Ajuste bajo tutela: las reformas que el FMI impone al Gobierno de Milei
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.
Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.
Una reforma previsional con costo social
La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.
El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.
Privatizaciones: vuelta al futuro
En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.
La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.
Un acuerdo que perpetúa la dependencia
Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.
Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.
Un déjà vu con sello nuevo
La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.
En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.
Departamentales
Plan de viviendas en San Juan: el lunes arranca la construcción de barrios en toda la provincia
El ministro Fernando Perea confirmó que esta semana se firmarán los contratos con las empresas adjudicataria para iniciar los trabajos el próximo lunes con la construcción de 23 barrios distribuidos en los 19 departamentos. Los siete emprendimientos restantes se sumarían una vez completada la documentación necesaria, según confirmó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía.
La medida marca el comienzo de la ejecución de un programa habitacional que comprende 30 barrios y que busca extender las obras a todo el territorio sanjuanino. De acuerdo con el funcionario, la Provincia ya está en condiciones de formalizar la mayor parte de los acuerdos, mientras que los restantes requieren resolver cuestiones administrativas y legales.
«De los 30 barrios, hoy estamos en condiciones de firmar los contratos de 23. Los otros siete, calculo que la semana que viene estaríamos en condiciones de firmarlos», explicó Perea. El ministro ratificó que el inicio de las obras para los primeros emprendimientos está previsto para el prñoximo lunes 2 de noviembre.
La firma de los acuerdos habilitará a las constructoras a avanzar con las tareas iniciales en los terrenos asignados. La incorporación de los siete barrios pendientes dependerá de que se completen los requisitos formales, aunque el Gobierno mantiene la previsión de cerrar esos trámites durante la próxima semana.
Llegó el momento de transformar las promesas en realidades: hay 23 contratos a punto de sellarse y siete en planificación. El desafío de llevar estas obras a los 19 departamentos entra en su etapa decisiva, donde el cumplimiento de la Provincia y de las empresas será la clave del éxito.
destacada
La UOCRA espera que las obras de Orrego reactiven el empleo en San Juan
El gremio recibió con optimismo el anuncio de 30 barrios y la proyección de 4.500 empleos directos. Alberto Tovares pidió acelerar las adjudicaciones y conocer cuántos trabajadores incorporarán las empresas y durante cuánto tiempo.
La construcción sanjuanina aguarda que los anuncios de inversión pública se conviertan en puestos de trabajo concretos. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) valoró la iniciativa del Gobierno provincial para levantar 30 barrios, con una proyección de alrededor de 4.500 empleos directos, y vinculó esas expectativas con las obras viales previstas en rutas nacionales y provinciales.
Alberto Tovares, secretario gremial de la UOCRA en San Juan, sostuvo que los proyectos representan una oportunidad para revertir más de dos años de dificultades laborales. Sin embargo, advirtió que la recuperación dependerá de que los procedimientos administrativos avancen, se adjudiquen los trabajos y las empresas comiencen a incorporar personal.
También manifestó su expectativa de que parte de las iniciativas pueda comenzar antes de fin de año, según la información que recibió en una reciente reunión con autoridades provinciales.
Las perspectivas del gremio incluyen, además de las viviendas, las intervenciones previstas en las rutas 20 y 40 y otros proyectos de infraestructura que atraviesan distintas instancias administrativas. Su ejecución podría generar oportunidades para trabajadores con diferentes especialidades y extender las contrataciones a lo largo del territorio sanjuanino.
El impacto potencial excede a quienes trabajan directamente en las obras. La compra de materiales, el transporte, los servicios eléctricos y los pequeños comercios forman parte de una cadena que suele activarse con cada emprendimiento. Tovares describió ese efecto a partir de negocios cotidianos, desde las ferreterías hasta los kioscos cercanos a los barrios en construcción, y sostuvo que la inversión puede aportar movimiento a la economía provincial.
No obstante, el sindicato busca que las expectativas estén respaldadas por información precisa. La organización pretende establecer contacto con las empresas adjudicatarias para conocer la duración de cada obra, sus necesidades de personal y los plazos estimados de contratación. Esos datos permitirían dimensionar el alcance laboral de los anuncios y brindar certezas a quienes llevan meses buscando una oportunidad.
Para la UOCRA, el anuncio abre una perspectiva favorable, pero la recuperación no se medirá por la cantidad de proyectos presentados, sino por su puesta en marcha y las incorporaciones efectivas. El paso decisivo será que las inversiones lleguen a los obradores y se traduzcan en ingresos para los trabajadores y en movimiento para la economía sanjuanina.
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La Cámara de la Construcción proyecta 4.000 empleos con los nuevos barrios
Ramón Martínez, titular de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, estimó que los proyectos anunciados por el Gobierno provincial podrían generar un número muy importante de puestos de trabajo. La cifra permitiría recuperar parte de los empleos perdidos desde 2023, aunque la magnitud del impacto dependerá de los plazos de ejecución y las contrataciones.
La construcción sanjuanina podría recuperar una parte sustancial del empleo perdido durante la retracción de la obra pública. La Cámara Argentina de la Construcción en San Juan calculó que la edificación de 2.240 viviendas, distribuidas en 30 barrios anunciados por el gobernador Marcelo Orrego, tendría capacidad para generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos.
Ramón Martínez, titular de la entidad, recibió el anuncio como una señal favorable para las empresas locales y los trabajadores. La expectativa, explicó, es que las inversiones se traduzcan en licitaciones, adjudicaciones e inicios de obra capaces de recomponer la ocupación después de uno de los períodos más duros para la actividad.
La dimensión del retroceso ayuda a explicar el alcance potencial de la iniciativa. Según el repaso de Martínez, la construcción pasó de unos 12.000 trabajadores a mediados de 2023 a cerca de 6.000 durante el momento de mayor caída, entre fines de ese año y comienzos de 2024. La recuperación impulsada posteriormente por obras provinciales permitió elevar la cifra hasta aproximadamente 8.000 empleos. La incorporación de otros 4.000 llevaría nuevamente el registro hacia los niveles previos a la retracción, siempre que la proyección se concrete.
El efecto no se limitaría a las plantillas de las constructoras. La compra de cemento, hierro y otros insumos, junto con el transporte, la fabricación de materiales y los servicios asociados, multiplica el alcance económico de cada emprendimiento. Martínez señaló, además, que la vivienda suele requerir más mano de obra que las obras viales y estimó que su construcción demanda, en promedio, dos trabajadores por unidad, aunque la dotación varía según la etapa y el sistema utilizado.
En ese sentido, el dirigente consideró conveniente combinar los proyectos habitacionales con la infraestructura vial para sostener las contrataciones y ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas. Según indicó, varias firmas ya reúnen la documentación técnica y administrativa necesaria para competir cuando se publiquen los pliegos.
La Cámara también observa alternativas tecnológicas que podrían acortar los tiempos de ejecución. Martínez mencionó el sistema Casaforma, basado en encofrados y hormigón proyectado, utilizado en Mendoza. Su incorporación requiere capacitación, pero puede ofrecer otra vía para acelerar la construcción sin prescindir de la preparación de los trabajadores.
El paso inmediato será conocer las condiciones de contratación y los cronogramas oficiales. Hasta entonces, los 4.000 puestos constituyen una estimación empresarial, no empleos ya confirmados. La reactivación dependerá de la traducción del financiamiento en obras concretas y de la capacidad de las empresas para generar empleo estable.
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