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En un contexto de creciente de ebullición entre los gremios docentes y el gobierno provincial, la huelga nacional convocada por la CGT registró una adhesión de hasta el 90% en las escuelas sanjuaninas. Los sindicatos locales se amparan en el derecho a protesta nacional, mientras la provincia insiste en la vigencia de la conciliación obligatoria.

La escena sindical vivió una nueva jornada de protesta este jueves, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. En San Juan, el eco de la huelga resonó con fuerza en el ámbito educativo: los principales gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— informaron niveles de acatamiento que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento, desafiando abiertamente la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo provincial.

El dato más resonante provino de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el sindicato con mayor número de afiliados en el sector educativo, que reportó un 90% de adhesión a la medida. Según voceros gremiales, las cifras surgen de relevamientos realizados por delegados en las distintas escuelas de la provincia desde las primeras horas de la mañana. En sintonía, la Unión Docentes Argentinos (UDA) publicó un gráfico que también señala una presencia mínima en las aulas —apenas un 10% de docentes concurrieron a trabajar—, mientras que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) estimó una adhesión del 80% en los establecimientos técnicos.

La contundencia de estos números desnuda un malestar latente, que excede los contornos del reclamo salarial y alcanza una dimensión política más amplia. Si bien en San Juan rige una instancia de conciliación obligatoria por una negociación aún inconclusa respecto de la pauta salarial 2024, los sindicatos justifican su participación en la medida nacional con un argumento jurídico: al tratarse de una protesta de alcance federal, convocada por centrales sindicales madre, la adhesión resulta legalmente viable, ya que responde a motivos distintos a los que se discuten en la órbita local.

Desde el gobierno sanjuanino, sin embargo, la lectura es distinta. Autoridades laborales sostienen que la conciliación obligatoria implica la suspensión de cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso de negociación. Esta postura institucional, sin embargo, choca contra la estrategia gremial, que se apoya en precedentes legales y doctrinarios que legitiman la participación en protestas nacionales sin que ello constituya una infracción a la conciliación provincial.

El trasfondo de este conflicto se inscribe en una coyuntura nacional marcada por la erosión del poder adquisitivo, la congelación presupuestaria para áreas clave como educación y salud, y la paralización de la obra pública. En ese marco, la CGT reclama paritarias libres, incrementos reales en jubilaciones y salarios, y un giro en las políticas económicas que, según denuncian, empujan a vastos sectores al umbral de la pobreza.

En San Juan, la jornada no se vivió con la intensidad de otros centros urbanos como Buenos Aires, en parte debido a la continuidad parcial del transporte público, lo cual amortiguó el impacto visible del paro. Sin embargo, en las aulas —o en su vacío— quedó expuesta una contundente manifestación del descontento docente.

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Vicuña ingresa al RIGI y activa el megaproyecto minero más grande del país

Con una inversión inicial de US$ 9.700 millones, el megaproyecto de cobre obtuvo la aprobación para incorporarse al régimen de incentivos. Las proyecciones contemplan exportaciones por US$ 2.600 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo.

La minería argentina acaba de sumar uno de los hitos más relevantes de las últimas décadas. El Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que despeja el camino para el desarrollo de una iniciativa que prevé desembolsos iniciales por US$ 9.700 millones y que podría escalar hasta los US$ 18.000 millones durante su vida útil.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el emprendimiento impulsado por las compañías BHP y Lundin se perfila como el mayor desarrollo minero de la historia del país y uno de los cinco proyectos de cobre más importantes del mundo.

La magnitud económica explica la relevancia de la aprobación. De acuerdo con las estimaciones difundidas por las empresas, Vicuña podría generar exportaciones superiores a los US$ 2.600 millones anuales, transformándose en uno de los principales complejos generadores de divisas de la economía argentina.

El impacto también se proyecta sobre el empleo. Durante las distintas etapas de construcción y operación se prevé la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Actualmente, el proyecto ya ocupa a 2.615 personas, de las cuales 2.421 desarrollan tareas en Argentina. Más del 92% de la plantilla corresponde a trabajadores nacionales y, entre el personal propio, ocho de cada diez empleados provienen de San Juan.

La integración con la economía provincial constituye otro de los aspectos destacados por la compañía. En la actualidad participan 245 empresas proveedoras vinculadas a servicios de exploración, transporte, obras, logística y mantenimiento. De ese universo, 150 tienen base en San Juan, lo que representa más del 60% de las contrataciones activas.

La hoja de ruta presentada este año contempla un desarrollo por etapas que combinará los recursos de Josemaría y Filo del Sol, dos de los descubrimientos cupríferos más relevantes de los últimos años. Según la Evaluación Económica Preliminar difundida en febrero, el complejo podría alcanzar una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años de explotación.

La aprobación dentro del RIGI representa mucho más que un beneficio fiscal. Marca el inicio de una nueva etapa para una iniciativa llamada a redefinir la escala de la minería argentina y a convertir a San Juan en uno de los principales polos cupríferos de América Latina, en un momento en que la demanda global de cobre se expande al ritmo de la transición energética y la electrificación de las economías.

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Empleo en retroceso: en la era Milei se perdieron más de 300.000 puestos formales

Los registros oficiales muestran una nueva caída del trabajo registrado y el cierre de más de 26.000 empresas. Mientras la inflación desacelera, los salarios vuelven a quedar por debajo de los precios y el consumo sigue debilitado.

El mercado laboral volvió a encender señales de alarma. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en marzo se destruyeron 10.728 empleos asalariados registrados y otros 17.685 trabajadores independientes abandonaron la formalidad. Con este resultado, la pérdida acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 300.000 puestos de trabajo.

El deterioro no se limita a los trabajadores. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, una reducción equivalente al 5,2% del entramado productivo formal. Sólo en los últimos doce meses cerraron 14.203 firmas.

La retracción alcanzó tanto al ámbito privado como al estatal. Durante marzo, el empleo asalariado registrado retrocedió 0,11% respecto del mes anterior. El segmento privado explicó la mayor parte de la caída, con 7.603 puestos menos, mientras que el sector público perdió 2.364 empleos y el trabajo en casas particulares registró una reducción de 761 trabajadores.

Los indicadores interanuales muestran un panorama aún más contundente. El empleo privado formal se ubicó en 6,18 millones de trabajadores, lo que representa 96.700 puestos menos que un año atrás, una contracción del 1,5%.

La industria manufacturera volvió a ubicarse entre las actividades más golpeadas. En marzo eliminó 5.043 empleos y acumula una pérdida de 47.647 trabajadores en los últimos doce meses. El comercio, principal empleador privado del país, redujo su plantilla en 24.275 puestos durante el último año y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de 2024.

El retroceso exhibe además una dimensión federal. Veinte de las veinticuatro jurisdicciones registraron caídas interanuales del empleo privado. Sólo Neuquén (+3,3%), Río Negro (+3,2%), La Rioja (+3%) y San Juan (+2,2%) lograron sostener números positivos, impulsados por actividades vinculadas a la energía, la minería y determinadas inversiones regionales.

Sin embargo, los especialistas advierten que los rubros más dinámicos representan una porción reducida del universo laboral. De acuerdo con estimaciones privadas, las actividades asociadas a las exportaciones y a los grandes proyectos de inversión apenas concentran el 7% del empleo asalariado formal, una proporción insuficiente para compensar las pérdidas registradas en la industria, el comercio y otros segmentos vinculados al mercado interno.

A este cuadro se suma la evolución de los ingresos. La remuneración bruta promedio del empleo privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con una mejora interanual del 31,6%, mientras que la mediana salarial se ubicó en $1,54 millones y avanzó 28,1%. Ambas variaciones quedaron por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 32,6%.

La pérdida de poder adquisitivo comienza a reflejarse en los hábitos de consumo. Un relevamiento de Focus Market reveló que el 14% de los hogares redujo la cantidad o la calidad de los alimentos que consume, un dato que muestra que los ajustes ya no recaen únicamente sobre gastos prescindibles sino también sobre necesidades esenciales.

La desaceleración inflacionaria continúa siendo uno de los principales argumentos económicos del Gobierno. Sin embargo, los datos laborales revelan una realidad más compleja: mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, el empleo formal continúa en retroceso, las empresas siguen reduciendo planteles y una porción creciente de hogares enfrenta dificultades para sostener su nivel de consumo. El desafío para los próximos meses ya no será sólo consolidar la baja de los precios, sino lograr que esa mejora alcance al trabajo, la producción y los ingresos.

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La UNSJ apuesta al empleo estratégico

La UNSJ incorporará tecnicaturas en riego y maquinaria pesada para responder a la demanda de personal calificado en áreas estratégicas de San Juan. Las propuestas tendrán modalidad virtual, dos años de duración y fueron diseñadas junto a organismos públicos y empresas vinculadas a la producción y la minería.

La Universidad Nacional de San Juan ampliará su oferta académica durante el segundo semestre con la incorporación de dos tecnicaturas orientadas a cubrir necesidades concretas del entramado productivo provincial. A través de la Facultad de Ingeniería, comenzarán a dictarse la Tecnicatura Universitaria en Gestión del Distrito de Riego y la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada.

La decisión responde a una demanda creciente de perfiles técnicos especializados en dos actividades centrales para la economía sanjuanina: la administración eficiente del recurso hídrico y el sostenimiento operativo de la industria minera.

Uno de los aspectos más relevantes es el regreso de una formación vinculada al riego que había dejado de dictarse hace más de una década. La nueva propuesta fue actualizada en contenidos y estructura académica, incorporando herramientas acordes a los desafíos actuales de la gestión hídrica. Su puesta en marcha cuenta con financiamiento del Ministerio de Producción y surgió a partir de una solicitud de la Dirección de Hidráulica.

Las inscripciones para esta tecnicatura permanecerán abiertas hasta el 21 de junio, mientras que el curso de ingreso comenzará el 22 del mismo mes. La convocatoria está destinada a aspirantes de toda la provincia.

En este aspecto, la Facultad de Ingeniería extenderá el alcance de la Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, una formación que ya funciona en zonas vinculadas a la actividad extractiva y que ahora llegará también a Caucete mediante un convenio de cooperación con el municipio.

Con una duración de dos años y cursado virtual, ambas carreras fueron estructuradas tras una serie de consultas con compañías y organismos vinculados a la producción. El objetivo es acortar la distancia entre la formación académica y las competencias requeridas por el mercado laboral.

Los planes de estudio incorporan contenidos técnicos específicos, formación en gestión, herramientas de calidad, inglés aplicado y prácticas preprofesionales destinadas a fortalecer la inserción laboral de los estudiantes. Cada propuesta dispondrá de un cupo máximo de 150 ingresantes y exigirá la aprobación de un curso introductorio.

La modalidad a distancia estará acompañada por tutorías territoriales y dispositivos de seguimiento académico, una estrategia con la que la universidad busca ampliar el acceso a la educación superior sin resignar acompañamiento pedagógico.

La incorporación de estas tecnicaturas refleja una tendencia cada vez más marcada en las universidades públicas: adaptar su oferta a las transformaciones productivas y a la demanda de recursos humanos calificados. En una provincia donde la minería, la gestión del agua y la infraestructura concentran buena parte de las perspectivas de crecimiento, la formación técnica comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en la planificación del desarrollo.

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