Paro nacional: En San Juan los gremios docentes hablan de entre un 80 y 90 por ciento de adhesión
En un contexto de creciente de ebullición entre los gremios docentes y el gobierno provincial, la huelga nacional convocada por la CGT registró una adhesión de hasta el 90% en las escuelas sanjuaninas. Los sindicatos locales se amparan en el derecho a protesta nacional, mientras la provincia insiste en la vigencia de la conciliación obligatoria.
La escena sindical vivió una nueva jornada de protesta este jueves, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. En San Juan, el eco de la huelga resonó con fuerza en el ámbito educativo: los principales gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— informaron niveles de acatamiento que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento, desafiando abiertamente la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo provincial.
El dato más resonante provino de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el sindicato con mayor número de afiliados en el sector educativo, que reportó un 90% de adhesión a la medida. Según voceros gremiales, las cifras surgen de relevamientos realizados por delegados en las distintas escuelas de la provincia desde las primeras horas de la mañana. En sintonía, la Unión Docentes Argentinos (UDA) publicó un gráfico que también señala una presencia mínima en las aulas —apenas un 10% de docentes concurrieron a trabajar—, mientras que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) estimó una adhesión del 80% en los establecimientos técnicos.
La contundencia de estos números desnuda un malestar latente, que excede los contornos del reclamo salarial y alcanza una dimensión política más amplia. Si bien en San Juan rige una instancia de conciliación obligatoria por una negociación aún inconclusa respecto de la pauta salarial 2024, los sindicatos justifican su participación en la medida nacional con un argumento jurídico: al tratarse de una protesta de alcance federal, convocada por centrales sindicales madre, la adhesión resulta legalmente viable, ya que responde a motivos distintos a los que se discuten en la órbita local.
Desde el gobierno sanjuanino, sin embargo, la lectura es distinta. Autoridades laborales sostienen que la conciliación obligatoria implica la suspensión de cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso de negociación. Esta postura institucional, sin embargo, choca contra la estrategia gremial, que se apoya en precedentes legales y doctrinarios que legitiman la participación en protestas nacionales sin que ello constituya una infracción a la conciliación provincial.
El trasfondo de este conflicto se inscribe en una coyuntura nacional marcada por la erosión del poder adquisitivo, la congelación presupuestaria para áreas clave como educación y salud, y la paralización de la obra pública. En ese marco, la CGT reclama paritarias libres, incrementos reales en jubilaciones y salarios, y un giro en las políticas económicas que, según denuncian, empujan a vastos sectores al umbral de la pobreza.
En San Juan, la jornada no se vivió con la intensidad de otros centros urbanos como Buenos Aires, en parte debido a la continuidad parcial del transporte público, lo cual amortiguó el impacto visible del paro. Sin embargo, en las aulas —o en su vacío— quedó expuesta una contundente manifestación del descontento docente.
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La investigación por el Acueducto Gran Tulum suma un pedido de desafuero y cruces en Tribunales
La jueza de Garantías Mónica Lucero suspendió la audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra, luego de aceptar las justificaciones de los dos legisladores nacionales ausentes. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro cuestionaron la decisión y solicitaron el desafuero del senador y del diputado para garantizar su comparecencia.
La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tuvo este miércoles una primera audiencia marcada por las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, un pedido fiscal de desafuero y fuertes diferencias entre el Ministerio Público y la jueza de Garantías Mónica Lucero. La magistrada resolvió suspender la formalización hasta que estén presentes los 11 investigados.
El procedimiento, realizado en los Tribunales de San Juan, debía permitir que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, expusieran los hechos bajo investigación y las posibles responsabilidades penales. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia y apunta a presuntas irregularidades en licitaciones, compras de materiales, modificaciones presupuestarias y controles de ejecución de una obra que permanece inconclusa.
Entre los primeros en presentarse estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, representante de Krah América Latina. La ausencia de los dos legisladores nacionales terminó condicionando el desarrollo de la audiencia.
Andino acreditó que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales mediante la presentación de pasajes de avión. Lucero aceptó la justificación, aunque rechazó que participara por videoconferencia. En el caso de Uñac, su abogado defensor, Marcelo Fernández, leyó una nota en la que el senador fundamentó su inasistencia con referencias a normas constitucionales, nacionales y provinciales. También adelantó que no declararía durante la audiencia y que, si decidiera hacerlo posteriormente, presentaría un escrito.
La decisión de la jueza de considerar justificadas ambas ausencias provocó la reacción de la Fiscalía. Gómez cuestionó que las obligaciones laborales pudieran justificar la falta a una audiencia de estas características y pidió el desafuero de Uñac y Andino para asegurar su comparecencia. La magistrada defendió sus atribuciones para resolver sobre las inasistencias y sostuvo que el Ministerio Público no necesitaba que ella le corriera vista de sus decisiones.
Otro de los cruces giró en torno a la designación de Fernández como defensor del senador. El fiscal pidió precisar cuándo se había formalizado el nombramiento y cuestionó inicialmente que pudiera haberse concretado minutos antes del comienzo de la audiencia. Sin embargo, el registro judicial consignaba que Uñac había designado al abogado el 5 de octubre, nueve días antes de la convocatoria.
Durante la jornada también surgió una consulta de Lucero a Julio Ortiz Andino sobre un posible vínculo familiar con una persona allegada a la magistrada, para determinar si existían motivos que pudieran justificar su apartamiento. Al cierre de la audiencia no se había informado una resolución sobre ese punto.
La causa tiene como telón de fondo una obra central para el abastecimiento de agua potable en San Juan, cuya ejecución quedó inconclusa. La próxima instancia judicial deberá permitir que la Fiscalía exponga formalmente los hechos atribuidos a los investigados y que las defensas ejerzan sus derechos, mientras se define cómo garantizar la comparecencia de todos los involucrados.
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La Ruta 40 Sur vuelve a la agenda de Nación: Orrego viajará para negociar fondos
El gobernador Marcelo Orrego viajará a Buenos Aires para gestionar la reactivación del financiamiento de la Ruta Nacional 40 Sur, cuya obra quedó comprometida tras la interrupción de los fondos nacionales. La agenda prevé contactos con el jefe de Gabinete y representantes de Vialidad Nacional, con el objetivo de encontrar una alternativa que permita continuar los trabajos.
Durante una rueda de prensa en el departamento Rawson, el mandatario afirmó que hará “todo lo posible” para cumplir con las obligaciones vinculadas al proyecto y señaló que las reuniones podrían abrir una instancia para avanzar en la liberación de recursos. Por ahora, no hay un acuerdo confirmado ni anuncios concretos sobre nuevos desembolsos.
El principal punto de la negociación es el tramo 2, que había comenzado con fondos nacionales y posteriormente quedó sin ese respaldo. Frente a la interrupción de los aportes, el Gobierno provincial comenzó a explorar otras vías para sostener la obra, entre ellas la posibilidad de obtener crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), sujeto a condiciones que permitan garantizar su continuidad.
Orrego remarcó que la Ruta 40 Sur resulta fundamental para la conectividad de San Juan y el traslado de la producción hacia otros mercados. La búsqueda de recursos, por lo tanto, no se limita a completar una obra vial: también apunta a preservar un corredor relevante para la logística provincial y la integración regional.
El mandatario sanjuanino mencionó, además, la posibilidad de que el asunto llegue a la Cámara de Diputados la próxima semana, aunque no precisó qué iniciativa se trataría ni bajo qué condiciones.
En la misma rueda de prensa, Orrego se refirió al proyecto para transformar la Ruta Nacional 20, con una traza de cuatro carriles —dos por sentido—. La vía constituye uno de los principales accesos a la provincia y cumple una función importante en el transporte de cargas y pasajeros.
De todos modos, lo más urgente ahora es destrabar el dinero para la Ruta 40 Sur. Lo que ocurra en Buenos Aires decidirá si la Provincia recupera el apoyo económico o si tiene que buscar un «plan B» para no frenar las obras.
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Víctor Menéndez: “La CGT acompañará la marcha universitaria y reclama recuperar el poder adquisitivo”
El dirigente sindical que representa a los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan confirmó que la CGT acompañará la movilización del 15 de octubre en defensa de las universidades públicas. También cuestionó los límites a las paritarias, detalló los aumentos acordados para la actividad y alertó sobre las consecuencias del Fondo de Asistencia Laboral.
Los aumentos salariales acordados para los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan volverán a quedar por detrás de las expectativas de recomposición del gremio. Víctor Menéndez, referente sindical de la actividad, confirmó una actualización del 1,9% para septiembre, otro 1,9% para octubre y un 1,7% para noviembre, porcentajes que se aplican sobre los salarios del mes anterior.
En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el dirigente sanjuanino reconoció las limitaciones económicas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del rubro, aunque sostuvo que esa realidad no elimina la necesidad de mejorar los ingresos. “El salario viene perdiendo día a día”, advirtió, y cuestionó que la Secretaría de Trabajo imponga límites a los acuerdos paritarios y restrinja la homologación de incrementos superiores.
Para Menéndez, la negociación quedó condicionada por una política salarial que impide recuperar lo perdido frente a la inflación. Su reclamo excedió a los trabajadores de estaciones de servicio: planteó la necesidad de recomponer los ingresos de los distintos gremios y de recuperar capacidad de compra para jubilados y pensionados.
Respaldo a la UTA y críticas al financiamiento del transporte
El representante gremial respaldó la protesta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan, que paralizó el servicio de colectivos durante casi dos días por salarios adeudados. Felicitó al dirigente Antonio Ruíz , y a los trabajadores que sostuvieron la medida hasta alcanzar un acuerdo para regularizar los haberes pendientes.
Menéndez cuestionó que las empresas de transporte recurran al Estado provincial para cubrir obligaciones que, a su juicio, deben afrontar los propios empleadores. Si bien reconoció el esfuerzo oficial para sostener beneficios como el boleto gratuito para estudiantes y docentes, sostuvo que el costo de mantener el sistema no puede recaer sobre quienes dependen de su salario.
“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, afirmó al valorar el resultado de la protesta. La resolución del conflicto, consideró, demuestra la importancia de la organización colectiva cuando están en juego derechos salariales básicos.
Reforma laboral: preocupación por las indemnizaciones
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que, según Menéndez, podría tener la reforma laboral sobre los derechos adquiridos. En particular, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo vinculado al financiamiento de las indemnizaciones por despido, y alertó sobre sus posibles consecuencias para los recursos destinados al sistema previsional.
El dirigente advirtió que desviar fondos con otros destinos para financiar ese mecanismo podría debilitar el sistema jubilatorio. Asimismo, señaló que la nueva medida no debería ser retroactiva para los contratos vigentes, aunque aclaró que su alcance real dependerá de la normativa final.
Su planteo se inscribe en la resistencia sindical a los cambios en las reglas laborales impulsados por el Gobierno nacional. Para Menéndez, la CGT debe sostener una posición común frente a las modificaciones que puedan afectar la estabilidad, las indemnizaciones y la protección social.
En esa línea, confirmó que la central obrera acompañará la marcha federal universitaria del 15 de octubre, en reclamo del financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria tendrá también una instancia de organización sindical previa, con participación de gremios que buscan ampliar el respaldo a las demandas del sistema universitario.
El deporte como herramienta de unidad gremial
La entrevista también incluyó el desarrollo del Campeonato Unidad Estaciones de Servicio 2026, una iniciativa que reúne a trabajadores de distintas localidades y categorías. La competencia contempla tres divisiones: fútbol libre, equipos femeninos y mayores de 40 años.
Menéndez explicó que el objetivo no se limita a la competencia deportiva: busca fortalecer los vínculos entre empleados que trabajan en establecimientos geográficamente dispersos y que, por sus horarios y tareas, tienen pocas oportunidades de encontrarse fuera del ámbito laboral. La entrega de premios y la cena de cierre están previstas para el 11 de noviembre.
La postura de Víctor Menéndez frente a la paritaria, la reforma laboral y la solidaridad intergremial expone el dilema del sindicalismo para proteger el poder adquisitivo ante la moderación salarial. El líder gremial sostiene que la clave radica en fortalecer la estructura sindical y unificar los reclamos para evitar la fragmentación de las luchas.
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