Ajuste bajo tutela: las reformas que el FMI impone al Gobierno de Milei
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.
Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.
Una reforma previsional con costo social
La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.
El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.
Privatizaciones: vuelta al futuro
En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.
La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.
Un acuerdo que perpetúa la dependencia
Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.
Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.
Un déjà vu con sello nuevo
La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.
En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.
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Dos victorias consecutivas fortalecen a Vázques en la UTA San Juan
La Lista A se impuso en las tres sedes de El Triunfo y obtuvo 76 votos, contra 46 de la Lista B y 17 de la Lista C. El resultado fortalece al espacio de Diego Vázques a poco más de un mes de la elección provincial del gremio.
La interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan sumó este miércoles un nuevo resultado favorable para la oposición. La Lista A ganó la elección de delegados en la empresa El Triunfo y se impuso en sus tres establecimientos de la provincia: Capital, Caucete y Casuarinas, en 25 de Mayo.
El recuento arrojó 76 votos para la nómina opositora, mientras que la Lista B reunió 46 sufragios y la Lista C alcanzó 17. Ambas listas derrotadas están vinculadas con el oficialismo gremial. La diferencia le permitió a la Lista A quedarse con la representación de los trabajadores de la empresa.
Los nuevos delegados serán Carlos Frau, Gustavo Gavia, Rubén López, Elías Núñez, Oscar Molina y Mario González. Su elección adquiere relevancia dentro de la disputa provincial porque constituye una referencia concreta sobre la adhesión que cada espacio consigue entre los trabajadores del transporte.
El resultado se suma al obtenido días atrás en la empresa Albardón, donde la nómina identificada con Diego Vázques también había derrotado al oficialismo. En aquella votación, la oposición consiguió 126 votos contra 74 de la lista celeste y blanca, sobre 201 sufragios emitidos y un voto impugnado.
Con dos logros favorables consecutivos en empresas de transporte, el espacio de Vázques llega fortalecido a la recta previa de los comicios provinciales. Sin embargo, la definición de octubre tendrá una dimensión mayor y pondrá en juego la conducción de toda la seccional sanjuanina.
La elección general de la UTA está prevista para el 7 y 8 de octubre. Vázques competirá por la conducción provincial frente al oficialismo encabezado por Héctor Maldonado, en una contienda que determinará la conducción del gremio para el próximo período.
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San Juan cambia las reglas para taxis, remises y plataformas digitales
El Gobierno provincial prueba una nueva plataforma para centralizar la inscripción de conductores y vehículos de transporte de pasajeros. El sistema podría habilitarse durante la primera quincena de septiembre y alcanzará también a quienes trabajen mediante aplicaciones como Uber y DiDi.
La herramienta permitirá realizar los trámites de manera virtual, sin necesidad de concurrir a dependencias públicas. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que el acceso será sencillo y que posiblemente se utilizará la contraseña de CIDI (Ciudadano Digital). El registro tendrá dos componentes: uno destinado a los conductores y otro a los vehículos.
Actualmente se desarrollan pruebas piloto para verificar el funcionamiento de la plataforma antes de su habilitación definitiva. Palma señaló que el desarrollo se encuentra “muy avanzado” y que esta etapa permitirá determinar si reúne las condiciones necesarias para comenzar a recibir trámites.
La digitalización forma parte de la puesta en marcha de la nueva Ley de Transporte y de su reglamentación, publicada en el Boletín Oficial. Uno de los cambios centrales es el reemplazo del antiguo esquema de licencias cerradas y cupos administrados por el Registro de Transporte de la Provincia (REPROT) por un padrón abierto y permanente.
Quienes ya trabajan como taxistas o remiseros bajo el régimen anterior no perderán automáticamente su habilitación. El Ministerio de Gobierno prevé migrar la información existente y requerirá que los prestadores registrados ingresen al nuevo sistema para ratificar su voluntad de continuar.
La reforma también incorpora formalmente a las plataformas digitales. Servicios como Uber y DiDi quedan contemplados dentro de la regulación provincial bajo la figura de servicios de contactabilidad, con requisitos comunes para quienes transporten pasajeros.
Tanto los conductores tradicionales como los vinculados a aplicaciones deberán contar con licencia profesional, seguro específico para transporte de pasajeros y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente. A esas exigencias se suma una herramienta destinada a reforzar la seguridad del usuario: cada vehículo habilitado deberá exhibir un certificado con código QR.
El mecanismo permitirá al pasajero consultar antes de iniciar el viaje si tanto el automóvil como el conductor se encuentran registrados y habilitados. Los vehículos destinados al transporte de personas que no figuren en el padrón obligatorio serán considerados ilegales y quedarán sujetos a las sanciones previstas por la normativa.
El lanzamiento del registro será uno de los primeros pasos visibles de la nueva regulación. El objetivo oficial es reemplazar trámites dispersos por un sistema único de inscripción, facilitar la actualización de documentación y mejorar los mecanismos de fiscalización sobre un servicio que ahora incorpora, bajo una misma normativa, a taxis, remises y plataformas digitales.
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Se hunden los patentamientos de autos y las motos marcan un nuevo récord
El mercado automotor argentino profundizó su retroceso en agosto, mientras el de motocicletas volvió a marcar un fuerte crecimiento. La diferencia entre ambos registros expone un cambio en las decisiones de los hogares: los vehículos de mayor precio pierden compradores, mientras las motos ganan terreno por su menor costo, las posibilidades de financiación y su utilidad para trasladarse y generar ingresos.
Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante agosto se patentaron 44.415 autos, un 19,1% menos que en igual mes de 2025. Fue el quinto descenso interanual consecutivo y llevó la caída acumulada entre enero y agosto al 13,3%.
La contracción alcanzó a todas las categorías. Los patentamientos de automóviles retrocedieron 18,6%, los comerciales livianos 21,1% y los camiones 25,6%. Al mismo tiempo, los vehículos importados ampliaron su participación y ya representan el 70% de las unidades patentadas.
El avance de las importaciones coincide con una menor utilización de las plantas automotrices nacionales. En junio, la capacidad instalada de la industria cayó al 45,5%, un indicador que refleja el menor aprovechamiento de las instalaciones fabriles. Entre las marcas que ganan participación aparece la china BYD, que escaló hasta el noveno puesto del ranking de ventas, aunque todavía con un volumen reducido respecto de los principales fabricantes.
El comportamiento de las motos fue diametralmente distinto. En agosto se patentaron 73.566 unidades, un 34,2% más que durante el mismo mes del año pasado. El acumulado de los primeros ocho meses alcanzó 586.650 motocicletas, con una expansión interanual del 41,2%.
El crecimiento no responde solamente a una decisión de consumo. Las concesionarias vinculan buena parte de la demanda con el reparto mediante aplicaciones, que convirtió a las motos de baja cilindrada en una herramienta para obtener ingresos. A esto se suma el costo del transporte público, que lleva a algunos trabajadores a optar por financiar un vehículo propio para reducir el gasto cotidiano en movilidad.
La diferencia productiva también es significativa. Mientras el mercado automotor incrementó su dependencia de unidades importadas, menos del 4% de las motos comercializadas proviene del exterior, según los datos consignados para agosto. La expansión de las dos ruedas, por lo tanto, mantiene una fuerte vinculación con la fabricación nacional.
El contraste entre ambos mercados ofrece una fotografía de las prioridades de consumo de los hogares argentinos. El automóvil, con un costo de acceso y mantenimiento considerablemente mayor, encuentra mayores dificultades para sostener su demanda; la motocicleta, en cambio, combina una inversión inicial más baja, menores gastos de uso y una utilidad creciente para el trabajo y el traslado diario.
Más que una simple diferencia estadística, los patentamientos muestran cómo la movilidad se adapta a una economía en la que el precio de los bienes, el costo del transporte y la necesidad de generar ingresos pesan cada vez más en las decisiones de compra.
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