La aprobación de la nueva Ley de Transporte abre un proceso de 120 días para definir la reglamentación que reorganizará por completo la actividad en San Juan. Habrá un registro único, vehículos identificados y no identificados bajo un mismo marco legal, tarifas sugeridas y habilitación plena para operar mediante aplicaciones digitales. El Gobierno asegura que el objetivo es “ordenar, transparentar y modernizar” un sector en expansión que hasta ahora funcionaba con criterios dispares.

La sanción de la nueva Ley de Transporte marca un punto de inflexión para taxis, remises y servicios por aplicación. El Gobierno provincial tendrá 4 meses para redactar la “letra chica” que pondrá en marcha el nuevo esquema regulatorio. Hasta que ese proceso concluya, sigue vigente la normativa anterior.

Uno de los ejes centrales es la creación de un registro único y obligatorio de conductores y vehículos, que reemplaza al antiguo régimen de licencias. No habrá cupos ni limitaciones en la cantidad de unidades habilitadas: cualquier conductor podrá incorporarse siempre que cumpla con los requisitos establecidos, entre ellos carnet profesional, seguro para personas, y vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, precisó que quienes ya poseen licencias reconocidas por el Estado dispondrán de un año para realizar el traspaso formal. Además, cada vehículo deberá exhibir un certificado oficial y la provincia abrirá una base de datos pública para verificar la habilitación en tiempo real. “La transparencia es central; necesitamos que el sanjuanino pueda consultar y confiar”, remarcó.

Tarifas: el Gobierno retiene el poder de regular y propondrá un valor de referencia

Uno de los puntos más sensibles es la política tarifaria. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno “conservó la potestad de establecer tarifas fijas u orientativas”, aunque esto se definirá durante los 120 días de reglamentación.

En paralelo, la ministra Palma adelantó que se implementará una tarifa mínima sugerida, que no será obligatoria pero sí funcionará como guía para todo el sector. El objetivo es evitar las grandes disparidades de precios entre taxis tradicionales, remises y plataformas digitales, sin impedir que los valores puedan ajustarse por acuerdo entre las partes.

Identificados y no identificados: una clasificación clave para ordenar el sistema

La ley divide la actividad en vehículos identificados (taxis ploteados, remises, transporte escolar y transporte accesible) y vehículos no identificados, categoría en la que quedarán los autos que trabajan mediante apps o de manera eventual.

Ambos podrán operar a través de plataformas digitales sin restricciones. La diferencia será principalmente impositiva y operativa: mientras los identificados suelen dedicarse de manera exclusiva a la actividad, los no identificados la complementan con otros trabajos.

Molina detalló además que los servicios en moto quedan excluidos por completo, debido a la falta de carnet profesional y de mecanismos de control adecuados. “Si alguien pide una moto, debe saber que se sube bajo su propio riesgo”, advirtió.

Apps, contacto digital y modernización: San Juan se integra al mapa global del transporte

La nueva ley reconoce oficialmente la contratación de viajes a través de aplicaciones locales e internacionales como Oeste X, Uber y DiDi. Es un paso clave para “blanquear” una modalidad que creció sin regulación.

En paralelo, la provincia avanza en un convenio con la Unión Internacional de Transporte Público y Google, que permitirá ver información del transporte público en Google Maps, planificar recorridos y, en una segunda etapa, recibir alertas en tiempo real sobre cortes, congestiones y demoras.

Con esta ley, San Juan apuesta a ordenar un mercado diverso y altamente heterogéneo, donde convivían modalidades tradicionales, plataformas digitales y sectores con distintos niveles de formalidad.

El registro único, la transparencia en la habilitación, la tarifa sugerida y la habilitación plena de las aplicaciones configuran un escenario nuevo tanto para los trabajadores como para los usuarios.

Los próximos 120 días serán decisivos: de la reglamentación dependerá si este intento de modernización logra equilibrar competencia, garantizar seguridad y ofrecer un sistema más claro, confiable y accesible para todos.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, titular del sindicato de Estaciones de Servicio, delineó un panorama crudo sobre la situación económica, la caída del salario real, el avance de la recesión y la creciente migración laboral hacia países limítrofes. Además, analizó la estrategia de la CGT ante la reforma laboral y anticipó el escenario paritario que enfrenta su sector de cara al 2026.

La conversación con Víctor Menéndez deja en claro que la crisis económica dejó de ser un diagnóstico para convertirse en una condición estructural. La inflación que se desacelera a fuerza de recesión, el derrumbe del poder adquisitivo y el estancamiento productivo se entrecruzan en un escenario en el que —según los datos que cita— casi un 80% de los argentinos no logra llegar a fin de mes.

“Estamos viviendo un momento muy delicado. Los trabajadores están realmente apaleados, con salarios bajos y sin expectativas de mejora”, advierte. Su descripción abarca tanto a los asalariados activos como a los jubilados, cuyas prestaciones —recuerda— fueron históricamente referencia regional y hoy se encuentran entre las más deterioradas.

Menéndez remarca un punto que se repite en todos los sectores gremiales: la recesión como única vía para desacelerar los precios. No se trata de un dato menor: detrás de cada punto de inflación menos aparecen cierres de fábricas, suspensiones, despidos y un tejido productivo cada vez más debilitado. “No hay perspectiva de industrializar, de volver a producir. Se están cerrando industrias todos los días”, resume.

La migración laboral, un síntoma inesperado del deterioro

Uno de los fenómenos que más inquieta al dirigente es el crecimiento de la migración laboral hacia países vecinos. Una postal que invierte décadas de historia.

“Hoy los argentinos salen a buscar trabajo a Brasil y Paraguay. Eso no ocurría desde hace muchísimo tiempo”, afirma.

El dato implica una ruptura cultural y económica: en un país que durante años recibió trabajadores de la región, ver a sus propios ciudadanos cruzar la frontera por necesidad es, en términos simbólicos, un indicador profundo de retroceso.

El referente gremial vincula este proceso con lo que considera un cambio de prioridades por parte del Gobierno nacional, al que acusa de “combatir jubilados, trabajadores y pymes” mientras se alinea con sectores de fuerte poder económico. Ese vínculo político-económico, sostiene, alimenta un clima social que percibe como “oscuro” y sin horizonte claro.

CGT, unidad y reformas: un movimiento obrero en alerta máxima

La salida de la CGT del Consejo de Mayo y la inminente discusión de la reforma laboral abrieron una nueva etapa de tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. Menéndez, que participó de la última reunión de secretarios generales en San Juan, describe un encuentro marcado por preocupación, diagnósticos críticos y relatos de despidos y cierres en múltiples actividades.

“La situación es grave y nos obliga a estar unidos. Se vienen tiempos muy difíciles”, asegura.

De cara al 2026, anticipa que la unidad será el eje central de la renovación de autoridades de la central obrera:
“Habrá que elegir los mejores cuadros, pero siempre desde la unidad. Y también dar lugar a la generación joven que tiene ganas de participar”.

A la par, destaca un punto clave: el problema de un sindicato es el problema de todos. La lógica solidaria vuelve a tomar protagonismo en un contexto en el que, dice, cualquier organización puede ser la próxima en enfrentar conflictos.

Paritarias en el sector: salarios atrasados y una negociación que define 2025–2026

En materia salarial, Menéndez confirma que el gremio debe recomponer un tramo del acuerdo vigente, superado ampliamente por la inflación. La discusión incluye dos alternativas: recuperar lo perdido mediante un porcentaje adicional o a través de un bono compensatorio.

El representante sindical también anticipa que deberá cerrarse el tramo final de la paritaria 2025 —diciembre a marzo— para luego iniciar en abril la negociación 2026.

“La variable de ajuste no puede ser el salario”, subraya. Y añade:
“Los compañeros necesitan una recuperación real. No se puede vivir llegando al día 15 del mes”.

Sobre el proceso de homologación, recuerda que la Secretaría de Trabajo dispone de un plazo de 45 días y que, en caso de desacuerdo extremo, puede intervenir mediante un laudo arbitral. Sin embargo, aclara que en su actividad “nunca fue necesario llegar a ese punto”.

Reforma laboral: modernización sí, retrocesos no

De cara a las próximas semanas, Menéndez anticipa que la CGT convocará a los equipos jurídicos de todos los sindicatos para analizar el proyecto final de reforma laboral. La preocupación no se centra en la idea de modernizar aspectos vinculados a la tecnología o automatización, sino en la posible pérdida de derechos históricos.

“No nos oponemos a la modernización. Pero no podemos resignar conquistas que costaron décadas de lucha, salud y hasta sangre”, asegura.

La central obrera, afirma, buscará incidir mediante diálogo con diputados, senadores, gobernadores y todos los actores políticos involucrados. “En todas las provincias hay trabajadores, nadie puede mirar para otro lado”.

La entrevista con Víctor Menéndez dibuja un país donde la crisis económica opera como eje de todas las discusiones: salarios que no alcanzan, producción paralizada, migración creciente y un clima laboral en permanente tensión. En ese marco, la CGT se reorganiza, busca fortalecer su unidad y prepara una estrategia legislativa y territorial para enfrentar los cambios que el Gobierno proyecta.

El dirigente sintetiza su visión con una mezcla de preocupación y responsabilidad: la necesidad de defender el trabajo, fortalecer la unidad y asegurar que ninguna reforma implique un retroceso histórico.
En tiempos de incertidumbre, insiste, la organización sindical vuelve a ser el principal refugio de los trabajadores.

Un informe elaborado por instituciones académicas y sanitarias argentinas, sumado a alertas difundidas por el British Medical Journal, expone un deterioro acelerado del sistema de salud pública bajo las políticas del Gobierno de Javier Milei. Recortes en programas esenciales, despidos en hospitales, debilitamiento de organismos de control y decisiones internacionales controversiales configuran un escenario que especialistas describen como “de desmantelamiento”.

El debate sobre la salud pública volvió a ocupar el centro de la agenda luego de la presentación del informe “El declive de la salud en la Argentina de Milei”. El documento —150 páginas elaboradas por la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, la Red de Bioética y la Federación Argentina de Medicina General— fue presentado en la sede del SERPAJ ante referentes del ámbito social y académico, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El estudio analiza el impacto del DNU 70/23 y da cuenta de un proceso que, según sus autores, “erosiona pilares básicos del sistema sanitario nacional”. En su intervención, Pérez Esquivel fue contundente: “Estamos frente al desmantelamiento del sistema público de salud”, una advertencia que sintetiza el clima del encuentro.

Programas desfinanciados, hospitales en crisis y organismos debilitados

Una de las principales conclusiones del informe es que las políticas de ajuste comenzaron a afectar áreas sensibles, muchas de ellas vinculadas a la protección de poblaciones vulnerables. Entre los recortes más preocupantes se destaca el programa de prevención del embarazo adolescente, cuya reducción presupuestaria deja sin herramientas a equipos territoriales y comunidades educativas.

En el plano hospitalario, la situación se agrava día a día. El Garrahan atraviesa lo que sus trabajadores definen como “baja salarial crítica”, que profundiza la fuga de profesionales hacia el sector privado. Otros centros estratégicos, como el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte o el Posadas, sufren despidos que comprometen la atención y generan demoras que impactan directamente en diagnósticos y tratamientos.

ANMAT, entre la falta de recursos y el riesgo sanitario

El documento dedica un capítulo completo a la ANMAT. Allí se denuncia reducción de personal, caída presupuestaria y debilitamiento de su capacidad de control, precisamente en un contexto en el cual la vigilancia sanitaria se vuelve central.

Los autores advierten que limitar la capacidad del organismo “incrementa la exposición a riesgos severos”, recordando episodios como la intoxicación por fentanilo adulterado y otros casos que demostraron la necesidad de un monitoreo robusto y permanente.

Desmantelamiento institucional: la ANLAP y la gestión de medicamentos esenciales

Otro punto crítico es la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), organismo creado para fortalecer la capacidad productiva del país en medicamentos estratégicos y garantizar acceso a tratamientos de bajo costo.

A esto se suma la eliminación de áreas claves dedicadas a la compra y distribución de vacunas y fármacos para HIV, tuberculosis, lepra y hepatitis C. Para organizaciones y profesionales, el retroceso en estas áreas no solo compromete la prevención sino también la continuidad de tratamientos vitales.

Durante el debate posterior a la presentación del informe, la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, sintetizó el estado de preocupación: “La política sanitaria actual nos está llevando a una situación límite”, y llamó a coordinar acciones para revertir el deterioro.

Alerta internacional: el British Medical Journal señala a la Argentina como un caso preocupante

La crisis ya no es un asunto doméstico. El British Medical Journal, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, dedicó un informe al retroceso sanitario argentino. En él recoge advertencias de FESPROSA y de su titular, subrayando que la Argentina se está convirtiendo en un “ejemplo negativo” en materia de salud pública.

El artículo no solo critica la decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud —un movimiento inédito entre países de ingreso medio—, sino también los recortes internos que deterioran programas básicos, reducen capacidad de control y generan un retroceso en indicadores que habían mejorado en las últimas décadas.

El deterioro del sistema de salud pública argentino se vuelve evidente a partir de la convergencia de informes académicos, advertencias de organizaciones profesionales y señales provenientes del ámbito internacional. Lo que para muchos comenzó como un ajuste focalizado hoy aparece como un proceso de erosión profunda que afecta a hospitales, programas comunitarios, agencias regulatorias y estructuras que garantizan derechos esenciales.

En palabras de Boriotti, “lo que está en juego es la salud del pueblo, no una discusión técnica”. Y, para un número creciente de voces autorizadas, ese riesgo ya dejó de ser hipotético: forma parte de una realidad que avanza y que exige respuestas urgentes.