Ajuste bajo tutela: las reformas que el FMI impone al Gobierno de Milei
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.
Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.
Una reforma previsional con costo social
La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.
El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.
Privatizaciones: vuelta al futuro
En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.
La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.
Un acuerdo que perpetúa la dependencia
Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.
Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.
Un déjà vu con sello nuevo
La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.
En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.
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La CGT, las CTA y la UTEP marcharán juntas por San Cayetano en medio de una escalada de protestas
La Confederación General del Trabajo confirmó que participará de la movilización de San Cayetano junto a las dos CTA y la UTEP. La convocatoria, que conmemora una década de la primera marcha realizada en 2016, marcará un nuevo capítulo del cronograma de protestas impulsado por el movimiento sindical y las organizaciones sociales frente a las políticas del Gobierno nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó su participación en la tradicional marcha de San Cayetano, que el próximo 7 de agosto volverá a reunir a la central obrera con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. La convocatoria tendrá este año una carga simbólica especial al cumplirse diez años de la primera movilización masiva organizada en 2016 bajo la consigna de defender el trabajo, los ingresos y los derechos sociales.
Bajo el lema «A diez años de San Cayetano, seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo», las organizaciones buscarán exhibir una nueva muestra de unidad entre el sindicalismo tradicional, la economía popular y distintos espacios sociales. La adhesión de la CGT, conducida por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, ratifica la coordinación alcanzada con las CTA y la UTEP para sostener un calendario de acciones que se extenderá durante las próximas semanas.
La congregación comenzará en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, las columnas recorrerán el trayecto hasta Plaza de Mayo, donde confluirán gremios, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, feministas y entidades profesionales. Algunas agrupaciones realizarán el recorrido completo, mientras que otras se incorporarán en distintos puntos del trayecto.
La marcha se desarrollará después de varias semanas de creciente conflictividad. En los últimos días, movimientos sociales protagonizaron protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata y Rosario. Las manifestaciones coincidieron con la movilización semanal de jubilados frente al Congreso y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón. Uno de los principales reclamos apuntó contra la eliminación del programa Volver al Trabajo, reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.
La convocatoria de San Cayetano también forma parte de una secuencia de acciones iniciada el 22 de julio, cuando la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para reclamar una recomposición de los haberes previsionales y defender el sistema jubilatorio. Aquella protesta significó el relanzamiento de la agenda sindical tras la pausa impuesta por el Mundial de Fútbol.
El cronograma continuará el 3 de agosto con el acompañamiento a la protesta convocada por CTERA contra la Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno nacional, jornada que coincidirá con el paro nacional de ATE y una movilización hacia el Ministerio de Economía. Tres días más tarde, diversas organizaciones volverán al Congreso para rechazar el proyecto que habilita la extranjerización de tierras.
Las centrales sindicales ya proyectan nuevas acciones para el resto del trimestre. Entre las iniciativas previstas figuran una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo cuando sea convocado el Consejo del Salario, otra protesta frente al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y un acto por el Día de la Industria junto a representantes de pequeñas y medianas empresas. Además, entre el 4 y el 6 de septiembre participarán de la Semana Social organizada por la Iglesia en Córdoba bajo el lema «Puentes hacia el bien común».
En este sentido, dentro del movimiento obrero comienza a instalarse la posibilidad de una nueva huelga general. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, sostuvo públicamente que el sindicalismo avanza hacia esa medida, mientras que desde la CGT admiten que la convocatoria podría concretarse entre septiembre y octubre si no hay respuestas a los reclamos vinculados con el empleo, los salarios, las jubilaciones y la producción.
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El gobernador vuelve de Londres tras la tragedia que enluta a San Juan
El gobernador Marcelo Orrego suspendió la agenda oficial que cumplía en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a San Juan tras conocerse la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, donde murieron los siete ocupantes de un helicóptero que participaba de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
La determinación fue adoptada apenas se confirmó la magnitud del siniestro, que provocó una profunda conmoción en la provincia al cobrar la vida de cuatro funcionarios de la estructura de Seguridad, además del piloto de la aeronave y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Desde el Gobierno provincial informaron que el mandatario encabezará personalmente el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a los equipos que compartían funciones con los fallecidos. También seguirá de cerca las actuaciones administrativas y judiciales que buscan establecer las causas del accidente.
Mientras se concreta su retorno, la delegación oficial que acompaña al gobernador continuará con la agenda prevista en el exterior. Según se indicó, las reuniones técnicas y los encuentros institucionales programados en el marco de la misión internacional seguirán desarrollándose bajo la representación del resto de la comitiva.
El accidente se produjo cuando el helicóptero se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cayó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un amplio operativo de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.
La tragedia motivó además el decreto de tres días de duelo provincial, con banderas a media asta en los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos oficiales. En paralelo, los organismos competentes avanzan con las pericias para determinar qué originó la caída de la aeronave, mientras la Provincia concentra sus esfuerzos en el acompañamiento a las familias y en el esclarecimiento de uno de los accidentes más dolorosos registrados en la historia reciente de la administración sanjuanina.
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En agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 1,89 por ciento
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 1,89% en las asignaciones familiares a partir de agosto. La actualización alcanza a trabajadores registrados, jubilados, pensionados, monotributistas, beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, mientras que quienes superen un ingreso individual de $3.092.203 quedarán excluidos del beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un aumento del 1,89% en los montos, escalas y límites de ingresos de las asignaciones familiares que regirán desde agosto. La medida fue establecida mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, en cumplimiento del mecanismo de movilidad mensual previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
La actualización alcanza a las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 y comprende a trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y privado, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios del sistema de Riesgos del Trabajo, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
La resolución también confirma que el incremento se aplica sobre la totalidad de la escala general de asignaciones familiares, con excepción de las prestaciones por Nacimiento y Adopción, que poseen un mecanismo de actualización específico. En el caso de la Ayuda Escolar Anual, el organismo recordó que su movilidad se realiza una sola vez al año, coincidiendo con el período de pago.
Entre los aspectos ratificados figura la continuidad del criterio que garantiza a los trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y al personal rural alcanzado por las Leyes 26.727 y 20.744 que el valor de las asignaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal no sea inferior al monto equivalente de la Asignación Universal por Hijo.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización de los límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio. ANSES estableció que, si cualquiera de los integrantes del grupo familiar registra una remuneración bruta superior a $3.092.203, el hogar quedará automáticamente excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando el ingreso conjunto permanezca por debajo del tope máximo previsto para el grupo.
Ese criterio continúa siendo uno de los principales requisitos de elegibilidad del sistema, ya que el análisis no solo contempla el ingreso total del hogar, sino también la remuneración individual de cada integrante. De esa manera, un salario que supere el límite fijado por la resolución invalida el acceso a la prestación para todo el grupo familiar.
La disposición también establece que, cuando la aplicación de los coeficientes de actualización genere valores con decimales, el organismo realizará el redondeo al número entero inmediato superior para la determinación de los montos correspondientes.
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