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En un contexto de creciente de ebullición entre los gremios docentes y el gobierno provincial, la huelga nacional convocada por la CGT registró una adhesión de hasta el 90% en las escuelas sanjuaninas. Los sindicatos locales se amparan en el derecho a protesta nacional, mientras la provincia insiste en la vigencia de la conciliación obligatoria.

La escena sindical vivió una nueva jornada de protesta este jueves, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. En San Juan, el eco de la huelga resonó con fuerza en el ámbito educativo: los principales gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— informaron niveles de acatamiento que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento, desafiando abiertamente la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo provincial.

El dato más resonante provino de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el sindicato con mayor número de afiliados en el sector educativo, que reportó un 90% de adhesión a la medida. Según voceros gremiales, las cifras surgen de relevamientos realizados por delegados en las distintas escuelas de la provincia desde las primeras horas de la mañana. En sintonía, la Unión Docentes Argentinos (UDA) publicó un gráfico que también señala una presencia mínima en las aulas —apenas un 10% de docentes concurrieron a trabajar—, mientras que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) estimó una adhesión del 80% en los establecimientos técnicos.

La contundencia de estos números desnuda un malestar latente, que excede los contornos del reclamo salarial y alcanza una dimensión política más amplia. Si bien en San Juan rige una instancia de conciliación obligatoria por una negociación aún inconclusa respecto de la pauta salarial 2024, los sindicatos justifican su participación en la medida nacional con un argumento jurídico: al tratarse de una protesta de alcance federal, convocada por centrales sindicales madre, la adhesión resulta legalmente viable, ya que responde a motivos distintos a los que se discuten en la órbita local.

Desde el gobierno sanjuanino, sin embargo, la lectura es distinta. Autoridades laborales sostienen que la conciliación obligatoria implica la suspensión de cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso de negociación. Esta postura institucional, sin embargo, choca contra la estrategia gremial, que se apoya en precedentes legales y doctrinarios que legitiman la participación en protestas nacionales sin que ello constituya una infracción a la conciliación provincial.

El trasfondo de este conflicto se inscribe en una coyuntura nacional marcada por la erosión del poder adquisitivo, la congelación presupuestaria para áreas clave como educación y salud, y la paralización de la obra pública. En ese marco, la CGT reclama paritarias libres, incrementos reales en jubilaciones y salarios, y un giro en las políticas económicas que, según denuncian, empujan a vastos sectores al umbral de la pobreza.

En San Juan, la jornada no se vivió con la intensidad de otros centros urbanos como Buenos Aires, en parte debido a la continuidad parcial del transporte público, lo cual amortiguó el impacto visible del paro. Sin embargo, en las aulas —o en su vacío— quedó expuesta una contundente manifestación del descontento docente.

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros

Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.

La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.

Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.

Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.

La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.

Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.

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