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El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.

Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.

Una reforma previsional con costo social

La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.

El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.

Privatizaciones: vuelta al futuro

En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.

La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.

Un acuerdo que perpetúa la dependencia

Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.

Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.

Un déjà vu con sello nuevo

La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.

En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.

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Fuerte rechazo gremial a la oferta salarial del Gobierno para las universidades. Habrá paro nacional este miércoles

La propuesta oficial de un aumento del 3% para septiembre fue considerada insuficiente por las federaciones docentes y nodocentes, que reclaman una recomposición del 31,2% acumulado hasta julio, más la actualización correspondiente a agosto. La protesta será este miércoles y el jueves definirán nuevas medidas.

La distancia entre ambas posiciones quedó expuesta durante la reunión paritaria. Mientras el Ejecutivo llevó una recomposición del 3%, los gremios reclaman que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se reconozca una recomposición salarial que, según sus cálculos, alcanza el 31,2% hasta julio, a lo que debe añadirse la inflación correspondiente a agosto.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CONADU Histórica y las restantes organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales cuestionaron que la propuesta oficial no contemple la pérdida acumulada. También denunciaron que el Gobierno volvió a postergar el cumplimiento de la ley y de la medida cautelar judicial que ordenó recomponer los ingresos de los trabajadores universitarios.

Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, sostuvo que la oferta «continúa desconociendo la pérdida salarial acumulada» y reclamó el cumplimiento inmediato de la legislación vigente.

Desde CONADU Histórica, Francisca Staiti señaló que el 3% ofrecido se encuentra muy lejos del 31,2% que, según la organización, se adeuda hasta julio por aplicación de la cautelar.

El reclamo sindical no se limita a los salarios. Las federaciones también exigen la implementación efectiva del Convenio Colectivo de Trabajo, la actualización de las becas estudiantiles, mayores recursos para las universidades y fondos destinados a los hospitales universitarios.

Entre los compromisos pendientes figura además la apertura de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la discusión del nomenclador salarial y de los adicionales por posgrados. Esos puntos habían quedado asentados en el acta paritaria del 10 de junio, pero, según las organizaciones gremiales, todavía no tuvieron una respuesta concreta.

Cabe añadir que la controversia salarial se mantiene activa, mientras continúa el litigio judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y sostuvo que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran reparado el deterioro salarial señalado en la causa. El Ejecutivo deberá presentar documentación sobre los avances en el cumplimiento de esa resolución.

Para las federaciones, la negativa oficial a reconocer la recomposición reclamada profundiza un conflicto que lleva más de 300 días desde el incumplimiento que denuncian respecto de la ley. «La deuda salarial se paga», sostuvo CONADU Histórica al convocar a la nueva jornada de protesta.

El paro de este miércoles será acompañado por docentes y nodocentes de distintas universidades del país. En San Juan, la medida alcanzará a la comunidad universitaria a través de las organizaciones que adhieran a la convocatoria nacional.

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ArgOliva inició la evaluación de los aceites que competirán a nivel nacional e internacional

El XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026 puso en marcha una de sus instancias centrales: la evaluación sensorial de las 80 muestras presentadas para el XIV Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra y el IV Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra.

El panel de cata comenzó su tarea en el Laboratorio de Evaluación Sensorial (CRESA) de la Universidad Católica de Cuyo, donde especialistas con experiencia en análisis de aceites determinarán las características de cada muestra bajo criterios técnicos de evaluación sensorial.

La jornada contó con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y permitió, además, el regreso a San Juan de profesionales que participan habitualmente del certamen. Su presencia refuerza el perfil técnico de ArgOliva y aporta una mirada especializada sobre la calidad de los aceites que llegan a la competencia.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la articulación entre la universidad y la producción. Estudiantes de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Católica de Cuyo colaboran en la preparación y acondicionamiento de las muestras antes de su evaluación.

El contacto directo con los especialistas permite a los futuros profesionales conocer procedimientos que forman parte de una cadena de valor en la que confluyen conocimiento científico, producción agroindustrial y estándares internacionales de calidad.

Con 15 ediciones, ArgOliva se consolidó como una de las principales citas vinculadas al aceite de oliva en Latinoamérica. La continuidad de los concursos nacional e internacional también funciona como una plataforma para visibilizar la calidad de la producción sanjuanina y fortalecer la formación de recursos humanos especializados para una industria con creciente proyección.

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El patentamiento de 0 km se desplomó 19% en agosto

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de enfriamiento. Durante agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 54.889 unidades. La comparación con julio también arrojó un retroceso, aunque más moderado: fueron 45.075 operaciones ese mes, por lo que la baja mensual alcanzó el 1,5%.

Los datos fueron difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y reflejan una pérdida de ritmo en las ventas después de varios meses de recuperación. Entre enero y agosto se acumularon 385.091 patentamientos, frente a los 444.256 contabilizados durante el mismo período del año pasado. La diferencia representa una contracción del 13,3%.

El comportamiento fue dispar según el tipo de vehículo. Los automóviles concentraron 29.759 patentamientos, con una merma interanual del 18,6%, mientras que los comerciales livianos sumaron 11.993 unidades y retrocedieron 21,1%. Entre los pesados se registraron 1.549 operaciones, un 25,6% menos que un año atrás.

Aun con la retracción general, algunos modelos mantuvieron una elevada demanda. La Toyota Hilux encabezó el ranking de agosto con 2.616 unidades, seguida por la Ford Ranger, con 1.781, y la Toyota Yaris Cross, con 1.619. Completaron los primeros puestos la Ford Territory, el Fiat Cronos, la Volkswagen Amarok, el Volkswagen Tera, el Peugeot 208, el Toyota Yaris y el Chevrolet Onix.

Toyota volvió a liderar entre las marcas de vehículos livianos, con 7.247 patentamientos y una participación del 17,4%. Volkswagen quedó segunda, con 5.184 unidades, mientras que Fiat ocupó el tercer lugar con 4.718.

Desde Acara atribuyeron la evolución reciente a una demanda más selectiva. Su presidente, Sebastián Beato, reconoció que la caída interanual «es importante», aunque destacó el esfuerzo de fabricantes, concesionarios y proveedores para contener un retroceso que podría haber sido mayor.

Beato sostuvo además que una eventual mejora de la economía podría traducirse en un mayor volumen de operaciones, mientras las concesionarias buscan ampliar la oferta de servicios vinculados con la movilidad y no depender exclusivamente de la comercialización de unidades.

La distribución territorial mantuvo la concentración habitual. Buenos Aires registró 11.872 patentamientos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 8.557; Córdoba, con 4.795, y Santa Fe, con 4.301.

El dato de agosto deja así un mercado con menos operaciones que un año atrás, aunque con una dinámica diaria que mostró una leve mejora respecto de julio. La evolución de la demanda y el poder de compra de los consumidores serán determinantes para establecer si la caída constituye una corrección puntual o el comienzo de una desaceleración más prolongada.

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