El sistema de provisión de medicamentos para jubilados atraviesa un momento de extrema fragilidad. Las principales entidades nacionales que representan a la actividad farmacéutica elevaron un reclamo formal al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, ante el persistente atraso en los pagos correspondientes al “Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes”, una situación que, según advierten, amenaza la continuidad de la prestación en todo el territorio nacional.

El reclamo fue difundido públicamente y lleva la firma de referentes centrales del sector: Carlos Villagra, por la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA); Miguel Lombardo, de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF); Alejandra Gómez, del Colegio Farmacéutico (COFA); Damián Sudano, de la Federación Farmacéutica (FEFARA); y Sebastián Ercolessi, de la Asociación de Propietarios de Farmacias (ASOFAR).

Según detallaron, la demora en los pagos se inició el 10 de diciembre de 2025 y se extendió hasta el mes de enero de 2026, afectando compromisos correspondientes a prestaciones realizadas en octubre y noviembre del año pasado. De acuerdo con el documento, algunos de los compromisos más antiguos ya acumulan un mes de atraso, generando un escenario de creciente incertidumbre en las farmacias prestadoras.

Las entidades expresaron “la inquietud e inseguridad” que se vive en el sector, y subrayaron que la viabilidad del convenio depende del cumplimiento estricto de los plazos de pago, especialmente del segmento de anticipos. Ese mecanismo, explicaron, permite a las farmacias cumplir con sus obligaciones frente a las droguerías y sostener la dinámica cotidiana de la prestación a los afiliados del PAMI.

“El funcionamiento del convenio descansa en un delicado equilibrio financiero”, advirtieron, al señalar que los pagos en término no sólo garantizan la reposición de medicamentos, sino que también permiten afrontar los crecientes costos operativos de las farmacias, en un contexto de inflación sostenida y aumento permanente de insumos, servicios y gastos de funcionamiento.

Desde el sector remarcaron que el cumplimiento “altamente satisfactorio” de la provisión de medicamentos a jubilados se construyó sobre la base del respeto a los plazos acordados. En ese marco, alertaron que la actual mora impacta de manera directa en las cuentas con las droguerías, impide en muchos casos la reposición regular de medicamentos y pone en riesgo la próxima dispensa a los afiliados.

El documento también incorpora la preocupación manifestada por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), que advirtió sobre el impacto del atraso en toda la cadena de suministro. Desde esa entidad reclamaron no sólo la regularización inmediata de los pagos, sino también la definición de un cronograma cierto que permita evitar “situaciones de extrema complejidad” en un escenario ya tensionado.

En este sentido, las entidades farmacéuticas advirtieron que comienza a instalarse la posibilidad de suspender la reposición regular de medicamentos a las farmacias de todo el país, una situación que, de concretarse, podría derivar en una crisis sin precedentes en el acceso a tratamientos esenciales para jubilados y pensionados.

El conflicto salarial en el sistema universitario vuelve a escalar tras la decisión del Ejecutivo de aplicar de manera unilateral un aumento del 2% a los salarios de los y las docentes universitarias, sin convocar a la paritaria específica del sector. La medida fue comunicada a través del Instructivo de Liquidación de Salarios, que también establece el pago de bonos extraordinarios por única vez, diferenciados según el tipo de cargo.

De acuerdo con lo dispuesto, los cargos simples percibirán un bono de 12.500 pesos, los semi exclusivos 25.000 pesos y los cargos exclusivos 50.000 pesos. Sin embargo, desde el ámbito universitario señalaron que estos montos no modifican la estructura salarial ni compensan la pérdida acumulada frente a la inflación, al tratarse de sumas no remunerativas y de carácter excepcional.

Las organizaciones docentes cuestionaron con dureza el alcance del incremento. “Está muy lejos de compensar la inflación acumulada”, advirtieron desde la representación gremial, al tiempo que señalaron que el aumento “sigue licuando los ingresos mes a mes”. En un contexto de inflación persistente y suba sostenida del costo de vida, el ajuste del 2% consolida, según los sindicatos, un deterioro que ya se arrastra desde meses anteriores.

Uno de los principales ejes del reclamo es la continuidad del congelamiento de la paritaria universitaria. Los gremios denunciaron que el Ejecutivo mantiene suspendido ese ámbito de negociación de manera “arbitraria e ilegal”, pese a los reiterados reclamos y a la normativa vigente que regula las relaciones laborales en el sector. “El Gobierno insiste en desconocer la paritaria universitaria e imponer aumentos por decreto, como si los salarios docentes fueran una variable de ajuste”, señalaron.

El conflicto salarial se inscribe, además, en un debate más amplio sobre el financiamiento del sistema universitario. Desde el sector docente recordaron que existe un fallo judicial que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y subrayaron que su cumplimiento permitiría destrabar de forma inmediata la discusión salarial. “La solución es simple: el Gobierno debe acatar el fallo de la Justicia y garantizar el financiamiento de las universidades”, afirmaron.

La falta de recomposición salarial impacta no sólo en el poder adquisitivo de los docentes, sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. Los gremios advierten que la precarización de los ingresos afecta la dedicación académica, la investigación y la calidad del sistema educativo, en un contexto de creciente presión presupuestaria sobre las casas de altos estudios.

Frente a este escenario, las organizaciones docentes anticiparon que se encaminan a retomar el plan de lucha en defensa de la universidad pública. Las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas si no hay una convocatoria urgente a la paritaria universitaria y una propuesta salarial que contemple una recomposición acorde a la inflación y al costo de vida real.

El dirigente cegetista Jorge Sola cuestionó públicamente al titular de la UOM, Abel Furlán, y rechazó las críticas internas que reclaman una postura más confrontativa frente al Gobierno de Javier Milei. El cruce expone las tensiones estratégicas dentro de la central obrera en un marco de ajuste, despidos y conflictividad social creciente.

“No me vengas a correr por izquierda”, lanzó Sola en declaraciones públicas que dejaron al descubierto el malestar dentro de la CGT ante los cuestionamientos de sectores que reclaman una postura más dura y confrontativa frente a las políticas económicas y laborales impulsadas por la administración de Javier Milei. La frase sintetizó una discusión de fondo que atraviesa a la central obrera: cómo pararse frente a un escenario de ajuste, recesión y reformas que impactan de lleno en el mundo del trabajo.

Sola defendió la línea actual de la conducción cegetista y negó cualquier acusación de complacencia con el Ejecutivo. Según sostuvo, la CGT mantiene una posición clara en defensa de los derechos de los trabajadores, aunque basada en una estrategia que combina el diálogo institucional con medidas de protesta selectivas. En ese marco, rechazó ser señalado como funcional al Gobierno o como parte de un sindicalismo “tibio” frente al avance de políticas que afectan el empleo y el poder adquisitivo.

Del otro lado, desde la UOM vienen manifestando un creciente descontento con la actitud de la central. Furlán ha reclamado una reacción más contundente, con mayor protagonismo en la calle y acciones gremiales coordinadas que expresen con claridad el rechazo al rumbo económico oficial. Para el sindicalismo industrial, el impacto del ajuste sobre la actividad productiva, los puestos de trabajo y las paritarias exige una respuesta más firme y visible.

El cruce entre Sola y Furlán no es un episodio aislado, sino la expresión de una disputa más amplia dentro de la CGT entre los sectores moderados, que apuestan a preservar canales de diálogo con el Gobierno, y aquellos que impulsan una confrontación directa como herramienta central de presión. La discusión se da, además, en un momento de creciente conflictividad social, con despidos en distintos sectores, caída del consumo y negociaciones salariales condicionadas por la inflación y la recesión.

Mientras tanto, la conducción cegetista intenta sostener la unidad formal de la central, consciente de que una fractura abierta debilitaría su capacidad de incidencia política y gremial. Sin embargo, las diferencias estratégicas vuelven a emerger con fuerza y reflejan las dificultades para consensuar una hoja de ruta común en un escenario económico adverso y de alta tensión social.