inflación cedió, pero el costo de sostener un hogar volvió a aumentar
Aunque la inflación mensual se desaceleró al 1,9%, el costo de la Canasta Básica Total aumentó 2,2% en junio y elevó nuevamente el ingreso mínimo necesario para no caer bajo la línea de pobreza. La evolución de tarifas, alquileres, medicamentos y servicios volvió a ejercer mayor presión que la de los alimentos.
El costo de vida volvió a mostrar una dinámica que excede el comportamiento del índice general de precios. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia integrada por dos adultos y dos hijos necesitó $1.531.473 durante junio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre, luego de un incremento mensual del 2,2%.
El informe oficial refleja que la CBT volvió a crecer por encima del 2% por noveno mes consecutivo, una secuencia que mantiene elevada la exigencia de ingresos para los hogares argentinos pese a la desaceleración de la inflación.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que fija el umbral de indigencia, registró un aumento del 1,3%, por encima del 1,1% observado en abril, aunque muy por debajo de la evolución de la canasta total. Como consecuencia, una familia tipo necesitó reunir $689.852 mensuales para garantizar únicamente la cobertura de sus necesidades alimentarias esenciales.
La diferencia entre ambos indicadores volvió a evidenciar que el mayor peso sobre los presupuestos familiares ya no proviene exclusivamente de los alimentos. Durante junio fueron los bienes y servicios no alimentarios los que explicaron gran parte del incremento del costo de vida, con aumentos en tarifas eléctricas, alquileres, medicamentos y servicios vinculados al receso invernal, como paquetes turísticos y propuestas recreativas.
Ese comportamiento contrastó con la evolución de los alimentos y bebidas, división que registró uno de los menores incrementos del último año gracias a la estabilidad de los precios de la carne y a bajas en frutas, contribuyendo a que la inflación general descendiera al 1,9%.
En el acumulado del primer semestre, la evolución de las canastas prácticamente acompañó al Índice de Precios al Consumidor. La Canasta Básica Alimentaria avanzó alrededor del 17%, mientras que la Canasta Básica Total registró una variación similar, apenas por encima del 16,8% acumulado por la inflación.
La comparación interanual mantiene, sin embargo, variaciones significativas. La CBA acumuló un incremento del 36,3%, la CBT del 35,7% y el IPC del 33,5%, confirmando que el costo de cubrir las necesidades esenciales continúa creciendo a un ritmo superior al promedio de los precios de la economía.
Las canastas elaboradas por el INDEC se construyen a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo). La CBA contempla exclusivamente los alimentos indispensables para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos, mientras que la CBT incorpora además bienes y servicios indispensables como vivienda, transporte, salud, educación, indumentaria y otros consumos cotidianos, convirtiéndose en el principal indicador utilizado para medir la incidencia de la pobreza en el país.
El nuevo informe confirma que, aun con una inflación en retroceso, el ingreso necesario para sostener un nivel básico de consumo continúa aumentando. La persistencia de incrementos en servicios regulados y otros gastos esenciales mantiene elevada la vara para millones de hogares y anticipa que la evolución del poder adquisitivo seguirá ocupando un lugar central en la agenda económica y social durante la segunda mitad del año.
Departamentales
San Juan inicia la renovación integral de la avenida Benavídez
El Gobierno de San Juan pondrá en marcha este 15 de julio la repavimentación de la avenida Benavídez, una de las arterias con mayor circulación del Gran San Juan y pieza central de la red de conexión entre los departamentos de Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego a través de sus redes sociales y forma parte del programa de conservación vial que ejecuta la Provincia con financiamiento propio.
La intervención comprenderá 3,3 kilómetros, desde calle Salta hasta Bonduel, y constituirá el primer frente de trabajo de la Etapa 21 del plan de mantenimiento de rutas y avenidas urbanas. La elección de este corredor responde a su importancia para la movilidad diaria, ya que concentra un elevado flujo de vehículos particulares, unidades del transporte público y tránsito vinculado con la producción, el comercio y los servicios.
Antes de colocar la nueva carpeta asfáltica, los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad realizarán tareas de recuperación estructural sobre los sectores más deteriorados. Los trabajos incluirán bacheo profundo y acondicionamiento de la base de la calzada, una etapa considerada indispensable para prolongar la vida útil del pavimento y reducir futuras intervenciones.
Finalizada esa instancia comenzará la repavimentación integral del tramo, mediante un esquema operativo similar al aplicado recientemente sobre avenida Libertador Este. La metodología contempla frentes de obra móviles que permitan sostener la circulación con la menor afectación posible, disminuyendo los tiempos de ejecución y las restricciones al tránsito.
La avenida Benavídez canaliza diariamente miles de vehículos particulares, transporte público y logística de carga vinculada a las zonas industriales y productivas del conglomerado urbano sanjuanino. Su trazado atraviesa la Ruta Nacional 40 y articula desplazamientos cotidianos entre zonas residenciales, comerciales e industriales, razón por la cual su estado de conservación tiene incidencia directa sobre la fluidez del tránsito y la seguridad de miles de usuarios
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Nueva apuesta para recuperar el Hotel Provincial tras el fracaso del primer llamado
Tras el fracaso de la primera convocatoria, la administración provincial relanzó el proceso para adjudicar la explotación del histórico establecimiento. El contrato se extenderá por dos décadas, contempla un canon mínimo de $14 millones mensuales y obliga al futuro concesionario a reabrir el complejo en un plazo máximo de cuatro meses.
Después de que la primera licitación quedara desierta por incumplimientos formales de los oferentes, el Gobierno de San Juan volverá a salir al mercado en busca de un operador privado que asuma la recuperación integral y la explotación comercial del Gran Hotel Provincial, uno de los inmuebles turísticos más emblemáticos de la provincia.
La convocatoria fija un presupuesto de referencia de $3.360 millones y concede la explotación del inmueble por 20 años. La apertura de sobres se realizará el 24 de julio, instancia que permitirá conocer el interés empresarial por un emprendimiento considerado prioritario dentro de la política oficial de fortalecimiento de la infraestructura turística.
El nuevo pliego eleva las exigencias respecto del proceso anterior. La firma adjudicataria deberá financiar las obras de reacondicionamiento, incorporar el equipamiento necesario, asumir el mantenimiento permanente del edificio y garantizar la operación hotelera durante toda la vigencia del contrato. Todas las mejoras que se ejecuten pasarán a integrar el patrimonio de la Provincia al finalizar la concesión.
Uno de los aspectos más relevantes es el cronograma de ejecución. El concesionario dispondrá de 30 días desde la firma del contrato para iniciar los trabajos y de cuatro meses como plazo máximo para reabrir las puertas del establecimiento. El programa integral de inversiones, en tanto, no podrá superar los dos años.
El Hotel Provincial cuenta con 101 habitaciones y deberá operar con una clasificación mínima de tres estrellas, aunque la administración provincial mantiene la expectativa de atraer un proyecto que permita posicionarlo dentro del segmento de cuatro o cinco estrellas, elevando la competitividad de la oferta hotelera sanjuanina.
En materia económica, el pliego establece un canon mensual mínimo de $14 millones, cifra que será actualizada trimestralmente conforme a la evolución de la inflación. Las ofertas que propongan un monto inferior serán automáticamente descartadas. Durante los primeros 24 meses se prevé un esquema de bonificaciones condicionado al cumplimiento efectivo del plan de inversiones, mientras que desde el vigésimo quinto mes deberá abonarse el canon pleno, junto con sus correspondientes actualizaciones.
La definición del adjudicatario tampoco dependerá exclusivamente del valor económico ofrecido. El mecanismo de evaluación priorizará la calidad del proyecto presentado: 62 de los 100 puntos posibles estarán destinados a valorar la propuesta de desarrollo hotelero; 20 puntos corresponderán al canon comprometido y los 18 restantes medirán la solvencia técnica, financiera y los antecedentes de cada postulante.
Entre los criterios que analizará la comisión evaluadora figuran el volumen de inversión, la calidad del equipamiento previsto, los tiempos de ejecución, el diseño comercial y el impacto que la iniciativa pueda generar sobre el turismo, el empleo y la economía provincial.
El nuevo llamado representa una segunda oportunidad para rescatar un complejo que permanece sin operar desde hace varios años. La licitación anterior había concluido sin adjudicación luego de que las dos ofertas recibidas fueran rechazadas por carecer de documentación indispensable, entre ella el Certificado de Cumplimiento Fiscal y diversas declaraciones juradas exigidas por el pliego.
Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo apuesta a superar aquel traspié administrativo y atraer inversores con capacidad de ejecutar un proyecto de largo plazo. La respuesta del mercado comenzará a definirse el próximo 24 de julio, cuando se conozca cuántas empresas competirán por administrar un activo considerado estratégico para el desarrollo turístico y la renovación de la infraestructura hotelera de San Juan.
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