El Gobierno de San Juan realizará el lunes 24 de agosto el acto que dará inicio a la distribución de 3.000 equipos. La primera tanda forma parte de las 19.000 computadoras previstas para este año y estará destinada a docentes y estudiantes de distintos niveles.

El Ejecutivo provincial comenzará el próximo lunes 24 de agosto la entrega de 3.000 computadoras destinadas a docentes y estudiantes del sistema educativo provincial. El acto oficial se realizará a las 10:30 en el Estadio Aldo Cantoni y marcará el inicio de una distribución que contempla 19.000 dispositivos durante lo que resta de 2026.

Los equipos corresponden al programa Maestro de América y serán asignados principalmente a docentes de establecimientos públicos y privados, además de estudiantes de 5° año de primaria y 2° año de secundaria.

Las computadoras llegaron a la provincia entre fines de julio y los primeros días de agosto. Desde entonces, fueron sometidas a controles técnicos y tareas de preparación para garantizar que estuvieran en condiciones de ser entregadas.

Los dispositivos incorporan más de 30 programas y aplicaciones educativas, entre ellos LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP, OpenShot y Tux Paint. El equipamiento apunta a ampliar el acceso a herramientas digitales y facilitar su utilización tanto en las aulas como en las tareas pedagógicas.

La distribución tendrá una segunda etapa durante 2027. La Provincia suscribió un nuevo convenio con un organismo de Naciones Unidas para incorporar 50.000 computadoras adicionales, que serán destinadas al sistema educativo sanjuanino durante el próximo año.

Con ambas etapas, el Gobierno provincial proyecta alcanzar 94.000 computadoras entregadas en tres años, con una inversión total estimada en US$24.538.691.

La política de incorporación tecnológica contempla además instancias de capacitación para docentes, con el objetivo de acompañar la llegada de los equipos y favorecer su utilización en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El acto del lunes abrirá así la primera distribución de esta nueva etapa, que continuará durante los próximos meses hasta completar las entregas previstas para 2026.

La Superintendencia de Servicios de Salud retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 18 empresas, mutuales y cooperativas. Las auditorías detectaron falta de actividad efectiva, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exclusiones ya superan las 180.

La medida alcanza a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas de distintas provincias. Entre las entidades excluidas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Sociedad Médica Universitaria S.A., además de Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

También quedaron fuera del registro Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, entre otras organizaciones alcanzadas por el proceso de fiscalización.

Según explicó el organismo, las inspecciones permitieron establecer que varias de estas entidades no registraban actividad efectiva, no contaban con beneficiarios activos o no habían presentado la información requerida por la normativa vigente. Antes de disponer las bajas, la Superintendencia las intimó a regularizar su situación.

La falta de respuesta suficiente derivó finalmente en la exclusión del registro. El procedimiento forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Gobierno para depurar el padrón de entidades que formalmente figuran como prestadoras de medicina prepaga, pero que no acreditan una operatoria efectiva.

Con esta nueva resolución, más de 180 entidades fueron excluidas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en un proceso que la Superintendencia anticipó que continuará mediante nuevas auditorías.

El organismo sostuvo además que las bajas no deberían generar perjuicios para los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no registraban afiliados activos ni prestaciones en curso al momento de las verificaciones.

La depuración apunta a que el registro oficial quede integrado por organizaciones que acrediten existencia operativa, beneficiarios y cumplimiento de las obligaciones exigidas. La Superintendencia mantendrá las fiscalizaciones y podrá disponer nuevas exclusiones cuando se detecten incumplimientos similares.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por 27 votos contra 9 el convenio entre el Gobierno provincial y Vicuña. El acuerdo contempla un aporte de hasta US$250 millones para infraestructura, con un fideicomiso administrado por el Banco San Juan y controles del Tribunal de Cuentas.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña, en una sesión especial que terminó con 27 votos afirmativos y nueve negativos. La iniciativa habilita un aporte de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura, incluso antes de que el proyecto minero alcance su etapa productiva.

El convenio ratifica el Acta Compromiso suscripta entre la Provincia y la compañía y establece un esquema de aportes definido. Según lo expuesto durante el debate, los recursos estarán disponibles desde el 20 de diciembre de 2026, tendrán carácter fijo y no podrán compensarse con futuras regalías ni serán considerados un adelanto sujeto a devolución.

El dinero será administrado mediante un fideicomiso en el Banco San Juan, bajo control provincial, con auditorías externas anuales y la intervención del Tribunal de Cuentas. Entre las obras mencionadas figura la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Norte, uno de los principales puntos de interés durante el tratamiento legislativo.

El oficialismo defendió el entendimiento como una herramienta para anticipar infraestructura y generar previsibilidad para las inversiones vinculadas con Vicuña. El diputado Andrés Castro sostuvo que se trata de un aporte “claro, previsible” y afirmó que representa “previsibilidad política para el San Juan del futuro”.

Cruces por controles y facultades provinciales

El debate estuvo marcado por cuestionamientos de legisladores opositores, que plantearon dudas sobre las facultades provinciales, los controles ambientales, el uso del agua y las condiciones del convenio.

Desde el oficialismo, la diputada radical Alejandra Leonardo rechazó que San Juan haya resignado atribuciones. “San Juan no está renunciando a nada”, sostuvo, y afirmó que las exigencias ambientales continuarán sujetas a la Declaración de Impacto Ambiental y a los controles correspondientes.

En el peronismo también hubo posiciones diferenciadas. El diputado Miguel Vega acompañó la aprobación, aunque dejó asentado que uno de los motivos de su respaldo estaba vinculado con las obras previstas para la Ruta 40. En cambio, el titular de la bancada justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, cuestionó el tiempo disponible para analizar la documentación y planteó reparos sobre las facultades provinciales en un radio de 75 kilómetros del emprendimiento.

La sesión tuvo además un cuarto intermedio de unos 40 minutos solicitado por el diputado oficialista Gustavo Usín, antes de retomar el debate y avanzar hacia la votación definitiva.
Orrego celebró la aprobación

Tras conocerse el resultado, el gobernador Marcelo Orrego destacó la sanción del convenio y remarcó que los recursos podrán utilizarse antes de que Vicuña comience a producir.

“Esto se traducirá en recursos para las obras que San Juan necesita, antes de que el proyecto comience a producir”, afirmó el mandatario. Luego cuestionó a quienes rechazaron la iniciativa y sostuvo que “la mayoría eligió acompañar este paso histórico”.

Con la aprobación legislativa, el Gobierno provincial obtuvo el aval necesario para avanzar en uno de los acuerdos económicos de mayor relevancia de su gestión. El próximo paso será la instrumentación del fideicomiso y la definición de las obras que recibirán los fondos comprometidos.