La Libertad Avanza consiguió quórum con el respaldo del PRO, la UCR y aliados provinciales, evitó una discusión artículo por artículo y avanzó en la primera gran prueba legislativa del Presupuesto 2026, en una sesión maratónica que pone a prueba el equilibrio de fuerzas en la Cámara baja.

La sesión comenzó minutos antes del límite reglamentario, luego de que La Libertad Avanza alcanzara el quórum necesario con el acompañamiento del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y legisladores cercanos a gobernadores aliados. Con ese respaldo, el Gobierno dio inicio al tratamiento del proyecto que busca convertirse en la primera ley de presupuesto aprobada durante la gestión de Javier Milei, en una jornada que se anticipa extensa y cargada de definiciones políticas.

Superado el desafío inicial de sentar a los diputados necesarios, el oficialismo despejó la principal incógnita del arranque y avanzó con una estrategia clara: exhibir capacidad de articulación, sostener el eje de su programa económico y evitar un debate fragmentado que pudiera desgastar la sesión o abrir flancos de negociación indeseados.

El clima político ya se había insinuado horas antes, durante la reunión de Labor Parlamentaria. Allí quedó en evidencia un nuevo mapa de fuerzas: los libertarios llegaron confiados, mientras que los bloques opositores, incluidos los sectores dialoguistas, optaron por una actitud prudente. En los pasillos se repetía una consigna que sintetizaba la cautela del momento: “Vamos a ver cómo se dan las cosas”.

Ese cambio de escenario fortaleció al oficialismo, que ya no discutió la posibilidad de quedarse sin quórum, sino el margen de votos con el que podía avanzar en la aprobación de su agenda legislativa. En la previa de la sesión, en los despachos libertarios se hablaba de un piso cercano a los 135 votos, suficiente no solo para darle media sanción al Presupuesto 2026, sino también para acompañar otros dos proyectos considerados estratégicos: el de Inocencia Fiscal y el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La alianza circunstancial con sectores opositores moderados volvió a confirmar una dinámica que se repite desde el inicio del actual gobierno: acuerdos puntuales, construidos sobre intereses fiscales y compromisos con las provincias, más que sobre coincidencias ideológicas profundas. En ese equilibrio se apoya el oficialismo para sostener su hoja de ruta en el Congreso.

El primer tramo del debate dejó una señal política nítida: La Libertad Avanza logró ordenar el recinto y mostrar capacidad de conducción en una discusión clave para el rumbo económico del país. Evitar la votación artículo por artículo no fue solo una decisión técnica, sino un movimiento estratégico para preservar el control del debate y blindar su programa fiscal. De cara a las próximas horas, el desafío del Gobierno será sostener esa mayoría hasta el final de una sesión que no solo definirá números, sino también el verdadero alcance de su poder legislativo.

En la antesala de la movilización nacional contra la reforma laboral, la CGT exigió al Gobierno la implementación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario y del sistema científico, y reclamó que el Presupuesto 2026 garantice los recursos votados por el Congreso.

En un nuevo gesto de confrontación con el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó la plena implementación de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre pasado, pero posteriormente suspendida por decisión del Poder Ejecutivo. El planteo se produce en un clima de conflictividad social y a pocas horas de la movilización convocada para este jueves contra la reforma laboral.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera exigió el cumplimiento de la ley 27.795 y advirtió sobre el impacto del ajuste fiscal en áreas estratégicas del desarrollo nacional. “Rechazamos el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología”, señaló la CGT, al tiempo que reclamó el retiro del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026, al que considera una amenaza directa para el sostenimiento del sistema universitario y científico.

El documento enfatiza que la reducción de partidas no se limita al ámbito universitario, sino que alcanza de manera crítica a la educación técnico-profesional y a los organismos de ciencia y tecnología. “La educación, la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales del país que defendemos”, sostuvo la central sindical, que volvió a asociar la inversión en conocimiento con la posibilidad de un crecimiento económico sustentable y con la justicia social.

En ese marco, la CGT también reclamó la aplicación plena de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que establece un sendero de incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1% del Producto Bruto Interno en 2031. Según datos citados por la central, el actual nivel de inversión se encuentra en un piso histórico comparable al de 2002, tras un recorte acumulado cercano al 50% en apenas dos años.

La brecha entre lo estipulado por la normativa y la realidad presupuestaria es significativa. Mientras la ley prevé que en 2025 la inversión alcance al menos el 0,45% del PBI, hoy apenas ronda el 0,17%. Esta caída, advierten desde el sector, se traduce en el deterioro de los salarios de investigadores y docentes, la paralización de proyectos, el abandono de infraestructura y el debilitamiento de programas estratégicos, un escenario que replica las tensiones que atraviesa el sistema universitario nacional.

La protesta de este jueves contará, además, con la adhesión de los gremios docentes y nodocentes universitarios nucleados en la FEDUN y la FATUN, así como de organizaciones sindicales de la CTA, que confluirán en una movilización conjunta contra la reforma laboral y en defensa del financiamiento público para la educación y la ciencia.

Luego de una extensa negociación marcada por rechazos y contrapropuestas, el Ejecutivo sanjuanino logró el aval de UDAP, UDA y AMET a una nueva propuesta salarial que impactará en los haberes de diciembre y enero. El acuerdo combina actualización por inflación, mejoras al nomenclador y refuerzos estratégicos para maestros y directivos.

Tras una jornada que se extendió por más de cuatro horas, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron finalmente a un acuerdo en el marco de la paritaria salarial. La confirmación llegó pasadas las 20.30 de este martes, luego de que ambas partes retomaran la negociación durante la tarde, en lo que fue la séptima reunión de la cuarta paritaria docente del año.

Los representantes sindicales arribaron al encuentro con una contrapropuesta, luego de haber rechazado la última oferta oficial en una seguidilla de reuniones que reflejó la complejidad del escenario económico y la tensión acumulada entre las partes. Sin embargo, tras la presentación final del Ejecutivo, los tres sindicatos aceptaron la propuesta y firmaron el acuerdo en conformidad.

La negociación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes expusieron los detalles de una oferta orientada a reforzar los ingresos docentes hacia el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El entendimiento se apoya en dos ejes centrales para el mes de diciembre de 2025. Por un lado, se dispuso que el valor índice se actualizará mensualmente aplicando el coeficiente de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente al mes anterior, consolidando así un esquema de ajuste atado a la inflación.

Por otro lado, el Ejecutivo propuso —y logró el aval gremial— un incremento de 5 puntos en el Código E60, que pasará a totalizar 44 puntos por valor índice desde diciembre. Este componente resulta clave dentro del salario docente, especialmente para maestros de grado y equipos directivos, ya que impacta de manera directa en los haberes básicos.

De cara a enero de 2026, la propuesta incluyó además un aumento general de 4 puntos para todos los cargos que integran el nomenclador docente, lo que amplía el alcance del acuerdo y busca sostener el poder adquisitivo en el inicio del próximo año.

La paritaria se desarrolló en un contexto de alta sensibilidad social y financiera. El Gobierno provincial ya tiene definida la planificación presupuestaria de enero, lo que permitió avanzar en la negociación con mayor previsibilidad. En paralelo, el Ejecutivo confirmó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todo el personal de la administración pública, tanto de planta permanente como contratada.

Este refuerzo salarial, que demandará una inversión cercana a los $5.800 millones, fue un elemento central del contexto en el que se retomó el diálogo con los gremios, luego de semanas marcadas por la falta de acuerdo.

Cronograma de pagos confirmado

Junto al cierre de la paritaria docente, el Gobierno ratificó el calendario de pagos para el cierre y el inicio del año:

Aguinaldo: 20 de diciembre

Sueldo de diciembre: 30 de diciembre

Conectividad San Juan (docentes): 10 de enero

Bono extraordinario de $120.000: 16 de enero