El titular de la CGT Regional San Juan y secretario general de la UOCRA respaldó el inicio de las obras de 2.240 viviendas y sostuvo que la generación de empleo debe traducirse en oportunidades para los trabajadores locales. También reclamó una interna abierta en el peronismo, cuestionó la exclusión del movimiento obrero de las discusiones nacionales y alertó por la pérdida salarial y el deterioro de las obras sociales.

En una entrevista con Mundo Laboral San Juan, el dirigente vinculó el anuncio con las gestiones previas entre el Gobierno provincial, las representaciones empresarias y los actores sindicales. Según afirmó, el programa podría generar empleo para más de 2.500 personas y alcanzar a los 19 departamentos, aunque reconoció que todavía no conoce la distribución definitiva de los barrios.

Cabello consideró que la diversidad geográfica de los proyectos puede facilitar la contratación de mano de obra local. Mientras los trabajos viales requieren, en muchos casos, traslados fuera de la ciudad y especialidades específicas, la construcción de viviendas permitirá incorporar trabajadores en sus propios departamentos.

“Cuando se recupera una fuente de trabajo es muy importante para el sector de la construcción”, señaló. Para la UOCRA, el desafío inmediato consiste en convertir los anuncios y las adjudicaciones en puestos efectivos, con incorporaciones graduales que eviten generar expectativas por encima de la capacidad real de ejecución.

La CGT reclama participación en la reorganización del peronismo

El dirigente también cuestionó la exclusión del movimiento obrero de las conversaciones que buscan reorganizar al peronismo de cara a las elecciones de 2027. Reclamó que la CGT tenga participación en las decisiones nacionales y rechazó que un grupo reducido de dirigentes defina candidaturas y orientaciones políticas sin una discusión más amplia.

“La política tiene que entender que no puede seguir haciendo caso omiso a una representación como es la de la CGT”, afirmó. A su juicio, la representación sindical no puede quedar relegada cuando se discute el futuro de una fuerza política que históricamente tuvo vínculos estrechos con los trabajadores.

Cabello propuso que la selección de candidaturas se resuelva mediante una interna abierta, en lugar de acuerdos cerrados entre referentes. Sostuvo que las diferencias deben abordarse con reuniones directas y participación de las distintas expresiones partidarias y territoriales.

El titular de la central obrera sanjuanina también pidió evitar que las disputas de la dirigencia bonaerense se trasladen automáticamente a las provincias, donde —advirtió— existen dificultades económicas y políticas propias. Consideró que todavía hay tiempo para construir acuerdos antes de marzo del año próximo, aunque condicionó esa posibilidad a una convocatoria más amplia.

Su planteo combina una exigencia de representación política con una advertencia sobre el vínculo entre los partidos y sus bases sociales: para el dirigente sindical, el movimiento obrero debe intervenir en la discusión programática y no limitarse a acompañar decisiones tomadas por otros.

Salarios rezagados y preocupación por las obras sociales

Más allá de la interna partidaria, Cabello ubicó el deterioro de los ingresos entre las principales preocupaciones sindicales. Expresó que las paritarias no consiguen compensar plenamente el aumento del costo de vida y que muchos trabajadores llegan con dificultades a fin de mes, mientras se agravan los problemas de financiamiento de las obras sociales.

El representante gremial vinculó ambos factores con una pérdida de protección para los asalariados y sus familias. También cuestionó que las discusiones previsionales no se traduzcan, a su entender, en respuestas suficientes para los jubilados.

En su análisis, la reorganización política debe incorporar estas urgencias materiales. La recuperación de los ingresos, la atención sanitaria y la generación de empleo, planteó, son cuestiones que deberían ocupar un lugar central en cualquier propuesta que aspire a representar a los trabajadores.

Una mirada puesta en San Juan

Consultado sobre las repercusiones de la política internacional y el caso de Brasil mencionado durante la entrevista, Cabello evitó centrar su respuesta en la disputa entre dirigentes y sostuvo que su principal preocupación es la evolución económica argentina y provincial.

Señaló que el endeudamiento de los hogares y la problemática para cubrir los gastos cotidianos requieren respuestas concretas, por encima de las controversias políticas. “A mí me interesa la Argentina, cómo vamos a salir; me interesa San Juan, qué es de San Juan, qué es lo que vamos a hacer”, resumió.

El programa trazado por la conducción de la CGT local vincula estrechamente la generación de empleo en el sector constructivo con la inserción del gremialismo en el debate político actual. El alcance real del programa habitacional y la capacidad de recomponer ingresos serán indicadores centrales para medir si las expectativas de los trabajadores encuentran una respuesta concreta.

APJ Gas advirtió que la modificación del régimen dejará a millones de usuarios sin la bonificación que recibían por Zona Fría. Según el gremio, las subas comenzarán a reflejarse en las facturas de noviembre y podrían alcanzar entre el 20% y el 30% incluso en las regiones que conservarán una ayuda parcial.

La reducción de los beneficios de la Zona Fría encarecerá el servicio de gas para unos 3,3 millones de usuarios, según advirtió la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas). La organización sindical, conducida por Rubén Ruiz, anticipó que el impacto comenzará a percibirse en las facturas de noviembre y cuestionó que el nuevo régimen limite las bonificaciones mientras mantiene el recargo destinado a financiar los subsidios.

El gremio atribuyó la modificación al Decreto 1266/2026 y a la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía, normas que, según su interpretación, restringen el alcance del beneficio y dejan a numerosos usuarios fuera de la asistencia que recibían. La entidad calificó la medida como “un nuevo manotazo a nuestra economía”.

Entre las zonas alcanzadas por la reducción, APJ Gas enumeró distritos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, además de las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. La asistencia se conservaría de manera parcial para la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque el sindicato advirtió que esos usuarios tampoco quedarían al margen de los aumentos.

Los cinco sindicatos docentes con representación nacional convocaron a un paro para este jueves 29 de octubre en reclamo de justicia por Nancy Godoy, la maestra rural asesinada cuyo caso conmocionó a la comunidad educativa. La medida reunirá a organizaciones de distintas jurisdicciones en una jornada de duelo y protesta contra la violencia machista.

La medida, impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), sumó a la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). También se incorporaron entidades provinciales y regionales.

UDA, AMET y CEA difundieron un pronunciamiento conjunto bajo la consigna “Exigimos justicia por Nancy”, con el que respaldaron la huelga y reclamaron respuestas ante el crimen.

SADOP, en tanto, llamó a participar de una jornada nacional de lucha para exigir verdad, esclarecer el femicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.

“No vamos a permanecer en silencio frente a la violencia machista”, sostuvo el sindicato de docentes privados, que además expresó su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos de la víctima.

La unión de estos cinco gremios amplifica la protesta y concentra la representación de toda la docencia en un solo reclamo. La jornada buscará mantener visible el caso de Godoy y expresar el rechazo de la comunidad educativa frente a la violencia contra las mujeres.

El paro trasciende las diferencias entre las entidades sindicales y coloca en el centro una exigencia compartida: que la investigación avance hasta esclarecer el asesinato y determinar las responsabilidades penales correspondientes.