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La tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei dejó en evidencia una provincia partida entre sectores que acataron masivamente y otros que mantuvieron su operatividad casi intacta. Educación, bancos y vuelos fueron los más golpeados; transporte y oficinas públicas, los menos afectados. La protesta interpela al rumbo económico nacional y expone tensiones sociales en ascenso.

Este jueves 10 de abril, San Juan vivió una jornada marcada por la tercera medida de fuerza nacional encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), respaldada por las dos CTA y una franja heterogénea de gremios estratégicos. La convocatoria, que surgió como respuesta directa a las políticas del gobierno de Javier Milei, encontró en la provincia una adhesión parcial, con impacto desigual según el sector involucrado.

Educación y bancos, los pilares con mayor acatamiento

En el ámbito educativo, el paro encontró eco significativo. Las aulas de las escuelas públicas quedaron mayormente vacías, no sólo por la adhesión formal de gremios como UDAP y UDA, sino también por el acompañamiento tácito del cuerpo docente. En el caso de la Universidad Nacional de San Juan y sus colegios preuniversitarios, la quietud académica fue casi total. El vacío no solo fue físico: fue también simbólico, un signo del desgaste que atraviesa al sistema educativo ante la falta de diálogo estructural con el gobierno central.

Los bancos, por su parte, ofrecieron el rostro más visible del acatamiento. Las entidades financieras permanecieron cerradas de punta a punta, sin atención al público. Apenas funcionaron los cajeros automáticos y las plataformas digitales. La imagen de las sucursales desiertas, con carteles gremiales pegados en sus accesos, contrastó con la actividad de algunos empleados jerárquicos que, puertas adentro, cumplieron funciones sin atención al cliente.

A diferencia de otras provincias donde el transporte se vio paralizado, en San Juan los colectivos circularon con normalidad. La conciliación obligatoria vigente para la seccional local de la UTA garantizó la continuidad del servicio, tanto urbano como interurbano. Las paradas colmadas y el ritmo habitual del tránsito urbano resultaron ser una postal atípica en días de paro general.

Una situación similar se verificó en la atención de organismos nacionales como ANSES. Con personal presente desde las primeras horas del día, la sede central ubicada sobre calle Tucumán operó sin contratiempos, favorecida por un esquema de turnos previamente asignados y una logística que incluyó presencia policial preventiva. Este funcionamiento normal fue valorado por muchos sanjuaninos, especialmente jubilados y beneficiarios de asignaciones que aguardaban fechas clave en el cronograma de pagos.

El Centro Cívico, núcleo de la administración provincial, también mostró signos de continuidad operativa. La circulación de empleados públicos y ciudadanos en busca de trámites resultó fluida, sin mayores alteraciones. Ni siquiera una tentativa de autoconvocatoria logró alterar el curso de la jornada.

En las estaciones de servicio, la decisión empresarial de continuar con la actividad más allá de la adhesión gremial permitió que el abastecimiento de combustible se mantuviera estable. Recolección de residuos y el sistema ECO también operaron sin sobresaltos.

El paro nacional en San Juan reveló un escenario de fisura funcional, donde la contundencia de ciertos sectores contrastó con la normalidad de otros. Esta dualidad no sólo habla de la capacidad organizativa de los gremios, sino también de un tejido social que oscila entre la necesidad de expresar su descontento y la urgencia de sostener la actividad cotidiana.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una tensión creciente entre su proyecto de reformas estructurales y el rechazo que despiertan sus políticas de ajuste. La protesta, más allá de su impacto inmediato, plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede sostenerse un modelo que avanza sobre derechos adquiridos sin consensuar con los actores sociales que lo integran?

San Juan, en su espejo provincial, no respondió con una sola voz, pero dejó un mensaje claro: la fragmentación no anula la inquietud, y la calma aparente no silencia el malestar que se gesta por debajo.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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