Más de 130 trabajadores de la empresa Hunter fueron despedidos sin previo aviso, luego de que la firma perdiera la licitación del servicio de seguridad del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Denuncian que el sindicato UPSRA avaló los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y que solo intervino cuando el conflicto se viralizó. Reclaman indemnizaciones completas y respeto por la antigüedad.

La bronca, la angustia y la sensación de abandono atraviesan a más de 130 vigiladores de seguridad privada que se quedaron sin trabajo en San Juan en las últimas horas de 2025. El 31 de diciembre, a las 12:30 del mediodía, trabajadores de la empresa Hunter comenzaron a ser citados en grupos de 15 o 20 personas a la oficina local de la firma. Allí recibieron una notificación seca y sin margen de negociación: la empresa había perdido el “objetivo” del Hospital Rawson y quedaban desvinculados de manera inmediata.

Entre los despedidos hay trabajadores con más de dos décadas —y en algunos casos cerca de 30 años— de antigüedad. Muchos de ellos cumplieron funciones clave en pasillos, guardias y perímetros del principal nosocomio de la provincia, en jornadas de hasta 12 horas y en un contexto laboral de alta exigencia.

“UPSRA no intervino para nada”

Las críticas más duras de los despedidos apuntan contra la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA). En este sentido, los trabajadores aseguraron que el sindicato no solo no los defendió, sino que convalidó los despidos.

“Nos despidieron con el artículo 247 de la LCT y UPSRA lo avaló. El gremio nos entregó en bandeja”, expresó uno de los vigiladores afectados.

Según relataron, no hubo acompañamiento gremial durante el proceso ni presencia sindical en las instancias previas o posteriores a los despidos. “El gremio no intervino para nada, ni cuando se perdió la licitación ni cuando nos echaron. Nadie se comunicó”, remarcaron.

El artículo 247 y la indemnización recortada

La empresa Hunter aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de una indemnización reducida en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Bajo ese encuadre, la firma ofreció solo el 70% de la indemnización correspondiente, una propuesta que los trabajadores consideran injusta y abusiva.

Los vigiladores sostienen que la pérdida de la licitación no puede ser utilizada como excusa para recortar derechos adquiridos, especialmente en casos de antigüedades tan extensas. Por eso, exigen el pago completo de las indemnizaciones y el rechazo de la aplicación del artículo 247.

La nueva empresa y los puestos que no se conservaron

El servicio de seguridad del Hospital Rawson quedó en manos de la empresa El Guardián. Sin embargo, lejos de absorber al plantel saliente, solo incorporó a 13 de los 130 trabajadores despedidos. “No quieren saber nada con los vigiladores de Hunter”, denunciaron.

Además, remarcaron que las condiciones laborales de la nueva firma son diferentes y que no hubo ningún proceso transparente de traspaso de personal. “Después del primer día no llamaron a nadie más”, aseguraron.

El sindicato reaccionó tras la viralización

Recién en las últimas horas, y luego de que el conflicto tomara estado público, UPSRA presentó una nota ante el Gobierno de San Juan reclamando el pago completo de las indemnizaciones y repudiando la aplicación del artículo 247 por parte de Hunter Security SA.

Sin embargo, para los despedidos la reacción llega tarde. “UPSRA se comunicó recién ayer, cuando todo se viralizó”, señalaron, y aclararon que el contacto fue solo con algunos de los diez afiliados que había entre los 130 despedidos.

Dolor, incertidumbre y un reclamo que sigue abierto

Las imágenes de despedida en redes sociales reflejaron el impacto humano del conflicto. “130 personas perdimos el laburo, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson”, escribió uno de los trabajadores, junto a fotos cargadas de emoción.

En una situación económica adversa, los despedidos enfrentan ahora la incertidumbre total: sin empleo, con indemnizaciones recortadas y con un sindicato al que acusan de haberlos dejado solos.

El conflicto en la seguridad privada de San Juan expone una combinación explosiva de precarización laboral, despidos masivos y un rol sindical severamente cuestionado. Mientras los trabajadores exigen indemnizaciones completas y respeto por años de servicio, el caso vuelve a poner en debate el uso del artículo 247 de la LCT, la responsabilidad de las empresas ante la pérdida de contratos y el verdadero alcance de la representación gremial en momentos críticos. La bronca sigue abierta y el reclamo, lejos de cerrarse, recién comienza.

Las intensas lluvias que afectaron la provincia provocaron severos daños en la producción de hortalizas. Desde la Sociedad de Chacareros advirtieron que la pérdida de cultivos generará un bache productivo y aumentos de hasta el 30% en frutas y verduras durante las próximas semanas.

Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en San Juan encendieron la alarma entre los productores hortícolas, que ya advierten un impacto directo en la oferta de frutas y verduras. Según estimaciones del sector, las pérdidas provocadas por el temporal derivarán en subas de precios que podrían alcanzar hasta el 30% en los mercados locales.

Desde la Sociedad de Chacareros de San Juan explicaron que los meses de verano representan una etapa crítica para la producción, debido a la recurrencia de tormentas intensas, granizo y lluvias abundantes que afectan de manera significativa el rendimiento de los cultivos. En esta oportunidad, el volumen de agua caída generó inundaciones en las chacras y daños generalizados.

El presidente de la entidad, Sergio López, señaló que el temporal afectó prácticamente a toda la provincia. “Nos ha afectado mucho y nos va a afectar a futuro porque ha llovido en todo San Juan”, afirmó. Entre los productos más perjudicados se encuentran el tomate y las verduras de hoja, como la lechuga, la acelga y la espinaca, que resultan especialmente sensibles al exceso de agua.

Según explicó el dirigente, gran parte de los cultivos recientemente sembrados o en etapas iniciales de crecimiento se perdió por completo debido a la saturación de los suelos. “Todo lo que se había sembrado o estaba chico se ha perdido por las inundaciones”, detalló.

El escenario abre ahora un período de escasez temporaria. López anticipó que habrá un bache productivo de entre 10 y 15 días, tiempo necesario para que los terrenos se sequen y pueda retomarse la siembra. “Tenemos que esperar que los suelos drenen. Eso implica una demora de al menos dos semanas”, explicó, y agregó que las lluvias intensas afectan con mayor fuerza a los cultivos de menor porte.

En el corto plazo, los productores deberán concentrarse en la recolección y selección de las hortalizas que aún puedan ser comercializadas. “Se intenta rescatar lo que queda. Donde antes se sacaba un fardo completo de lechuga, ahora se pueden salvar 30 o 40 plantas”, indicó López. El resto de la producción, sin embargo, debe ser descartada, lo que reduce drásticamente la oferta.

Impacto en los precios

La caída en la producción ya comenzó a reflejarse en los precios y, según el sector, la tendencia se profundizará en los próximos días. Desde la Sociedad de Chacareros estiman que el aumento promedio rondará el 30%, con variaciones según el producto.

“El precio va a influir en todos los productos”, sostuvo López, quien aclaró que hasta ahora la inflación no había impactado de manera directa en las hortalizas. Por el contrario, explicó que durante 2024 los precios habían caído entre un 30% y un 40% debido a un sobrestock en el mercado. “Ahora va a pasar lo contrario: se van a levantar los precios por efecto de los temporales”, advirtió.

De hecho, algunos aumentos ya comenzaron a registrarse. “Con los aguaceros en Pocito, que es la principal zona productora de San Juan, la lechuga y la acelga ya subieron un 30%, y calculamos que podría haber otro 30% adicional en los próximos días”, finalizó.

El temporal dejó al descubierto la vulnerabilidad de la producción hortícola frente a eventos climáticos extremos y anticipa un impacto inmediato en los precios de frutas y verduras. Mientras los productores intentan recomponerse y retomar la actividad, los consumidores sanjuaninos deberán enfrentar subas que reflejan las pérdidas en el campo y la interrupción momentánea del abastecimiento.

Padres de estudiantes y docentes presentaron los primeros amparos judiciales contra el recorte del 93% a la educación técnico-profesional aprobado en el Presupuesto 2026. Denuncian que el artículo 30 vulnera leyes permanentes y pone en riesgo la formación de trabajadores calificados y el desarrollo industrial del país.

Tras la sanción del Presupuesto Nacional 2026, comenzaron a presentarse los primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnico-profesional, una de las decisiones más cuestionadas del paquete presupuestario aprobado por el Congreso. La medida, contenida en el artículo 30 de la ley, elimina el fondo obligatorio destinado a la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058, vigente desde 2005.

En las últimas horas, padres de dos estudiantes iniciaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El planteo cuestiona la legalidad del artículo aprobado y sostiene que una norma presupuestaria anual no puede modificar ni derogar derechos consagrados en leyes de carácter permanente, como las que garantizan el financiamiento específico de la educación técnica.

El amparo advierte que la eliminación del fondo afecta directamente la continuidad de políticas educativas estratégicas y vulnera el derecho a una educación de calidad, especialmente en un subsistema que cumple un rol clave en la formación de técnicos, operarios calificados y profesionales intermedios.

Las críticas no se limitan al plano judicial. Desde el ámbito educativo y productivo, el rechazo al recorte se multiplicó en las últimas semanas. Gerardo Marchesini, docente de educación técnico-profesional, alertó que la decisión impacta sobre aproximadamente 1,9 millones de estudiantes que asisten a escuelas técnicas y centros de formación profesional en todo el país.

“El artículo 30 es un golpe directo al desarrollo del país”, afirmó, al subrayar que este tipo de educación es fundamental para la calificación de la mano de obra y la competitividad industrial.

La educación técnica cumple un rol estratégico en la formación de perfiles demandados por sectores clave de la economía, como la industria manufacturera, la energía, la economía del conocimiento y la producción de valor agregado. Áreas como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios industriales tradicionales dependen en gran medida de un sistema de formación técnica robusto y con financiamiento sostenido.

De acuerdo con los denunciantes, el ajuste presupuestario implica un recorte del 93% respecto de valores equivalentes a los de 2023. La normativa derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional, lo que hoy representaría alrededor de 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2026 asignó apenas 11 mil millones, una cifra que especialistas consideran insuficiente incluso para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

El planteo judicial también sostiene que el recorte contradice otras leyes vigentes, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reconocen a la formación técnica como un pilar del desarrollo científico, tecnológico e industrial. En ese sentido, advierte que la decisión presupuestaria compromete políticas de largo plazo y debilita la planificación estratégica del país.

Mientras la Justicia comienza a analizar los primeros amparos, el debate por el recorte a la educación técnica trasciende el ámbito educativo y se instala en el corazón del modelo de desarrollo nacional. Para docentes, familias y sectores productivos, el ajuste no solo pone en jaque a las escuelas técnicas y centros de formación profesional, sino que amenaza la formación de los trabajadores calificados que la industria argentina necesita para crecer, generar empleo y competir en un escenario global cada vez más exigente.