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En un contexto de creciente de ebullición entre los gremios docentes y el gobierno provincial, la huelga nacional convocada por la CGT registró una adhesión de hasta el 90% en las escuelas sanjuaninas. Los sindicatos locales se amparan en el derecho a protesta nacional, mientras la provincia insiste en la vigencia de la conciliación obligatoria.

La escena sindical vivió una nueva jornada de protesta este jueves, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. En San Juan, el eco de la huelga resonó con fuerza en el ámbito educativo: los principales gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— informaron niveles de acatamiento que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento, desafiando abiertamente la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo provincial.

El dato más resonante provino de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el sindicato con mayor número de afiliados en el sector educativo, que reportó un 90% de adhesión a la medida. Según voceros gremiales, las cifras surgen de relevamientos realizados por delegados en las distintas escuelas de la provincia desde las primeras horas de la mañana. En sintonía, la Unión Docentes Argentinos (UDA) publicó un gráfico que también señala una presencia mínima en las aulas —apenas un 10% de docentes concurrieron a trabajar—, mientras que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) estimó una adhesión del 80% en los establecimientos técnicos.

La contundencia de estos números desnuda un malestar latente, que excede los contornos del reclamo salarial y alcanza una dimensión política más amplia. Si bien en San Juan rige una instancia de conciliación obligatoria por una negociación aún inconclusa respecto de la pauta salarial 2024, los sindicatos justifican su participación en la medida nacional con un argumento jurídico: al tratarse de una protesta de alcance federal, convocada por centrales sindicales madre, la adhesión resulta legalmente viable, ya que responde a motivos distintos a los que se discuten en la órbita local.

Desde el gobierno sanjuanino, sin embargo, la lectura es distinta. Autoridades laborales sostienen que la conciliación obligatoria implica la suspensión de cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso de negociación. Esta postura institucional, sin embargo, choca contra la estrategia gremial, que se apoya en precedentes legales y doctrinarios que legitiman la participación en protestas nacionales sin que ello constituya una infracción a la conciliación provincial.

El trasfondo de este conflicto se inscribe en una coyuntura nacional marcada por la erosión del poder adquisitivo, la congelación presupuestaria para áreas clave como educación y salud, y la paralización de la obra pública. En ese marco, la CGT reclama paritarias libres, incrementos reales en jubilaciones y salarios, y un giro en las políticas económicas que, según denuncian, empujan a vastos sectores al umbral de la pobreza.

En San Juan, la jornada no se vivió con la intensidad de otros centros urbanos como Buenos Aires, en parte debido a la continuidad parcial del transporte público, lo cual amortiguó el impacto visible del paro. Sin embargo, en las aulas —o en su vacío— quedó expuesta una contundente manifestación del descontento docente.

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Víctor Menéndez: “La CGT acompañará la marcha universitaria y reclama recuperar el poder adquisitivo”

El dirigente sindical que representa a los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan confirmó que la CGT acompañará la movilización del 15 de octubre en defensa de las universidades públicas. También cuestionó los límites a las paritarias, detalló los aumentos acordados para la actividad y alertó sobre las consecuencias del Fondo de Asistencia Laboral.

Los aumentos salariales acordados para los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan volverán a quedar por detrás de las expectativas de recomposición del gremio. Víctor Menéndez, referente sindical de la actividad, confirmó una actualización del 1,9% para septiembre, otro 1,9% para octubre y un 1,7% para noviembre, porcentajes que se aplican sobre los salarios del mes anterior.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el dirigente sanjuanino reconoció las limitaciones económicas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del rubro, aunque sostuvo que esa realidad no elimina la necesidad de mejorar los ingresos. “El salario viene perdiendo día a día”, advirtió, y cuestionó que la Secretaría de Trabajo imponga límites a los acuerdos paritarios y restrinja la homologación de incrementos superiores.

Para Menéndez, la negociación quedó condicionada por una política salarial que impide recuperar lo perdido frente a la inflación. Su reclamo excedió a los trabajadores de estaciones de servicio: planteó la necesidad de recomponer los ingresos de los distintos gremios y de recuperar capacidad de compra para jubilados y pensionados.

Respaldo a la UTA y críticas al financiamiento del transporte

El representante gremial respaldó la protesta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan, que paralizó el servicio de colectivos durante casi dos días por salarios adeudados. Felicitó al secretario general, Héctor Ruiz, y a los trabajadores que sostuvieron la medida hasta alcanzar un acuerdo para regularizar los haberes pendientes.

Menéndez cuestionó que las empresas de transporte recurran al Estado provincial para cubrir obligaciones que, a su juicio, deben afrontar los propios empleadores. Si bien reconoció el esfuerzo oficial para sostener beneficios como el boleto gratuito para estudiantes y docentes, sostuvo que el costo de mantener el sistema no puede recaer sobre quienes dependen de su salario.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, afirmó al valorar el resultado de la protesta. La resolución del conflicto, consideró, demuestra la importancia de la organización colectiva cuando están en juego derechos salariales básicos.

Reforma laboral: preocupación por las indemnizaciones

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que, según Menéndez, podría tener la reforma laboral sobre los derechos adquiridos. En particular, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo vinculado al financiamiento de las indemnizaciones por despido, y alertó sobre sus posibles consecuencias para los recursos destinados al sistema previsional.

El dirigente advirtió que desviar fondos con otros destinos para financiar ese mecanismo podría debilitar el sistema jubilatorio. Asimismo, señaló que la nueva medida no debería ser retroactiva para los contratos vigentes, aunque aclaró que su alcance real dependerá de la normativa final.

Su planteo se inscribe en la resistencia sindical a los cambios en las reglas laborales impulsados por el Gobierno nacional. Para Menéndez, la CGT debe sostener una posición común frente a las modificaciones que puedan afectar la estabilidad, las indemnizaciones y la protección social.

En esa línea, confirmó que la central obrera acompañará la marcha federal universitaria del 15 de octubre, en reclamo del financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria tendrá también una instancia de organización sindical previa, con participación de gremios que buscan ampliar el respaldo a las demandas del sistema universitario.

El deporte como herramienta de unidad gremial

La entrevista también incluyó el desarrollo del Campeonato Unidad Estaciones de Servicio 2026, una iniciativa que reúne a trabajadores de distintas localidades y categorías. La competencia contempla tres divisiones: fútbol libre, equipos femeninos y mayores de 40 años.

Menéndez explicó que el objetivo no se limita a la competencia deportiva: busca fortalecer los vínculos entre empleados que trabajan en establecimientos geográficamente dispersos y que, por sus horarios y tareas, tienen pocas oportunidades de encontrarse fuera del ámbito laboral. La entrega de premios y la cena de cierre están previstas para el 11 de noviembre.

La postura de Víctor Menéndez frente a la paritaria, la reforma laboral y la solidaridad intergremial expone el dilema del sindicalismo para proteger el poder adquisitivo ante la moderación salarial. El líder gremial sostiene que la clave radica en fortalecer la estructura sindical y unificar los reclamos para evitar la fragmentación de las luchas.

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San Juan quedó entre las pocas provincias con crecimiento del empleo privado

El empleo asalariado registrado privado cayó 0,2% en julio y acumuló varios meses consecutivos de retroceso. Desde comienzos de año se perdieron 134.034 puestos, con fuertes bajas en la industria, el comercio y la construcción. Aunque los salarios reales mejoraron en agosto, la recuperación sigue siendo dispar.

El empleo privado registrado volvió a retroceder en julio y prolongó una racha negativa que ya suma 14 meses consecutivos. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 12.716 puestos de trabajo, una baja mensual del 0,2%. Desde comienzos de 2026, la destrucción neta de empleos alcanzó los 134.034 puestos, equivalente a una contracción del 2,2%.

La caída tuvo especial incidencia en la construcción, la industria manufacturera y el comercio, tres ramas con peso significativo en la ocupación formal. En julio, la construcción redujo sus plantillas un 0,6%; la intermediación financiera, un 0,4%; y la industria, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron retrocesos del 0,3% cada uno.

La comparación interanual confirma el deterioro. La intermediación financiera acumuló una baja del 4,8%, la industria manufacturera retrocedió un 4,4% y el comercio perdió un 3,4% de sus puestos. En total, ocho ramas redujeron su dotación de personal durante julio, mientras tres mostraron avances y otras tres no registraron variaciones.

El retroceso también se extendió a las provincias: 21 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos trabajadores privados registrados que un año antes. Las mayores caídas correspondieron a Tierra del Fuego (-12,6%), Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%). En contraste, Neuquén creció un 6,4%, Río Negro un 4,8% y San Juan un 0,5%, entre las jurisdicciones con resultados positivos.

La evolución salarial mostró una señal favorable, aunque insuficiente para revertir las pérdidas acumuladas. En agosto, la remuneración media real del empleo privado registrado aumentó un 1,3% mensual, en términos desestacionalizados, mientras que los salarios correspondientes a los principales convenios colectivos avanzaron un 0,9%.

Sin embargo, las trayectorias desde noviembre de 2023 mantienen diferencias importantes. El salario promedio del empleo privado registrado se ubicó un 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el promedio de las remuneraciones negociadas en los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo.

Las brechas entre gremios también son pronunciadas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, los salarios reales de entidades deportivas crecieron un 15% y los del sector gráfico, un 13,2%. En el extremo opuesto, los trabajadores textiles acumularon una pérdida del 32% de su poder adquisitivo y los de comercio, del 18%. Transporte de pasajeros y encargados de edificios registraron retrocesos del 13% y el 12,1%, respectivamente.

En términos nominales, la remuneración bruta promedio de julio alcanzó los $2.256.861, con una suba interanual del 29,3%. La mediana salarial fue de $1.689.227, un 28,2% superior a la de julio de 2025. Estas cifras, sin embargo, no reflejan por sí solas la evolución del poder de compra, que depende de la comparación con la inflación.

La contracción laboral coincide, además, con una reducción del número de empresas con personal. Durante el primer trimestre de 2026 cerraron más firmas de las que abrieron, con una disminución neta superior a las 4.000 compañías, equivalente al 0,7%. Pese a ello, la pérdida asociada de empleo fue de poco más de 800 puestos, una cifra inferior a la registrada en el tercer y cuarto trimestre de 2025, cuando una reducción empresarial similar estuvo vinculada con la eliminación de unos 9.400 empleos.

La diferencia, según la Secretaría de Trabajo, respondió al tamaño de las empresas involucradas: las nuevas firmas incorporaron más trabajadores, mientras que las que cesaron sus operaciones tenían plantillas más reducidas.

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El Gobierno activa cambios en los convenios colectivos y la CGT se prepara para resistir

La Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar 446 acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802. La revisión alcanza cláusulas sindicales y reglas de negociación, mientras los cuestionamientos judiciales y las limitaciones operativas del organismo añaden incertidumbre al proceso.

El Gobierno nacional puso en marcha la revisión de 446 convenios colectivos de trabajo, una de las medidas de mayor alcance de la reforma laboral. Las primeras notificaciones enviadas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo convocan a sindicatos y cámaras empresarias a discutir la adecuación de sus acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802 y al decreto 407/2026.

La iniciativa había sido anticipada por el Ministerio de Capital Humano el 11 de junio. Ahora, con las convocatorias formales, comienza una etapa de negociación que puede modificar reglas históricas de las relaciones laborales, desde la vigencia de determinadas cláusulas hasta la estructura de los acuerdos salariales.

Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de las cláusulas obligacionales, entre ellas las cuotas solidarias que financian a organizaciones sindicales. La reforma modifica el régimen de ultraactividad, que permite mantener vigentes determinadas disposiciones de un convenio una vez vencido. En cambio, las cláusulas normativas —como salarios básicos, jornadas y licencias— tienen un tratamiento diferenciado durante la transición prevista por la ley.

La nueva legislación también promueve la negociación colectiva por empresa frente a los acuerdos por actividad y habilita mecanismos de remuneración vinculados con la productividad. Para los gremios, la revisión abre una discusión sobre la capacidad de negociación conjunta, el financiamiento sindical y la preservación de derechos laborales adquiridos.

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