Mientras crece el empleo generado por aplicaciones como Uber, Rappi, PedidosYa, Cabify y DiDi, aumentan las advertencias sobre salarios insuficientes, falta de cobertura social y concentración empresarial. La nueva regulación oficial consolida el encuadre de los trabajadores como independientes y abre una nueva disputa judicial.

La expansión del trabajo en plataformas digitales se convirtió en una de las expresiones más visibles de la transformación del mercado laboral argentino. Impulsado por la pérdida de empleo formal y el deterioro de los ingresos, el universo de repartidores y conductores vinculados a aplicaciones ya alcanza a cerca de un millón de personas que obtienen de allí la totalidad o parte de sus recursos mensuales.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad no se tradujo en mejores condiciones económicas. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba revela que el 60% de quienes trabajan mediante plataformas depende de esa tarea como principal fuente de ingresos, mientras que el 68% percibe menos de la mitad de una Canasta Básica Total. Detrás de esos números aparecen jornadas que suelen extenderse entre ocho y doce horas diarias para alcanzar remuneraciones cada vez más ajustadas.

La incorporación constante de nuevos trabajadores agrava el fenómeno. A medida que aumentan los despidos y se reduce la oferta de empleo registrado, más personas recurren a las aplicaciones como alternativa de subsistencia. El resultado es una mayor competencia por una demanda limitada, que distribuye ingresos cada vez menores entre una cantidad en aumneto de repartidores y conductores.

En ese aspecto, el Gobierno nacional avanzó con una regulación que refuerza el modelo vigente. El Decreto 407/2026 designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación para las plataformas digitales y ratificó que conductores y repartidores serán considerados “prestadores independientes”, excluyéndolos expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo.

La definición fue cuestionada por especialistas en relaciones laborales. Patricia Sorribas, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que la norma adopta sin modificaciones los argumentos promovidos por las propias empresas y consolida un esquema que limita el acceso a derechos laborales básicos, cobertura por accidentes, aportes previsionales y protección social.

La discusión, sin embargo, está lejos de cerrarse. La Suprema Corte de Buenos Aires dejó firme un fallo que reconoce a repartidores de Rappi y PedidosYa como trabajadores en relación de dependencia. La sentencia cuestionó la supuesta autonomía de los colaboradores y concluyó que los algoritmos ejercen mecanismos de control que funcionan como una forma contemporánea de dirección empresarial, al premiar o penalizar la disponibilidad de cada trabajador.

Al mismo tiempo, el negocio avanza hacia una mayor concentración global. Uber presentó una oferta superior a los 10.000 millones de euros para adquirir Delivery Hero, grupo alemán que controla PedidosYa en Argentina y gran parte de América Latina. De concretarse la operación, una porción significativa del mercado regional de reparto y transporte quedaría bajo la órbita de una misma compañía.

Para especialistas y organizaciones de trabajadores, la combinación entre desregulación, concentración empresarial y ausencia de protección social configura uno de los principales desafíos laborales de los próximos años. Mientras las plataformas amplían su presencia en la economía cotidiana, cientos de miles de personas continúan generando ingresos bajo un esquema que la Justicia empieza a revisar y que, para numerosos expertos, mantiene rasgos de dependencia laboral encubierta.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Las autoridades resolvieron cerrar el próximo lunes la sede central del organismo, suspender todas las actividades presenciales y disponer que la totalidad del personal desempeñe sus tareas bajo la modalidad remota, una decisión que profundizó la incertidumbre en medio de versiones sobre una reestructuración que podría afectar a más de 700 trabajadores.

La medida fue comunicada internamente y contempla la prohibición de ingreso a las instalaciones ubicadas en el partido bonaerense de San Martín. Hasta el momento, la conducción del organismo no difundió explicaciones públicas sobre las razones que motivaron una resolución de carácter excepcional, adoptada además en una semana marcada por la creciente conflictividad interna.

El cierre se produce pocas horas después de que la Multisectorial del INTI anunciara una jornada de protesta para denunciar el ajuste sobre el organismo y advertir sobre las consecuencias de una eventual reducción de personal. La coincidencia temporal alimentó las críticas de trabajadores y representantes gremiales, que interpretaron la decisión como una respuesta preventiva frente a la movilización prevista para el inicio de la semana.

El malestar escaló durante las últimas semanas a partir de distintas versiones que señalan que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza en un proceso de reorganización que podría implicar la desvinculación de más de 700 empleados. De confirmarse, el recorte alcanzaría a cerca de un tercio de la planta laboral y se convertiría en una de las mayores reducciones de personal registradas en organismos científicos y tecnológicos desde el inicio de la actual gestión.

El posible ajuste no despertó preocupación únicamente entre los trabajadores. Directores, subgerentes y responsables de distintas áreas técnicas difundieron recientemente un documento en el que expresaron su rechazo a una reducción de esa magnitud y advirtieron sobre sus consecuencias operativas. En el texto sostuvieron que una disminución masiva de recursos humanos podría afectar funciones críticas y comprometer la capacidad de respuesta del organismo en áreas consideradas vitales.

La inquietud encuentra sustento en el papel que desempeña el instituto dentro del entramado productivo nacional. Creado hace más de seis décadas, el INTI constituye uno de los principales organismos de asistencia tecnológica del país. Su labor abarca desde el desarrollo de procesos industriales y la transferencia de conocimiento a empresas hasta tareas de certificación, metrología, normalización y control de calidad.

El organismo interviene además en actividades vinculadas a alimentos, equipamiento médico, seguridad industrial, sistemas de medición, energías renovables y validación tecnológica de productos que llegan al mercado. Buena parte de esas funciones son utilizadas tanto por pequeñas y medianas empresas como por grandes compañías, organismos públicos y entidades científicas.

Desde la representación gremial sostienen que una reducción significativa de personal podría afectar servicios esenciales para el aparato productivo y debilitar capacidades construidas durante décadas. Por esa razón, la discusión comenzó a exceder el plano estrictamente laboral para instalar interrogantes sobre el futuro de las políticas de desarrollo tecnológico e innovación industrial.

La decisión de cerrar temporalmente las instalaciones profundizó además la incertidumbre sobre los pasos que seguirá la conducción del organismo durante los próximos días. Trabajadores de distintas áreas convocaron asambleas para analizar la situación y evaluar posibles medidas de respuesta frente a un escenario que, aseguran, carece de precisiones oficiales sobre el alcance definitivo de la reestructuración.

Mientras tanto, el conflicto ya trascendió las fronteras del instituto y comenzó a instalarse en el debate público. Lo que inicialmente apareció como una discusión sobre reducción de gastos y reorganización administrativa generó un debate más amplio acerca del rol que tendrán los organismos científicos y tecnológicos dentro del rediseño del Estado impulsado por el Gobierno nacional.

El gobernador sanjuanino respondió al avance legislativo impulsado por Ricardo Quintela y sostuvo que la delimitación entre ambas provincias posee respaldo constitucional y parlamentario. Además convocó a todo el arco político local a sostener una posición común frente al reclamo de La Rioja.

La discusión por los límites entre San Juan y La Rioja sumó este viernes un nuevo episodio de alto voltaje político. Horas después de que la Legislatura riojana aprobara una ley destinada a fortalecer los reclamos territoriales de esa provincia, Marcelo Orrego salió a fijar una posición contundente: la jurisdicción sanjuanina no está sujeta a revisión por decisiones adoptadas de manera unilateral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario provincial buscó despejar cualquier incertidumbre respecto de la situación jurídica de los territorios involucrados en la contienda. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, afirmó.

La declaración constituyó la primera respuesta oficial de San Juan luego de que el gobernador riojano Ricardo Quintela lograra respaldo legislativo para avanzar con un plan político y judicial orientado a cuestionar la delimitación vigente entre ambas provincias. La iniciativa contempla gestiones ante el Congreso de la Nación y eventuales presentaciones en los tribunales para sostener la posición riojana.

Desde la Casa de Gobierno sanjuanina remarcan que el caso ya cuenta con definiciones normativas firmes. Por ese motivo, Orrego recordó que cualquier modificación territorial requiere mecanismos institucionales específicos previstos por la Constitución Nacional y acuerdos que exceden la voluntad de una sola jurisdicción.

“Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley”, enfatizó el gobernador, en una frase que sintetiza la postura oficial frente al planteo impulsado desde La Rioja.

El diferendo trasciende la discusión cartográfica. Detrás de la controversia aparecen recursos naturales de enorme valor económico, emprendimientos mineros claves para la región y uno de los principales emblemas patrimoniales del país: el Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y convertido en una referencia internacional para la investigación paleontológica.

Consciente de esa dimensión, Orrego incorporó un mensaje de defensa institucional y económica de la provincia. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto”, expresó.

El mandatario también procuró enviar una señal hacia el interior del sistema político sanjuanino. En un contexto donde la disputa podría trasladarse al ámbito legislativo nacional o incluso desembocar en la Corte Suprema de Justicia, convocó a oficialismo y oposición a sostener una posición común en defensa de los intereses provinciales.

“Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece, con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, sostuvo.

La respuesta de Orrego marca el inicio de una etapa de mayor confrontación institucional entre ambas administraciones. Mientras La Rioja busca abrir una revisión de los límites vigentes mediante herramientas políticas y judiciales, San Juan sostiene que la cuestión ya fue resuelta por la legislación nacional. Con posiciones cada vez más definidas, el conflicto parece encaminarse hacia una discusión de alcance federal, donde no sólo estarán en juego los mapas provinciales, sino también recursos estratégicos y proyectos clave para el desarrollo económico de la región.