El Gobierno de San Juan acordó con Minera Vicuña Argentina un aporte extraordinario, fijo y no reembolsable de US$ 250 millones para financiar infraestructura antes del inicio de la explotación del yacimiento. El convenio, que deberá ser ratificado por la Legislatura, también crea un fideicomiso financiado con el 1,5% de la facturación del proyecto, mantiene el régimen de regalías y pone fin a un conflicto administrativo que permanecía abierto desde 2022.

La Provincia dio un paso de fuerte impacto político y económico al cerrar un acuerdo con Minera Vicuña Argentina que permitirá a la provincia disponer de 250 millones de dólares antes de que el proyecto entre en producción, un mecanismo sin antecedentes en la historia de la minería local.

El entendimiento, anunciado por el gobernador Marcelo Orrego en un mensaje emitido por Cadena Provincial, establece un aporte extraordinario que, según precisó el mandatario, será fijo, no reembolsable y no compensable, una condición que busca garantizar la disponibilidad de los recursos con independencia de la evolución futura del emprendimiento.

El convenio será enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación y destina la totalidad de esos fondos a obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. La decisión apunta a acelerar inversiones consideradas prioritarias para el desarrollo provincial sin esperar el inicio de la explotación comercial del yacimiento y el consecuente ingreso de regalías.

Más allá del desembolso inicial, el pacto incorpora un esquema de financiamiento permanente mediante la creación de un fideicomiso de infraestructura pública que recibirá un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto Vicuña. Esos recursos serán administrados, auditados y ejecutados por el Estado provincial bajo los procedimientos previstos en la legislación de contratación pública.

El convenio, además, ratifica el régimen vigente de regalías mineras, que continuará fijado en el 3% del valor bruto de facturación una vez iniciada la etapa productiva.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que también resuelve la controversia administrativa originada en 2022 por la aplicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un diferendo que condicionaba aspectos regulatorios del proyecto. La resolución de ese proceso aporta previsibilidad jurídica tanto para la empresa como para la provincia y despeja uno de los principales frentes pendientes para el desarrollo del emprendimiento.

En este sentido, Minera Vicuña asumió el compromiso de ejecutar con recursos propios parte de la infraestructura necesaria para la operación del yacimiento. Entre esas inversiones se encuentran la construcción de la línea eléctrica y el denominado Corredor Norte, la vía que conectará Angualasto con el complejo minero.

El anuncio fue presentado por Orrego como el resultado de un proceso de negociación que demandó más de dieciocho meses y que incluyó reuniones en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York, además de los primeros contactos establecidos durante la feria minera PDAC, uno de los principales encuentros internacionales del sector.

Durante su mensaje, el gobernador sostuvo que el acuerdo refleja la confianza de los inversores en la provincia y en un esquema institucional basado en reglas estables y seguridad jurídica. También planteó que el objetivo es que los beneficios derivados de las grandes inversiones comiencen a traducirse en infraestructura y desarrollo antes de que la mina alcance su etapa de producción.

La magnitud del aporte constituye un hecho inédito para San Juan. El propio mandatario recordó que el único antecedente de un desembolso previo por parte de una empresa minera se remonta a la década de 1990, cuando Barrick realizó un aporte de apenas 50.000 dólares durante la gestión de Jorge Escobar, una cifra que evidencia la diferencia de escala respecto del convenio alcanzado con Vicuña.

Con este entendimiento, el Gobierno provincial busca inaugurar un nuevo modelo de vinculación entre el Estado y la gran minería, en el que una parte de los beneficios económicos de los proyectos de gran escala se anticipe para financiar infraestructura pública, fortalecer la competitividad de la provincia y ampliar el impacto de las inversiones sobre el conjunto de la economía sanjuanina.

La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos y organizaciones sociales confirmaron que se movilizarán este jueves frente al Congreso. Consideran que la eliminación del capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros no modifica los aspectos centrales del proyecto, al que continúan rechazando por entender que afecta derechos sociales, patrimoniales y ambientales.

La decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no alcanzó para desactivar la protesta convocada por el movimiento sindical. La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) y diversas organizaciones sociales ratificaron la movilización prevista frente al Congreso, donde se debatirá una de las iniciativas más controvertidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Desde la conducción cegetista confirmaron que la concentración se desarrollará desde las 14 frente al Palacio Legislativo, al sostener que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo no alteran el contenido de fondo del proyecto. «Se sostiene la movilización», señalaron dirigentes de la central obrera, que consideran que la propuesta continúa incorporando disposiciones que afectan derechos adquiridos y el patrimonio nacional.

En la misma línea se expresó el Frente de Sindicatos Unidos, espacio que reúne a organizaciones gremiales críticas de la actual conducción de la CGT. Sus referentes anunciaron que comenzarán a concentrarse desde el mediodía y advirtieron que el texto conserva artículos que califican como perjudiciales para amplios sectores de la sociedad.

Entre los puntos más cuestionados mencionan mecanismos que agilizan desalojos de inquilinos, comunidades indígenas y familias campesinas; restricciones a las facultades del Estado para disponer expropiaciones por razones de utilidad pública y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que, según denuncian, facilitarían la comercialización de terrenos afectados por incendios.

Las dos CTA también confirmaron su participación en la protesta. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores sostienen que la eliminación del capítulo referido a la venta de tierras no modifica el espíritu general de la iniciativa, por lo que consideran necesario mantener la presión sobre el Congreso durante el tratamiento legislativo.

La convocatoria fue respaldada además por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ratificó su presencia en la movilización y llamó a confluir con las centrales sindicales en una manifestación unificada. Desde la organización indicaron que la convocatoria permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La decisión de sostener la protesta ya había sido anticipada durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, en la calle Azopardo. Allí participaron los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante ese encuentro, los dirigentes cuestionaron con dureza el proyecto oficial y afirmaron que la propuesta original para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros significaba «ponerle un cartel de venta al país» en beneficio de intereses económicos concentrados. Aunque ese apartado fue finalmente eliminado para facilitar el tratamiento parlamentario, las organizaciones sindicales consideran que el resto de la iniciativa mantiene cambios de fondo que justifican la continuidad del plan de protesta.

La movilización volverá a colocar al movimiento obrero y a las organizaciones sociales en el centro del debate político mientras el oficialismo intenta reunir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con una de las reformas consideradas prioritarias por la Casa Rosada. El resultado de esa pulseada parlamentaria y la magnitud de la protesta marcarán un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las principales centrales sindicales del país.

La Libertad Avanza decidió eliminar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido al régimen de tierras rurales, luego de perder el respaldo de gobernadores aliados y quedar sin los votos necesarios para aprobar esa parte de la iniciativa. La modificación busca preservar el tratamiento del resto del texto durante la sesión prevista en el Senado.

A pocas horas del debate en el Senado, el Gobierno nacional se vio obligado a reformular uno de los proyectos que considera prioritarios dentro de su agenda legislativa. La Libertad Avanza retiró el capítulo vinculado al régimen de tierras rurales del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de comprobar que no contaba con los votos suficientes para sostener esa iniciativa en el recinto.

La decisión se adoptó tras una reunión de urgencia convocada por la ministra de Seguridad y senadora con licencia, Patricia Bullrich, junto a legisladores oficialistas presentes en el Congreso. El objetivo fue evitar que el rechazo al polémico capítulo terminara comprometiendo el tratamiento del resto del proyecto.

El apartado eliminado proponía modificar el régimen de propiedad de tierras rurales e incluía un límite del 25% de titularidad extranjera, porcentaje que el oficialismo había incorporado recientemente en un intento por contener las críticas y sumar adhesiones. Sin embargo, la propuesta no logró revertir la resistencia de varios mandatarios provinciales, quienes consideraron insuficientes los cambios y ratificaron su oposición.

La presión de los gobernadores resultó determinante para alterar el rumbo de la iniciativa. El neuquino Rolando Figueroa fue uno de los primeros en manifestar públicamente que su provincia no respaldaría ninguna reforma que favoreciera la extranjerización de la tierra. Su posición tuvo un efecto inmediato sobre el voto de la senadora Julieta Corroza, cuya adhesión era considerada clave por el oficialismo.

Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo confirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza mantendrían su rechazo al proyecto. En la misma línea se expresó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien sostuvo que la provincia defenderá sus recursos estratégicos y no aceptará modificaciones que faciliten el acceso de capitales extranjeros a la propiedad de tierras.

El revés político no se limitó al pronunciamiento de los mandatarios provinciales. En las últimas horas también se pronunciaron en contra los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes permanecían indecisos hasta el martes. A ellos se sumaron los senadores José María Carambia y Flavia Royón, consolidando una mayoría contraria al capítulo cuestionado.

Con ese panorama, el oficialismo reconoció que resultaba imposible revertir el resultado de la votación y optó por retirar el punto más conflictivo antes de exponerlo a una derrota parlamentaria.