
La batalla por el derecho a huelga: UTA vs. Gobierno
La aplicación de la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector empresarial no es, en este contexto, un mero instrumento de pacificación; se revela como una maniobra que limita el ejercicio del derecho a la protesta. Con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril, se impone una disyuntiva que pone en jaque la credibilidad del aparato estatal y la autonomía sindical: ¿cómo justificar la imposición de una tregua en un momento en que la reivindicación laboral demanda una respuesta contundente?
Un marco legal sometido a doble discurso
La conciliación obligatoria, normada por la Ley 14.786, se plantea como un mecanismo para detener el avance de acciones disruptivas y forzar el diálogo. Sin embargo, en la práctica, esta herramienta se transforma en un instrumento coercitivo que amarra a los sindicatos a una interpretación parcial de la ley. El Gobierno, al sostener que la UTA se encuentra imposibilitada de adherirse al paro general, recurre a un argumento que, lejos de promover el consenso, se traduce en una limitación directa del derecho a huelga consagrado en el art. 14 bis de la Constitución. Esta postura, además de evidenciar una preocupante interferencia en la autonomía gremial, expone una contradicción: se busca mantener una “paz social” mientras se silencia la legítima protesta ante políticas económicas impopulares y medidas de ajuste que afectan a miles de trabajadores.
La UTA en el ojo del huracán: entre la cautela y la resistencia
En medio de este escenario, la UTA se encuentra atrapada en una encrucijada insostenible. Por un lado, la amenaza de sanciones —como la suspensión de su personería gremial— se cierne sobre el sindicato, restringiendo su capacidad de actuar en defensa de sus afiliados. Por otro, la presión interna y la necesidad de enfrentar una política estatal cada vez más intervencionista exigen una respuesta firme que no se doblegue ante imposiciones arbitrarias. Los juristas y especialistas en derecho laboral critican duramente la postura gubernamental, calificándola de restrictiva y carente de fundamento, al olvidar que el derecho a huelga es un pilar inamovible de la democracia laboral y un derecho humano reconocido por organismos internacionales.
En síntesis, la disputa en torno a la conciliación obligatoria y el derecho a huelga trasciende el conflicto particular de la UTA y se inscribe en un debate más amplio sobre la intervención estatal en el ámbito sindical. La decisión que tome la UTA no solo definirá su posición en el panorama del transporte, sino que tendrá repercusiones en la manera en que se entiende y se practica la protesta. En un contexto de tensiones crecientes y políticas de ajuste que golpean a los sectores más vulnerables, la imposición de un mecanismo que constriñe la acción sindical resulta, a todas luces, un artificio que amenaza con minar la lucha legítima por mejores condiciones laborales y sociales.
Este episodio podría, sin duda, sentar un precedente peligroso: el de normalizar restricciones que, en última instancia, debilitan la capacidad de resistencia y negociación de los trabajadores frente a un poder estatal que, cada vez más, recurre a herramientas legales para silenciar la disidencia.
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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.
La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.
En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.
La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.
La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.
La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.
También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.
Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.
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