Jaime Barcelona, dirigente de Adicus, realizó un balance negativo de 2025 para los docentes universitarios y anticipó un escenario de fuerte conflictividad para el próximo año. Salarios deteriorados, paritarias clausuradas y un presupuesto que recorta la inversión educativa configuran, advierte, un rumbo que amenaza el futuro de la universidad pública y del desarrollo nacional.

El cierre de 2025 encuentra a la docencia universitaria atravesada por un clima de profunda preocupación. Así lo expresó Jaime Barcelona, al realizar un balance del año y proyectar los desafíos que se avecinan. “Ha sido un año negativo para todos los trabajadores”, sintetizó, al señalar que los docentes universitarios no escaparon al deterioro general provocado por la combinación de inflación, caída salarial y un ajuste que definió como “brutal”.

Según explicó, el impacto no se limita a la pérdida del poder adquisitivo. A la degradación de los ingresos se suma una amenaza persistente sobre el financiamiento de las universidades, que compromete el normal funcionamiento del sistema educativo superior. “El gobierno mantiene una política de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de nuestro trabajo”, advirtió.

La preocupación se profundiza ante la aprobación del Presupuesto 2026, que fue duramente cuestionado por los gremios universitarios, científicos y estatales. Barcelona reveló que el sector recibió un instructivo de liquidación salarial con aumentos del 1% mensual para todo el próximo año, con apenas algunas excepciones del 2,5%. “Esto consolida la pérdida del poder adquisitivo y profundiza el ajuste sobre los trabajadores universitarios”, afirmó, al tiempo que denunció la decisión oficial de no convocar a paritarias y fijar aumentos por decreto.

En ese contexto, anticipó que el inicio del ciclo lectivo 2026 estará atravesado por la conflictividad. “Estamos discutiendo con las bases cómo continuar, porque este escenario no deja margen”, señaló.

Para el dirigente sindical, la aprobación del presupuesto representa un quiebre histórico. Por primera vez en décadas, el Estado se desliga del compromiso de destinar un porcentaje mínimo del PBI a la educación y deja las actualizaciones salariales libradas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. “Es un golpe directo y profundo al sistema educativo argentino”, sostuvo.

Barcelona fue más allá y vinculó estas decisiones con un modelo de país que, a su entender, renuncia al desarrollo industrial y científico. “Este gobierno no apuesta a la educación, la ciencia ni la técnica porque su proyecto es un país primarizado, exportador de commodities”, afirmó. En esa lógica, la universidad pública y el sistema científico resultan prescindibles.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación, a través del artículo 30 del presupuesto, del histórico piso del 6% del PBI para educación. Para el dirigente, se trata de uno de los retrocesos más graves desde la recuperación democrática. “Los países que piensan su desarrollo invierten en educación e industria. Este es un modelo retrógrado que nos devuelve a la Argentina posterior a la generación del 80”, comparó, al advertir que incluso se desandan conquistas previas al impulso educativo promovido por Sarmiento.

El diagnóstico de Jaime Barcelona dibuja un escenario inquietante para la universidad pública y el conjunto de los trabajadores. Con salarios en retroceso, paritarias cerradas y un presupuesto que consolida el ajuste, el conflicto aparece como una consecuencia inevitable. “La pelea va a ser por el presupuesto, por la educación y por la reapertura de paritarias, y se va a dar en la calle”, anticipó.

En una situación de creciente tensión social, el debate trasciende lo sectorial y vuelve a plantear una discusión de fondo: qué modelo de país se construye cuando la educación, la ciencia y el conocimiento dejan de ser una prioridad estratégica. Para los docentes universitarios, la respuesta no admite neutralidad y el 2026 se perfila como un año decisivo en esa disputa.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el referente de la CGT Eduardo Cabello realizó un balance crítico del 2025, analizó el impacto social del actual rumbo económico y advirtió sobre los riesgos de reformas laborales que, según sostuvo, no contemplan la dignidad ni la calidad de vida de los trabajadores.

El cierre de año suele habilitar balances sinceros y miradas de largo alcance. En ese marco, el dirigente de la CGT,  realizó un análisis profundo sobre los últimos doce meses, a los que definió como “duros, difíciles y complejos”, aunque no exentos de aprendizajes. “De la adversidad también se puede sacar lo mejor de uno”, reflexionó, al tiempo que reivindicó la capacidad del movimiento sindical para recomponerse en contextos adversos.

Cabello situó parte del debate en el plano social y cultural. Sin aludir directamente a coyunturas electorales, planteó que muchas expectativas generadas por discursos atractivos terminaron chocando con una realidad concreta: promesas incumplidas, deterioro del empleo y una mejora salarial que nunca llegó. “Uno conoce las caras, pero no siempre los corazones”, citó, apelando a una frase popular para graficar la distancia entre el mensaje y los hechos.

Desde esa lectura, el dirigente sostuvo que la Argentina atraviesa un momento de entrampamiento económico y social, en el que se diluye una de sus principales fortalezas históricas: la cultura del trabajo. “Nuestro país siempre se caracterizó por su capacidad productiva, por su mano de obra y por su inteligencia colectiva. Hoy eso está en discusión”, afirmó, y remarcó que sin trabajo digno y sin amor por lo que se hace, no hay posibilidad real de salida.

La unidad aparece, en ese marco, como un eje central. Cabello fue enfático: “Si no estamos unidos, vamos a ser dominados”. Y aclaró que no se trata de consignas partidarias ni de frases ideológicas, sino de una realidad que atraviesa a las sociedades contemporáneas. “Si no entendemos lo que vive cada argentino, terminamos siendo arrastrados por filosofías huecas”, advirtió.

En relación con las nuevas realidades laborales y los debates sobre modernización, el dirigente planteó una crítica puntual: la falta de políticas que acompañen a los trabajadores frente a los cambios tecnológicos. “Se habla de nuevas formas de trabajo, pero no hay herramientas ni recursos para quienes quedan atrapados en esas transformaciones”, señaló. Para Cabello, la dignidad laboral no se limita al salario o a las vacaciones, sino que incluye condiciones de vida más amplias: transporte, horarios razonables y calidad cotidiana. “Eso también es un derecho”, subrayó.

Desde la CGT, explicó, se viene impulsando un trabajo de diálogo institucional con gobernadores, legisladores y distintos actores políticos para aportar una mirada más integral. “Hay cosas que están mal y que deben corregirse, pero no rompiendo todo. Hay que reparar, revisar y avanzar”, sostuvo, marcando distancia tanto del inmovilismo como de los ajustes abruptos.

En un tramo más crítico, el representante gremial alertó sobre un modelo económico sostenido en endeudamiento permanente. “Cuando todos los días se pide un préstamo para pagar otro préstamo, el final es previsible”, advirtió, y expresó su preocupación por que, una vez más, sea el pueblo quien termine pagando los costos de decisiones ajenas.

Las palabras de Eduardo Cabello condensan una advertencia y una convocatoria. Advertencia frente a un rumbo que, según su visión, debilita el trabajo, fragmenta a la sociedad y posterga la calidad de vida. Convocatoria a recuperar la unidad, la cultura del esfuerzo y el diálogo como herramientas para reconstruir un horizonte común. En el umbral de 2026, el mensaje sindical no se apoya en consignas vacías, sino en una premisa tan simple como contundente: sin trabajo digno, sin justicia social y sin cohesión colectiva, no hay futuro sostenible para la Argentina.

El cierre de cada año habilita un ejercicio inevitable: mirar hacia atrás, evaluar lo recorrido y proyectar lo que viene. Para el movimiento sindical, ese balance adquiere una densidad particular cuando el contexto económico y social se vuelve adverso. Así lo expresó Víctor Menéndez, referente gremial de los trabajadores de estaciones de servicio, playas, lavaderos, gomerías y actividades afines de Cuyo, al analizar un 2025 que definió sin rodeos como “difícil y muy complicado”.

La caracterización no es retórica. Menéndez inscribió el año que termina en un escenario de deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde la recomposición salarial quedó sistemáticamente rezagada frente al aumento del costo de vida. “Los salarios han ido por la escalera y los precios por el ascensor”, sintetizó, al tiempo que enumeró los rubros que más golpearon a los trabajadores: alimentos, tarifas y bienes de consumo básico. Un fenómeno que, según remarcó, no solo afectó a la clase trabajadora activa, sino también a jubilados, sectores pasivos, pymes e industrias.

En ese marco, uno de los focos de mayor preocupación durante el año fue el avance del autoservicio en estaciones de combustible, una modalidad que, advirtió, responde a una lógica de reducción de costos empresariales donde “el eslabón más fino siempre termina siendo el trabajador”. Aunque en San Juan su implementación avanzó de manera más lenta que en otros puntos del país, el dirigente reconoció que generó temor e incertidumbre en el personal.

Frente a ese escenario, destacó el rol de la negociación preventiva con las cámaras empresarias y la búsqueda de alternativas para evitar despidos masivos. “Fuimos anticipándonos, dialogando, y logramos que los compañeros pudieran ser reubicados dentro de las mismas estaciones, en nuevos servicios, sin perder su pertenencia gremial”, explicó. Una estrategia defensiva que, aclaró, no elimina el riesgo a futuro, pero sí permite llegar “preparados y atentos” a los cambios que puedan profundizarse.

Más allá de la coyuntura laboral, Menéndez subrayó el esfuerzo institucional sostenido por el gremio en un escenario de recursos escasos y costos elevados. A contramano del parate económico, enumeró una serie de obras y servicios concretados con fondos propios, sin endeudamiento bancario, como la inauguración de una nueva sede en Villa Mercedes, San Luis, con infraestructura integral para los afiliados. “Hacer obras en tiempos difíciles, administrando bien la institución, es un motivo de orgullo”, afirmó.

La proyección para 2026 incluye nuevos desafíos, entre ellos la construcción de una sede en Media Agua, orientada a fortalecer la presencia gremial en el sur sanjuanino, así como la continuidad de políticas sociales, educativas y recreativas: entrega de útiles escolares, apoyo a estudiantes desde nivel inicial hasta secundario, viajes recreativos y campeonatos deportivos regionales y provinciales.

El plano político-sindical ocupa un lugar central en su análisis. Menéndez fue categórico al referirse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento se prevé para los primeros meses de 2026. Si bien aclaró que el sindicalismo no se opone a una modernización de los convenios colectivos, advirtió que cualquier actualización debe surgir del diálogo y no implicar la pérdida de derechos históricos. “No estamos dispuestos a entregar conquistas que costaron décadas de lucha”, sentenció.

En ese sentido, cuestionó el enfoque de la reforma, a la que definió como redactada “por y para las grandes corporaciones”, y puso en duda su capacidad para generar empleo genuino. Como argumento, recordó que el mayor crecimiento del trabajo registrado en Argentina se produjo entre 2007 y 2015, incluso con herramientas como la doble indemnización vigentes. “El trabajo no se crea flexibilizando derechos, sino poniendo al país a producir”, sostuvo.

El dirigente también vinculó la discusión laboral con el debate presupuestario 2026, al advertir que el ajuste sobre áreas sensibles como salud, educación y seguridad profundiza la desigualdad y debilita el entramado social. “Achicar el Estado a costa de los que menos tienen es una película que ya vimos”, alertó, haciendo comparaciones con experiencias anteriores.

El balance que deja Víctor Menéndez no se limita a un repaso gremial de fin de año: funciona como una advertencia política y social. En un momento de ajuste, reformas estructurales y creciente presión sobre el trabajo, la defensa del empleo, la unidad sindical y la preservación de los derechos aparecen como ejes irrenunciables. Con un 2026 cargado de desafíos, el mensaje es claro: modernizar no puede ser sinónimo de retroceder, y el futuro del trabajo dependerá, una vez más, de la capacidad colectiva para resistir, negociar y construir alternativas en un escenario adverso.