Ajuste bajo tutela: las reformas que el FMI impone al Gobierno de Milei
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.
Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.
Una reforma previsional con costo social
La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.
El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.
Privatizaciones: vuelta al futuro
En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.
La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.
Un acuerdo que perpetúa la dependencia
Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.
Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.
Un déjà vu con sello nuevo
La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.
En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.
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La Corte de San Juan notificó seis vacantes al Consejo de la Magistratura
La Corte de Justicia de San Juan notificó formalmente al Consejo de la Magistratura la existencia de seis vacantes que deberán ser cubiertas mediante concursos públicos. La nómina comprende tres cargos de jueces y otros tres correspondientes al Ministerio Público Fiscal, con funciones distribuidas entre la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.
El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, confirmó la comunicación al organismo encargado de seleccionar a los futuros magistrados. A partir de ahora, el Consejo de la Magistratura deberá establecer el cronograma para poner en marcha los concursos y avanzar con la cobertura de los puestos.
Entre los cargos disponibles figuran dos juzgados de Familia correspondientes a la Primera Circunscripción y un tercer juzgado para la Segunda Circunscripción, con competencia sobre Jáchal e Iglesia. La ampliación apunta a reforzar uno de los fueros con mayor demanda dentro de la Justicia provincial.
Las otras tres vacantes corresponden al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una Fiscalía Civil y Laboral de primera instancia, una Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación y una Asesoría Oficial de Menores e Incapaces destinada al norte sanjuanino.
El origen de las vacantes
No todas las plazas tienen el mismo origen. La Fiscalía Civil y Laboral quedó disponible tras la jubilación de Beatriz Gil, lo que generó la necesidad de iniciar el proceso para designar a su reemplazante.
La Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación responde a otra circunstancia. Se trata de un cargo previsto por la legislación que instauró el sistema acusatorio y que permanecía sin cobertura. Su incorporación al proceso de selección fue solicitada por el fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorrí.
La función tiene relevancia dentro del esquema acusatorio, ya que esos fiscales intervienen en defensa de las acusaciones cuando las resoluciones son apeladas ante el Tribunal de Impugnación.
En cuanto a los nuevos juzgados de Familia, el juzgado de la Segunda Circunscripción y la Asesoría Oficial de Menores e Incapaces, fueron creados por la Cámara de Diputados a partir de un proyecto impulsado por la Corte de Justicia con respaldo del gobernador Marcelo Orrego.
El proyecto original también contemplaba la creación de un nuevo Juzgado de Paz para Caucete, pero esa incorporación fue postergada luego de un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.
La apertura de estas seis vacantes inicia ahora una nueva etapa administrativa: el Consejo de la Magistratura deberá organizar los concursos y evaluar a los postulantes. La cobertura de los cargos permitirá reforzar áreas con alta demanda y ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia provincial, particularmente en materia de Familia y protección de menores.
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Movistar, Claro y Personal acordaron una nueva suba salarial para sus trabajadores
La CONSITEL acordó con Movistar, Claro y Personal dos pagos únicos equivalentes al 2,10% de las escalas de julio y una actualización salarial del mismo porcentaje desde octubre. Las partes retomarán la negociación a mediados de septiembre.
Los trabajadores de las telecomunicaciones tendrán nuevos incrementos en los próximos meses luego del acuerdo alcanzado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) con Movistar, Claro y Personal. El entendimiento contempla pagos extraordinarios durante agosto y septiembre y una suba del 2,10% sobre las escalas salariales a partir de octubre de 2026.
El primer pago será abonado en agosto y equivaldrá al 2,10% de las escalas conformadas correspondientes a julio. En septiembre se repetirá el mismo porcentaje, calculado sobre las escalas de julio, aunque en este caso se incorporará además el impacto asociado a la productividad.
La actualización permanente llegará en octubre, cuando las escalas salariales se incrementen un 2,10%. La distribución será diferente según se trate de trabajadores de telecomunicaciones fijas o móviles.
Para quienes se desempeñan en la telefonía fija, el 1,85% se aplicará sobre las remuneraciones: el 60% se incorporará al salario básico y el 40% al Adicional Especial. El 0,25% restante se trasladará al viático convencional no sujeto a rendición, con los efectos correspondientes sobre los adicionales.
En la telefonía móvil, en cambio, la totalidad del incremento del 2,10% se incorporará al salario básico.
El acuerdo establece además que esta actualización de las escalas será considerada para determinar el pago correspondiente al Día del Trabajador Telefónico de 2027.
La negociación continuará en septiembre
El entendimiento no cierra la discusión paritaria anual. CONSITEL y las empresas acordaron volver a reunirse a mediados de septiembre para evaluar la evolución de los salarios y continuar con la negociación.
El nuevo acuerdo llega después del entendimiento alcanzado en julio, cuando las organizaciones sindicales habían conseguido una actualización del 6,74% sobre las escalas correspondientes a mayo de 2026, aplicada a partir de los salarios de ese mes.
En aquella oportunidad, la distribución también contempló diferencias entre las ramas fija y móvil. Para los trabajadores móviles, el incremento se incorporó íntegramente al básico. En la telefonía fija, el 6% se distribuyó entre el salario básico y el Adicional Especial, mientras que el 0,74% restante se destinó al viático convencional no sujeto a rendición.
CONSITEL había señalado entonces que aquella recomposición buscaba compensar la inflación acumulada del 33,55% correspondiente al período paritario comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.
Con el nuevo pacto, la negociación incorpora dos pagos extraordinarios y una nueva actualización de las escalas, mientras las partes mantienen abierta la discusión para septiembre. La evolución de los precios y del poder adquisitivo será, nuevamente, uno de los factores centrales para la próxima instancia paritaria.
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La Ruta 40 norte suma obras para sostener el tránsito minero
Vialidad Nacional intensificó el mantenimiento del tramo de la Ruta Nacional 40 comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja. Las tareas incluyen defensas aluvionales, limpieza de cauces, señalización y preparación de equipos para emergencias, en un corredor que concentra tránsito minero y conecta a San Juan con el norte del país.
El corredor adquirió mayor relevancia por el crecimiento del transporte vinculado con los emprendimientos mineros del norte sanjuanino, además de su importancia para la circulación comercial, social y turística entre ambas provincias.
El 9° Distrito San Juan del organismo nacional indicó que las intervenciones apuntan a preservar la transitabilidad y elevar las condiciones de seguridad para vehículos particulares y transporte pesado. Entre los trabajos se encuentran la ejecución y mantenimiento de defensas aluvionales, limpieza de cauces, acondicionamiento de la calzada y refuerzo de la señalización.
La preparación adquiere especial importancia por las características del trazado. Este tramo concentra la mayor cantidad de badenes de la red troncal nacional, una particularidad que obliga a mantener una vigilancia permanente sobre los puntos de escurrimiento y las condiciones de circulación.
La proximidad con la precordillera también expone a la ruta a episodios de lluvias intensas durante el verano. En períodos de precipitaciones extraordinarias, cauces habitualmente secos pueden activarse de manera repentina y transportar grandes volúmenes de agua, barro y material de arrastre hacia la calzada.
Frente a ese riesgo, Vialidad concentra parte de las tareas preventivas antes de la temporada de mayores precipitaciones. La limpieza de cauces y el acondicionamiento de las defensas buscan disminuir las interrupciones y permitir una respuesta más rápida ante eventuales cortes.
A estas intervenciones se suma la disponibilidad de equipos preparados para actuar frente a emergencias, un aspecto especialmente relevante en una ruta utilizada por camiones y vehículos asociados al movimiento minero. La continuidad del corredor resulta determinante para el traslado de insumos, maquinaria y producción hacia otros puntos del país.
La Ruta 40 también cumple una función de integración territorial. Su conexión con La Rioja permite sostener desplazamientos de residentes, transporte de cargas y circulación turística, por lo que las obras exceden las necesidades específicas de la minería.
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