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El juez Roberto Gallardo dictaminó que las fuerzas federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, no podrán intervenir en la movilización de jubilados prevista frente al Congreso. El fallo subraya la necesidad de respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de resguardar los derechos fundamentales de los manifestantes.

La política de seguridad vuelve a colocarse en el epicentro del debate democrático tras un fallo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad, a cargo del magistrado Roberto Gallardo. La resolución, emanada a raíz de una serie de recursos de amparo presentados por organizaciones sindicales y sociales, establece que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deberá abstenerse de participar en la planificación y ejecución del operativo previsto para la movilización de jubilados del próximo miércoles frente al Congreso.

La decisión judicial no es un hecho menor: se inscribe en una coyuntura atravesada por la creciente tensión entre el gobierno nacional y diversos sectores de la ciudadanía que, semana tras semana, se manifiestan por reivindicaciones básicas como el acceso a medicamentos esenciales y la urgente recomposición de haberes previsionales. El fallo representa, además, un límite institucional claro al avance de la Nación sobre competencias propias del gobierno porteño, particularmente en materia de seguridad, regulada por la Ley de Seguridad Interior.

El magistrado fue enfático en su resolución: ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su titular, Jorge Macri, que impidan cualquier intervención de fuerzas federales fuera de los canales expresamente contemplados por la normativa vigente. Según expresó en su dictamen, permitir una injerencia de esa índole significaría un menoscabo tanto de la autonomía de la Ciudad como del rol orgánico y funcional que le cabe a la Policía porteña.

El fallo también conlleva una dimensión profundamente garantista. En efecto, Gallardo remarcó que la resolución no responde a una especulación teórica o a una pulseada entre jurisdicciones, sino a la necesidad urgente de evitar vulneraciones a derechos humanos básicos, como la libertad de reunión, la libre expresión de ideas y la integridad física de quienes se movilizan. En ese sentido, se instruyó a las autoridades locales a delinear un operativo que respete estas garantías, evitando acciones represivas que restrinjan o criminalicen la protesta social.

El contexto no puede ser soslayado: la movilización de los jubilados coincidirá con una jornada de paro general convocado por la CGT, lo cual incrementa la magnitud y sensibilidad del evento. En dicho escenario, el temor de una respuesta estatal desmedida se vuelve tangible, especialmente a la luz de antecedentes recientes donde el uso de las fuerzas federales dejó una estela de represión injustificada, con heridos, detenciones arbitrarias y una creciente judicialización de la protesta.

No es la primera vez que la figura de Bullrich —asociada a una línea dura en materia de seguridad— genera resistencias en sectores sociales y judiciales que ven en su accionar una amenaza a los principios republicanos y a los derechos consagrados constitucionalmente. La resolución de Gallardo, en este sentido, puede leerse como una respuesta institucional frente a un modo de concebir la seguridad que privilegia la coerción por sobre el diálogo.

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“Equilibrio fiscal o nada”: Milei endureció su mensaje y anunció más ajuste en 2026

En cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei anunció este lunes el envío del Presupuesto 2026 al Congreso, que según adelantó contempla “el menor nivel de gasto público de los últimos 30 años”. El mandatario defendió nuevamente el equilibrio fiscal como “piedra angular” de su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”.

El proyecto de presupuesto incluye aumentos en jubilaciones, educación y pensiones por discapacidad. Sin embargo, Milei no precisó qué partidas serán reducidas para alcanzar la meta de recorte del gasto, un punto central de su programa económico.

“El equilibrio fiscal es un principio no negociable. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo este esfuerzo. No aflojemos, hagamos que todo valga la pena”, subrayó el Presidente.

En un tono enfático, el jefe de Estado insistió en que el orden fiscal es condición indispensable para el crecimiento: “El futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el equilibrio de las cuentas públicas. El Presupuesto no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar el país adelante”.

Milei apeló además a la paciencia social, comparando el proceso de ajuste con un proyecto de largo plazo: “En veinte años estaremos entre los países más ricos del mundo. Roma no se construyó en un día”.

El mensaje llega en un clima político marcado por la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, los vetos presidenciales a leyes que recomponían partidas en salud y universidades, y la presión por mostrar señales concretas de consolidación fiscal.

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La CGT se suma a la marcha del miércoles contra los vetos de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes sumarse a la movilización prevista para el próximo miércoles frente al Congreso, en rechazo a los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la norma de financiamiento universitario. La decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera, en la que participaron más de 20 dirigentes sindicales.

El encuentro estuvo encabezado por referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (Trenes), entre otros.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez al término de la reunión. Y agregó: “Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos entendieron o fracasó la instancia”.

La presión para que la CGT adoptara una medida concreta venía creciendo en los últimos días. Desde el hospital Garrahan, trabajadores y representantes gremiales reclamaban un paro general en defensa de la emergencia pediátrica. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”, había planteado Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

En la misma línea, el camillero Esteban Argañaraz pidió “unidad del movimiento obrero en los reclamos por la educación y la salud”. El llamado se sumó a la voz de los universitarios, que ya habían exigido una movilización nacional en defensa de la educación pública, similar a la realizada meses atrás con amplio respaldo social.

Con este pronunciamiento, la CGT busca consolidar la protesta de este miércoles en un clima político marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores sociales tras la sucesión de vetos presidenciales.

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La industria metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos con caída en la actividad y el empleo

La industria metalúrgica argentina enfrenta una crisis profunda, con una caída del 6,1% en la actividad en agosto comparado con el mismo mes del año pasado. La utilización de la capacidad instalada también experimentó una importante reducción alcanzando niveles similares a los de la pandemia de coronavirus. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, advirtió que la situación es crítica y requiere políticas activas para fortalecer el sector.

 El sector metalúrgico enfrenta un escenario crítico con el paso del tiempo. Durante agosto, la actividad se desplomó un 6,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, y un 2,3% con respecto a julio. La utilización de la capacidad instalada también descendió significativamente, alcanzando el 44,8% en agosto, lo que es similar a los niveles de marzo y junio de 2020, durante la pandemia de coronavirus.

La situación es particularmente grave en algunos subsectores estratégicos, como Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y Bienes de Capital (-8,1%). Solo Carrocerías y Remolques mostró un incremento del 6,8%. La cantidad de trabajadores metalúrgicos también se redujo, con una caída del 2,9% interanual en agosto y un 0,5% con respecto a julio.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos y que es necesario implementar políticas activas para reactivar el sector. «Necesitamos políticas que reconstituyan el tejido productivo, porque de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo», remarcó.

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